El alto nivel de conflictos sociales alrededor de la minería ha hecho que las inversiones en proyectos mineros caigan de US$ 8,864 millones en 2013 a US$ 5,242 millones en 2021, y a un nivel proyectado de US$ 1,887 millones para este año. El factor más importante para que se lleven a cabo estas inversiones es el nivel de confianza empresarial en la estabilidad tanto económica como jurídica del sector.

Con estabilidad jurídica se hace referencia al respeto de los contratos y de los requerimientos legales preestablecidos al momento que el privado decide realizar el proyecto, que no se cambien los requerimientos en temas de impuestos y demás. Pero, ¿qué confianza podemos esperar de un gobierno que ha tenido cinco gabinetes ministeriales en su primer año en el cargo y que vive amenazando al sector privado?

Ningún inversionista privado le cree al gobierno. Según Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, los inversionistas han perdido fe en la capacidad del Perú de llevar a cabo proyectos mineros tras la paralización de Las Bambas (una de las minas de cobre más grandes del mundo), y el retraso de una cartera de nuevos proyectos por valor de US$ 53,000 millones. Durante más de 20 años hemos tenido de dos a tres proyectos mineros desarrollándose simultáneamente en Perú; no obstante, el último gran proyecto minero que se ha puesto en marcha es Quellaveco de Anglo American (inversión de US$ 5,300 millones), y no vemos otro adicional.

El presidente debe ser consciente de la dependencia que tenemos del sector minero, así como de los problemas derivados de las inversiones mineras —principalmente relacionados al impacto ambiental y a los conflictos sociales—, y tomar acción. Lo que debe hacer el gobierno es generar estabilidad, agilizar los permisos y potenciar las oficinas de resolución de conflictos sociales puesto que este es el cuello de botella en la ejecución de la mayoría de grandes proyectos que potencialmente traerían beneficios enormes a millones de peruanos.

En esta ocasión no hablaremos del pésimo manejo del gobierno que ha tenido Pedro Castillo. Trataremos de responder a la famosa pregunta hecha por nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en “Conversación en la Catedral”. Y es que muchos peruanos nos hemos preguntado desde cuándo las cosas están tan mal en el Perú en materias como economía, salud, educación, inseguridad ciudadana o justicia.

Por un lado, la izquierda recalcitrante de siempre respondería que el Perú se jodió cuando Alberto Fujimori asumió como presidente allá en 1990. Asimismo, argumentarían que en nuestro país casi nunca ha gobernado la izquierda, y que cuando lo ha hecho, “no ha sido la verdadera izquierda” o que “se pasaron a la derecha”. De otro lado, la derecha más conservadora diría que el Perú siempre ha estado mal pues nunca se les ha dado continuidad a políticas económicas de corte liberal.

No obstante, ninguna de estas posiciones habla del daño que nos ha hecho el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema en el que existe una corrupción sistémica en el aparato estatal, aunado a un sector privado cuyo único objetivo es “amarrarse” al gobierno con tal de “jalar agua para su molino”. En este sistema, el estado toma acción en beneficio de unos pocos sin importar el bienestar general.

Un punto a favor de los argumentos de la derecha en pro de la minimización del tamaño del estado, es cuando argumentan que a mayor tamaño del aparato estatal, mayor probabilidad de caer en sistemas mercantilistas (corrupción sistémica). Debemos pensar en términos de eficiencia del estado, que se encargue de lo que le concierne: seguridad, justicia, salud y educación, ¿para qué aventurarse en crear empresas estatales con nuestros impuestos, y colocando a sus amigos en cargos directivos en estas empresas? El enfoque es simple, qué lástima que a nuestros dirigentes solo les interese su propio bienestar y el de sus allegados.

Es así que, el gobierno de Petro propondrá que aquellos patrimonios líquidos a partir de los 1,000 millones de pesos (220,000 dólares) se graven con una tasa marginal del 0.25%; entre tanto, desde los 2,000 millones de pesos (440,000 dólares) sería de 0.5%; para los 3,000 millones de pesos (660,000 dólares) estaría en 0.75%, y de 4,000 millones de pesos (880,000 dólares) hacia adelante en 1%.

Por si fuera poco, la reforma contemplaría que las grandes y medianas empresas tributen 30% de sus ganancias, y las pequeñas el 25%. Pero, además de las empresas, el plato fuerte de la reforma contempla a las personas naturales, se trata de gravar con un impuesto adicional a las personas cuyos salarios se encuentren por encima de los 10 millones de pesos (2,200 dólares), argumentando que se trataría de los 420,000 contribuyentes de mayores ingresos en el país.

