En este nuevo escenario, la responsabilidad no recae únicamente en los cuestionados organismos electorales, también lo hace en las fuerzas políticas, en particular sobre aquellas figuras que hoy concentran una representación significativa en el Congreso. La configuración del nuevo Parlamento, con un Senado y una Cámara de Diputados donde las fuerzas de centroderecha tienen un peso relevante, abre una posibilidad inédita de gobernabilidad. Pero esa posibilidad no es automática ni está garantizada.

Las elecciones generales sirven para interpretar la voz de la población: el mandato popular. Se entiende como la voluntad soberana expresada en las urnas, legitimando el ejercicio del poder y la toma de decisiones, no como un cheque en blanco. Existe, entonces, una voluntad popular que debe ser oída por aquellas autoridades electas en estos comicios —tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo—.

En ese sentido, resulta imperativo que las principales fuerzas de la derecha —representadas hoy por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga— comprendan la dimensión del momento político y entiendan lo que la población les pide: unidad.

La competencia electoral es legítima, pero no puede convertirse en un obstáculo permanente para la construcción de acuerdos mínimos de gobernabilidad. Si estas fuerzas insisten en actuar de manera desarticulada o, peor aún, si adoptan una lógica obstruccionista frente a un eventual gobierno que no les resulte afín, el resultado será un escenario aún más complejo que el vivido en años anteriores.

El Senado, por su diseño, posee herramientas importantes de control y equilibrio. Pero su eficacia depende, en última instancia, de la existencia de un Ejecutivo con el cual se pueda dialogar y coordinar. Sin esa articulación, cualquier mayoría parlamentaria corre el riesgo de convertirse en un factor de bloqueo an- tes que en un motor de estabilidad.

El desafío, por tanto, es doble: reconstruir la confianza en el sistema electoral y, al mismo tiempo, evitar que la fragmentación política derive en una nueva etapa de confrontación estéril. El país no necesita más incertidumbre. Necesita responsabilidad, liderazgo y, sobre todo, la capacidad de aprender de sus propios errores.

Porque si algo ha dejado claro el 12 de abril es que la democracia no solo se pone en riesgo cuando es manipulada, sino también —y quizás con mayor frecuencia— cuando es mal gestionada.

La inseguridad ciudadana no es una abstracción. Es una experiencia diaria, repetida con una crudeza que ya no sorprende, pero sí desgasta. Extorsiones, sicariato, asaltos cada vez más violentos. Detrás de cada cifra hay historias que los candidatos evocaron con tono grave: madres que entierran a sus hijos, comerciantes que pagan cupos para sobrevivir, barrios enteros que han aprendido a vivir con miedo. El diagnóstico, en ese sentido, no faltó. Fue incluso abundante. Pero también fue predecible, casi ritual.

Uno tras otro, los aspirantes a la presidencia desfilaron por ese libreto conocido: indignación, gestos adustos, promesas de mano dura. Algunos elevaron la voz, otros apelaron a la emoción. La mayoría asumió, con mayor o menor convicción, el papel del dramaturgo circunstancial. Pero lo que no apareció —o lo hizo de manera excepcional— fue el estadista. El líder que no solo describe el problema, sino que se atreve a desarmarlo pieza por pieza. El técnico que entiende que gobernar no es conmover, sino resolver.

La gran ausencia de la jornada fue, en efecto, el “cómo”. ¿Cómo se desmontan las economías criminales que hoy operan con lógica empresarial? ¿Cómo se reorganiza una policía debilitada, mal equipada y, en muchos casos, infiltrada? ¿Cómo se articula un sistema de justicia que no libere, por inercia o colapso, a quienes deberían estar tras las rejas? Estas preguntas, que deberían haber estructurado el debate, quedaron flotando en el aire, sin respuestas claras.

En su lugar, emergieron fórmulas repetidas hasta el cansancio. La más insistente: la derogación de las llamadas “leyes pro-crimen”. Una consigna eficaz en términos políticos, pero muy pobre en sustento. Desde este diario se ha señalado ya que esa etiqueta responde más a una interpretación interesada que a un análisis serio del entramado legal. Convertirla en eje del discurso no solo simplifica el problema, sino que desvía la atención de reformas más complejas y necesarias. Es, en el mejor de los casos, un atajo retórico; en el peor, una coartada.

