Pero, precisamente cuando la decepción parece imponerse, los ciudadanos deben preguntarse qué permitió que el Perú evitara ese cambio hacia modelos fracasados que países de la región no pudieron superar.

La respuesta no es un líder político. No es un partido. Tampoco un gobierno. Lo que protegió al Perú fueron su Constitución, la autonomía de sus instituciones y los contrapesos democráticos que limitaron la concentración del poder.

Cuando Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional en diciembre de 2022, fueron precisamente las instituciones las que resistieron. El Congreso, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado, respaldados por millones de ciudadanos, que actuaron dentro del marco constitucional e impidieron una ruptura mayor.

Por ello esta elección no enfrenta solo a dos candidatos. Enfrenta dos visiones sobre el futuro institucional del país.

Por un lado, una opción que propone gobernar dentro de la Constitución vigente. Por otro, un proyecto político que cuestiona los pilares institucionales y económicos que han permitido al Perú mantener estabilidad en medio de la turbulencia política.

No se trata de izquierda o derecha. La pregunta es simple: ¿debemos fortalecer las instituciones existentes o ponerlas en peligro mediante un proceso constituyente?

Durante los últimos años cayeron presidentes, se enfrentaron congresos, protestas masivas y hasta un intento de golpe de Estado. En otros países una crisis semejante habría terminado en hiperinflación, colapso monetario o fuga masiva de inversiones. Sin embargo, la inflación permaneció controlada, las reservas internacionales se mantuvieron sólidas y la moneda conservó estabilidad.

Ello no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque la Constitución establece barreras que limitan el poder político sobre la economía: un Banco Central autónomo, prohibición de financiar el gasto público mediante emisión monetaria, protección de la inversión privada, estabilidad contractual y una economía social de mercado. Es justamente lo que hoy cuestiona la coalición de Roberto Sánchez, promoviendo una Asamblea Constituyente.

La experiencia latinoamericana ofrece cuantiosos ejemplos. Venezuela inició su transformación mediante una Asamblea Constituyente, como instrumento para cambiar la democracia. Bolivia modificó su arquitectura institucional. Ecuador hizo lo mismo durante el correísmo. Nicaragua eliminó de facto la alternancia democrática. Chile recorrió dos veces ese camino rechazado en las urnas. Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de la historia.

Los contextos son distintos, con una sola constante: los procesos constituyentes se presentan como herramientas para corregir problemas, pero terminan concentrando poder en quienes los impulsan.

La historia demuestra que desmontar instituciones resulta fácil. Lo difícil es reconstruirlas. Debilitar contrapesos toma meses. Recuperar la confianza, independencia institucional y una democracia plenamente funcional puede tomar décadas. Peor aún cuando esos proyectos no llegan al poder para administrar un periodo de gobierno, sino transformando reglas que les permitan permanecer en él.

El Perú tiene enormes problemas pendientes. Inseguridad, corrupción, informalidad, pobreza, servicios públicos deficientes, desigualdad territorial y una profunda crisis de representación política. Pero ninguno de estos desafíos exige destruir aquello que funciona.

Esta elección no decidirá únicamente quién gobernará los próximos cinco años. Determinará si el país preserva el marco institucional que le permitió resistir las peores crisis de las últimas décadas o si inicia un proceso de incertidumbre cuyas consecuencias serán difíciles de revertir.

Por eso el voto en blanco, el voto viciado o la abstención no son una posición neutral. Los proyectos que buscan transformar radicalmente un sistema no triunfan cuando convencen a toda la sociedad. Triunfan cuando quienes creen en la democracia deciden quedarse en casa.

La democracia peruana tiene defectos evidentes y reformas pendientes. Pero sigue permitiendo cambiar gobiernos mediante el voto, fiscalizar al poder y corregir errores sin destruir el orden constitucional. Eso es precisamente lo que está en juego. Este domingo no decidiremos únicamente quién ocupará Palacio de Gobierno. Decidiremos si el Perú continúa perfeccionando las instituciones que han protegido nuestra libertad y estabilidad o si inicia un camino cuyos resultados América Latina conoce demasiado bien.

La democracia peruana puede ser caótica, fragmentada, imperfecta e incluso desesperante. Pero en una segunda vuelta electoral que enfrenta dos modelos antagónicos, debemos elegir entre preservar el sistema o poner en peligro nuestras instituciones. El futuro está en juego, no puede repetirse errores de 2021.

