Esta historia empieza mucho antes del 7 de diciembre de 2022; lejos de la hastiada derecha y más lejos aún del profesor chotano que ejercía la Presidencia de la República.

Empieza en un expediente parlamentario. Empieza en un conjunto de documentos firmados en nombre del Club Departamental Apurímac. Empieza en una investigación de la Contraloría. Y empieza, sobre todo, en una decisión política que pasó casi desapercibida mientras el país observaba otras crisis.

Porque antes de convertirse en presidenta, Dina Boluarte tuvo que sobrevivir a una serie de denuncias constitucionales que amenazaban con alterar por completo la línea de sucesión presidencial. Y en ese momento apareció un personaje clave que aseguró su ascenso al poder: el congresista Edgard Reymundo Mercado, integrante de Juntos por el Perú (JP).

El expediente

El caso nació oficialmente el 25 de mayo de 2022. Ese día ingresaron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) las denuncias constitucionales 268, 269 y 270 contra Dina Boluarte, entonces vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Las denuncias tenían un origen común: el Informe de Fiscalización Específica N.° 005-2022-CG/FIS-FEDJ elaborado por la Contraloría General de la República.

La investigación describía una serie de hechos que, según los congresistas denunciantes —Javier Padilla, Norma Yarrow, Adriana Tudela y Diana Gonzáles—, constituían una infracción al artículo 126 de la Constitución: los ministros no pueden intervenir en la dirección o gestión de asociaciones privadas.

La Contraloría había detectado que Boluarte continuaba realizando actos como presidenta del Club Departamental Apurímac mientras ejercía funciones ministeriales. La denuncia sostenía que había suscrito documentos públicos y recibido dinero en cuentas mancomunadas como administradora de la institución. No era una acusación abstracta. Según la denuncia, Boluarte aparecía realizando actos de gestión en favor del club, firmando documentación y manteniendo representación cuando integraba los distintos gabinetes del gobierno de Pedro Castillo.

Incluso figuraba como representante legal de la asociación en registros públicos y en consultas oficiales. La ampliación de la denuncia incorporó además trámites realizados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima para obtener una licencia de funcionamiento para el club, incluyendo declaraciones juradas, cartas poder y documentos firmados por la entonces vicepresidenta.

Una investigación de Daniel Yovera para el portal Epicentro.TV dio con buena parte de la documentación rubricada para la MML¹.

El propio exalcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, declaró ante la Subcomisión del Congreso y ante la prensa que Boluarte se había comunicado con él con la intención de coordinar reuniones para abordar asuntos relacionados a las licencias de funcionamiento de esta institución².

El delegado voluntario

El caso estuvo inicialmente en manos de la congresista Rosío Torres (APP). Sin embargo, al cabo de unos meses, Edgar Reymundo Mercado (JP) presentó un documento ante la Subcomisión pidiendo ser delegado de estas denuncias constitucionales y asumir la elaboración del informe final³. Un hecho que sorprendió a Torres.

El pedido de Reymundo fue incorporado como prioridad en la siguiente sesión de la SAC y elevado al Pleno para su debate. Tras ser sometido a reconsideración en dos oportunidades, finalmente se aprobó la delegación de facultades al congresista.

La designación llamó la atención dentro del Congreso. No porque fuera ilegal. Sino porque colocaba la investigación en manos de un hombre perteneciente al mismo universo político que la funcionaria investigada.

No era un parlamentario cualquiera, era integrante de Juntos por el Perú. El mismo espacio político que formaba parte de la coalición gubernamental. El mismo partido donde militaba Roberto Sánchez. El mismo Roberto Sánchez que en ese momento ocupaba el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El mismo Roberto Sánchez que compartía gabinete con Dina Boluarte. El mismo Roberto Sánchez que dirigía cada movimiento de la bancada.

A partir de ese momento, Reymundo tendría la responsabilidad de conducir el expediente, y de escuchar y recopilar todos los testimonios y elementos de convicción que comprometieran a Boluarte.