Otra de las salidas recurrentes fue la apelación a las rondas campesinas como pieza central de la solución. Nadie discute el valor histórico de estas organizaciones en sus contextos de origen. Han cumplido —y cumplen— un rol relevante en zonas donde el Estado llegó tarde o no llegó nunca. Pero trasladar esa experiencia, casi mecánicamente, a la realidad urbana de Lima y otras ciudades es desconocer la naturaleza del fenómeno actual. El crimen que hoy azota la capital no es comunitario ni espontáneo; es estructurado, armado y, muchas veces, transnacional. Pretender enfrentarlo con esquemas pensados para otra geografía y otro tiempo roza la ingenuidad.

Lo preocupante no es solo la debilidad de las propuestas, sino la falta de jerarquización del problema. La seguridad ciudadana no puede ser tratada como un capítulo más dentro del catálogo de promesas de campaña. Es, hoy por hoy, la condición de posibilidad de cualquier otra política pública. Sin seguridad, no hay inversión sostenible; sin seguridad, el empleo se precariza aún más; sin seguridad, la vida cotidiana se repliega y la confianza social se erosiona. Sin seguridad, el Estado pierde su razón de ser.

Por eso, sorprende —y alarma— que tan pocos candidatos hayan ensayado aproximaciones integrales. Se habló poco de inteligencia policial, casi nada de interoperabilidad entre instituciones, menos aún de modernización tecnológica o de estrategias focalizadas en territorios críticos. Tampoco se escucharon propuestas claras sobre el sistema penitenciario, ese eslabón olvidado que hoy funciona, en muchos casos, como escuela del crimen. Y casi nadie abordó con seriedad la necesidad de depurar y profesionalizar las fuerzas del orden, una tarea incómoda, pero imprescindible.

Gobernar implica asumir costos. Implica reconocer que no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Que recuperar la seguridad tomará tiempo, recursos y, sobre todo, coherencia. Pero también implica ofrecer una ruta, un horizonte verificable. En este primer debate, esa ruta brilló por su ausencia.

Quedan aún jornadas por delante. Ojalá los candidatos entiendan que el país no necesita más diagnósticos declamados ni más consignas efectistas. Necesita respuestas. Necesita precisión. Necesita, en suma, menos teatro y más gobierno. Porque mientras la política ensaya discursos, la violencia no espera. Y cada día que pasa sin claridad ni dirección es un día que el crimen gana terreno.

A menos de un mes de haber asumido el cargo tras la caída de José Jerí, el actual mandatario ha ofrecido señales contradictorias en decisiones clave de gobierno. Lo que debería ser una gestión de continuidad se ha convertido, más bien, en una etapa de incertidumbre. Las vacilaciones en torno a la compra de aviones de combate —anunciada primero como definida y luego como aún en evaluación— no solo evidencian desorden, sino que debilitan la credibilidad del Estado en un ámbito tan sensible como la defensa nacional.

Algo similar ocurre en el plano económico. La abrupta interrupción del proceso de reorganización de Petroperú, impulsado previamente con el respaldo de ProInversión, devuelve al país a un escenario conocido: el de una empresa estatal sostenida por recursos públicos sin perspectivas claras de sostenibilidad. La decisión de insistir en nuevas inyecciones de capital, descartando de plano cualquier apertura al sector privado, no solo posterga soluciones, sino que profundiza una carga fiscal que ya bordea niveles insostenibles.

A ello se suma una preocupante volatilidad en la conducción política. Los cambios en el gabinete —incluyendo la salida de Denisse Miralles en cuestión de semanas— y la abierta disposición del mandatario a “mover fichas” en cualquier momento, incluso a puertas de un eventual voto de confianza, introducen un grado de inestabilidad innecesario en un periodo que debería caracterizarse precisamente por lo contrario.

Pero quizás el elemento más inquietante es la falta de claridad en el propio discurso presidencial. En recientes declaraciones, el jefe de Estado ha ofrecido respuestas ambiguas o elusivas frente a temas fundamentales, desde la política energética hasta la relación con actores políticos cuestionados. Esta indefinición no permite discernir si existe una línea de gobierno coherente o si las decisiones responden, más bien, a presiones circunstanciales o impulsos coyunturales.

En paralelo, han surgido cuestionamientos legítimos sobre la capacidad del mandatario para afrontar las exigencias del cargo. Sin necesidad de especular sobre su estado de salud, resulta evidente que el país requiere hoy una conducción firme, lúcida y plenamente enfocada en la gestión de crisis. Las emergencias climáticas, la inseguridad ciudadana y la fragilidad económica no admiten titubeos ni improvisación.