Con una primera vuelta plagada de irregularidades y un sistema electoral incapaz de responder a las demandas ciudadanas; la indignación y hastió es comprensible. Pero no implica perder la memoria o postergar decisiones.

No se trata de abandonar la lucha para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ONPE y RENIEC transparenten un proceso cuestionado. Ese camino será largo, aunque necesario. La urgencia es otra, salvar al Perú del modelo bolivariano, autoritarismo documentado que se enquista en el poder, aportando pobreza y ausencia de libertades.

Las autoridades electorales ya proclamaron a dos candidatos. Estemos o no de acuerdo, la segunda vuelta existe y la cuenta regresiva se detiene en dos semanas.

Las redes hablan de fraude, voto blanco, voto viciado e incluso salidas extrainstitucionales. Esa indignación olvida que anular elecciones no es una posibilidad inmediata y limitarse a ese debate pone en peligro el futuro del país.

Guste o no, existen solo dos opciones: Keiko Fujimori, con lastres propios e históricos o Roberto Sánchez, representante antisistema, versión reciclada del castillismo, con sombrero y falsas raíces rurales. Propone una nueva Constitución para desmontar precisamente instituciones que durante el fallido golpe de Pedro Castillo salvaron al Perú.

Castillo representó deterioro institucional, improvisación estatal, captura política, conflictos y crisis económica. Cinco gabinetes y 78 ministros en 18 meses. Corrupción, casos como Sarratea, Anguía, Petroperú, Puente Tarata y asesores en la sombra. Decenas de investigados, familiares presidenciales incluidos. Paralización de inversiones, fuga de capitales e inflación golpeando especialmente a los más necesitados. El resultado fue más pobreza, polarización e incertidumbre.

Pero el Perú sobrevivió porque las instituciones resistieron. Con sus defectos, los contrapesos democráticos funcionaron frente al intento de ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022. Muchos parecen olvidar que las democracias no solo colapsan mediante golpes militares. Se erosionan lentamente, debilitando controles, atacando organismos autónomos y reemplazando instituciones por lealtades políticas.

La política peruana es inestable. Los gobiernos duran poco, el Congreso vive en confrontación permanente y la ciudadanía desconfía de la clase política. Sin embargo, en medio del desorden, el Perú conserva contrapesos que impiden la concentración total del poder que sufren paises vecinos. Eso es justamente lo que debe defenderse en esta elección.

No tiene que gustarnos el fujimorismo. No existen candidatos ideales. Pero hoy enfrentamos una candidatura que propone una asamblea constituyente, ataca al Banco Central de Reserva y se rodea de personajes controvertidos: vicepresidentas cuestionadas, sin solvencia técnica; Antauro Humala reivindicando violencia política; Walter Ayala investigado por ascensos militares, José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción destituido, hoy defensor político del castillismo y Pedro Francke incapaz de evitar el deterioro económico. La lista continúa.

No es casualidad que el Grupo de Puebla respalde a Sánchez. Esa plataforma, presentada en 2019 para reciclar al Foro de São Paulo, reúne a expresidentes, comunistas, correístas, kirchneristas y podemistas que promueven proyectos refundacionales, discursos antiliberales y narrativas donde todo conflicto institucional contra la izquierda es denunciado como “persecución política”.

Los resultados regionales son evidentes: Ecuador atrapado en tensiones heredadas del correísmo, Bolivia enfrentando crisis económica y conflictividad creciente, Argentina luchando contra esa inflación estructural heredada, Venezuela destruida institucionalmente y Nicaragua en un régimen autoritario. El patrón es el mismo: concentración de poder, deterioro institucional, pobreza extrema y pérdida de libertades.

Las irregularidades electorales deben investigarse para recuperar la confianza. Pero la segunda vuelta continúa y el voto blanco o viciado no es neutral. Tampoco una alternativa. Ante márgenes estrechos, facilita la ruptura del sistema.

No se trata de afectos personales o nostalgias partidarias. Se trata de defender nuestra democracia imperfecta ante proyectos antisistema que amenazan con destruir instituciones que sostienen al país.

Hombres armados con fusiles de guerra, explosivos instalados en galerías subterráneas, rehenes amarrados, otros ejecutados en túneles convertidos en fortalezas. Comandos militares que avanzan con visión nocturna en medio del fuego cruzado. Imágenes que emergen desde los socavones de Pataz, un drama que va más allá de la minería ilegal, recordando tiempos de insurgencia armada. Reducir estos hechos a una crisis local de seguridad es un error de enormes proporciones.