Esto se trata de un castigo al mérito y una injusticia per se.

Por ejemplo, si uno es un microempresario tocaría pagar 25% de las ganancias al Estado, digamos que este empresario en base a su propio esfuerzo ha logrado que su empresa se formalice y crezca, ahora le tocaría pagar 30% de sus ganancias, ¿qué clase de premio a la eficiencia es este? Más que un premio parecería un castigo, los incentivos a crecer desaparecen.

Por otro lado, un trabajador que ha logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero a costa de su propio esfuerzo, dejando de viajar, de comer en restaurantes caros, de comprarse ropa, entre otros lujos que pudo haberse dado, pero no se dio, decide comprar un departamento en 300,000 dólares. Con la nueva reforma tributaria de Petro, este tendría que pagar un impuesto marginal de 0.25% sobre el valor que ahorró durante muchos años para comprarse el departamento. Otra vez, ¿qué incentivo para ahorrar tenemos?

El gobierno debe atacar la base del problema, reducir gasto gubernamental -que por ahí se filtran los fondos-, premiar al que merezca ser premiado -por su esfuerzo y eficiencia-, y castigado al que merezca ser castigado -por su ineficiencia y falta de visión a futuro-.

Como en toda nuestra historia republicana esta fue nuevamente una época de prosperidad falaz, y contrariamente a lo que se pensaba, sería nuestra oportunidad para salir del subdesarrollo. Hoy, volvimos al caos de siempre, convulsión y descontento social que -según algunos sectores “ilustrados” de la población- se debió al crecimiento económico desigual, que solo enriqueció más a los ricos, y mantuvo viviendo de migajas a los más pobres. Este es un discurso que evidentemente vende en la actualidad. Dicho de otro modo, es la corriente de pensamiento “de moda”.

Que tristeza ver que los países considerados como las estrellas latinoamericanas durante la primera década del nuevo milenio, ahora se encuentran sumidos en convulsiones sociales, caos y descontento. Cabe resaltar que, los mismos personajes que apoyaron a estos candidatos de izquierda a ganar las elecciones, afirman que estos no son gobiernos de izquierda y que traicionaron los ideales del pueblo que los eligió, no son más que desvergonzados mercenarios de la política.

No obstante, el propósito de este artículo no es solamente criticar a la izquierda y sus paupérrimos representantes, sino hacer un mea culpa general. La sociedad hoy en día se encuentra muy agitada, intolerante y no tiene siquiera intenciones de hacer y recibir críticas constructivas. Hay un grave problema de comunicación y por ello el título del presente artículo. Babel, según el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a “un lugar en que hay gran desorden y confusión o donde hablan muchos sin entenderse”, a esto le agregaría que se trata de un lugar y/o circunstancia en la que no hay siquiera ganas de entenderse, y menos de llegar a consensos.

Escuchemos más, seamos más empáticos, unámonos en las causas que realmente vayan en contra de nuestros principios, marchemos al lado del que no piensa igual que nosotros, no nos vayamos a los extremos y, sobretodo, respetemos si queremos respeto.

Por un lado, el primer modelo que todo estudiante de economía ha tenido que estudiar -en mi caso, lo estudié en el curso de Macroeconomía III con el brillante profesor Michel Canta, en las aulas de la Universidad del Pacífico- es el planteado por Solow (1956), este postula que la inversión en capital físico (i.e. infraestructura: carreteras, servicios públicos en general) genera crecimiento hasta cierto punto, luego de lo cual la economía deja de crecer, a este punto de estancamiento se le conoce como estado estacionario –steady state-, luego de lo cual, deben seguir dándose shocks de inversión en capital físico para seguir creciendo.

Luego están los modelos de crecimiento endógeno, que incluyen los procesos de formación de capital humano (Uzawa, 1965; Lucas, 1988), el aprendizaje basado en la experiencia –learning by doing– (Arrow, 1962), la investigación y desarrollo (Romer, 1990; Grossman & Helpman, 1991), y la innovación en los procesos de producción (Schumpeter, 1964), como principales drivers del crecimiento económico de largo plazo. Todos estos autores se complementan en lugar de contradecirse. Es muy sencillo de entender, pero al mismo tiempo aplicarlo no lo es, la literatura económica apunta a que la innovación (Schumpeter) es el principal driver del crecimiento, para tener ideas innovadoras debemos tener gente educada (modelos de capital humano), o personas que “aprendan haciendo” (learning-by-doing).