En este escenario, el principal riesgo no es solo el error, sino la prolongación del error. Un gobierno de transición que introduce ruido, detiene reformas en curso y genera incertidumbre en decisiones estratégicas termina por afectar aquello que debía resguardar: la estabilidad.

Por ello, más que insistir en iniciativas de corto alcance o cambios de rumbo injustificados, el Ejecutivo debería adoptar una posición de estricta cautela. Gobernar, en estas circunstancias, implica administrar lo indispensable, evitar retrocesos y garantizar que el próximo gobierno —legítimamente elegido en las urnas— reciba un país en condiciones de retomar el crecimiento y la institucionalidad.

El Perú no necesita, en este momento, experimentos ni improvisaciones. Necesita, sobre todo, que el interinato cumpla su función y no la exceda. Porque cuando la conducción se vuelve errática, la mejor decisión puede ser, simplemente, no prolongar la incertidumbre.

Los episodios que hemos visto esta semana nos han demostrado —una vez más— que, de los 36 candidatos y, peor aún, de los cinco que encabezan las encuestas, poco o nada se dice sobre una visión estratégica del país. Somos incapaces de preguntarnos, con serenidad y ambición, qué debería estar discutiendo el Perú hoy para proyectarse en las próximas décadas —o incluso siglos—.

Cada generación cree vivir una crisis inédita. Y, sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es el conflicto político en sí mismo —la política es, por naturaleza, confrontación de ideas—, sino la pequeñez de nuestras visiones. La incapacidad de elevar la conversación por encima de la coyuntura inmediata.

En los grandes foros internacionales se discute el futuro de la energía, la transición hacia matrices más limpias y seguras, el impacto de la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica, la reorganización geopolítica del mundo tras la consolidación de nuevos polos de poder. Se debate cómo los países medianos pueden insertarse con astucia en un escenario marcado por tensiones comerciales y aceleración científica. Esos temas son absolutamente transversales a cualquier nación que aspire a sobrevivir con dignidad en el siglo XXI.

¿Dónde están esas discusiones en nuestra campaña? ¿Quién está planteando una política energética de Estado que trascienda gobiernos? ¿Quién habla con claridad sobre nuestra inserción en la cadena global de valor tecnológico? ¿Quién define qué papel quiere jugar el Perú en el nuevo tablero geopolítico que reconfiguran potencias tradicionales y emergentes?

Aquí hemos decidido renunciar a esa conversación. Preferimos la aritmética parlamentaria al diseño institucional. La táctica al proyecto. El cálculo al ideal. Y en esa renuncia se revela algo más profundo: la escasez de estadistas.

El Perú necesita otro nivel de liderazgo. Y ese liderazgo no se agota en una hoja de vida exitosa en el mundo empresarial. La eficiencia en el ámbito privada no garantiza visión pública. Tampoco basta la experiencia administrativa si no existe formación política, comprensión histórica y vocación de consenso. Gobernar no es solo gestionar; es interpretar el momento, anticipar escenarios y convocar voluntades alrededor de objetivos comunes.

Necesitamos personas que, siendo eficaces en su actividad profesional, comprendan que la política es el arte de articular intereses diversos en torno a un proyecto nacional. Que sepan generar núcleos de discusión serios sobre temas centrales. Que entiendan la importancia de explicar con claridad a la ciudadanía por qué ciertos asuntos —energía, tecnología, educación, defensa, integración regional— son decisivos para su futuro. Solo así puede construirse un respaldo popular sólido y duradero.

Lo ocurrido en el Congreso y las tensiones recientes no son más que síntomas que desnudan la carencia verdadera: no tenemos líderes con visiones de futuro; apenas contamos con administradores del presente más inmediato. Y un país que solo piensa en el día siguiente termina rehén de cada sobresalto.

La política exige memoria, pero también exige ambición. Memoria para no repetir errores; ambición para no resignarse a la mediocridad. Renunciar al largo plazo es aceptar que el Perú está condenado a reaccionar, nunca a conducir.

No se trata de negar la urgencia de los problemas actuales —la inseguridad, la precariedad institucional, la desigualdad persistente—, sino de abordarlos dentro de un marco estratégico que los conecte con un proyecto mayor. Sin esa brújula, cada crisis se convierte en un fin en sí mismo y cada elección en una disputa menor.