Pataz es el laboratorio visible de la peligrosa transformación que atraviesa al Perú: captura territorial, económica y política del Estado por parte de economías criminales vinculadas al oro ilegal. Estructuras capaces de financiar organizaciones armadas, corromper instituciones, influir sobre legislación nacional y alterar el equilibrio político del país. Se estima que las exportaciones ilegales de oro superaron los 11 mil millones de dólares en 2025, 55% más que en 2024, rivalizando con economías criminales vinculadas al narcotráfico.

El oro ilegal dejó de ser extracción clandestina, convertida en la economía criminal donde convergen tráfico de armas, lavado financiero, corrupción política, trata de personas y control territorial. Socavones controlados por bandas organizadas que operan mediante redes logísticas, capacidad armada y sistemas de protección territorial. El surgimiento de alias “Nati”, nuevo líder criminal en Pataz evidencia su capacidad de regeneración. Los capos caen, pero la red permanece.

El crimen organizado recluta ex militares, personal entrenado en combate con capacidades paramilitares que debilita el control operativo del Estado. Pero el verdadero salto estratégico del crimen organizado del oro ilegal ocurre cuando estas economías penetran el sistema político usando mecanismos democráticos formales.

El crecimiento de las exportaciones mineras ilegales explica cómo estas economías adquieren peso territorial, económico y social capaz de condicionar el comportamiento político nacional. El REINFO ilustra cómo un instrumento temporal de formalización funciona como paraguas para operaciones sin control efectivo. Solo una mínima fracción logró formalizarse y aun así el Congreso continúa aprobando sucesivas ampliaciones.

En regiones donde la minería informal sostiene economías enteras, enfrentar estructuras ilegales implica costos electorales. Por ello, muchos actores políticos buscan administrar el problema sin desmontarlo.

Las diferencias entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú revelan dos aproximaciones distintas frente a esta realidad. Fuerza Popular propone fortalecer trazabilidad, cooperación institucional y formalización, buscando contener la ilegalidad sin romper las bases sociales de la minería informal.

Juntos por el Perú, en cambio, plantea fortalecer cooperativas mineras, ampliar el rol económico del Estado, con esquemas de comercialización estatal del oro cercanas a la experiencia boliviana.

El modelo boliviano convirtió cooperativas auríferas en estructuras híbridas donde informalidad, presión política y economías ilícitas se entrelazaron. Bajo discursos de protección social y soberanía económica, las cooperativas operan como escudo para lavado de oro, contrabando y penetración política regional. Las reservas auríferas estatales sin trazabilidad abrieron espacios para corrupción y blanqueo económico.

Ese es uno de tantos temores que genera el plan de Juntos por el Perú. En contextos donde el Estado enfrenta dificultades para controlar territorios dominados por mafias, introducir comercialización estatal del oro mediante cooperativas sin fiscalización ampliaría las zonas grises entre formalidad e ilegalidad.

El verdadero riesgo no es solo la violencia armada en los socavones. Estas economías ilegales extremadamente rentables se transforman en actores políticos capaces de influir sobre legislaciones, bloquear reformas, capturar gobiernos locales, financiar campañas y moldear políticas públicas convirtiendo la minería ilegal en un problema de seguridad estratégica nacional.

Pataz no representa solo un foco de violencia local. Es el laboratorio visible de cómo economías criminales altamente rentables evolucionan desde actividades periféricas ilegales hacia estructuras capaces de combinar control territorial, violencia armada, poder económico e influencia política en el propio sistema democrático peruano.

El Perú no enfrenta una simple elección, demanda resultados legítimos antes de consolidarlos. En democracia, la proclamación no es el punto de partida de la confianza, sino su consecuencia. Hoy, lejos de confiar, la ciudadanía manifiesta solo dudas.

Lo ocurrido el 12 de abril no fueron fallas aisladas. Mesas no instaladas en horarios previstos, ciudadanos que no pudieron votar y un proceso extendido como decisión excepcional. Problemas en la distribución de material electoral y dificultades logísticas. Hechos que afectan el derecho democrático al voto y la integridad del proceso.

Se suman cuestionamientos del Jurado Nacional de Elecciones frente a la ONPE, investigaciones para determinar responsabilidades, acusados por haber mentido. Que el sistema electoral entre en contradicción consigo mismo no es menor. Cuando la institución que supervisa duda de la institución que organiza el proceso, el problema no es operativo, altera la confianza en todo el sistema electoral.

