No sería la primera vez que la lideresa fujimorista llega a la recta final de una elección con los vientos aparentemente a favor. En 2011, las encuestas la mostraban competitiva frente a Ollanta Humala. En 2016, llegó a la segunda vuelta con una importante ventaja acumulada tras una contundente victoria en la primera. En ambos procesos contó, además, con desempeños favorables en los debates y con el respaldo de sectores empresariales, académicos y políticos que advertían sobre los riesgos de su contendor.

Nada de eso fue suficiente.

Las derrotas frente a Humala y Pedro Pablo Kuczynski demostraron que, en política, la percepción de inevitabilidad suele ser uno de los caminos más rápidos hacia la derrota. La sensación de que la elección está resuelta desmoviliza simpatizantes, relaja estructuras partidarias y debilita la vigilancia electoral. La historia reciente del Perú ofrece demasiados ejemplos como para ignorar esa lección.

Más aún cuando la diferencia actual se encuentra dentro de márgenes estrechos y cuando el país sigue profundamente fragmentado. No existe, hasta el momento, ningún elemento que permita afirmar que el desenlace de esta elección será distinto a aquellos escenarios que en su momento parecían favorables para Fujimori y terminaron convirtiéndose en frustraciones políticas de gran magnitud.

Por ello, el deber cívico de quienes participan en esta contienda no es celebrar triunfos anticipados ni alimentar expectativas de victoria segura. El deber es otro: asegurar la personería, defender cada voto y garantizar que el proceso llegue a su término con las mayores condiciones de transparencia posibles.

El Perú llega a esta segunda vuelta con instituciones debilitadas por años de confrontación política, crisis de representación y una permanente guerra contra los contrapesos del Estado. Lo que queda en pie de nuestra arquitectura institucional debe ser suficiente para soportar el escrutinio y la vigilancia de este último tramo electoral. Esa es la responsabilidad de los organismos electorales, de los partidos políticos y también de los ciudadanos.

Pero el mensaje debe ser claro. Las elecciones no se defienden al día siguiente en las plazas ni en las calles. Se defienden durante la jornada electoral, en las mesas de sufragio, en el conteo de votos, en la fiscalización de actas y dentro de los canales establecidos por la ley.

La democracia exige vigilancia. Pero también exige serenidad. Y ninguna de las dos cosas es compatible con la tentación de cantar victoria antes de tiempo.

Faltan apenas veinte días para acudir nuevamente a las urnas. Veinte días para decidir qué rumbo tomará un país agotado por la incertidumbre, la fragmentación política y el deterioro institucional. Porque esta no es solo una elección entre dos candidatos. Es, en buena medida, una confrontación entre dos herencias políticas que han marcado profundamente al Perú contemporáneo.

Roberto Sánchez representa la continuidad política y simbólica del castillismo. Aunque intenta proyectarse como una izquierda moderada y pragmática, su candidatura no puede desligarse del legado de Pedro Castillo: un gobierno improvisado, sin cuadros técnicos, marcado por la inestabilidad ministerial, la confrontación permanente y, finalmente, por el intento fallido de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. Sánchez no solo ha reivindicado políticamente a Castillo; ha prometido incluso indultarlo si llega a Palacio. Ese gesto no es menor. Supone asumir como propia una narrativa que relativiza uno de los episodios más graves de nuestra reciente historia democrática.

Pero la raíz del problema va incluso más allá del castillismo. Sánchez parece intentar revivir un viejo discurso que el Perú ya ha escuchado antes: el del velasquismo reinterpretado bajo nuevas formas. El mismo relato de confrontación social y resentimiento histórico que Pedro Castillo escenificó el 28 de julio de 2021 desde el balcón presidencial: la idea de un país dividido entre opresores y oprimidos, entre Lima y las regiones, entre “los españoles” y “el verdadero pueblo”. Un discurso que, lejos de reconciliar al Perú, profundiza sus fracturas y alimenta la lógica permanente de la confrontación.

El problema no radica únicamente en las simpatías personales o ideológicas. El verdadero riesgo aparece cuando un proyecto político convierte la precariedad institucional en método de gobierno. Y eso fue, precisamente, lo que el Perú experimentó durante el castillismo.

A eso se suma una preocupación adicional: los sectores que hoy rodean a Juntos por el Perú. Etnocaceristas, figuras cercanas al Movadef, personajes vinculados a narrativas de Sendero Luminoso, colectivos progresistas radicales y otras expresiones extremas de la izquierda peruana convergen hoy alrededor de la candidatura de Sánchez.

Y quizá allí aparece una de las mayores contradicciones de esta candidatura. Roberto Sánchez intenta construir la imagen de un hombre provinciano y popular, casi como una continuación estética de Pedro Castillo. Pero detrás de esa narrativa existe una personalidad profundamente distinta. Sánchez es, en muchos sentidos, el exponente más contemporáneo del oportunismo político peruano: un costeño que intenta ser serrano, un miembro del Congreso más desprestigiado de nuestra historia reciente y un personaje cuya estabilidad económica y patrimonial está íntimamente ligada a la burocracia estatal que dice cuestionar. Más que representar una renovación auténtica, encarna la adaptación permanente al clima político que mejor le permita sobrevivir.

Keiko Fujimori, en cambio, enfrenta otro tipo de carga histórica. A diferencia de procesos anteriores, llega hoy con una propuesta más estructurada, un equipo técnico definido y una experiencia política acumulada que —aunque muchas veces cuestionada— le otorga un conocimiento profundo del funcionamiento del Estado. En un contexto regional marcado por la inseguridad, el debilitamiento económico y la desconfianza institucional, la predictibilidad empieza a convertirse en un valor importante.

