La actual realidad que enfrenta el hemisferio occidental en las regiones central y sur es muy preocupante. El avance del crimen organizado internacional traspasa las fronteras, incentivado por el crecimiento económico basado en una economía ilegal del narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal, contrabando, entre otros y su exitosa incursión en política; este hecho comprobable, está poniendo en jaque a varios gobiernos de turno, que demuestran incapacidad y falta de conocimiento para poder enfrentar y controlar estas amenazas.
Es indispensable tener presente como primera consideración que estas amenazas son inteligentes, mutan, se comunican entre sí, hacen alianzas estratégicas y lo más saltante, reaccionan ante los imprevistos y adversidad más rápido que los gobiernos, motivo por el cual se podría definir un escenario peligroso para nuestra seguridad y defensa: crimen organizado vs gobiernos desorganizados.
Las evidencias y los hechos como los ocurridos en el país vecino de Ecuador, exigen que los gobiernos pongan especial atención a la vigilancia y control de sus fronteras, las cuales no son respetadas y son penetradas por el crimen organizado y han puesto en evidencia la necesidad urgente de contar con “Sistemas de Vigilancia y Control” que neutralicen o por lo menos resten la iniciativa que favorece, en estos momentos, a estas amenazas.
Segunda consideración, los gobiernos para enfrentar efectivamente a estas amenazas deberán orientar sus esfuerzos en determinar el “punto estratégico de apoyo” que les servirá para apalancar sus decisiones y acciones estratégicas; en el entendido que no solamente es un esfuerzo nacional sino internacional y que no bastara llegar a niveles de coordinación sino que, los niveles de sincronización de acciones estratégicas, cobran vital importancia; debiendo iniciar el proceso, determinando necesidades estratégicas de éxito, que serán prerrequisitos propios y diferenciados de cada estado nación.
Al realizar un análisis sumario de la realidad peruana, identificamos de manera inequívoca que actualmente no contamos con un sistema de vigilancia y control de fronteras que responda a las necesidades de seguridad y defensa nacional; hecho muy preocupante, que conforme vamos profundizando en el problema se identifican serias debilidades que ponen en peligro nuestra viabilidad y estabilidad como nación. Es importante observar la acción deficiente de migraciones, la misma que se muestra incapaz de realizar un registro de los migrantes que ingresan y salen por nuestras fronteras, agravándose el problema por la extensión territorial de las fronteras, que hacen difícil su vigilancia y control. Esta realidad obliga a que la policía tenga que efectuar obligatoriamente un control territorial, el cual, en el pasado, lo realizaba la Guardia Republicana.
Tercera consideración, la Constitución política del Perú, en su artículo 137, menciona que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción, hecho que no se ajusta a nuestra realidad, especialmente al sistema de vigilancia y control de fronteras; en vista que ante una amenaza de nuestras fronteras, la reacción deberá ser inmediata, sin la necesidad de esperar se decrete el Estado de Excepción; además en sus artículos 165 y 166 establece la base para enfocar y visualizar un sistema de vigilancia y control de fronteras que responda a las necesidades de seguridad y defensa nacional. Las Fuerzas Armadas garantizan la integridad territorial de la República y la Policía Nacional, vigila y controla las fronteras; sin embargo, los demás sectores, cada uno, debería contribuir con su mejor esfuerzo en participar para conformar un sistema idóneo. Los entes que deberían estar comprometidos como germen serian el CEPLAN, la DINI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, MININTER, MINDEF y la secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) que, dicho sea de paso, solo existe en una ley que no se da cumplimiento; siendo los entes rectores que orienten y verifiquen el funcionamiento de los demás sectores del Estado.
Como se puede deducir, se trata de un esfuerzo multisectorial de todo el estado, que empieza por definir, corregir y operativizar los términos que emplea la Constitución Política, como son: Vigilar y Controlar; definir quien liderará el sistema, definir una franja de seguridad fronteriza, definir qué hará cada sector, entre otros.