EditorialDomingo, 7 de julio de 2024
Intromisión en el Perú

La balanza de la justicia internacional ha sido manipulada en las últimas décadas. Un sector ideológico ha capturado instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), politizándolas para convertirlas en artilugios de propagación de su agenda, a menudo en detrimento de su función primordial de impartir justicia.

Un claro ejemplo de esto ha sido la última orden de la Corte IDH a nuestro Congreso. Dentro del parlamento se ha aprobado, teniendo pendiente una segunda votación, que se deroguen los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Sin embargo, este proyecto de ley no le ha gustado en absoluto a la corte internacional, de forma tal que ha ordenado que los poderes del Estado peruano tomen las acciones necesarias para evitar que esta ley sea promulgada.

Otra vez la CIDH intenta intervenir en la soberanía del Estado peruano. Recordemos que no es la primera vez que dicho aparato internacional ha intentado que en el Perú se suspendan funciones propias de la división de poderes con tal de favorecer a su agenda ideológica. Una muestra de ello fue la orden de no liberar al expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que otorgar un indulto humanitario es una facultad del Ejecutivo, ratificada por el máximo órgano constitucional del país, el Tribunal Constitucional.

Esta nueva directiva de la Corte IDH insta al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a que intervengan para que el Poder Legislativo no pueda cumplir con una de sus funciones esenciales, como promulgar una ley. En otras palabras, dicho órgano ha ordenado al Perú ignorar la división de poderes, permitiendo que entre poderes interfieran en las competencias específicas e independientes del Legislativo.

Esta grave intrusión en nuestra soberanía y en nuestra Constitución, que reconoce la existencia de tres poderes independientes en el Perú - Legislativo, Ejecutivo y Judicial - no puede pasar inadvertida. Debemos hacer frente a las razones por las cuales se pretende que cometamos tal atropello a nuestra constitucionalidad.

Parte de nuestra población, básicamente la izquierda, se encuentra indignada por la aprobación inicial del proyecto de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, en nuestro país, la dignidad y la indignación han sido palabras usadas de manera ligera y en contextos más que deplorables. Fue la malinterpretada dignidad de muchos la que llevó a Pedro Castillo y su cúpula de corrupción al poder, y hoy, la supuesta indignación del sector caviar nacional es la que objeta la aprobación de esta ley.

¿Pero por qué el Congreso pretende que se prescriban los delitos de lesa humanidad previos al 2002?

Este proyecto tiene como propósito respetar uno de los principios más fundamentales del derecho penal: el principio de legalidad. Este principio señala lo que en latin se dice “nullum crimen nulla poena sine lege”, que significa que no puede haber crimen, ni tampoco pena, si no existe una ley antes.

Lamentablemente, para la cúpula caviar peruana y para la Corte IDH, este delito fue reconocido en el Perú tras ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en julio de 2002. Esto debido a que desde esa fecha, este delito se volvió parte del sistema de justicia. Ni siquiera los terroristas fueron condenados por este delito, ya que no existía. Sin delito, no hay pena.

La intención del Congreso, por lo tanto, no es abolir un delito, sino asegurar que se cumplan los estándares de un Estado de Derecho y que se respeten sus principios. Que no se condene por delitos que no existían en nuestro país.

Por lo que esta nueva intromisión de la Corte IDH demuestra su falta de interés en que en Perú se haga justicia de verdad. Este organismo internacional no pretende fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, sino debilitarlo, ordenando que nuestros poderes interfieran entre sí, a pesar de su autonomía, con el fin de que los principios legales de nuestra legislación no se vean cumplidos.

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