Pero hay además un elemento humano y político que diferencia esta candidatura de las anteriores. Keiko Fujimori parece haber asumido, finalmente, que ya no busca desprenderse del apellido Fujimori, sino convertirse plenamente en su heredera política. Hoy más que nunca quiere ser Fujimori. Y eso implica también cargar el costo completo de esa historia. Ha pasado por dos prisiones preventivas, un divorcio, la muerte de sus padres, investigaciones interminables y una derrota política tras otra. Su figura sigue despertando resistencias profundas, pero también refleja la persistencia obstinada de alguien que ha perdido casi todo haciendo política y que parece ver en la presidencia la última estación de una larga travesía personal.

Es irresponsable ignorar que, frente a un escenario de enorme fragilidad política y económica, Fujimori ofrece hoy algo que Sánchez todavía no puede transmitir con claridad: gobernabilidad potencial, estructura partidaria y una visión relativamente consistente sobre seguridad, inversión y manejo económico.

El Perú atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La delincuencia ha colonizado ciudades enteras, el crecimiento económico se desacelera, los servicios públicos se deterioran y las instituciones sobreviven con una legitimidad cada vez más frágil. En medio de ese paisaje áspero, la elección exige algo más que consignas emocionales o pulsiones de revancha histórica. Exige serenidad.

Porque gobernar no consiste únicamente en representar un descontento. Gobernar implica administrar un Estado complejo, sostener equilibrios democráticos, construir equipos competentes y tomar decisiones difíciles en medio de la tormenta. Y en esa comparación concreta —más allá de simpatías o rechazos personales— Keiko Fujimori parece llegar mejor preparada para enfrentar el desafío inmediato que Roberto Sánchez.

El Perú vuelve, otra vez, a una elección límite. A una de esas jornadas donde el país no vota completamente esperanzado, sino intentando evitar un abismo mayor. Quizá esa sea nuestra tragedia política recurrente: elegir no entre el entusiasmo y la ilusión, sino entre el miedo y la incertidumbre.

Pero incluso en medio del cansancio democrático, la responsabilidad permanece. Y esta segunda vuelta obliga a mirar más allá de los símbolos, los resentimientos y las épicas partidarias. Obliga, sobre todo, a preguntarnos qué candidatura ofrece mayores posibilidades de estabilidad, institucionalidad y reconstrucción nacional.

El problema de esta última postura no radica únicamente en la falta de sustento legal para anular la totalidad del proceso electoral —por principio de legalidad, ninguna de las irregularidades conocidas hasta el momento en que se escribe este artículo acredita un fraude—. Su mayor debilidad es que termina por dilapidar el poco sentido estratégico que aún le queda a la derecha.

Las elecciones generales de 2026 nos han dejado una lección incomoda: quizá el mayor antivoto no es el antifujimorismo, sino el “anti-Lima”. Esa resistencia —o identidad por oposición— tiene raíces en las fracturas históricas que el centralismo ha abierto entre la capital y el resto del Perú. Así se explica por qué nunca un alcalde de Lima ha podido llegar a la presidencia. Ni Luis Bedoya Reyes, con el PPC, ni Alfonso Barrantes Lingán, con la Izquierda Unida, consiguieron romper esa barrera hermética e intransigente.

Rafael López-Aliaga no hizo una buena campaña. Lejos de irradiar un mensaje de esperanza, quedó atrapado en confrontaciones estériles: contra otros candidatos de derecha y contra viejos fantasmas de la política nacional —Susana Villarán, Gustavo Gorriti, entre otros—. López-Aliaga demostró ser un candidato carente de empatía, y sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, salud, educación y lucha contra la corrupción rara vez explicaban el “cómo”. Tampoco lograban diferenciarse con claridad de las planteadas por otros candidatos de su mismo espectro ideológico.

Incluso en términos de reducción del Estado, pese a abanderarse con la eliminación de ministerios y con un discurso de austeridad, varias de sus propuestas implicaban un elevado gasto fiscal y una mayor intervención estatal. Esa contradicción terminó debilitando la coherencia de su retórica política y proyectó la imagen de un candidato más sostenido en consignas que en un plan de gobierno verdaderamente estructurado.

Pero su candidatura este 2026, pareció haber quedado reducida a una división entre buenos y malos, algo que se aleja de lo estadista y se acerca a lo populista: los ilustrados —que votan por mi—, y los ignorantes —que dudan—. Esa estrategia terminó ahuyentando a buena parte de sus potenciales votantes hacia Nieto Montesinos, Carlos Álvarez y Carlos Espá. A pesar de haber tenido una vasta presencia de personeros en provincia —como acredita su abogado, Wilber Medina—, no lograron ganar en ninguna región fuera de Lima.

Tal vez la explicación más precisa —aunque para muchos insoportable—, sobre el fracaso de Renovación Popular sea su incapacidad para convencer al elector. A diferencia de Alan García o Alberto Fujimori, esta nueva fórmula celeste de “derecha ilustrada” simplemente no logró conectar con la población, con el ciudadano de a pie.

Keiko Fujimori, por su lado, ha conseguido recuperar regiones que no se pintaban de naranja desde 2011, cuando la hija del entonces recién condenado expresidente apareció por primera vez como candidata presidencial. Lejos del ruido que hoy se levanta en el Campo de Marte, hay un dato político que no puede ignorarse: el fujimorismo conserva respaldo popular.