El Congreso debate irregularidades, cuestionando si la función fiscalizadora del JNE se ejerció de forma efectiva. Si existen fallas que el sistema reconoce, ¿cómo se supervisó el proceso? Si las fallas no se detectaron a tiempo, ¿Cómo se garantiza el resultado?

Especialistas y juristas coinciden en que el JNE debe reconocer que existen suficientes elementos para exigir una revisión clara y accesible. Aquí aparece el concepto de proceso viciado, que, aunque no implique nulidad automática, afecta la confianza por irregularidades en los resultados que deben ser aclaradas.

Los ciudadanos no pueden verificar por sí mismos lo ocurrido. No tienen acceso al sistema de procesamiento, trazabilidad del conteo, ni a criterios que consolidan los datos. Dependen de información proporcionada por autoridades que hoy carecen de confianza. Cuando esa información es incompleta, tardía o contradictoria, la duda surge por opacidad o ausencia

Exigir transparencia es la condición imprescindible para aceptar resultados. No es solo cuestionar, es acceder a la información que permita entender qué ocurrió antes, durante y después de la jornada electoral.

En este contexto, una proclamación no solo generará rechazo, trasladará dudas al siguiente momento político: una segunda vuelta que se desarrollaría sobre un resultado sin transparencia, en medio de cuestionamientos. Peor aún, afecta no solo la segunda vuelta sino la conformación misma de las Cámaras de Senadores y Diputados.

El marco institucional ofrece alternativas. Ordenar una auditoría clara y verificable, y sobre todo, admitir peritajes técnicos independientes, nacionales e internacionales, con acceso a toda la información pertinente. Solo estas herramientas permitirán verificar lo ocurrido en el sistema electoral, fortaleciéndolo. No es sólo esta elección, es evitar vicios replicados en elecciones futuras.

En función de los resultados, corresponde evaluar el siguiente momento. El calendario electoral no puede convertirse en el límite que impida aclarar el proceso. Si las revisiones confirman que las irregularidades no afectan el resultado, la proclamación se fortalecerá. Si evidencian problemas sustanciales, el sistema debe corregir.

Reprogramar el proceso, con fechas que permitan nuevas elecciones y una transición dentro del marco constitucional, no debe descartarse como opción técnica si las condiciones lo exigen, aunque implique la anulación del proceso electoral del 12 de abril.

El Perú se acerca a una segunda vuelta en medio de cuestionamientos. La elección definirá el rumbo del país y es necesario romper con una dinámica política con visos de ilegitimidad recurrente. Es imprescindible que la ciudadanía otorgue su confianza, legitimando el proceso.

La aceptación del resultado no depende de quién gane, el proceso debe ser explicado y verificado sin vacíos. Por ello, es el sistema electoral quien debe demostrar a la ciudadanía que los resultados son confiables. En democracia, no basta pedir confianza; es necesario construirla con transparencia y verificación.

Acelerar el cierre del proceso sin resolver dudas no fortalece la institucionalidad. La debilita. Un resultado cuestionado no termina con la proclamación; se proyecta sobre el siguiente gobierno atentando contra la estabilidad del país.

Ello advierte lo que realmente está en juego. Porque en Perú votar no es solo un derecho o una obligación. Es una de las pocas decisiones directas que inciden en cómo se administrará un sistema profundamente debilitado.

Otra pregunta central es si el ganador podrá gobernar. Sabemos que el país no llega a esta elección en condiciones normales. Treinta y cinco candidatos, votantes que no se identifican con la mayoría de ellos y una inestabilidad acumulada que erosiona el sistema político. La incertidumbre no está en el resultado electoral, sino en lo que ocurrirá después.

No se definirá solo a dos candidatos para una inminente segunda vuelta. Se define quién tomará decisiones en un Congreso renovado, con dos cámaras: senadores y diputados.

Por eso, en esta primera vuelta, más allá de la presidencia, se elige a un Congreso que, en la práctica, concentrará las decisiones del poder. El parlamento no solo legislará. Condicionará, bloqueará, redefinirá. La calidad de ese Congreso marcará la diferencia entre estabilidad o conflicto permanente.

Una campaña dominada por la inseguridad es comprensible. Pero la inseguridad no es un fenómeno aislado. Es la expresión de un sistema que no logra sostener trayectorias educativas, laborales e institucionales consistentes. Es el resultado de malas decisiones acumuladas. A ello se suman las redes de crimen organizado internacional, fenómeno regional que cruzó nuestras fronteras.