Es una lástima que, una vez más, la coyuntura haya desplazado la visión. Pero también es una advertencia. Si no corregimos esta penosa renuncia al largo plazo, seguiremos atrapados en el círculo vicioso de crisis sucesivas y liderazgos efímeros.

El Perú puede aspirar a más. La pregunta es si quienes buscan conducirlo están dispuestos a pensar más allá del próximo titular.

Entonces, nos encontramos ante un escenario distinto a todos los anteriores. Esta vez ya no es necesario censar a las bancadas y a los congresistas independientes para hacer el sufrido cálculo de los imposibles 87 votos, como fue con Vizcarra, Castillo y Boluarte. No. En esta oportunidad bastará una mayoría simple —alrededor de cincuenta votos— para que, en cuestión de segundos, José Jerí, Ernesto Álvarez, los dieciocho ministros y los planes del gobierno transitorio pasen al olvido.

La experiencia en destituciones presidenciales nos ha enseñado que cuando “hay los votos”, la suerte está echada. La izquierda y algunas agrupaciones de derecha quieren sacar a Jerí. Y si el umbral requerido es considerablemente más bajo, no es exagerado afirmar que el destino del gobierno “A Toda Máquina” dependerá del buen humor de los parlamentarios el martes. De si pelearon con su esposa en la mañana, de si su equipo favorito ganó el partido el fin de semana o de si lograron conseguir “el viajecito” de cierre de quinquenio. En esa circunstancia, los actos presidenciales ya pasan a un segundo plano. Ya no importa evaluar con justicia la conducta del mandatario. Si el cálculo político ha ganado, entonces el inquilino de Palacio debe empacar.

Pero una vez tomada la decisión de destituir, surge de inmediato la pregunta central: ¿quién lo reemplaza? ¿Tiene hoy el Congreso un mejor cuadro que José Jerí para asumir la conducción del país en este tramo final?

Al cierre de este informe ha trascendido que tres bancadas habrían dado su respaldo al congresista Edwin Martínez como posible sucesor. El mismo Martínez que fue duramente cuestionado por las contrataciones realizadas en su despacho a jóvenes modelos sin experiencia política. Un perfil que, en ese aspecto, guarda similitudes con el de Jerí. ¿Sería eso una corrección o simplemente otro salto al vacío?

También se han mencionado otros nombres: Luis Aragón, Wilson Soto y Alex Paredes. Sin embargo, la disyuntiva persiste: ¿constituyen realmente alternativas más sólidas? ¿Ofrecen mayores garantías institucionales y políticas?

Jerí es un presidente cuestionado, aunque no condenado. Tras un balance exhaustivo de sus actos y un debate amplio sobre los episodios que han deteriorado su imagen, muchos podrían concluir —como ya lo han hecho veteranos actores políticos— que no merece el honor de entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio. Esa es una posición legítima.

No obstante, la responsabilidad política exige mirar más allá del castigo inmediato. ¿Está Edwin Martínez a la altura de una entrega de mando ordenada? ¿Lo están Luis Aragón, Wilson Soto u otros nombres que circulan en los pasillos del Parlamento?

Los escándalos que rodean al presidente —Chifagate, las visitadoras nocturnas, el caso Andrea Vidal y la ausencia de resultados en materia de inseguridad ciudadana— no desaparecen. Pero la decisión responsable no puede limitarse a la sanción política; debe considerar también la consecuencia inmediata de esa sanción. Destituir a José Jerí sin contar con una alternativa más idónea podría convertirse en un acto de profunda irresponsabilidad.

Porque no están en juego solo cuatro o cinco meses de gestión. Lo que se pone en riesgo es la estabilidad del proceso electoral más determinante de los últimos veinte años. Y ya hemos aprendido que las transiciones improvisadas suelen tener costos que el país paga durante mucho tiempo.

Los congresistas que hoy emergen como posibles sucesores, ¿están en condiciones de conformar un mejor gabinete? Recordemos que el gabinete Álvarez tardó semanas en completarse, precisamente por el desconocimiento que existía sobre Jerí y por el corto horizonte del gobierno.

En momentos como este, la prudencia no es cobardía: es responsabilidad. Antes de alcanzar los votos necesarios para la censura, el Congreso debería tener claridad sobre el día siguiente. La pregunta no es solo si Jerí debe irse, sino si el país avanzará hacia un rumbo mejor con los sucesores voceados.

