El Perú, país generoso hasta en sus escándalos, nos regaló esta semana un espectáculo que ni los mejores dramaturgos de la sátira hubiesen podido imaginar: el juicio oral de Susana Villarán.
La exalcaldesa recordada por un video a inicios de su campaña municipal (2011), donde prometió “no la voy a cagar” —como si las palabras fueran un blindaje contra la tentación— se sienta hoy frente a los jueces con la serenidad de quien jamás se despeinó, ni siquiera cuando confesó que las campañas millonarias que la salvaron de la revocatoria (2013) venían de las mismas constructoras que pavimenta- ron la corrupción en toda la región.
El cinismo, decían los filósofos griegos, era una forma de virtud. En Villarán, es una forma de teatro. Se declara perseguida, incomprendida, mártir de una ciudad ingrata. Y mientras tanto, la ciudadanía que vio desaparecer obras prometidas y vio florecer la sombra de Odebrecht y OAS, escucha ahora las mismas explicaciones que antes parecían chistes de mal gusto.
Pero hay que reconocerlo: Villarán tiene una habilidad rara, casi artística, para convertir la vergüenza en discurso. Donde otros agachan la cabeza, ella la eleva; donde cualquiera admitiría culpa, ella recita poemas de resistencia. El suyo es un caso de resiliencia, sí, pero no contra la injusticia, sino contra la memoria colectiva. Como si los limeños hubiésemos soñado su confesión en aquel programa de Exitosa, como si sus palabras hubiesen sido ruido blanco en medio de la tormenta.
Este juicio, que en realidad se asemeja a un campo minado, ya provocó el primer tropiezo del nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al no haber desmantelado el equipo especial Lava Jato en aras de un supuesto sosiego procesal. En consecuencia, la permanencia del equipo especial permitió que el fiscal José Domingo Pérez decidiera no recoger las declaraciones de Leo Pinheiro, el hombre fuerte de OAS y pieza clave en el rompecabezas de la corrupción en Lima, lo que ha abierto una grieta que mina la credibilidad de toda la investigación. Pinheiro fue protagonista de los acuerdos oscuros que financiaron la campaña de Villarán y, sin embargo, su testimonio quedó fuera como si se tratara de un detalle irrelevante. En un proceso donde la verdad debería armarse con todas las piezas, la omisión no parece descuido: parece selección.
La muerte, o mejor dicho: el homicidio —como lo prueba la necropsia revelada por Perú21—, de José Miguel Castro añade un agravante ineludible a esta historia. Su testimonio pudo haber aportado claridad en un caso donde los silencios pesan tanto como las pruebas. Hoy, su ausencia se convierte en un vacío que favorece la estrategia del olvido y que vuelve más difícil reconstruir la trama de la corrupción.
Sin Castro, Villarán ha logrado que el proceso se reduzca casi exclusivamente a su figura y a su versión de los hechos, como si todo se tratara de un relato personal. Pero la historia es mucho más amplia: detrás hubo empresas que financiaron, funcionarios que negociaron y beneficiarios que recibieron. Hoy, sin ese contrapunto, pareciera que la corrupción limeña fue solo asunto de Susana Villarán, cuando en realidad fue una trama colectiva.