El Club Apurímac

En los años posteriores a la vacancia de Castillo se conoció que aquel club no era una simple asociación regional. Un informe desarrollado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el periodo 2016-2022 reportaba que Boluarte contaba con 11 cuentas bancarias en soles y una en dólares. En total, se registraban ingresos de S/ 1’371 048 y US$2.200. El mayor porcentaje de estos ingresos ocurrió cuando Boluarte era presidenta del Club Departamental Apurímac. Exsocios del club aseguraron haber sido expulsados cuando exigieron cuentas claras a la entonces ministra⁴⁵.

De acuerdo con la UIF, de los S/ 1,3 millones casi 1 millón era proveniente del Club Departamental. Este era depositado en una cuenta mancomunada que Boluarte abrió con el secretario de economía del club, Néstor Amado.

Amado declaró para el programa Cuarto Poder que la cuenta se había abierto entre ellos dos para evitar el embargo del dinero por la cantidad de deudas que acumulaba el club en aquellos años.

Al consultarle a los exsocios, ellos desminiteron la versión de Amado. Asegurando que «era totalmente ilegal e ilegítimo (tener una cuenta mancomunada)», y criticando que ellos no realizaban ningún balance económico en la institución anualmente.

En marzo de 2024, luego de conocerse el informe de la UIF, la administración del club solicitó públicamente que se investigue el movimiento del dinero y a todos los exfuncionarios por la exclusión de socios y un presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado en el Congreso

Pero en 2022, en paralelo al movimiento de la bancada de Juntos por el Perú, otro actor seguía de cerca el expediente: Alberto Otárola. Todavía no era presidente del Consejo de Ministros. Todavía no era el principal operador político del gobierno. Era el abogado de Dina Boluarte. Fuentes parlamentarias recuerdan su presencia constante durante el proceso, y su relación inquisitiva con el estado de la investigación.

Nadie puede afirmar que controlara decisiones dentro de la Subcomisión. No existe prueba documental de ello. Pero resulta imposible ignorar una coincidencia posterior. El abogado que defendía a Boluarte durante el proceso terminaría convirtiéndose, apenas semanas después, en uno de los hombres más poderosos del gobierno que nació gracias a la supervivencia política de su patrocinada.

En junio de 2025, Yaziré Pinedo revelaría que Otárola «utilizaba al Mindef  y Devida como una caja chica para pagar favores»⁶.

Roberto Sánchez

La situación de Roberto Sánchez también merece atención. Sánchez era ministro. Compartía Consejo de Ministros en Lima y en el interior con Boluarte. Compartía proyecto político con Reymundo. Compartía bancada con quienes luego votarían en la Subcomisión. Y, según testimonios parlamentarios conocidos posteriormente, mantenía una relación directa con las decisiones de su agrupación.

Al año siguiente, en 2023, una conversación captada accidentalmente por un micrófono abierto durante una sesión del pleno del Congreso expondría a la congresista Nelcy Heidinger (APP) señalando que Edgard Reymundo había solicitado votos para atender un pedido realizado por Sánchez a la bancada de Juntos por el Perú (JP) en colaboración con Alianza para el Progreso (APP)⁷.

La escena fue breve. Pero reveladora. Mostraba una estructura de coordinación interna mucho más vertical de lo que públicamente se reconocía. Y porque obliga a formular una pregunta legítima.

¿Es razonable pensar que una decisión tan trascendental como el futuro constitucional de la vicepresidenta de la República avanzó dentro de Juntos por el Perú sin conocimiento de uno de sus principales dirigentes y ministros?

El informe final

El 25 de noviembre de 2022 llegó el momento decisivo. Edgard Reymundo remitió oficialmente su informe final sobre las denuncias 268, 269 y 270.

El documento —elaborado durante cinco meses— de casi ochenta páginas, analizaba las denuncias, revisaba los hechos, evaluaba los elementos de prueba y los testimonios. Y llegaba a una conclusión inmediata: archivar.

