El viernes 15 de diciembre, el presidente del Congreso de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, ha pecado de tibieza al estirarle la mano a la Junta Nacional de Justicia al reprogramar el debate de la moción que proponía la destitución de sus miembros. En esa misma línea, el partido de César Acuña declaró, por intermedio de su secretario general, Luis Valdez, que su agrupación no respaldará una eventual sanción contra los miembros de la JNJ. Su argumento no fue otro que señalar una posible inestabilidad si las sanciones continúan.
En contraposición, muchos de los magistrados denunciaron que estas acciones configuran un salto al debido proceso. Hay que ratificar que, justamente, no apoyar o mantenerse al margen de una sanción configura un apañamiento a un órgano autónomo que hace y deshace en nuestro país a su antojo. Más aún, ahora que han embestido de manera arbitraria contra la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides. Es en estos tiempos difíciles cuando menos tibieza puede mostrar el Congreso. El legislativo tiene el poder y el deber de enfrentar y fiscalizar.
No debe pasarse por alto que la Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado aludiendo que el Legislativo se estaba comportando de forma antidemocrática. Esto definitivamente alimenta la aclamada etiqueta de “dictadura congresal” que se repite desde ciertos sectores. En su defecto, es importante que los partidos del bloque democrático sean más concluyentes y comiencen a entender los peligros de que la JNJ siga en vigencia con sus miembros actuales y con el accionar negligente que han demostrado. Es esencial sancionar a quienes lo ameriten y así estimular los check and balance del Estado de derecho peruano.
Deben dedicarse a aglutinar poder y no desperdiciarlo. No se debe danzar al ritmo de aquellos que han hecho de este país su chacra. El Perú se encuentra hace años en una crisis política sin rumbo, donde ni el Legislativo ni el Ejecutivo pueden realmente entablar una fuerza lo suficientemente eficaz para poder sacar de una vez todas las telarañas del vizcarrismo, que en parte no es más que una mutación más del progresismo caviar.
El partido Alianza para el Progreso está siendo engatusado por la izquierda o simplemente no le interesa el bienestar del país. Si las fuerzas políticas democráticas no se ponen de acuerdo para cambiar de una vez el rumbo institucional, las demandas ciudadanas se verán una vez más postergadas e incluso opacadas. Mientras aún se pongan trabas para resolver los problemas institucionales que la mafia caviar tiene consolidados, no se darán las iniciativas ni se canalizarán las fuerzas para lidiar con los problemas de la recesión o la inseguridad.