De la mano con lo expuesto, el primer paso sería realizar fuertes inversiones en infraestructura física, tanto para interconectar al país, y brindarles acceso al mercado a mayor cantidad de personas posible, como para conectarnos con el mercado global. El segundo paso debe ser invertir en capital humano, en educación de calidad sin ideologías, enfocada en agregar valor a la economía mediante mayor productividad. Concluimos el artículo poniendo énfasis en la institucionalidad, tema que no hemos abordado aquí, pero que es de lejos, el factor más importante de la ecuación (ver Acemoglu y Robinson, 2012). Sin instituciones sólidas, el sueño de convertirnos en un país desarrollado es prácticamente utópico, estaremos condenados a permanecer como el eterno país de ingresos medios.

Por un lado, Gustavo Petro propone la reestructuración del sistema de pensiones, considera que el sistema privado de pensiones basado en las cuentas de capitalización individual no es justo, y que se debe brindar una pensión “digna” a todos los colombianos. Por otro lado, se quiere reemplazar la estructura económica basada en la extracción de hidrocarburos por una industrializada, para ello propone elevar los aranceles, lo cual generaría un alza importante en los precios, perjudicándose así a los consumidores. Finalmente, de la mano de su plan de industrializar el país, el candidato de izquierdas quiere cambiar la matriz energética de su país para no seguir dependiendo del carbón y petróleo aun cuando Colombia tiene ingentes reservas de estos hidrocarburos.

El candidato Rodolfo Hernández, también conocido como “el Trump colombiano”, por su trayectoria empresarial exitosa y sus polémicas declaraciones, establece que el mayor enemigo del desarrollo en Colombia es la corrupción. Así, sostiene que el gobierno de su país, por el tamaño de su burocracia estatal, se encuentra “lleno de ladrones”, la gran mayoría de sus propuestas van en la línea de hacer cambios estructurales en la administración pública, de manera que se reduzca el tamaño del Estado, y, por ende, la corrupción. Asimismo, al entender tan bien la lógica empresarial, propone reducir los impuestos -en relación directa con la reducción de la burocracia estatal ineficiente- de manera que se mantenga a Colombia como el país atractivo para invertir que ha venido siendo en las últimas décadas.

El 19 de junio los colombianos tienen una gran responsabilidad: la de hacer que su país, a diferencia del resto de Sudamérica -excepto Ecuador-, escojan la opción que más les convenga sin odios ni resentimientos.

Inicialmente, estas directrices se dividen en tres categorías: nivel de apertura a la inversión privada -tanto local como extranjera-, ordenamiento territorial y sectores prioritarios por desarrollar, y el rol del Estado en la economía. Finalizamos el artículo mencionando algunos temas sin los que de ninguna manera podríamos alcanzar el desarrollo.

• Nivel de apertura a la inversión privada: a mejores condiciones para la inversión privada, mayor inversión, más trabajo, mayor competencia para conseguir mano de obra, mejores salarios y condiciones laborales, mayor desarrollo. No hay más, la evidencia empírica demuestra que, si se otorgan condiciones favorables para formar empresa en el largo plazo, mayores probabilidades existirán de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. El gobierno de Pedro Castillo está haciendo todo lo contrario.
• Ordenamiento territorial y sectores prioritarios: “si la vida te da limones, haz limonada”, interpretamos esta famosa frase como que debemos enfocarnos en nuestras ventajas comparativas, es decir, en lo que tenemos y hacemos mejor que otros. En nuestro caso tenemos minería, agroindustria, pesca industrial, entre otros. Explotemos lo que tenemos mientras el mercado le encuentre valor. Esta propuesta va de la mano con una correcta organización administrativa, que dé mayor protagonismo a las regiones.
• Rol del Estado en la economía: el Estado es, en general, un pésimo administrador de recursos, nuestra propia historia lo demuestra. Debemos fortalecer el rol subsidiario del Estado, la idea detrás de esta disposición es que el Estado está obligado a cumplir funciones indispensables en aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, entre otras; y lo mejor que puede hacer es centrar todos sus esfuerzos y limitados recursos en las mismas. Asimismo, debe fortalecerse el accionar de los reguladores Osinergmin, Osiptel y Ositran, y seguir garantizando su independencia.

Cabe resaltar que ninguna de las políticas anteriormente mencionadas produciría los resultados esperados si seguimos teniendo instituciones precarias, estas son la base sobre la que se erige el desarrollo de largo plazo.