Las autoridades elegidas en la práctica no solo serán candidatos a presidente para competir en una segunda vuelta, son senadores y diputados que definirán la calidad del Congreso. Ellos no solo ocuparán cargos, diseñarán políticas, asignarán recursos, influirán en quienes las ejecutan. Decidirán políticas educativas, de seguridad y económicas. Por ello el problema no es solo quién lidera, son las capacidades del conjunto. Las decisiones no las toma una persona, las toman equipos.

El país sabe qué ocurre cuando esas capacidades son inexistentes. Políticas erráticas. Equipos débiles. Decisiones de corto plazo. Y un sistema inestable.

Por ello es importante recordar, antes de votar, que tenemos una constitución y un sistema económico que ha servido como mecanismo de contención frente al caos político. Ese sistema fue defendido, en sus peores momentos, por agrupaciones políticas democráticas.

En medio de una oferta fragmentada, existen solo dos candidaturas que comparten un rasgo central: operar dentro del marco constitucional vigente, proponiendo reformas desde la institucionalidad. Uno desde la política nacional, con conocimiento del funcionamiento del Estado y sus equilibrios; otro desde la gestión directa, con decisiones ejecutadas en un entorno complejo. No buscan refundar el sistema, sino gestionarlo, corregirlo y sostenerlo. En un contexto donde abundan las propuestas sin sustento para su implementación, estas opciones ofrecen propuestas desde la experiencia, no desde la especulación o promesas vacías.

No podemos dejarnos confundir por narrativas que prometen soluciones inmediatas sin explicar cómo se ejecutarán o cómo conseguirán los fondos. Promesas que conectan con el malestar, pero convertidos en discursos vacíos por falta de sustento en la realidad.

El riesgo no es esa retórica que puede sonar bien, es lo que se ejecutará después.

No se trata de encontrar candidatos perfectos o resolver en un día problemas acumulados por décadas. Pero sí de decidir nuestro voto con un criterio claro: elegir a quien presente capacidad para entender el Estado, gestionarlo, formar equipos y sostener decisiones más allá de la coyuntura. Experiencia verificable. Trayectoria.

Gobernar no es prometer. Es ejecutar.

El sistema no cambiará hoy. Pero hoy decidimos quién lo administra. Esa decisión define si el país mantiene un equilibrio frágil o acelera su deterioro.

El incidente ocurrió durante operaciones aéreas intensas contra objetivos estratégicos en Irán. La aeronave, un F-15E Strike Eagle, diseñado para ataques de precisión en profundidad, fue alcanzado por sistemas de defensa aérea iraníes, obligando a su tripulación a eyectarse en una zona montañosa al suroeste del país. Este momento marca un quiebre donde el contexto deja de ser estrictamente militar, convertido en escenario de alto riesgo político.

La información confirmada hasta esta edición indica que uno de los dos tripulantes fue rescatado, mientras el segundo permanece desaparecido o no confirmado como recuperado. La presencia potencial de un piloto en manos iraníes o territorio no controlado representa una variable crítica que podría llevar a una escalada.

Las operaciones de búsqueda y rescate de combate, conocidas como CSAR, van más allá de lo táctico. Desde Vietnam, donde unos 500 pilotos fueron tomados como prisioneros, Estados Unidos mantiene una estricta doctrina operativa: recuperar a su personal bajo cualquier circunstancia. Es más que un imperativo moral, es una señal estratégica. Cada piloto rescatado reafirma la credibilidad del sistema militar; mientras que un piloto capturado abre un espacio de presión política, propaganda y negociación.

Las descripciones de una operación profunda con helicópteros HH-60, apoyo de aeronaves de reabastecimiento y cobertura aérea son plausibles dentro de los protocolos CSAR. Pero, en escenarios de guerra, la información tiende a fragmentarse, por ello, tanto Washington como Teherán administran cuidadosamente lo que confirman y lo que omiten.

Lo que es claro es el riesgo estructural que introduce este episodio. La captura o muerte de un piloto estadounidense en territorio iraní podría forzar una respuesta más amplia por parte de Washington, no solo como decisión estratégica, sino por presión interna. En la política estadounidense, un militar abandonado o expuesto tiene un peso que trasciende administraciones.

Tasnim, agencia de noticias iraní afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que la IRCG derribó el avión. Las televisoras oficiales instaron a la población a “capturar al piloto con vida”, mientras Teherán ofrecía una recompensa. Capturar a un piloto representaría un triunfo, luego de que Donald Trump amenazara con llevar a Irán “de vuelta a la edad de piedra”.  Para Irán, la posibilidad de exhibir a un piloto capturado, como ha ocurrido en conflictos anteriores en la región, es una herramienta de legitimación interna y proyección externa.