Esa es la verdadera discusión.

En el caso de Nativa, el canal estuvo vinculado hasta abril de 2025 a Miguel del Castillo, fundador de Primero La Gente. Solo este partido destinó S/464 mil a ese medio. País para Todos de Carlos Álvarez derivó cerca de S/700 mil. A ellos se sumaron Salvemos al Perú, Partido Democrático Federal, PTE y el Partido Patriótico del Perú, acumulando más de S/2.4 millones en un solo canal de escasa audiencia y nulo peso nacional. En paralelo, Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli decidió enviar la totalidad de su asignación —casi S/1.7 millones— a Sol TV, un medio que tiene presencia mayoritariamente en Trujillo y Piura. A ellos se suman el Partido Político PRIN, que postula a Walter Chirinos, con una inversión de más del 50% de su presupuesto —S/900 mil— también para este último canal.

A partir de ahí, el libreto se vuelve conocido: nadie sabía nada, nadie autorizó nada, nadie se enteró a tiempo.

Carlos Álvarez admite que desconoce quién ejerce realmente el poder dentro de su partido y cómo se toman decisiones estratégicas que comprometen recursos públicos, dejando entre ver un hecho alarmante: el candidato presidencial no controla en lo más mínimo a su organización.

Las respuestas de Miguel del Castillo, Marisol Pérez Tello, Antonio Ortiz y Fiorella Molinelli no ayudan. Negaciones tibias, justificaciones improvisadas, argumentos que parecen armados sobre la marcha. No hay indignación genuina frente al uso cuestionable del dinero público; hay apuro por cerrar el tema, por reducirlo a una anécdota técnica, por convencer al ciudadano de que todo es “legal” y, por lo tanto, aceptable.

Y es aquí donde surge una sospecha incómoda, pero inevitable. ¿Y si la proliferación de 38 partidos políticos en esta elección no responde a una explosión democrática, sino a un cálculo frío? Cada organización nueva, sin representación parlamentaria y sin trayectoria, recibe casi S/1.7 millones de soles asegurados. Incluso perdiendo la contienda electoral de este año, en realidad no pierden. La campaña se convierte, entonces, en un mecanismo de transferencia de recursos, en una oportunidad de negocio disfrazada de competencia electoral.

La ONPE se deslinda. El JNE observa. La ley guarda silencio. Millones de soles salen del erario sin una fiscalización real, sin control sobre a quién se contrata, sin seguimiento efectivo del destino final del dinero. Un sistema que no previene ni sanciona no es ingenuo: es funcional.

Este no es un debate sobre eliminar la franja electoral. Eso sería confundir el síntoma con la enfermedad. El problema es un diseño normativo que permite que los partidos se financien indirectamente a sí mismos, a sus entornos o a sus aliados mediáticos, sin consecuencias políticas ni penales inmediatas.

Mientras todos repiten que “no sabían nada”, el ciudadano sí sabe algo con certeza: los “nuevos rostros”, aquellos que se embanderaban por una renovación de la política nacional, reaccionan con indiferencia, frivolidad y hasta con el cinismo que juraban desterrar.

Queda claro, que luego de las últimas reformas, la franja electoral ha dejado de ser un instrumento de equidad y se ha convertido en una ruta opaca para mover dinero público sin fiscalización. Y cuando la política normaliza esa lógica, lo que se vacía no es solo el presupuesto, sino la democracia misma.

Las cifras son claras y, por sí solas, determinantes. De los 27 millones 325 mil peruanos habilitados para votar en las Elecciones 2026, casi un tercio —8 millones 739 mil electores— se concentra en Lima. Ninguna otra región se le acerca siquiera. La Libertad y Piura, juntas, no alcanzan la mitad de lo que representa la capital. Lima no es solo una circunscripción más: es el gran campo de batalla. Ganar Lima no garantiza la presidencia, pero perderla suele ser una condena anticipada.

Sin embargo, el error histórico de muchos candidatos ha sido creer que Lima basta. Y ese error hoy puede costar más caro que nunca. Porque mientras la capital concentra votos, el sur concentra algo más volátil: resentimiento. En el 2021 existía distancia, desconfianza, una sensación de abandono. Hoy, a diferencia de entonces, lo que se percibe en amplias zonas del sur andino es abiertamente hostilidad hacia Lima y hacia lo que representa: poder, centralismo, desprecio, indiferencia.

