Las democracias estables se apoyan en grandes partidos políticos, que representan grandes corrientes de opinión y cuyo proceso de formación ha estado vinculado a movimientos universitarios, sindicales o profesionales.

En el Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como movimiento continental fundado en 1924, tuvo un largo proceso de gestación, constituyéndose como partido político nacional en 1930, cuando aún su fundador se encontraba en el exilio. Las dictaduras en nuestro país conculcaron libertades e impidieron la participación política del APRA a lo largo de varias décadas. Desde 1956, se organizan nuevas fuerzas políticas como Acción Popular, la Democracia Cristiana o el Partido Popular Cristiano.

La dictadura militar liderada por el general Velasco depuso al presidente Belaunde en octubre de 1968 e impidió la realización de las elecciones generales en 1969. Luego de la caída de Juan Velasco Alvarado en 1975, durante el gobierno militar presidido por el general Francisco Morales Bermúdez, se inicia un proceso de retorno a la democracia. Haya de la Torre preside la Asamblea Constituyente en 1978 y el 28 de julio de 1980 se inicia el segundo gobierno de Fernando Belaunde.

El velasquismo no fue capaz de organizar un partido político, creando el SINAMOS como plataforma política dispuesta a movilizar al pueblo en apoyo al gobierno militar. La promulgación de la Ley de Partidos Políticos, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue alentada por la ONPE y su entonces director ejecutivo, Fernando Tuesta Soldevilla. Se señaló que la ley buscaba fortalecer los partidos políticos, promover la democracia interna y evitar que las cúpulas partidarias decidieran la suerte de los partidos.

Con la nueva ley se inició un proceso de burocratización de la política, contrario a la forma de hacer política. Los promotores de la Ley de Partidos Políticos se esmeraban en asegurar que en el Perú virtualmente no existían partidos políticos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación se trató de reescribir la historia nacional, mientras que el sistema electoral, a través de la RENIEC, la ONPE y el JNE, aumentaba su presupuesto y burocratizaba el control y fiscalización de los partidos políticos.

Durante el nefasto gobierno de Martín Vizcarra, se estableció una Comisión de Alto Nivel abocada a proponer los grandes lineamientos de reforma política en el país. El exjefe de la ONPE, Tuesta Soldevilla, presidió la comisión que redactó un denso informe, que pretendió sentar las bases de un sistema político y electoral renovado.

Más allá de la teoría política y los conceptos doctrinarios desarrollados en el informe, fue evidente que Martín Vizcarra utilizó la llamada "reforma política" como arma política. Durante la dictadura velasquista, durante el gobierno de Alberto Fujimori y en los años del gobierno de Martín Vizcarra, se habló con insistencia de la llamada partidocracia, pretendiendo mellar la imagen de los partidos políticos.

Hoy que el país comprueba el fracaso de la reforma política promovida durante el gobierno de Martín Vizcarra, es necesario precisar que, al haberse acreditado la falsificación de cientos de miles de firmas de supuestos militantes de partidos políticos, se ha consumado un fraude de grandes proporciones.

El país no puede ser indiferente ante la burda maniobra instrumentada con el claro propósito de inscribir fraudulentamente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a organizaciones políticas cuyos líderes y dirigentes han transgredido la ley. No se trata de hechos aislados o de errores materiales intranscendentes. Decenas de agrupaciones políticas han sido registradas en el registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones de una manera dolosa.

En mi concepto, estamos apenas ante una muestra que revela la magnitud de sucesivos actos dolosos, direccionados a consumar delitos, cometidos por los dirigentes y personeros legales de agrupaciones políticas.

El Perú no necesita de decenas de partidos políticos para fortalecer la institucionalidad democrática. En las elecciones generales del 2000, la agrupación política Perú 2000 logró su inscripción ante el entonces JNE de manera dolosa. Se comprobó la existencia de una "fábrica de firmas" y la participación de un conocido notario público (Óscar Medelius) en la "trama de las firmas falsas". Alberto Fujimori ganó las elecciones en un proceso electoral lleno de irregularidades. Su tercer gobierno fue breve, poniéndose al descubierto la existencia siniestra de Vladimiro Montesinos y su rol hegemónico durante la década de los noventa. Fueron parte de la "trama del fraude 2000" tanto magistrados del JNE, José Portillo, jefe de la ONPE de ese entonces —el mismo que acuñó la frase "papelito manda"—, entre otros funcionarios.

La presencia del magistrado Salas Arenas (hasta hace pocos meses) en la presidencia del JNE, así como la ratificación de los jefes de la RENIEC y la ONPE por parte de los exmagistrados de la Junta Nacional de Justicia, deben merecer la mayor atención. El magistrado Burneo Bermejo, en su condición de presidente del JNE, debe ordenar que, con el claro propósito de examinar lo ocurrido, se realice una auditoría externa que examine cómo se ha procedido a dar trámite a la inscripción de nuevos partidos políticos ante el Registro de Organizaciones Políticas. Lo propio debe ocurrir en la RENIEC. Si la Contraloría General de la República realizó exámenes de control que concluyeron en sendos informes, con los que se recomendó al magistrado Salas Arenas la adopción de acciones correctivas para evitar la consumación de fraudes y falsificaciones en la inscripción de nuevas organizaciones políticas ante el ROP, hoy es imperativo que, a la brevedad, se realice una auditoría externa independiente y autónoma respecto a los organismos electorales.

No se puede invocar la falta de una legislación adecuada o de vacíos legales. El país no puede esperar largas investigaciones o dilatados procesos judiciales. Es impostergable actuar con celeridad. La trama de la "falsificación de firmas" fue el preludio de la crisis política que puso fin al gobierno de Alberto Fujimori y precipitó la caída de Vladimiro Montesinos.

La reforma política impulsada por Martín Vizcarra fue parte de un plan urdido para afectar la institucionalidad democrática. El golpista del 30 de septiembre hoy es parte de la "trama de las firmas falsas". Su partido político ha actuado dolosamente. A pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y de estar a pocas semanas para que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra el vacado expresidente y exgobernador de Moquegua, es notorio que Martín Vizcarra se siente "intocable". Si Nadine Heredia ha eludido la acción de la justicia, con la complicidad de Lula da Silva, seguramente Martín Vizcarra urdirá algún plan.

Los partidos políticos incursos en la "falsificación de firmas" no pueden participar en las elecciones generales del próximo año. Más allá de la falsificación, estoy seguro de que estos "vientres de alquiler" en política carecen de dirigentes provinciales, regionales o de locales partidarios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Me pregunto quiénes son los fundadores de los nuevos partidos políticos, cuál es su ideario o filosofía política, si son capaces de movilizar a sus militantes.

El fraude ha sido financiado con millones de soles o dólares, procedentes seguramente de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal u organizaciones criminales. La política como forma de emprendimiento, como si se tratara de emprender negocios o actividades económicas altamente rentables.

La política como mercancía, alejada de ideales y de acciones políticas transformadoras. No son los tiempos de Manuel González Prada, ni de Víctor Raúl Haya de la Torre; por el contrario, en la política peruana de hoy destacan César Acuña, José Luna Gálvez o los "niños de Acción Popular".

Detrás de la inscripción de decenas de partidos políticos, existe el propósito de alentar el caos electoral, facilitando la elección de algún extremista o de un jefe de Estado financiado por organizaciones criminales.

Renovemos la política, valorando su condición de ciencia e instrumento al servicio del pueblo.