Este es el punto donde la guerra podría escalar. No por la magnitud del ataque, sino por la naturaleza del riesgo. La dinámica dependería, además de cálculos militares, de narrativas, percepciones y costos políticos difíciles de gestionar. Eventos como un piloto capturado, una operación fallida de rescate o represalias mal calibradas, pueden alterar la lógica de contención.

El derribo del F-15 no redefine por sí solo el equilibrio de poder en la región. Introduce una variable que ha detonado escaladas históricamente. Visibilizar la vulnerabilidad humana en medio de una guerra tecnificada es un terreno donde la tecnología no amortigua el impacto político. En ese contexto, las decisiones son imprevisibles.

En el terreno electoral, conviene fijar la “foto del momento”. El tablero no está compuesto por decenas de candidatos en condiciones iguales. Hay tres bloques en competencia.

La parte superior muestra una derecha consolidada, con Keiko Fujimori y Rafael López-Aliaga. Ambos concentran el liderazgo en primera vuelta. Tienen voto duro, reconocimiento y una posición estable. Pero se vislumbran límites, están más cerca del techo que de una expansión.

Debajo, el segundo pelotón competitivo, mueve la elección. Aquí está Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Alfonso López-Chau. Sin superioridad clara, podrían crecer si logran convertirse en una opción viable. Es un bloque inestable, en constante disputa.

Finalmente, en el nivel emergente, destaca Jorge Nieto. Su reciente crecimiento lo coloca como referente en un centro aún incompleto, que existe como espacio político, sin fuerza decisiva.

Esta estructura muestra patrones que explican la dinámica de la elección. Primero, la derecha ya está posicionada. Fujimori y López-Aliaga no necesitan crecer para pasar a segunda vuelta; su problema no es ingresar, sino expandirse después. El segundo patrón es el crecimiento que ocurre en el segundo pelotón. Ahí está el espacio disponible. El tercero es un crecimiento poco homogéneo, dependiendo del tipo de votante que se active.

El sistema peruano no reparte votos ideológicos, impulsa segmentos distintos del electorado. Si se activa el voto indeciso, emocional, que rechaza al sistema y decide tarde, el principal beneficiado podría ser Álvarez, como outsider. Si se activa el voto urbano moderado, que busca estabilidad y rechaza extremos, Nieto se favorece, pero su base aún es pequeña. De activarse el voto territorial, orgánico y menos mediático, se beneficia Sánchez, por su anclaje en provincia. López-Chau se mueve en la izquierda, sin expandirse al centro.

La geografía refuerza esa lógica. Lima es volátil, mediática y decisiva para saltos rápidos. Allí crece López-Aliaga, Álvarez y, en menor medida, Nieto. El interior es más lento, estructurado, menos sensible a la coyuntura. Allí pesa Sánchez y parcialmente Fujimori por su presencia histórica. La división territorial explica candidaturas que crecen rápido, sin profundidad, y otras lentamente, con estabilidad.

Integrar todo refleja la dinámica. Arriba, el sistema estabiliza dos liderazgos. Abajo, está la reconfiguración. El resultado dependerá de quién logre romper el empate técnico del segundo pelotón. Ese candidato necesitará volverse receptor dominante del voto útil.

La lectura internacional es decisiva. La dinámica sobre quién sube primero o absorbe votos, define la segunda vuelta, pero no la gobernabilidad. La capacidad de estabilizar el sistema político peruano dependerá de la legitimidad de origen, capacidad de atraer votantes fuera del núcleo propio, relación con un Congreso fragmentado y credibilidad frente a instituciones debilitadas.

Esta es la paradoja. El sistema elegirá al candidato más competitivo: quien capture votos disponibles. Pero no a quien pueda construir una coalición para gobernar después. La derecha llega ordenada, con límites de expansión. El segundo pelotón concentra crecimiento, sin capacidad de articulación institucional. El centro existe, pero no consolidado como alternativa.

La elección peruana no es incierta porque esté equilibrada, sino porque no hay estructuras que ordenen lo que ocurra después. El sistema se mueve pensando en la competencia, sin claridad en la gobernabilidad. Ganar y gobernar deja de ser una consecuencia automática. Ese es el verdadero problema político.

Lejos de cancelar el proyecto, China no esperó una resolución. El 29 de enero autorizó el inicio de los primeros 870 kilómetros del cable desde la provincia de Guangdong. Consultores especializados y agentes hoy se preguntan: si Chile rechaza el proyecto, ¿lo recibirá Perú?

