Martín Vizcarra insiste. Contra toda evidencia, contra la ley, contra el sentido común. Insiste en que puede postular nuevamente a la presidencia de la República, como si su paso por el poder no hubiera dejado un reguero de escándalos, inhabilitaciones y desengaños.

El expresidente se presenta como un outsider en pausa, como un reformista incomprendido que aguarda su segundo acto. Pero lo cierto es que Vizcarra no está en compás de espera: está legalmente impedido. No una, ni dos, sino tres veces. En 2021, fue inhabilitado por diez años por el Congreso debido a su participación en el escándalo del Vacunagate, que lo mostró recibiendo la vacuna contra el COVID-19 a espaldas del país, mientras la población moría esperando su turno. En 2024, el Poder Judicial ratificó una segunda inhabilitación, también por una década, por hechos de corrupción durante su gestión en Moquegua. Y hace apenas unas semanas, el Congreso aprobó una tercera sanción por haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso en 2019.

Tres inhabilitaciones, tres motivos distintos, tres poderes del Estado. No hay aquí persecución, ni complot, ni revancha política: hay responsabilidades asumidas y sanciones firmes.

Y sin embargo, Vizcarra insiste. Con discursos ambiguos, con videos en redes sociales, con una estrategia cuidadosamente diseñada para generar la ilusión de que su candidatura es posible. No lo es. La ley es clara y sus antecedentes también. Pretender lo contrario es desinformar y, lo que es peor, degradar aún más una esfera pública ya golpeada por el descrédito.

Su partido, Perú Primero, no ha sido más que un decorado para este simulacro de retorno. El Jurado Nacional de Elecciones canceló su afiliación partidaria, lo que lo deja —además de inhabilitado— sin plataforma para siquiera pensar en postular. ¿Qué queda entonces? El espectáculo. La construcción de una narrativa heroica en la que Vizcarra es víctima, no protagonista. En la que todo lo que ocurrió durante su gobierno fue producto de los otros: del Congreso, de la prensa, de los jueces, de los políticos de siempre.

Pero los hechos son tercos. Y la pregunta no es si podrá volver —porque no puede—, sino por qué se le sigue permitiendo alimentar esa ficción. ¿Dónde están los órganos electorales? ¿Dónde las sanciones por proselitismo indebido? ