Algunos dirán que no vale la pena comparar la eficiencia y el profesionalismo de la política británica con aquello en lo que se ha convertido, gracias a las reformas, los partidos y las universidades, el ecosistema político local. Creo que sí vale la pena, pues el deterioro que vivimos es consecuencia de una serie de razones en las cuales la política es una de las causas principales, pero no la única protagonista.

En el Perú los políticos representantes no son conscientes del poder que tienen amparado en la Constitución. En lugar de ejercerlo, en este caso para evitar que el país se siga hundiendo, prefieren silbar o desviar la atención para conservar sus curules los cuatro años que faltan. Es un secreto a voces que muchos hemos conocido de fuente directa. El gobierno lo sabe. Es por ello que, siendo consciente de la debilidad de voluntad y firmeza de la mayoría de los congresistas, se dedica a comprar una minoría que impida la obtención de los votos necesarios para la vacancia. Esa actitud se combate con un liderazgo firme, es decir, un parlamentario o grupo de parlamentarios que se dedique a tejer la red de alianzas necesarias para acabar con el caos que representa Pedro Castillo. Pero ese liderazgo no existe. Los parlamentarios han optado por la micropolítica de eslóganes y fuegos artificiales, por las redes sociales con sus mensajes efímeros y la fama tan inmediata como pasajera y sobre todo por una política de tertulia, de comentarios, de opinólogos que a nada conlleva. Eso Pedro Castillo y su entorno de asesores locales y extranjeros lo saben. De allí que actúen con cinismo y desprecio hacia el Parlamento.

En ese sentido, la única propuesta válida, por constitucional y realista, es exigirle al Congreso que haga su trabajo, que se dejen de exhortar renuncias y más bien se aboquen a construir un acuerdo político que vaque y destituya a Pedro Castillo y Dina Boluarte. No hay otra forma.

En la reacción del gobierno (presidente, ministros, bancada y aliados políticos y mediáticos) no deja de haber una dosis de cinismo. Saben que el camino de la vacancia o la destitución pasa por la Constitución que instrumentaliza en el Congreso el vehículo que despojará del poder al mandatario. Y saben que en el Congreso, por el momento, no cuentan ni con el liderazgo ni los votos necesarios para desalojar de Palacio a Pedro Castillo. Pero también saben que están atravesando un momento terminal, que la salida está más cerca que lejos, por eso están buscando alternativas para no perder el poder y esa alternativa tiene nombre y apellido: Dina Boluarte.

La señora Boluarte enfrenta también una denuncia constitucional que, por los antecedentes, culminará en su destitución. Sin embargo, los plazos y la culminación de la legislatura abonan en tiempo a su favor. Ese periodo pretende ser aprovechado por aquellos que quieren permanecer en el poder acelerando la caída de Castillo, a quien consideran insalvable. La caída de Castillo en estos días sería la campana salvadora de Boluarte. Por eso es que leemos y escuchamos a oficiosos abogados y periodistas pedir la salida de Pedro Castillo.

No dudo que esta artimaña profundizaría la crisis, fortalecería a Cerron e impulsaría su agenda de convocatoria a la Asamblea Constituyente. La solución es no caer en el juego, luego de un acuerdo político prescindir de Castillo y Boluarte y convocar a elecciones generales. No hay otra salida.

Cuando surge un conflicto el primer eslabón de la solución corre por cuenta del gobierno de turno. Cuenta con el apoyo del gobierno regional o local y, en la mayoría de los casos, de los congresistas de la zona. En periodos anteriores esto era un factor gravitante para llegar a la solución. Ahora son parte del problema. La crisis de credibilidad se extiende a los gobiernos regionales y locales y al Congreso y sus representantes en general. La falta de intermediarios reconocidos como tales por los involucrados en el conflicto es vital para encontrar una solución, pero, ¿qué sucede cuando no se reconoce a los intermediarios porque tampoco se confía en ellos o simplemente tampoco tienen credibilidad?

Los problemas por ello se vienen agudizando y, en el paro anunciado de transportistas y agricultores, es obvio que uno de los mecanismos de presión será el desabastecimiento de alimentos en Lima Metropolitana, tan es así, que ha sido anunciado, como advertencia, por los promotores de la huelga. Ante ello, el gobierno ha fracasado en su intentona de solucionar el problema, cuestión previsible, pues una administración agobiada por la corrupción pierde rápidamente el respeto.

Dicen que este tipo de situaciones, extremas, hacen que los involucrados pierdan la cabeza y la vergüenza. Esa puede ser la explicación para que el gobierno acorralado presente proyectos de ley que buscan censurar, limitar la libertad de prensa, metiendo presos a los involucrados en brindar información que obra en poder de la Fiscalía o, peor aún, proyectos de reforma constitucional que buscan librar al presidente Castillo del antejuicio político.

Sabemos que el presidente Castillo ha mostrado ignorancia en muchos actos públicos. Es un dato de la realidad. Parece que la misma ignorancia abate a sus ministros, pues no se han dado cuenta que en nuestro país no se puede dar leyes con nombre propio. El proyecto de Ley presentado, de sacar del ámbito del Congreso el antejuicio político, busca beneficiar a Pedro Castillo. Y ello no se puede permitir.

No es cierto entonces que el hecho que el informe del congresista Cavero, que concluye con el archivo de la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero Flórez y Gastón Rodríguez, sea la razón para evitar que se les investigue. Pretender señalar eso es tan falso como atrevido es el comentario de Juan José Quispe, abogado de la parte afectada (de los jóvenes fallecidos Inti y Brian), que exige que el Congreso se comporte como una mesa de partes.

La propuesta de archivamiento de la acusación constitucional es pertinente pues la Fiscalía no ha encontrado elementos contundentes para consolidar su solicitud que lleve al antejuicio político. Se adelantó a presentar la acusación constitucional sin tener indicios sólidos de que los exfuncionarios denunciados (presidente de la república, presidente del consejo de ministros y ministro del interior) hubieran sido parte de una cadena de mando que ordenó una represión brutal que culminó en la lamentable muerte de dos personas. La Fiscalía se adelantó, por presión política y mediática, y como era lógico, el congresista Alejandro Cavero, no encontrando elementos contundentes, sino tan sólo una serie de hipótesis concluyó que lo mejor era archivar el caso, conclusión que pienso es la correcta y que ejecutó con coraje y valentía.

Sobre el particular hasta el decano de la prensa nacional, el diario El Comercio, ha editorializado ayer sábado sobre el tema señalando que con el archivo se impide el derecho a investigar. La politizada Defensoría del Pueblo también va en el mismo sentido. Ambos se equivocan. Esta no es una contienda de quien hace el mejor relato, es una situación compleja que exige que se actúe de manera responsable y de acuerdo con la Ley y la Constitución. La Fiscalía puede seguir investigando si así lo desea, allí está el ejemplo de la investigación al presidente Castillo y la forma como en casos anteriores, ante el surgimiento de evidencias concretas, el Ministerio Público presentó nuevas acusaciones constitucionales como en el caso de “Los Cuellos Blancos” del Callao. El archivamiento del informe, si no procede la reconsideración de la votación, no impide que se investigue.

Las mentiras y la desinformación se han instalado en el Perú con bastante éxito. Es un indicador de grave deterioro social el hecho que quienes se supone deben actuar con la verdad y la información lo hagan de manera absurdamente contraria.

Por otro lado, la Fiscalía desmiente al ministro del interior Dimitri Senmache. Señala que con oportunidad se advirtió de la necesidad de vigilar al fugado Juan Silva, corrupto individuo que hizo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones un organismo para la coima. Senmache mintió al Congreso de la República en su presentación ante la Comisión de Fiscalización, demostrando con ello un extraño comportamiento que habría desembocado, como mínimo por negligencia, otros dicen que por complicidad, en la fuga de un individuo que sabe mucho y cuyas declaraciones podrían comprometer al propio Pedro Castillo.

Desde que dio sus primeros pasos al frente del ministerio del interior, Senmache tuvo una actuación cuestionable. Desarticuló el comando que venía investigando a los sobrinos del presidente Castillo, que había puesto contra las cuerdas a Bruno Pacheco y que tenía, además, experiencia en inteligencia. Me refiero a la destitución, por órdenes de Pedro Castillo, del General PNP Vicente Tiburcio lo que se hizo un día después de la juramentación de Senmache. Por ello es razonable pensar que un individuo que se presta a esas destituciones también cederá fácilmente a presiones políticas para así facilitar la huida de un corrupto consumado como Juan Silva. “Al presidente Castillo hay que blindarlo” dirían algunos.

Por eso se hace imprescindible que el ministro del Interior sea censurado. Luego de su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso los parlamentarios quedan facultados para iniciar el proceso de censura. En paralelo considero que Senmache debe ser investigado a fondo por parte de la Fiscalía de la Nación. Su accionar es cuestionable y ha hecho mucho daño a la lucha contra la corrupción. Un individuo como él es un pasivo en un ministerio clave en combatir los delitos y crímenes de gobierno. Esperemos que la moción de censura empiece a recolectar firmas a la brevedad.

Siendo un principio nato ¿Qué pasa cuando no se controla el poder? Está demostrado que un Poder descontrolado no genera círculos virtuosos ni bienestar. Todo lo contrario. Un Poder desatado lleva más bien a escenarios de corrupción, al retroceso de los países, al deterioro social. No hay posibilidad de desarrollo con un Poder sin control constitucional ni con los límites que le impone la separación de poderes.

El Perú está sufriendo en carne propia esto. Tenemos en el gobierno a un Poder, el Ejecutivo, sin control. Desde que se asumió el gobierno, la administración que encabeza Pedro Castillo viene desarrollando su agenda sobre la base de hechos consumados. Recibe críticas, pero igual hace y persiste en aquello que le critican. Desde ministros cuestionados, que siguen nombrándose, hasta la invasión de puestos públicos por militantes comunistas o izquierdistas sin capacidad y más bien algunos con prontuario. Insisten exitosamente en el impulso de la Asamblea Constituyente encontrando en el camino a colaboradores de este propósito que creen que se combate una promesa de Asamblea Constituyente con espíritu marketero. El Perú de Castillo, con el poder que ejerce sin cortapisas, va en línea recta hacia su despeñadero.

La pregunta es simple y la respuesta también ¿Por qué Pedro Castillo y sus aliados y partidos siguen haciendo lo que les da la gana? Pues por que el Congreso de la República no cumple con su función. Se niega a censurar a personajes dañinos como el premier Aníbal Torres o de vacar a un presidente que, como Pedro Castillo, ha hecho suficientes méritos para ser vacado. Es increíble que un individuo investigado por liderar una organización criminal se encuentre al frente del país. Nuestro país no puede continuar así.

Piensen ahora en un Parlamento que se niega a cumplir con su rol de control político por temor a enemistarse con el ministro de turno, quien, astutamente, ha repartido el presupuesto entre los parlamentarios. O entre congresistas que se niegan a censurar a un premier, a un presidente del Consejo de Ministros, porque disminuiría las probabilidades de sobrevivencia del Congreso que, como sabemos, el presidente puede disolver si censura a dos gabinetes. Estaríamos en una situación penosa, lamentable, de bajísimo nivel político y totalmente ajena a la función que le ha consagrado al Congreso nuestra Constitución. Pareciera que eso está ocurriendo ahora, durante la lamentable administración de Pedro Castillo.

Los ciudadanos se preguntan ¿qué más debe aparecer o denunciarse para que el Congreso proceda a vacar a Pedro Castillo? ¿Qué otro disparate debe protagonizar el premier Aníbal Torres para que se vote por su inmediata censura? En ambos casos todo parece indicar que el Congreso de la República no quiere hacerse de problemas y, más allá del espectáculo infantil que algunos parlamentarios brindan en las redes sociales o el mismo Pleno, no hay intención de cumplir efectivamente el rol de control político.

Como es obvio esta actitud ya ha sido evaluada por Pedro Castillo y sus aliados. Son conscientes que al frente tienen un Congreso que ha optado por su propia supervivencia. El Poder Ejecutivo sabe que en el Poder Legislativo hay una ausencia total de líderes. Saben que mas allá del espectáculo, la amenaza grotesca o el gesto vulgar o matonesco orientado a las tribunas, en este Congreso no hay voluntad política ni de censurar al premier ni vacar al presidente. Entonces pasa lo que estamos sufriendo, se generaliza la incompetencia, la corrupción torna en incontrolable y el Estado se debilita con la invasión de incapaces que están ingresando a la administración pública a saquearlo y a hacer proselitismo.

El país padece de una ola de inseguridad, se viene una catástrofe alimentaria, la economía se desploma, las inversiones se paralizan, cae el empleo, los servicios públicos han colapsado, pero eso al Congreso no lo sacude en sus cimientos. Han optado por la convivencia, por pasarla bien los cinco años. El Congreso no está cumpliendo con su función. Es un Congreso a la medida de Pedro Castillo.

También lo intentaron con la representación elegida en el 2020. Tenían que liquidar a un Parlamento que osó fiscalizar los gastos en el sector salud y la forma privilegiada con la que se vacunó a allegados al gobierno, comprando así lealtades, en un momento en el cual era mortal contraer la enfermedad. La frescura del Parlamento y su acotamiento en duración (año y medio) impidió la descalificación y Vizcarra terminó vacado.

El actual Congreso ha tenido un comienzo en el cual la inexperiencia política de la mayoría de sus integrantes impidió que tuviera un rol importante en asuntos gravitantes como el control político. Sin embargo, a lo largo de estos meses, se ha ido asentando no solo en la fiscalización sino también en la construcción de alianzas importantes para objetivos fundamentales como impedir que se convierta en ley el proyecto de referéndum para asamblea constitucional ylograr la elección contundente de seis miembros del Tribunal Constitucional.

El Congreso ahora está empeñado en el control político. La fiscalización del gobierno corrupto de Pedro Castillo y su origen fraudulento están en la mira de la Comisión de Fiscalización, que continuará en funciones durante la semana de representación. Esta comisión, con voluntad política, puede superar el paso de tortuga de la Fiscalía y obligarla a actuar con la firmeza que corresponde.

Esta actitud ha asustado a Castillo y sus aliados, que responden con la conocida táctica: descalificar al Congreso empezando por su presidenta, María del Carmen Alva. No hay que pisar el palito. La mejor respuesta es trabajar y trabajar bien.

En nuestro país estamos entrampados sobre la forma de hacer salir del poder al presidente Pedro Castillo. Hay un consenso mayoritario en que no hay otra opción que elecciones generales. El gobierno, sabedor de este deseo y que las posibilidades de un cambio son cada vez mayores, contrataca presentando proyectos de ley para modificar la Constitución y plantear una asamblea que redacte una nueva o con declaraciones pintorescas de sus más altos personeros, en lo cual, ciertamente, no deja de haber un esquema político, de distracción y cambio de agenda, que cumple su cometido por falta de experiencia en la oposición.

Logran con esto ganar tiempo. Inmersos en discusiones bizantinas, ligadas a lo constitucional o lo jurídico, el gobierno se enseñorea en lo político. El debate no debe ser en los términos que plantea el gobierno. El Congreso, entidad constitucional que debe responder a la solución de esta crisis, debe entender su rol en este momento y plantear una solución política. Y eso pasa primero que nada por un gran acuerdo entre las principales bancadas, las democráticas, para solucionar este grave ambiente de crisis. Antecedentes hay. El Congreso del 2000 lo hizo en un ejercicio histórico y de realismo. Redujo su mandato y convocó a elecciones. El Congreso actual debe mirarse en ese espejo.

Para ello es preciso que el parlamento corte de un tajo el nudo gordiano que lo desafía. A partir de ese acuerdo político que empiece por elegir una mesa directiva de consenso, se proceda a separar del cargo a Pedro Castillo y Dina Boluarte, pues ambos son inviables, hacer reformas políticas puntuales (sin personajes que se autodenominan notables) y convocar elecciones para el próximo año. La decisión es política y pasa por un gran acuerdo. En este acuerdo, el parlamento juega un papel preponderante, pero también los líderes de los partidos políticos y de la oposición activa que moviliza las calles.

Lamentablemente, se tiene que llegar a esto porque al frente del país hay un individuo irresponsable e inmaduro, incapaz de ver el daño que le viene haciendo al país y que, en esa ignorancia, no ve que la solución inmediata es que renuncie si algo de aprecio le tiene al país.

Ambas situaciones son inéditas en el espacio de una contienda electoral en el país, pero no son únicas. Se inscriben como maniobras que buscan generar una percepción de ganador, en una de las partes, para luego convertir en irreversible el fruto de la contienda manipulada e ilegítima. En el caso peruano lo que buscan es generar la percepción de ganador en Pedro Castillo para que de esa manera las irregularidades denunciadas caigan en saco roto y así, el que “ganó” las elecciones usando una serie de artimañas pueda consolidarse en el poder y así ejercer una serie de cambios que lo eternicen en el poder.

Pero no son las únicas acciones. Los ingenuos (influenciados por una serie de opinólogos y medios de comunicación que insisten en que Castillo respetará las instituciones democráticas) creen que el representante de la izquierda radical se impondrá a Vladimir Cerrón y su bancada neosenderista y podrá gobernar en el marco de la Constitución. Nada más equivocado. Siguiendo el manual que el comunismo dictó hace más de veinte años, “ganarán” las elecciones mediante el voto popular, procederán a hacer de la democracia representativa un mecanismo para cambiar lo que quieran mediante referéndum, procederán a convocar a una Asamblea Constituyente y desde allí a sentar el contrato social que les permita tomar el poder y no dejarlo de ninguna manera.

¿Cómo hemos podido llegar allí? Por diversas vías, entre ellas, la principal, la ausencia total de una élite dirigencial en el país, un mercantilismo siempre oportuno y medios de comunicación a los cuáles solo les interesa la supervivencia. Los partidos políticos, sin líderes, optaron por la política electoral en lugar de la política de Estado, sufren por su virtual desaparición. Todo ello ayuda a configurar la situación que atravesamos.

Es por ello que no se puede llegar a proclamar al ganador de las presentes elecciones. No, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones defina la última acta cuestionada. Hay que estar atentos, pues la sombra de un fraude tiende sobre el actual proceso electoral.