La recomendación sorprendió a varios observadores. Porque el mismo expediente describía hechos que inicialmente habían sido considerados suficientemente graves como para declarar procedentes las denuncias.

Durante meses se había discutido si una ministra podía continuar firmando documentos y realizando actos de gestión en favor de una asociación privada.

Ahora el informe concluía que no existían elementos suficientes para continuar, y la decisión final quedaba en manos de los miembros de la Subcomisión.

5 de diciembre

La sesión determinante se realizó el 5 de diciembre de 2022. Tres días antes de la caída de Pedro Castillo. Tres días antes del nacimiento del gobierno de Dina Boluarte.

La Subcomisión debatió el informe. Y luego votó.

Trece parlamentarios respaldaron el archivo. Ocho votaron en contra.

Esos trece votos pertenecían a congresistas de izquierda: Perú Libre, Juntos por el Perú y niños de Acción Popular.

La recomendación prosperó. Las denuncias constitucionales quedaron archivadas. La vicepresidenta quedó libre de una amenaza política potencialmente decisiva.

La sucesión: 7 de diciembre

El miércoles 7 de diciembre, luego de escuchar las declaraciones de Salatiel Marrufo en la Comisión de Fiscalización y horas antes de que se vote la moción de vacancia, Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional anunciando la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. Horas después fue vacado y detenido. Y horas después Dina Boluarte asumió la presidencia.

La línea sucesoria funcionó sin obstáculos. La vicepresidenta que había sobrevivido a la fiscalización parlamentaria se convirtió en jefa de Estado. Y quienes habían participado en el archivo de las denuncias constitucionales observaban el entre aplausos su discurso de toma de mando.

Roberto Sánchez votó en asbtención. No en contra de la vacancia, sino en ámbar. Como quien evalúa expectante.

Dina y la bancada JP

Al día siguiente de la juramentación presidencial, la bancada de Juntos por el Perú sostuvo una de las primeras reuniones con la nueva mandataria.

La imagen resulta inevitablemente llamativa cuando se observa en retrospectiva.

Los mismos actores que habían acompañado el archivo de sus denuncias en el Congreso aparecían ahora conversando con ella en Palacio de Gobierno, la mañana siguiente de vacar a Castillo.

Un momento de transición y de incertidumbre pero que desde la mañana del 8 de diciembre ya nos mostraba apretones de manos, sonrisas y abrazos fraternos.

La cuota: Juan Yépez

En los márgenes de esta historia aparece un nombre clave: Juan Yépez. El hijastro de Edgard Reymundo.

Su nombre aparecería posteriormente en reportajes relacionados con accesos irregulares y labores parlamentarias.

Según diversas versiones recogidas en el entorno político, habría existido interés en encontrarle espacio dentro del nuevo esquema de poder que comenzaba a construirse alrededor de Boluarte y Otárola. Pero aquellas expectativas no terminarían concretándose en el Ejecutivo.

Finalmente, Yépez acabaría vinculado al despacho de la congresista Nelcy Heidinger (APP), figura considerada cercana a Reymundo.

Un episodio que en conjunto ayuda a dibujar una red de relaciones políticas que rodeaban los acontecimientos de aquellos meses.

2023 y la ruptura

Pero de pronto llegó enero de 2023. Llegaron las protestas. Llegaron los enfrentamientos. Llegaron las muertes. Deudos en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, Cusco, Puno.

Decenas de familias comenzaron a despedir a hijos, hermanos y padres que jamás regresarían a casa. El país entró en una de las crisis más dolorosas de las últimas décadas. Y el gobierno de Dina Boluarte quedó marcado para siempre.

Fue entonces cuando empezó el proceso de distanciamiento. Quienes antes habían compartido gabinete comenzaron a presentarse como adversarios. Quienes antes habían convivido políticamente comenzaron a denunciarse mutuamente. Quienes antes habían formado parte de un mismo espacio buscaron convencer al país de que jamás caminaron juntos.