De las 4,700 mesas de serie 900k, Keiko Fujimori ganó casi en 1,000. Una cifra que derrumba el relato de que esa serie solo favoreció a la izquierda. El fujimorismo no solo es fuerte en el interior, sino que llega hasta los lugares más recónditos del Perú. Ahí se entiende por qué ha sido el rival histórico de la izquierda popular. Y aunque pueda resultar inaceptable, es muy difícil que la derecha encuentre hoy un candidato más popular que la hija de Alberto Fujimori. Incluso cuando pierde, Keiko aglomera a una masa electoral que no necesariamente se define como de derecha, pero que sí reconoce en el fujimorismo una identidad política. Incluso cuando pierde, pasa ampliamente por encima de los Porkys, los De Sotos, los Alvarez o los Espás.

A esto se suma otro elemento que es fundamental tener en cuenta: la composición del nuevo Parlamento es claramente favorable para una derecha que actúe de manera coordinada. Fuerza Popular ha conseguido 22 escaños en la cámara de Senadores y Renovación Popular 8. Un total de 30 curules para la derecha. Bastaría convencer a uno de los parlamentarios de OBRAS o del Buen Gobierno para poder legislar con mayoría simple. Pero solo con esas dos bancadas son suficientes para bloquear cualquier reforma constitucional o cualquier barbaridad que plantee Juntos por el Perú con el BCRP o con la JNJ.

Sin embargo, este análisis parece sonar a blasfemia entre quienes exigen la anulación total del proceso electoral. En los últimos encuentros de manifestantes en la Av. De la Peruanidad, en el Campo de Marte, lejos de promover un mensaje de unidad ante la adversidad, López-Aliaga, junto a varios de sus virtuales congresistas, han optado por abrir fuego contra Keiko Fujimori. Insultos y críticas en manifestaciones, entrevistas y redes sociales que terminan por jugar a favor de la izquierda.

Lo cierto es que casi al 100% de actas contabilizadas, y ante la falta de elementos probatorios que puedan anular la totalidad del proceso electoral, la derecha debe enfocar sus esfuerzos en evitar cometer los mismos errores de la segunda vuelta de 2021, y entender que la división y la denigración no suman votos, los espantan. La esperanza, la integración y la alegría, ganan elecciones. Lo vimos en otros tiempos, cuando la política aún tenía dirigentes capaces de convencer.

La derecha, en consecuencia, debe dejar de actuar desde la pasión y la pulsión insurgente. Esa no ha sido nunca su naturaleza y, además, contradice sus propios principios. A estas horas, más que gritos, se necesita cabeza fría. Más que furia, estrategia. Y más que una pelea entre quienes deberían estar del mismo lado, una comprensión del camino.

En este nuevo escenario, la responsabilidad no recae únicamente en los cuestionados organismos electorales, también lo hace en las fuerzas políticas, en particular sobre aquellas figuras que hoy concentran una representación significativa en el Congreso. La configuración del nuevo Parlamento, con un Senado y una Cámara de Diputados donde las fuerzas de centroderecha tienen un peso relevante, abre una posibilidad inédita de gobernabilidad. Pero esa posibilidad no es automática ni está garantizada.

Las elecciones generales sirven para interpretar la voz de la población: el mandato popular. Se entiende como la voluntad soberana expresada en las urnas, legitimando el ejercicio del poder y la toma de decisiones, no como un cheque en blanco. Existe, entonces, una voluntad popular que debe ser oída por aquellas autoridades electas en estos comicios —tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo—.

En ese sentido, resulta imperativo que las principales fuerzas de la derecha —representadas hoy por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga— comprendan la dimensión del momento político y entiendan lo que la población les pide: unidad.

La competencia electoral es legítima, pero no puede convertirse en un obstáculo permanente para la construcción de acuerdos mínimos de gobernabilidad. Si estas fuerzas insisten en actuar de manera desarticulada o, peor aún, si adoptan una lógica obstruccionista frente a un eventual gobierno que no les resulte afín, el resultado será un escenario aún más complejo que el vivido en años anteriores.

El Senado, por su diseño, posee herramientas importantes de control y equilibrio. Pero su eficacia depende, en última instancia, de la existencia de un Ejecutivo con el cual se pueda dialogar y coordinar. Sin esa articulación, cualquier mayoría parlamentaria corre el riesgo de convertirse en un factor de bloqueo an- tes que en un motor de estabilidad.

El desafío, por tanto, es doble: reconstruir la confianza en el sistema electoral y, al mismo tiempo, evitar que la fragmentación política derive en una nueva etapa de confrontación estéril. El país no necesita más incertidumbre. Necesita responsabilidad, liderazgo y, sobre todo, la capacidad de aprender de sus propios errores.

Porque si algo ha dejado claro el 12 de abril es que la democracia no solo se pone en riesgo cuando es manipulada, sino también —y quizás con mayor frecuencia— cuando es mal gestionada.

La inseguridad ciudadana no es una abstracción. Es una experiencia diaria, repetida con una crudeza que ya no sorprende, pero sí desgasta. Extorsiones, sicariato, asaltos cada vez más violentos. Detrás de cada cifra hay historias que los candidatos evocaron con tono grave: madres que entierran a sus hijos, comerciantes que pagan cupos para sobrevivir, barrios enteros que han aprendido a vivir con miedo. El diagnóstico, en ese sentido, no faltó. Fue incluso abundante. Pero también fue predecible, casi ritual.

Uno tras otro, los aspirantes a la presidencia desfilaron por ese libreto conocido: indignación, gestos adustos, promesas de mano dura. Algunos elevaron la voz, otros apelaron a la emoción. La mayoría asumió, con mayor o menor convicción, el papel del dramaturgo circunstancial. Pero lo que no apareció —o lo hizo de manera excepcional— fue el estadista. El líder que no solo describe el problema, sino que se atreve a desarmarlo pieza por pieza. El técnico que entiende que gobernar no es conmover, sino resolver.

La gran ausencia de la jornada fue, en efecto, el “cómo”. ¿Cómo se desmontan las economías criminales que hoy operan con lógica empresarial? ¿Cómo se reorganiza una policía debilitada, mal equipada y, en muchos casos, infiltrada? ¿Cómo se articula un sistema de justicia que no libere, por inercia o colapso, a quienes deberían estar tras las rejas? Estas preguntas, que deberían haber estructurado el debate, quedaron flotando en el aire, sin respuestas claras.

En su lugar, emergieron fórmulas repetidas hasta el cansancio. La más insistente: la derogación de las llamadas “leyes pro-crimen”. Una consigna eficaz en términos políticos, pero muy pobre en sustento. Desde este diario se ha señalado ya que esa etiqueta responde más a una interpretación interesada que a un análisis serio del entramado legal. Convertirla en eje del discurso no solo simplifica el problema, sino que desvía la atención de reformas más complejas y necesarias. Es, en el mejor de los casos, un atajo retórico; en el peor, una coartada.

Otra de las salidas recurrentes fue la apelación a las rondas campesinas como pieza central de la solución. Nadie discute el valor histórico de estas organizaciones en sus contextos de origen. Han cumplido —y cumplen— un rol relevante en zonas donde el Estado llegó tarde o no llegó nunca. Pero trasladar esa experiencia, casi mecánicamente, a la realidad urbana de Lima y otras ciudades es desconocer la naturaleza del fenómeno actual. El crimen que hoy azota la capital no es comunitario ni espontáneo; es estructurado, armado y, muchas veces, transnacional. Pretender enfrentarlo con esquemas pensados para otra geografía y otro tiempo roza la ingenuidad.

Lo preocupante no es solo la debilidad de las propuestas, sino la falta de jerarquización del problema. La seguridad ciudadana no puede ser tratada como un capítulo más dentro del catálogo de promesas de campaña. Es, hoy por hoy, la condición de posibilidad de cualquier otra política pública. Sin seguridad, no hay inversión sostenible; sin seguridad, el empleo se precariza aún más; sin seguridad, la vida cotidiana se repliega y la confianza social se erosiona. Sin seguridad, el Estado pierde su razón de ser.

Por eso, sorprende —y alarma— que tan pocos candidatos hayan ensayado aproximaciones integrales. Se habló poco de inteligencia policial, casi nada de interoperabilidad entre instituciones, menos aún de modernización tecnológica o de estrategias focalizadas en territorios críticos. Tampoco se escucharon propuestas claras sobre el sistema penitenciario, ese eslabón olvidado que hoy funciona, en muchos casos, como escuela del crimen. Y casi nadie abordó con seriedad la necesidad de depurar y profesionalizar las fuerzas del orden, una tarea incómoda, pero imprescindible.

Gobernar implica asumir costos. Implica reconocer que no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Que recuperar la seguridad tomará tiempo, recursos y, sobre todo, coherencia. Pero también implica ofrecer una ruta, un horizonte verificable. En este primer debate, esa ruta brilló por su ausencia.

Quedan aún jornadas por delante. Ojalá los candidatos entiendan que el país no necesita más diagnósticos declamados ni más consignas efectistas. Necesita respuestas. Necesita precisión. Necesita, en suma, menos teatro y más gobierno. Porque mientras la política ensaya discursos, la violencia no espera. Y cada día que pasa sin claridad ni dirección es un día que el crimen gana terreno.

A menos de un mes de haber asumido el cargo tras la caída de José Jerí, el actual mandatario ha ofrecido señales contradictorias en decisiones clave de gobierno. Lo que debería ser una gestión de continuidad se ha convertido, más bien, en una etapa de incertidumbre. Las vacilaciones en torno a la compra de aviones de combate —anunciada primero como definida y luego como aún en evaluación— no solo evidencian desorden, sino que debilitan la credibilidad del Estado en un ámbito tan sensible como la defensa nacional.

Algo similar ocurre en el plano económico. La abrupta interrupción del proceso de reorganización de Petroperú, impulsado previamente con el respaldo de ProInversión, devuelve al país a un escenario conocido: el de una empresa estatal sostenida por recursos públicos sin perspectivas claras de sostenibilidad. La decisión de insistir en nuevas inyecciones de capital, descartando de plano cualquier apertura al sector privado, no solo posterga soluciones, sino que profundiza una carga fiscal que ya bordea niveles insostenibles.

A ello se suma una preocupante volatilidad en la conducción política. Los cambios en el gabinete —incluyendo la salida de Denisse Miralles en cuestión de semanas— y la abierta disposición del mandatario a “mover fichas” en cualquier momento, incluso a puertas de un eventual voto de confianza, introducen un grado de inestabilidad innecesario en un periodo que debería caracterizarse precisamente por lo contrario.

Pero quizás el elemento más inquietante es la falta de claridad en el propio discurso presidencial. En recientes declaraciones, el jefe de Estado ha ofrecido respuestas ambiguas o elusivas frente a temas fundamentales, desde la política energética hasta la relación con actores políticos cuestionados. Esta indefinición no permite discernir si existe una línea de gobierno coherente o si las decisiones responden, más bien, a presiones circunstanciales o impulsos coyunturales.

En paralelo, han surgido cuestionamientos legítimos sobre la capacidad del mandatario para afrontar las exigencias del cargo. Sin necesidad de especular sobre su estado de salud, resulta evidente que el país requiere hoy una conducción firme, lúcida y plenamente enfocada en la gestión de crisis. Las emergencias climáticas, la inseguridad ciudadana y la fragilidad económica no admiten titubeos ni improvisación.

En este escenario, el principal riesgo no es solo el error, sino la prolongación del error. Un gobierno de transición que introduce ruido, detiene reformas en curso y genera incertidumbre en decisiones estratégicas termina por afectar aquello que debía resguardar: la estabilidad.

Por ello, más que insistir en iniciativas de corto alcance o cambios de rumbo injustificados, el Ejecutivo debería adoptar una posición de estricta cautela. Gobernar, en estas circunstancias, implica administrar lo indispensable, evitar retrocesos y garantizar que el próximo gobierno —legítimamente elegido en las urnas— reciba un país en condiciones de retomar el crecimiento y la institucionalidad.

El Perú no necesita, en este momento, experimentos ni improvisaciones. Necesita, sobre todo, que el interinato cumpla su función y no la exceda. Porque cuando la conducción se vuelve errática, la mejor decisión puede ser, simplemente, no prolongar la incertidumbre.

Este análisis, simplista y conveniente para algunos candidatos, utiliza siempre como argumento principal el factor Pedro Castillo en 2021: ¿Cómo es posible que las encuestadoras no midieran que aquel “profesor chotano” tenía masas de gente en el sur y en el norte del país? ¿Cómo pudo pasar desapercibido por tanto tiempo? ¿Cómo es posible que a un mes de la elección nos mostraran a Yonhy Lescano y George Forsyth como los punteros en la tabla cuando en realidad terminaron últimos?

A estos cuestionamientos —todos muy legítimos— se suman los escándalos de corrupción que, en el pasado, han salpicado a algunas empresas encuestadoras. Desde los vladivideos, donde se veía a Montesinos pagando entre US$ 20 mil y US$ 30 mil mensuales a Datum Internacional, hasta las declaraciones de diversos candidatos presidenciales que afirman haber recibido ofertas indecorosas por parte de los ejecutivos vinculados a encuestadoras pidiendo dinero a cambio de puntos porcentuales. Episodios que alimentan la sospecha. Sin embargo, ¿es posible afirmar con toda convicción que lo que hoy nos muestran las encuestas es mentira?

Desde El Reporte nos pusimos en contacto con Richard Rojas, jefe de campaña de Pedro Castillo en 2021 y máximo dirigente de Perú Libre luego de Vladimir Cerrón. En una entrevista exclusiva para este diario, Rojas nos confesó que las encuestas no mintieron del todo en aquella campaña de la primera vuelta.

«Lo cierto, es que Castillo no existía a fines de febrero. Por increíble que parezca, no habíamos hecho campaña porque Pedro estaba enfermo de COVID-19, e incluso él quería renunciar a la elección porque no se sentía motivado. Recién en marzo lo convencimos de seguir y a mediados del mes arrancamos fuerte la campaña. Sorprendentemente, empezamos a llegar a mucha gente en poco tiempo. Una noche, faltando un mes para la elección, llenamos una plaza multitudinariamente en Juliaca. No lo había logrado ni Verónika Mendoza ni Yohny Lescano. Ese día, yo le dije a Pedro: “Ya estamos en segunda vuelta”. Y un par de semanas después subimos 3eros o 2dos en las encuestas. Nuestra campaña en realidad duró el último mes y medio de la elección, antes no existíamos», aseguró Rojas.

Sus declaraciones fueron reveladoras. No lo decía el gerente de IPSOS ni de CIT, sino el hombre que acompañó caminando por tierra a Pedro Castillo durante toda la campaña. El que le puso el sombrero estratégicamente, el que lo instó a levantar el lápiz y el que le aconsejó a Cerrón utilizar el slogan “No más pobres en un país rico”.

Entonces, resulta fundamental analizar también los demás datos que publican las encuestadoras pero que a veces no llegamos a ver. En 2021, una medición de Arellano reveló que casi el 70% de la población decidía por quién votar apenas un mes o solo días antes de la elección. Y si sumamos a esto el desinterés por el proceso electoral en plena pandemia, es posible entender los erráticos porcentajes que veíamos mes a mes y los resultados que obtuvimos aquel 11 de abril.

Ante la ausencia de Pedro Castillo en los primeros meses de 2021, y en medio de un desinterés generalizado provocado por la crisis sanitaria que —luego del sombrío 2020— aún mantenía al país encerrado y enlutado, resulta comprensible que figuras como George Forsyth, Yonhy Lescano, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza aparecieran entonces entre las principales opciones de los pocos ciudadanos que seguían con atención el proceso electoral.

En ese contexto, las encuestas captaban más un instante de opinión difusa que una preferencia consolidada. Con el paso de las semanas —y a medida que la campaña fue entrando en su fase más visible— el escenario empezó a reordenarse. Ya en marzo, el lápiz comenzó a emerger desde la periferia política, absorbiendo progresivamente el voto de otros sectores de izquierda; mientras tanto, la candidatura de Forsyth se fue derrumbando, erosionada por la percepción pública de falta de liderazgo, convicción y madurez, una impresión que terminó de consolidarse tras su participación —ampliamente risible— en el debate del JNE.

Así, más que una refutación de las primeras mediciones en aquella primera vuelta, lo que ocurrió fue una recomposición paulatina de las preferencias ciudadanas: distintos hechos terminaron por reorganizar un tablero electoral que permanecía incierto.

¿Mienten, entonces, las encuestas?

Resulta tentador afirmar que las mediciones que se publican son interesadamente falsas, que están compradas o que carecen de rigor técnico. Sin embargo, también conviene reconocer una característica menos cómoda de admitir: nuestra sociedad es extraordinariamente volátil. La opinión pública se mueve con rapidez y, a veces, con sorprendente ligereza. Lo que dicta de la prensa, los escándalos políticos, los debates televisados y hasta los pequeños gestos de campaña —un volante o un souvenir entregado en una luz roja— pueden alterar la percepción de los electores. En ese sentido, las encuestas no son profecías, sino apenas fotografías del momento: retratos estadísticos de quienes, al instante de la medición, ya han comenzado a formar una preferencia electoral. Usualmente, una muy endeble.

Hoy, a menos de un mes del 12 de abril, ¿las encuestas son de fiar?

Los márgenes de error que se muestran en las publicaciones más recientes sugieren que la distancia entre los dos primeros lugares y el resto de los candidatos es, por ahora, considerable. Pero esa aparente claridad convive con un dato que introduce incertidumbre: los indecisos —la gente que aún no se han interesado en el proceso electoral— superan todavía el 40% del electorado. Una cifra de tal magnitud que tiene la capacidad de desordenar todo el esquema que hemos visto desde diciembre.

A esto se suman, además, las declaraciones de Richard Rojas, quien sostiene —entre risas y con optimismo— que este año ya está “levantando” nuevamente a Perú Libre y que pronto se verá al partido escalar con la misma rapidez en las encuestas que en 2021. Él asegura que ese repunte podría acelerarse si el Tribunal Constitucional deja sin efecto la orden de captura y el pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, una resolución que tanto el partido como su abogado, Humberto Abanto, esperan se produzca en los próximos días.

En síntesis, las encuestas que observamos hoy bien podrían reflejar con fidelidad el estado actual de la opinión pública. ¡Pueden ser reales! Pero esa fotografía está lejos de ser definitiva. Y es que la postura de los indecisos, los ingobernables e irracionales jóvenes de la generación Z, las revelaciones de la prensa, la semana de debates en el JNE y los movimientos propios de la recta final de campaña tienen todavía la capacidad de alterar el cuadro por completo.

En una sociedad tan cambiante como la nuestra, lo que hoy parece una tendencia sólida puede, en cuestión de semanas o días, convertirse apenas en el recuerdo de una coyuntura pasajera.

La elección recién empieza.

El incidente ha sido presentado superficialmente como un problema que afecta principalmente a los taxistas que utilizan gas natural vehicular (GNV). Pero esa lectura es, en el mejor de los casos, incompleta. Y en el peor, irresponsable.

La realidad es mucho más grave: el Perú ha descubierto que su economía depende prácticamente de un solo tubo.

Durante más de veinte años, la política energética peruana ha girado alrededor del gas de Camisea. El recurso se extrae en los lotes 88 y 56, en la provincia cusqueña de La Convención, desde donde se transporta hasta la planta de Las Malvinas para separar el gas seco de los líquidos asociados. Desde allí, el gas natural viaja por un gasoducto hacia la costa —principalmente hacia Lurín, donde está la planta de Calidda— mientras los líquidos son conducidos hasta Pisco para su fraccionamiento en Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Sobre el papel, parecía una historia de éxito. En la práctica, todo ese sistema depende de una sola infraestructura troncal. Es decir, un solo ducto transporta el gas que alimenta a la industria, a la generación eléctrica, a millones de hogares y a buena parte del transporte urbano. No existe una vía redundante. No hay un ducto alternativo. Tampoco hay un sistema robusto de almacenamiento estratégico que permita enfrentar una interrupción prolongada.

En otras palabras: si ese tubo falla, el país se paraliza. Y eso es exactamente lo que estamos viendo.

Lo más preocupante de esta crisis es que no se trata de un evento imprevisible. Desde el inicio del proyecto Camisea, durante el gobierno de Alejandro Toledo junto a Pedro Pablo Kuczynski en el MEF, diversos especialistas advirtieron que el sistema necesitaba redundancia en su transporte.

En 2010, durante el segundo gobierno de Alan García la propia empresa operadora del ducto propuso construir un tramo paralelo de respaldo para mitigar los riesgos geológicos de la ruta andina. Sin embargo, la propuesta fue descartada más adelante, durante el gobierno de Ollanta Humala. Esto se sustentó en una Resolución Suprema cuando Jorge Merino estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Posteriormente, se plantearon alternativas como el Gasoducto Sur Peruano, que debía extender la infraestructura hacia el sur del país y aportar redundancia al sistema. Sin embargo, tras el escándalo de corrupción de Odebrecht en 2017, el proyecto quedó enterrado entre arbitrajes, litigios y desidia política.

Desde entonces, ningún gobierno quiso tocar el tema. El resultado es que hoy el Perú depende de una infraestructura diseñada para otro contexto energético y para una demanda mucho menor.

Mientras la infraestructura permanecía congelada, la demanda crecía. En lugar de fortalecer la seguridad energética, los gobiernos optaron por profundizar la dependencia del gas.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, el Estado financió masivamente la conversión de vehículos a gas natural mediante programas como Ahorro GNV. Miles de conductores cambiaron sus sistemas de combustible con financiamiento público. La lógica era comprensible: el gas natural es más barato que la gasolina o el diésel. Pero esa política se ejecutó sin un sistema energético capaz de sostenerla.

Hoy, miles de taxistas no solo dependen del gas para trabajar: también deben pagar el alquiler del vehículo y las cuotas de conversión financiadas por el Estado. Cuando el gas desaparece, desaparece también su ingreso diario. Sin embargo, reducir el problema al drama de los conductores es quedarse en la superficie.

El gas natural es hoy un insumo crítico de la economía peruana. De él depende cerca del 40% de la generación eléctrica nacional. Las centrales térmicas de Chilca, que alimentan buena parte del sistema eléctrico, operan principalmente con este combustible. Pero también dependen del gas restaurantes y negocios gastronómicos, clínicas y hospitales, hoteles y centros comerciales, transporte de alimentos, industrias manufactureras y millones de cocinas domésticas.

Cuando el gas falta, toda la cadena económica comienza a resentirse.

Las primeras estimaciones hablan de pérdidas cercanas a US$200 millones diarios, debido a que muchas plantas deben sustituir el gas por diésel, un combustible hasta cinco veces más caro.

Las medidas anunciadas por el gobierno —clases virtuales, teletrabajo, liberación de reservas y subsidios temporales— evidencian algo más profundo que una crisis energética. Evidencian una crisis de planificación.

El Perú ha pasado dos décadas celebrando la “masificación del gas” sin construir las condiciones mínimas de seguridad energética que cualquier país serio exige: redundancia de infraestructura, almacenamiento estratégico y diversificación de fuentes.

En lugar de eso, se edificó una dependencia creciente sobre un sistema frágil. El resultado es que hoy una falla en un ducto ubicado en la selva cusqueña obliga a suspender clases en Lima, a paralizar industrias y a alterar la rutina de millones de personas.

Un solo tubo. Eso es todo lo que separa al país de una crisis energética.

Esta crisis debería servir como una advertencia. La prevención no es un capricho tecnocrático ni una obsesión académica. Es el principio básico de cualquier política pública seria. Los países desarrollados no diseñan sus sistemas energéticos para el día normal, sino para el día en que algo falla. El Perú hizo exactamente lo contrario.

Hoy, frente a la ruptura de un ducto, el país entero descubre que su sistema energético no era una red robusta, sino una estructura frágil sostenida por un solo tubo. Y cuando una nación depende de un solo tubo para mover su economía, su transporte, su electricidad y su vida cotidiana, no vive en estabilidad.

Vive —como suele decirse— a dos golpes y un repique.

Los episodios que hemos visto esta semana nos han demostrado —una vez más— que, de los 36 candidatos y, peor aún, de los cinco que encabezan las encuestas, poco o nada se dice sobre una visión estratégica del país. Somos incapaces de preguntarnos, con serenidad y ambición, qué debería estar discutiendo el Perú hoy para proyectarse en las próximas décadas —o incluso siglos—.

Cada generación cree vivir una crisis inédita. Y, sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es el conflicto político en sí mismo —la política es, por naturaleza, confrontación de ideas—, sino la pequeñez de nuestras visiones. La incapacidad de elevar la conversación por encima de la coyuntura inmediata.

En los grandes foros internacionales se discute el futuro de la energía, la transición hacia matrices más limpias y seguras, el impacto de la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica, la reorganización geopolítica del mundo tras la consolidación de nuevos polos de poder. Se debate cómo los países medianos pueden insertarse con astucia en un escenario marcado por tensiones comerciales y aceleración científica. Esos temas son absolutamente transversales a cualquier nación que aspire a sobrevivir con dignidad en el siglo XXI.

¿Dónde están esas discusiones en nuestra campaña? ¿Quién está planteando una política energética de Estado que trascienda gobiernos? ¿Quién habla con claridad sobre nuestra inserción en la cadena global de valor tecnológico? ¿Quién define qué papel quiere jugar el Perú en el nuevo tablero geopolítico que reconfiguran potencias tradicionales y emergentes?

Aquí hemos decidido renunciar a esa conversación. Preferimos la aritmética parlamentaria al diseño institucional. La táctica al proyecto. El cálculo al ideal. Y en esa renuncia se revela algo más profundo: la escasez de estadistas.

El Perú necesita otro nivel de liderazgo. Y ese liderazgo no se agota en una hoja de vida exitosa en el mundo empresarial. La eficiencia en el ámbito privada no garantiza visión pública. Tampoco basta la experiencia administrativa si no existe formación política, comprensión histórica y vocación de consenso. Gobernar no es solo gestionar; es interpretar el momento, anticipar escenarios y convocar voluntades alrededor de objetivos comunes.

Necesitamos personas que, siendo eficaces en su actividad profesional, comprendan que la política es el arte de articular intereses diversos en torno a un proyecto nacional. Que sepan generar núcleos de discusión serios sobre temas centrales. Que entiendan la importancia de explicar con claridad a la ciudadanía por qué ciertos asuntos —energía, tecnología, educación, defensa, integración regional— son decisivos para su futuro. Solo así puede construirse un respaldo popular sólido y duradero.

Lo ocurrido en el Congreso y las tensiones recientes no son más que síntomas que desnudan la carencia verdadera: no tenemos líderes con visiones de futuro; apenas contamos con administradores del presente más inmediato. Y un país que solo piensa en el día siguiente termina rehén de cada sobresalto.

La política exige memoria, pero también exige ambición. Memoria para no repetir errores; ambición para no resignarse a la mediocridad. Renunciar al largo plazo es aceptar que el Perú está condenado a reaccionar, nunca a conducir.

No se trata de negar la urgencia de los problemas actuales —la inseguridad, la precariedad institucional, la desigualdad persistente—, sino de abordarlos dentro de un marco estratégico que los conecte con un proyecto mayor. Sin esa brújula, cada crisis se convierte en un fin en sí mismo y cada elección en una disputa menor.

Es una lástima que, una vez más, la coyuntura haya desplazado la visión. Pero también es una advertencia. Si no corregimos esta penosa renuncia al largo plazo, seguiremos atrapados en el círculo vicioso de crisis sucesivas y liderazgos efímeros.

El Perú puede aspirar a más. La pregunta es si quienes buscan conducirlo están dispuestos a pensar más allá del próximo titular.

Entonces, nos encontramos ante un escenario distinto a todos los anteriores. Esta vez ya no es necesario censar a las bancadas y a los congresistas independientes para hacer el sufrido cálculo de los imposibles 87 votos, como fue con Vizcarra, Castillo y Boluarte. No. En esta oportunidad bastará una mayoría simple —alrededor de cincuenta votos— para que, en cuestión de segundos, José Jerí, Ernesto Álvarez, los dieciocho ministros y los planes del gobierno transitorio pasen al olvido.

La experiencia en destituciones presidenciales nos ha enseñado que cuando “hay los votos”, la suerte está echada. La izquierda y algunas agrupaciones de derecha quieren sacar a Jerí. Y si el umbral requerido es considerablemente más bajo, no es exagerado afirmar que el destino del gobierno “A Toda Máquina” dependerá del buen humor de los parlamentarios el martes. De si pelearon con su esposa en la mañana, de si su equipo favorito ganó el partido el fin de semana o de si lograron conseguir “el viajecito” de cierre de quinquenio. En esa circunstancia, los actos presidenciales ya pasan a un segundo plano. Ya no importa evaluar con justicia la conducta del mandatario. Si el cálculo político ha ganado, entonces el inquilino de Palacio debe empacar.

Pero una vez tomada la decisión de destituir, surge de inmediato la pregunta central: ¿quién lo reemplaza? ¿Tiene hoy el Congreso un mejor cuadro que José Jerí para asumir la conducción del país en este tramo final?

Al cierre de este informe ha trascendido que tres bancadas habrían dado su respaldo al congresista Edwin Martínez como posible sucesor. El mismo Martínez que fue duramente cuestionado por las contrataciones realizadas en su despacho a jóvenes modelos sin experiencia política. Un perfil que, en ese aspecto, guarda similitudes con el de Jerí. ¿Sería eso una corrección o simplemente otro salto al vacío?

También se han mencionado otros nombres: Luis Aragón, Wilson Soto y Alex Paredes. Sin embargo, la disyuntiva persiste: ¿constituyen realmente alternativas más sólidas? ¿Ofrecen mayores garantías institucionales y políticas?

Jerí es un presidente cuestionado, aunque no condenado. Tras un balance exhaustivo de sus actos y un debate amplio sobre los episodios que han deteriorado su imagen, muchos podrían concluir —como ya lo han hecho veteranos actores políticos— que no merece el honor de entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio. Esa es una posición legítima.

No obstante, la responsabilidad política exige mirar más allá del castigo inmediato. ¿Está Edwin Martínez a la altura de una entrega de mando ordenada? ¿Lo están Luis Aragón, Wilson Soto u otros nombres que circulan en los pasillos del Parlamento?

Los escándalos que rodean al presidente —Chifagate, las visitadoras nocturnas, el caso Andrea Vidal y la ausencia de resultados en materia de inseguridad ciudadana— no desaparecen. Pero la decisión responsable no puede limitarse a la sanción política; debe considerar también la consecuencia inmediata de esa sanción. Destituir a José Jerí sin contar con una alternativa más idónea podría convertirse en un acto de profunda irresponsabilidad.

Porque no están en juego solo cuatro o cinco meses de gestión. Lo que se pone en riesgo es la estabilidad del proceso electoral más determinante de los últimos veinte años. Y ya hemos aprendido que las transiciones improvisadas suelen tener costos que el país paga durante mucho tiempo.

Los congresistas que hoy emergen como posibles sucesores, ¿están en condiciones de conformar un mejor gabinete? Recordemos que el gabinete Álvarez tardó semanas en completarse, precisamente por el desconocimiento que existía sobre Jerí y por el corto horizonte del gobierno.

En momentos como este, la prudencia no es cobardía: es responsabilidad. Antes de alcanzar los votos necesarios para la censura, el Congreso debería tener claridad sobre el día siguiente. La pregunta no es solo si Jerí debe irse, sino si el país avanzará hacia un rumbo mejor con los sucesores voceados.

Esa es la verdadera discusión.