Antes de responder, la opinión pública debe saber que China no necesita esperar a que el cable llegue a nuestras costas. Está en nuestro territorio sin que el tema haya sido debatido.

En diciembre de 2018, ProInversión adjudicó seis proyectos regionales de banda ancha. Cuatro de ellos —Áncash, La Libertad, Arequipa y San Martín— fueron ganados por el Consorcio YOFC Network, integrado por Yangtze Optical Fibre and Cable Company de Hong Kong. Contratos por USD 411 millones con el Estado peruano a través de Pronatel, con 7.500 kilómetros de fibra óptica han sido desplegados en cuatro regiones y 1,700 localidades.

YOFC no es una empresa privada compitiendo en el mercado. Es el mayor fabricante mundial de fibra óptica que opera bajo el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, para expandir los negocios chinos.

El motivo de preocupación es el Artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017. Ello obliga a cualquier organización o ciudadano chino a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado, incluyendo compartir tráfico de datos que transiten por su infraestructura. Es una obligación codificada en derecho chino, aplicable directamente a YOFC y a cada empresa del consorcio que opere datos del Estado peruano.

A ello se suma una ventana de decisión que se abre en los próximos meses, sin generar debate público alguno: la licitación definitiva de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El estudio de ProInversión para definir su nuevo modelo de operación tiene resultados previstos para el primer semestre de 2026. La Red Dorsal tiene más de 13.500 kilómetros, conecta 22 capitales de región, con nodos de conexión internacional con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Un operador con acceso a esa red gestionaría el tránsito de datos de toda la región andina.

El gobierno peruano no puede ignorar que, en 2025, Estados Unidos designó al Perú como Aliado Principal No-OTAN. Ese estatus implica cooperación en inteligencia y coordinación en seguridad regional. Autorizar infraestructura de datos bajo la jurisdicción de una ley que obliga a compartir información con Beijing no es una decisión técnica de telecomunicaciones: se opone a cualquier marco estratégico.

El gobierno de Balcázar no ha fijado posición pública al respecto. No se conoce el debate del Congreso sobre YOFC o sobre la Red Dorsal. Ello afecta una decisión estratégica que por omisión otros están tomando.

La infraestructura que definirá quién controlará los datos regionales se construye sin debate político. Es necesario emitir una posición oficial. La licitación de la Red Dorsal debe incorporar criterios de seguridad nacional antes de adjudicarse, no después. Esta decisión sin debate en el Perú tiene fecha: el primer semestre de 2026. El tiempo para actuar con inteligencia estratégica es ahora, mientras esté en manos peruanas.

El documento aprobado condena los ataques de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Jordania, advirtiendo expresamente sobre cualquier intento de obstaculizar la navegación en el estrecho de Ormuz o Bab el-Mandeb. No menciona los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desencadenan el conflicto, interpretado por Teherán y otros miembros del Consejo como un texto desequilibrado. El acuerdo final muestra que la preocupación principal de los Estados no se centra tanto en el origen de la guerra como en el alcance de la respuesta iraní y el riesgo de una escalada que afecta la estabilidad del Golfo, comercio marítimo y el sistema energético mundial.

La preocupación no es la respuesta militar de Irán, sino los ataques simultáneos registrados en múltiples frentes con misiles y drones contra países de la región. Irán no se limita a instalaciones militares; alcanza aeropuertos, refinerías, centros de comunicación, embajadas, plantas desalinizadoras, hoteles y edificios civiles. Los impactos han afectado zonas urbanas densamente pobladas en Israel y otros países, incrementando la percepción de una represalia a gran escala, ejecutada sin discriminar objetivos estratégicos y civiles.

Aunque el debate recordó el bombardeo estadounidense que provocó la muerte de niñas en un colegio en Irán, hecho grave condenado, la comparación ha sido utilizada por algunas delegaciones para justificar una respuesta que, en términos operativos, ha alcanzado un nivel muy distinto de dispersión e intensidad. La diferencia no radica en el número de víctimas, sino en la extensión geográfica de los ataques y el tipo de objetivos elegidos. La percepción dominante en el Consejo fue que la respuesta iraní no se limitó a golpear bases militares de Estados Unidos o Israel, sino que abrió múltiples escenarios de riesgo regional.