La pregunta incómoda

Hoy, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú responsabilizan a Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas.

La acusan de haber traicionado el mandato popular. La presentan como símbolo de un régimen ilegítimo. Y puede que muchas de esas críticas tengan fundamento. Pero existe una pregunta que sigue flotando sobre esta historia. Una pregunta que nunca desaparecerá.

Porque antes de los muertos, de las protestas, de las rupturas, de los discursos, existió un impedimento para que ella asuma la presidencia. Existió una investigación. Existieron documentos, advertencias e indicios considerados suficientemente graves para abrir un proceso formal. Y existió también una decisión política. La decisión de archivar.

Boluarte rompió con Castillo. Rompió con Perú Libre. Rompió con Juntos por el Perú. Y terminó gobernando junto a sectores que hasta poco antes eran sus adversarios.

Por eso la ironía es tan profunda.

Hoy, quienes denuncian los excesos de Dina Boluarte intentan aparecer como sus principales opositores. Sin embargo, cuando aún existía la posibilidad de impedir que llegara a Palacio, fueron precisamente ellos quienes ayudaron a despejarle el camino.

Las balas, los funerales, la crisis y la fractura nacional, todo eso vino después. Mucho después. Antes hubo una investigación, hubo un informe y hubo una votación.

Y fue allí, en una sala del Congreso donde pocos prestaban atención, donde comenzó a escribirse una de las paradojas más dramáticas de la política peruana reciente.

Porque la pregunta ya no es únicamente cómo llegó Dina Boluarte a la presidencia. La pregunta es quiénes hicieron posible que llegara.

1. https://epicentro.tv/club-apurimac-tramito-licencia-de-funcionamiento-en-abril-con-firma-de-ministra-dina-boluarte/ ︎
2. https://willax.pe/politica/jorge-munoz-reitera-que-dina-boluarte-firmo-documentos-del-club-departamental-apurimac-cuando-ya-era-ministra ︎
3. https://willax.pe/politica/rosio-torres-edgar-reymundo-pidio-ser-ponente-del-caso-de-dina-boluarte-video ︎
4. https://elcomercio.pe/politica/actualidad/dina-boluarte-recibio-en-sus-cuentas-bancarias-s11-millones-soles-de-origen-desconocido-segun-informe-de-la-uif-peru-libre-noticia/?ref=ecr/ ︎
5. https://larepublica.pe/politica/2024/03/31/exsocios-del-club-apurimac-aseguran-que-fueron-expulsados-por-dina-boluarte-al-exigirle-cuentas-claras-2764983 ︎
6. https://willax.pe/politica/las-amigas-de-alberto-otarola-utilizaba-al-mindef-y-devida-como-una-caja-chica-para-pagar-favores-dice-yazire-pinedo ︎
7. https://larepublica.pe/politica/2024/05/05/comision-de-etica-este-lunes-6-votan-informe-final-contra-helcy-heidinger-por-presunta-contratacion-irregular-congreso-app-187395 ︎

Juntos por el Perú (JP) nació en 2017 con una promesa de unidad. Distintas organizaciones de izquierda decidieron reagruparse bajo una inscripción ya existente: la del Partido Humanista Peruano, liderado por Yehude Simon. La operación fue sencilla y eficaz: tomar una estructura legal disponible, cambiarle el nombre, incorporar nuevas fuerzas y presentarla como un proyecto político renovado.

Desde entonces, Juntos por el Perú ha sido muchas cosas. Fue el vehículo de Verónika Mendoza en 2021. Luego, bajo Roberto Sánchez, terminó convertido en refugio de sectores castillistas, cuadros sindicales radicales, etnocaceristas y personajes con antecedentes o menciones en investigaciones vinculadas al Movadef, Sendero Luminoso y el MRTA. Más que un partido, parece una carcasa electoral: una marca que se adapta al candidato, al momento y al cálculo político.

En desarrollo…