Si queremos retomar el camino de la paz que nos dieron nuestras FF.AA. y la PNP después del terrorismo criminal de la década de los 90, la propuesta sensata debería girar en torno a que el nuevo gobierno tomará el control de la inseguridad, conociendo primero el proceso, la decisión política (informada), la potenciación de unidades especializadas PNP (como centro estratégico operativo) operaciones especiales de búsqueda, ubicación y captura por parte de laa PNP (incluyen operaciones psicológicas) la activación de las Juntas vecinales de la PNP (no para enfrentar al crimen, sino para prevenir ser víctimas) la reactivación del sistema de inteligencia nacional (Dirección estratégica de las fuerzas de inteligencia) y la activación de acciones políticas del ejecutivo y el legislativo para dar soporte a las medidas ejecutadas, en ese orden, no en otro.

Respecto de la minería, se debe tener claridad que esta se desarrolla en medio de varios frentes:

1. La minería ilegal, realizada por bandas criminales
2. El control de la minería ilegal por parte de organizaciones criminales transnacionales
3. La minería artesanal o informal (que necesariamente debe tener un proceso de formalización en alianza con la gran minería)
4. Las ONG anti-mineras, que hoy contarán con el “poder político” de Mirtha Vázques, entre otros
5. Las bandas de abogados traficantes de la ignorancia de muchas poblaciones aledañas a las zonas mineras, timándolas y llevando el “espíritu extorsivo” a las comunidades
6. La minería formal asechada por casi todas las anteriores.

Parafraseando al congresista Fernando Rospigliosi, si queremos tomar el control de la inseguridad ciudadana, se requieren medidas radicales como fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú incrementando su contingente en 50% más, enrolar tropa con sueldo mínimo e incentivos adicionales para quienes son universitarios, incorporar al servicio policial a quienes pasaron al retiro y aun estén en capacidad de apoyar áreas de investigación e inteligencia con incentivos económicos, o promoviendo voluntariado remunerado en la PNP. El presidente Bukele inicio su mandado invirtiendo $ 2,500 millones de dólares con una población de 6 millones de habitantes. En Perú el ministerio del Interior recibe solo 350 millones de soles aproximadamente, y somos 36 millones de peruanos. Esa es la diferencia.

No olvidemos que la minería es la principal fuente de divisas, debido a que representa entre el 60 y 65% de las exportaciones peruanas. Asimismo, si hablamos de actividad minera efectiva —es decir, zonas donde realmente existe exploración avanzada, explotación u operación minera activa— las cifras oficiales y técnicas más recientes indican que en el Perú la minería ocupa aproximadamente entre 1.4% y 1.55% del territorio nacional. Es decir del total del territorio peruano, la zona explotada es mínima y tenemos reservas para más de 100 años de explotación. Imaginen qué sería nuestro país si potenciamos solo la minería, sin hablar de pesquería y turismo.

Por eso a quienes llaman a nuestras FFAA para un “Golpe de Estado”, invocando incluso la Constitución, insultan a nuestras fuerzas armadas y PNP, como si “solo sirvieran” para quebrar el orden democrático, y esto no es así. El desafío de las Fuerzas del Orden frente a los dos principales problemas, la inseguridad y proteger la actividad minera, es algo que deben tomar profesionalmente, con responsabilidad, compromiso y dentro de la democracia. Ese es el desafío señores. ¡Vamos con todo!

Hombres armados con fusiles de guerra, explosivos instalados en galerías subterráneas, rehenes amarrados, otros ejecutados en túneles convertidos en fortalezas. Comandos militares que avanzan con visión nocturna en medio del fuego cruzado. Imágenes que emergen desde los socavones de Pataz, un drama que va más allá de la minería ilegal, recordando tiempos de insurgencia armada. Reducir estos hechos a una crisis local de seguridad es un error de enormes proporciones.

Pataz es el laboratorio visible de la peligrosa transformación que atraviesa al Perú: captura territorial, económica y política del Estado por parte de economías criminales vinculadas al oro ilegal. Estructuras capaces de financiar organizaciones armadas, corromper instituciones, influir sobre legislación nacional y alterar el equilibrio político del país. Se estima que las exportaciones ilegales de oro superaron los 11 mil millones de dólares en 2025, 55% más que en 2024, rivalizando con economías criminales vinculadas al narcotráfico.

El oro ilegal dejó de ser extracción clandestina, convertida en la economía criminal donde convergen tráfico de armas, lavado financiero, corrupción política, trata de personas y control territorial. Socavones controlados por bandas organizadas que operan mediante redes logísticas, capacidad armada y sistemas de protección territorial. El surgimiento de alias “Nati”, nuevo líder criminal en Pataz evidencia su capacidad de regeneración. Los capos caen, pero la red permanece.

El crimen organizado recluta ex militares, personal entrenado en combate con capacidades paramilitares que debilita el control operativo del Estado. Pero el verdadero salto estratégico del crimen organizado del oro ilegal ocurre cuando estas economías penetran el sistema político usando mecanismos democráticos formales.

El crecimiento de las exportaciones mineras ilegales explica cómo estas economías adquieren peso territorial, económico y social capaz de condicionar el comportamiento político nacional. El REINFO ilustra cómo un instrumento temporal de formalización funciona como paraguas para operaciones sin control efectivo. Solo una mínima fracción logró formalizarse y aun así el Congreso continúa aprobando sucesivas ampliaciones.

En regiones donde la minería informal sostiene economías enteras, enfrentar estructuras ilegales implica costos electorales. Por ello, muchos actores políticos buscan administrar el problema sin desmontarlo.

Las diferencias entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú revelan dos aproximaciones distintas frente a esta realidad. Fuerza Popular propone fortalecer trazabilidad, cooperación institucional y formalización, buscando contener la ilegalidad sin romper las bases sociales de la minería informal.

Juntos por el Perú, en cambio, plantea fortalecer cooperativas mineras, ampliar el rol económico del Estado, con esquemas de comercialización estatal del oro cercanas a la experiencia boliviana.

El modelo boliviano convirtió cooperativas auríferas en estructuras híbridas donde informalidad, presión política y economías ilícitas se entrelazaron. Bajo discursos de protección social y soberanía económica, las cooperativas operan como escudo para lavado de oro, contrabando y penetración política regional. Las reservas auríferas estatales sin trazabilidad abrieron espacios para corrupción y blanqueo económico.

Ese es uno de tantos temores que genera el plan de Juntos por el Perú. En contextos donde el Estado enfrenta dificultades para controlar territorios dominados por mafias, introducir comercialización estatal del oro mediante cooperativas sin fiscalización ampliaría las zonas grises entre formalidad e ilegalidad.

El verdadero riesgo no es solo la violencia armada en los socavones. Estas economías ilegales extremadamente rentables se transforman en actores políticos capaces de influir sobre legislaciones, bloquear reformas, capturar gobiernos locales, financiar campañas y moldear políticas públicas convirtiendo la minería ilegal en un problema de seguridad estratégica nacional.

Pataz no representa solo un foco de violencia local. Es el laboratorio visible de cómo economías criminales altamente rentables evolucionan desde actividades periféricas ilegales hacia estructuras capaces de combinar control territorial, violencia armada, poder económico e influencia política en el propio sistema democrático peruano.