La situación de la comunidad católica en Nicaragua ha experimentado un alarmante deterioro en los últimos años, especialmente bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La orden de desalojo emitida recientemente para las hermanas clarisas en sus monasterios de Managua y Chinandega es un claro ejemplo de la creciente persecución religiosa que se ha intensificado desde 2018.
Desde que estallaron las protestas contra el gobierno en 2018, se ha evidenciado un hostigamiento sistemático hacia la Iglesia católica, que ha sido vista como un bastión de resistencia y una voz crítica frente al autoritarismo. Las acciones del gobierno incluyen la confiscación de bienes, la cancelación de asociaciones religiosas y la prohibición de actividades eclesiásticas. Este clima de represión ha culminado en la reciente orden de desalojo.
El 28 de enero de 2025, aproximadamente 30 religiosas de la Orden de Santa Clara fueron notificadas sobre su obligación de abandonar sus hogares. Fuentes eclesiásticas informan que solo se les permitió llevar algunas pertenencias, lo que resalta la gravedad de la situación. La abogada Martha Patricia Molina Montenegro, autora del informe "Nicaragua, una Iglesia perseguida", ha señalado en redes sociales que el paradero de muchas de estas religiosas sigue siendo desconocido.
La Orden de Santa Clara, fundada por San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís en 1212, es conocida por su estilo de vida monástica de clausura y dedicación a la pobreza. Las hermanas clarisas, que dependen en gran medida de la caridad, no poseen bienes personales y su existencia está consagrada a la oración y al servicio comunitario, produciendo elementos esenciales como velas y hostias para las parroquias.
La clausura a la que están dedicadas las hermanas clarisas las convierte en un pilar fundamental de la vida espiritual de la Iglesia. Su compromiso con la oración las sitúa como el corazón de la comunidad, intercediendo por el pueblo y manteniendo viva la espiritualidad católica. La expulsión de estas religiosas puede interpretarse como un intento del régimen de callar una voz silenciosa de oración que clama por justicia y esperanza en un contexto de represión.
La decisión del régimen Ortega-Murillo de disolver la Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas mediante el Acuerdo Ministerial 78-2023-OSFL, publicado en mayo de 2023, es un ataque directo a la libertad religiosa en Nicaragua. El gobierno justificó esta acción como una "disolución voluntaria", pero esta afirmación ha sido cuestionada y rechazada por la comunidad católica.
La persecución de los católicos en Nicaragua tiene consecuencias que trascienden a las comunidades religiosas, generando un ambiente de miedo y desconfianza en la sociedad. La represión de la Iglesia católica limita severamente la libertad de expresión y de culto.
La orden de desalojo de las hermanas clarisas es un reflejo de la creciente persecución religiosa que enfrentan los católicos bajo el régimen actual. Este acto no solo atenta contra la libertad de culto, sino que también representa un ataque a la identidad cultural y social del país. La comunidad católica debe seguir denunciando estos abusos y abogar por el respeto a la libertad religiosa en Nicaragua.
Es fundamental que la comunidad católica internacional responda con firmeza a esta situación, apoyando a las organizaciones que defienden la libertad religiosa. La historia de Nicaragua está marcada por la resistencia y la lucha por la justicia, y es esencial que la voz de la Iglesia católica continúe siendo un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Las hermanas clarisas, al ser el corazón de la Iglesia, desempeñan un papel crucial en esta lucha, y su expulsión es un llamado urgente a la acción y la solidaridad.
La persecución a la Iglesia católica en Nicaragua se manifiesta de diversas maneras. Se ha evidenciado el encarcelamiento de obispos, sacerdotes y la deportación de religiosos, así como el despojo de su nacionalidad. Además, han aumentado las denuncias de tortura física y psicológica contra miembros de la Iglesia, lo que indica una persecución sistemática que se considera un crimen de lesa humanidad. Se implementa vigilancia dentro de las parroquias para controlar las actividades religiosas y a sus participantes. Expropiación de universidades y seminarios católicos. El cierre de medios de comunicación de la Iglesia también limita la difusión de información, mientras que los ataques a símbolos religiosos se han vuelto comunes. El régimen busca ejercer control sobre todos los aspectos de la vida, incluida la espiritualidad y la conciencia de las personas, intentando reemplazar actividades tradicionales de la Iglesia por acciones partidarias y progubernamentales.
¿Cuánto tiempo de libertad nos queda? Este interrogante resuena en los corazones de los nicaragüenses y de la comunidad católica internacional. La defensa de la libertad religiosa en Nicaragua no es solo responsabilidad de quienes sufren esta opresión, sino de todos los que creen en un mundo donde la fe y la dignidad humana sean respetadas. Es momento de actuar y alzar la voz en defensa de la justicia y la libertad.