El lunes amaneció con un estruendo que promete ser el tema del año: allanaron las oficinas de los asesores de la fiscal de la nación Patricia Benavides, bajo la excusa de que esta sería la cabecilla de una organización criminal con un altísimo grado de influencia en el Parlamento. El sector caviar no desaprovechó la oportunidad para atacar a la fiscal, desmereciendo su trabajo y pidiendo su renuncia inmediata sin esperar el debido proceso.
"Con una información muy incipiente y la transcripción de unos chats cuya autenticidad no ha sido verificada, ya se ha tomado una posición definitiva. Eso no es razonable bajo la lógica de un estado democrático", señaló el abogado Humberto Abanto en declaraciones para El Reporte.
Denuncia
La fiscal apareció en horas de la tarde para poner fin a las especulaciones, mientras denunció que lo sucedido en la madrugada de este lunes en el Ministerio Público fueron "ataques premeditados" por parte de quienes se oponen a las investigaciones que involucran a altas autoridades.
Pero lo que dejó consternado a más de uno fue el anuncio de la fiscal Benavides de denunciar constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. En tanto, Otárola y los ex ministros del Interior Víctor Rojas y Vicente Romero son señalados por homicidio calificado; y César Cervantes, también ex titular del Interior, por lesiones graves.
Según la fiscal de la Nación, Boluarte, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos, acusándola de "comportamientos omisivos dolosos".
Un anuncio inesperado.
Respuesta
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. La presidenta Dina Boluarte afirmó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación es una maniobra política, y señaló como extraño el hecho de que el viernes se tomara la decisión sobre la continuidad de las investigaciones, mientras que el lunes (ayer) se formalizara la denuncia ante el Congreso.
Al considerar sospechoso el momento en que la acusación fue presentada, especialmente después de que los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena solicitaran la renuncia de Benavides, la mandataria expresó la condena del Gobierno, calificando la situación como una "deleznable maniobra política". Boluarte destacó el uso indebido de la memoria de compatriotas fallecidos como un intento de distraer la atención de la "denuncia gravísima" contra la fiscal de la Nación, a la cual se espera una respuesta clara y precisa.
De hecho, esta mañana, el ministro de Justicia Eduardo Arana declaró durante una entrevista para el medio Exitosa que la mandataria Dina Boluarte decidió declinar su inmunidad presidencial para hacer frente a la acusación constitucional interpuesta en su contra. Sin embargo, según Abanto, esto no sería posible.
Boluarte no puede renunciar a su inmunidad.
“Las garantías de los cargos no son prescindibles. O sea, el privilegio del presidente no le pertenece a la señora Boluarte, la Constitución no lo hace disponible y opera el mismo razonamiento que solía aplicarse a los parlamentarios, quienes no podían renunciar a la inmunidad”, comentó Abanto. “Técnicamente es solo un anuncio que se hace de manera suelta. Es un gesto político sin contenido jurídico”, continuó el abogado.
Aún no se sabe con exactitud el motor para que la fiscal haya decidido tomar la decisión de acusar a la presidenta Boluarte. Pero, por lo pronto, el juicio continuará su curso.