El gobierno de Dina Boluarte tiene otro punto común con el de su antecesor Pedro Castillo: un pésimo vínculo con la prensa, a tal punto que quiere modelar una medida que va en contra del ejercicio periodístico. En este caso, el de criminalizar la cobertura de las protestas. El Ejecutivo lo quiere hacer modificando un punto en el Código Procesal Penal a través de las facultades legislativas que han pedido al Congreso. Pese a que estamos ante la amenaza latente de grupos beligerantes en distintas partes del país por pedidos sin asidero como la liberación y reposición del golpista o la asamblea constituyente, el cuarto poder no le puede perder el rastro omitiendo la difusión de estos maniobras ni tampoco puede cercenar el trabajo investigativo durante estos eventos hostiles. Desde la alta esfera del poder rechazan un golpe a los medios. Sin embargo, todo apunta a que quieren desorientar a la supevisión.
Pésimo precedente
La presidente ha generado preocupación en el ámbito de la prensa al buscar aprobar facultades legislativas que plantean amenazas a la libertad de expresión en el país. La propuesta es que se modifique la disposición del punto 3.1.2, inciso C, en el Código Penal de Perú, lo cual ha suscitado inquietudes en los medios de comunicación y la sociedad civil.
El Consejo de la Prensa ha advertido que estas medidas podrían llevar a la criminalización de la labor periodística y limitar severamente la capacidad de los medios de comunicación para informar de manera independiente y sin temor a represalias legales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también ha rechazado estas modificaciones al Código Penal, subrayando su preocupación por las posibles restricciones a la libertad de prensa.
Los gremios periodísticos han unido fuerzas para oponerse a estas propuestas, argumentando que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y debe ser protegida en todo momento. El temor radica en que estas enmiendas puedan ser utilizadas para perseguir a periodistas y medios críticos con el gobierno.
El plan Boluarte
Equivalencias
Esto da cuenta de que Dina Boluarte ha heredado más que la silla presidencial de su antecesor Pedro Castillo. Ha calcado el pésimo vínculo con la prensa, una relación que amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Los hechos que llevaron a Pedro Castillo a la presidencia, como maestro rural, fueron seguidos de cerca por la prensa peruana y mundial. Sin embargo, una vez en el poder, la relación del líder de Perú Libre con los medios de comunicación se tornó tirante, por decir lo menos.
Durante los 497 días de gobierno se registraron numerosos ataques a la prensa. Se contabilizaron más de 170 incidentes, lo que generó preocupaciones sobre la libertad de prensa en el país.
Los ataques incluyeron desde descalificaciones públicas hasta intentos de limitar la independencia de los medios a través de propuestas legislativas. Estas acciones suscitaron críticas tanto a nivel nacional como internacional, y organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresaron su inquietud por la situación.
La gestión de Boluarte no ha sido ajena a los choques con los medios de comunicación. Ha continuado con un discurso que pone en entredicho la labor de la prensa y, en ocasiones, ha adoptado medidas que generan preocupación en cuanto a la libertad de expresión.
Calco y copia
El paralelismo entre Castillo y Boluarte en su relación con la prensa es innegable. Ambos han cuestionado públicamente la labor periodística y han planteado propuestas que podrían limitar la independencia de los medios. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa han expresado su alarma ante estas actitudes, defendiendo la importancia de un periodismo libre en una sociedad democrática.
La historia se repite en Perú, pero con consecuencias aún más graves en esta ocasión. Es crucial recordar que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Sin un periodismo independiente y valiente, la rendición de cuentas y la transparencia se ven comprometidas, lo que pone en riesgo la salud de la democracia peruana. La prensa debe poder cuestionar al poder sin temor a represalias o restricciones.
La presidenta Dina Boluarte sigue los pasos de su antecesor Pedro Castillo al mantener una preocupante relación con la prensa y buscar facultades legislativas que amenazan la libertad de expresión en Perú. Su propuesta de modificar el Código Penal para penalizar la cobertura de protestas ha suscitado inquietudes en los medios y organismos como el Consejo de la Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su alarma. El paralelismo entre ambos políticos en su desconfianza hacia la prensa subraya la importancia de la libertad de prensa en la democracia, ya que los medios son fundamentales para fiscalizar al poder y promover la transparencia.