Ese cambio cualitativo es clave. El distanciamiento puede corregirse con discurso; el odio, no siempre. Y en política, el voto resentido tiende a ser más disciplinado, más ideológico y menos volátil que el voto urbano de la capital, que se dispersa, se fragmenta y suele decidirse en las últimas semanas.

El sur del Perú no tiene los números de Lima, pero sí una capacidad probada de inclinar la balanza cuando actúa como bloque simbólico. Lo hizo en el 2006, lo hizo en el 2011 y, de manera decisiva, en el 2021. No se trata solo de porcentajes, sino de relato. El sur vota, muchas veces, contra Lima. Y cuando ese voto se articula con el desencanto de sectores populares de la capital, el resultado puede ser explosivo.

A setenta días de la primera vuelta, el escenario es particularmente delicado. Lima aparece fragmentada, saturada de candidaturas, con un electorado fatigado y desconfiado. El sur, en cambio, muestra menos dispersión emocional: hay una narrativa compartida de agravio, una memoria reciente de promesas incumplidas y una lectura muy clara de quiénes “son de allá” y quiénes “son de acá”.

La paradoja es evidente. Lima decide por cantidad, pero el sur decide por intensidad. La capital define quién pasa a segunda vuelta; el sur, muchas veces, define quién no vuelve. Ignorar esa dinámica es no haber aprendido nada de las últimas elecciones.

El desafío para los candidatos no es solo aritmético, sino político y moral. ¿Cómo hablarle a Lima sin profundizar la herida con el sur? ¿Cómo tender puentes cuando el clima no es de desconfianza, sino de abierta confrontación? En ese dilema se juega buena parte de la elección.

Porque si algo ha demostrado la historia electoral reciente es que el Perú no se gobierna solo desde Lima, pero tampoco se gana sin ella. Y cuando ambos mundos dejan de escucharse, la democracia no solo se polariza: se vuelve frágil.

El proceso fue silencioso, pero acelerado. Y pronto despertó sospechas. A fines de 2022, una sucesión de adjudicaciones irregulares llevó al Congreso a crear una Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de esclarecer el alcance y las condiciones bajo las cuales estas compañías habían accedido a obras públicas. El resultado fue un informe pesado y exhaustivo que documenta cómo un rosario de empresas chinas obtuvieron 93 contratos por más de 10 mil millones de soles, principalmente en el sector Transportes y Comunicaciones.

El Reporte tuvo acceso a las más de 600 páginas de este documento. Sin embargo, desde el inicio emerge un dato incómodo: el informe nunca fue sometido a votación en el pleno del Congreso.

El texto reconstruye un patrón que se repite a lo largo de cinco gobiernos y múltiples cambios ministeriales. Un grupo reducido de empresas —China Railway N°10 Engineering Group, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), China Harbour Engineering Company, China Railway Tunnel Group, entre otras— concentró las adjudicaciones más relevantes del Estado, usualmente a través de consorcios con empresas peruanas. Esta fórmula les permitió cumplir formalmente los requisitos técnicos y administrativos, mientras desplazaban de manera progresiva a constructoras nacionales medianas.

La comisión pone especial énfasis en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en sus organismos ejecutores, Provías Nacional y Provías Descentralizado. Solo en Provías Nacional se analizaron 27 contratos adjudicados a empresas chinas, por más de 3,900 millones de soles durante el gobierno de Martín Vizcarra. Entre las obras emblemáticas figura el corredor vial Huánuco–La Unión–Huallanca–Antamina, adjudicado en 2018 a China Railway 20 Bureau Group, una obra marcada por ampliaciones de plazo, controversias contractuales y prórrogas aprobadas pese a incumplimientos previos.

El patrón no se interrumpe con los cambios políticos. Durante el gobierno de Pedro Castillo, la comisión identifica nuevos contratos por más de 180 millones de soles, lo que —según el informe— evidencia una continuidad administrativa que trasciende a presidentes y ministros. En paralelo, se mantuvo vigente durante años un marco normativo clave, en particular el requisito de solvencia económica incorporado en 2018, que habría favorecido a grandes corporaciones extranjeras con respaldo financiero, en detrimento de empresas locales.