El impacto directo sobre el tráfico marítimo y el comercio energético afectó la votación. Los ataques contra petroleros y buques comerciales en el Golfo generan alarma, incluso entre países que mantienen relaciones con Irán, al afectar rutas esenciales del petróleo mundial. La resolución insiste en la libertad de navegación ya que el cierre o interrupción de vías perjudica a los aliados occidentales y a las economías que dependen del suministro energético de la región, incluido el propio Irán. La idea de que la escalada dañe el comercio internacional sin distinguir entre adversarios y socios contribuyó a la aprobación del texto, aunque no aborde todos los aspectos del conflicto.

China y Rusia se abstuvieron criticando el carácter incompleto de la resolución, sin bloquearla, evitando legitimar la expansión de los ataques en el Golfo y una amenaza prolongada sobre el estrecho de Ormuz. El resultado muestra un Consejo dividido en la interpretación jurídica del conflicto, pero relativamente coincidente en la necesidad de limitar una escalada imprevisible.

La resolución no solo condena acciones concretas, marca un punto de inflexión en la percepción internacional de la guerra. El foco no está en quién inició el enfrentamiento, sino en la dimensión que ha alcanzado la respuesta iraní y el riesgo de que una estrategia basada en ataques simultáneos y dispersos afecte no solo a adversarios directos, sino al sistema internacional en su conjunto.

La convocatoria evidencia una fractura política y estratégica en América frente a amenazas transnacionales. El crimen organizado, redes de narcotráfico, mafias que instrumentalizan la migración irregular y la expansión geopolítica de actores externos son un problema continental que opera en fronteras porosas, con economías ilícitas interconectadas.

Durante décadas América Latina ha intentado enfrentar estos desafíos mediante mecanismos multilaterales como la OEA, sin embargo, la falta de consenso político entre gobiernos ha frenado cualquier iniciativa. La ausencia de coincidencias en principios mínimos como democracia, seguridad y cooperación paralizan los esfuerzos regionales.

El propósito del Escudo de las Américas es construir un espacio de coordinación entre gobiernos que comparten diagnósticos similares sobre amenazas regionales. La lógica es pragmática: ante consensos hemisféricos imposibles, pequeñas coaliciones pueden coordinar inteligencia, control fronterizo, persecución financiera y cooperación policial frente a redes criminales que operan a escala continental.

La agenda incluye tres ejes. Combate al crimen organizado transnacional como narcotráfico, minería ilegal de oro, trata de personas y lavado de activos que forman un ecosistema criminal en expansión. Estas organizaciones no reconocen fronteras ni jurisdicciones nacionales. La droga se produce en un país, cruza territorios, comercializada por redes en otros continentes. El oro ilegal, mezclado con la producción formal ingresa al mercado internacional haciendo imposible rastrear su origen.

El segundo eje es la migración irregular, negocio controlado por redes criminales. La crisis venezolana con el mayor desplazamiento humano en la historia de América Latina contribuyó con esta problemática. Millones atravesaron peligrosas rutas, abriendo espacios a organizaciones dedicadas al tráfico de personas, explotación laboral y reclutamiento criminal.

El tercer eje es geopolítico. La expansión de China en América Latina a través del comercio, financiamiento e inversiones en infraestructura estratégica como puertos, energía, minería y telecomunicaciones opera con una lógica pragmática. Priorizan el acceso a recursos y cadenas logísticas sin involucrarse en problemas internos como la seguridad. Estados Unidos, preocupado por su propia seguridad nacional, busca combatir redes criminales que pueden reforzarse con cooperación regional, beneficiando a toda Latinoamérica.

La cumbre intenta articular respuestas coordinadas frente a amenazas que superan las capacidades individuales. Pero también refleja divisiones políticas regionales. Evidencia la realidad de países que priorizan la soberanía nacional frente a presiones externas, manteniendo posiciones ambiguas frente a regímenes como el venezolano, señalado como foco de inestabilidad regional.

Perú, inicialmente invitado y luego excluido desata preocupaciones. Las graves amenazas del país lo sitúan en el centro del mapa criminal regional. El narcotráfico sigue operando, la minería ilegal de oro se expande y la inseguridad crece con organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua.

Esa inseguridad no puede entenderse como un problema policial interno. La extorsión, sicariato y control territorial de bandas está vinculado a redes de financiamiento y logística internacional. Cuando el crimen mueve dinero, armas y personas por varios países, las respuestas nacionales resultan insuficientes.

Por eso la participación del Perú en un espacio de cooperación regional hubiera sido importante. Más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos, el país necesita fortalecer la coordinación internacional frente a amenazas continentales. La cooperación regional deja de ser una opción, convertida en necesidad estratégica.