Uno de los hallazgos más graves es el estado de las obras. De los contratos analizados, 32 fueron resueltos y otros 30 terminaron en arbitrajes. Muchas quedaron paralizadas o inconclusas, pese a que el Estado aprobó pagos y valorizaciones. La comisión estima un perjuicio superior a 404 millones de soles por pagos en exceso, incrementos contractuales sin sustento técnico y duplicidad de intervenciones, como en la carretera Ninacaca–Huachón, donde se financiaron dos veces trabajos sobre el mismo tramo.

Detrás de estas cifras aparece un drama menos visible, pero persistente: el de los subcontratistas peruanos. El informe recoge testimonios de empresarios locales que alquilaron maquinaria, prestaron servicios o suministraron materiales a empresas chinas que cobraron al Estado por los avances, pero luego incumplieron sus obligaciones con los proveedores. El resultado fue quiebra, endeudamiento y litigios prolongados, sin mecanismos eficaces de protección.

La investigación también detecta deficiencias estructurales en los procesos de selección y control: conformación irregular de comités, delegaciones atípicas de funciones y una fragmentación de responsabilidades que diluye la rendición de cuentas. A partir de estos elementos, la comisión concluye que existen indicios de al menos tres presuntas organizaciones criminales operando dentro del MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, orientadas a direccionar contratos, aprobar pagos irregulares y sostener la continuidad de empresas chinas pese a incumplimientos reiterados.

En mayo de 2024, el informe llegó finalmente al pleno del Congreso.

Una investigación reciente de El Comercio reveló que aquella sesión fue «secreta» y concluyó en un cuarto intermedio solicitado para realizar “ajustes”. Allí ocurre el giro decisivo: entre la versión original (609 páginas) y la final (610 páginas) se incorpora una hoja clave donde aparece, por primera vez de manera explícita, el nombre del empresario chino Zhihua Yang, el amigo de José Jerí.

Tras el cuarto intermedio, el informe quedó listo para ser votado. Solo faltaba lo elemental: que el presidente del Congreso lo pusiera en agenda. Sin embargo, eso nunca ocurrió. El documento quedó encarpetado.

Es en este punto donde José Jerí queda situado en una zona políticamente insostenible, no por una acción directa, sino por una cadena de omisiones difíciles de justificar. Fue vicepresidente de la comisión investigadora de Hector Valer y luego presidente del Congreso cuando el informe —ya modificado para incluir a Zhihua Yang como parte de un “engranaje facilitador” de las empresas chinas cuestionadas— estaba listo para debatirse.

La explicación posterior de Jerí, atribuida a “temas de agenda”, pierde consistencia frente a los hechos y se agrava por una coincidencia políticamente explosiva: el empresario incorporado a última hora es el mismo con quien Jerí reconoce haberse reunido ese mismo año en múltiples ocasiones, encapuchado, con lentes de sol y a altas horas de la noche. Que el presidente del Congreso afirme haber votado a favor de un informe que nunca fue sometido a votación no disipa las dudas; las profundiza.

En política, decidir qué se discute es tan determinante como decidir cómo se vota. Y cuando se tiene el poder de abrir el debate y se opta por no hacerlo, el silencio deja de ser neutral: se convierte en una forma activa de ejercer el poder.

La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones de habilitar la candidatura presidencial de Mario Vizcarra no es un hecho aislado ni estrictamente técnico. Es, más bien, el síntoma de una tendencia preocupante: la progresiva normalización de la excepción. Bajo el argumento de resguardar el derecho fundamental a la participación política y el principio de resocialización del condenado, el sistema electoral ha optado por cerrar los ojos ante lo evidente y abrir la puerta a lo in- conveniente.

La Ley 30717 nació con un propósito claro: impedir que personas condenadas por delitos graves —corrupción, narcotráfico, violación— accedan a los cargos más altos del poder político. No se trataba de una pulsión punitiva ni de una condena eterna al ciudadano, sino de una salvaguarda mínima para la confianza pública. El mensaje era sencillo: el Estado no puede ser gobernado por delincuentes.

Sin embargo, el JNE ha decidido reinterpretar ese espíritu hasta deformarlo. Amparándose en precedentes del Tribunal Constitucional, ha “inaplicado” la inhabilitación permanente y mediante una creatividad jurídica difícil de justificar, ha fijado un plazo de diez años que no está en la ley, ni en la Constitución, ni en la jurisprudencia.

El problema va mucho más allá del caso Vizcarra. El criterio ya está sentado y sus efectos son expansivos. Gracias a esta lectura complaciente del marco legal, hoy vemos participar —o en próximos a hacerlo— a personajes como Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia; a Arturo Fernández, también prófugo; al investigado por golpista Roberto Sánchez; al ex-presidiario Alfonso López-Chau, entre otros. La lista no es anecdótica: es estructural.

Frente a este panorama, el JNE parece actuar como un notario distraído, más preocupado por no incomodar derechos formales que por custodiar la legitimidad del proceso. Pareciera que se hace el ciego ante aquello que resulta palmario para la ciudadanía: que no todos los derechos pesan igual cuando está en juego la integridad del país. Que no toda rehabilitación jurídica equivale a una rehabilitación ética. Y que la política, a diferencia de otros espacios, exige estándares más altos, no más laxos.

Se ha dicho que la responsabilidad recae también en los partidos políticos. Es cierto. Las cúpulas partidarias han renunciado hace tiempo a cualquier filtro moral serio y han convertido las candidaturas en refugios oportunistas. Pero ese abandono no exime al árbitro electoral de su deber. Cuando los partidos fallan, las instituciones deben resistir, no claudicar.

El riesgo de este camino es evidente. Cada excepción abre una rendija; cada rendija, una grieta; y cada grieta termina por socavar la credibilidad del sistema entero. ¿Con qué autoridad moral se exigirá luego transparencia, probidad o respeto a la ley, si el propio proceso electoral se construye sobre interpretaciones condecendientes y silencios convenientes?

Una democracia no se debilita solo con golpes autoritarios. También se erosiona lentamente cuando las instituciones dejan de ver lo que no les conviene ver.

No se trata de un encuentro casual ni de una simple imprudencia. El jefe de Estado acudió encapuchado, con lentes oscuros y a altas horas de la noche, en una conducta que evoca más el sigilo de quien busca no ser reconocido que la naturalidad de un mandatario que no tiene nada que ocultar. La forma es, en política, fondo. Y cuando el presidente actúa como si estuviera en falta, inevitablemente instala la sospecha.

El problema no es únicamente el encubrimiento. Lo verdaderamente preocupante es aquello que pudo haberse gestado en esa reunión: la posibilidad de un favorecimiento indebido, de una contratación futura, de una influencia irregular en decisiones del Estado. Nadie afirma —todavía— que ello haya ocurrido. Pero el solo hecho de que el presidente se reúna en secreto con un empresario extranjero, sin agenda pública, sin actas, sin testigos institucionales y sin dar cuenta oportuna del contenido del encuentro, abre un campo fértil para la desconfianza.

Más aún en un contexto internacional particularmente sensible. El Perú mantiene hoy una relación compleja y estratégica tanto con Estados Unidos como con China. En ese escenario, la conducta del jefe de Estado no puede ser errática ni clandestina. La política exterior no se hace en chifas ni se maneja como una gestión personal. Cada gesto presidencial tiene implicancias geopolíticas, y actuar con opacidad solo debilita la posición del país frente a sus socios y observadores internacionales.

La memoria reciente agrava la situación. Es imposible no recordar las visitas nocturnas de Pedro Castillo a la casa de Sarratea, convertidas luego en símbolo de corrupción, informalidad y desgobierno. Aquella historia nos enseñó —o debió enseñarnos— que las reuniones fuera de agenda y lejos de los registros oficiales no son una anécdota: son la antesala del deterioro institucional.

Lejos de disipar las dudas, el presidente optó por profundizarlas. Su mensaje a la Nación, emitido a las dos de la mañana —entre gal- los y medianoche—, ofreció un relato insuficiente, carente de detalles esenciales y sin responder las preguntas centrales. ¿Quién era exactamente el empresario? ¿Cuál fue el motivo de la reunión? ¿De qué se habló? ¿Hubo compromisos? El silencio posterior solo ha contribuido a espesar la niebla.

Los cuestionamientos de la prensa no son una persecución ni una exageración: son un ejer- cicio legítimo de fiscalización democrática. En una república, la transparencia no es un favor que el poder concede cuando le resulta cómodo, sino una obligación permanente. El presidente Jerí tiene la responsabilidad de aclarar, con precisión y prontitud, lo ocurrido. Cada hora de silencio erosiona la confianza ciudadana y convierte un error político en un problema mayor.

Porque cuando el poder actúa en la oscuridad, la democracia siempre paga el precio.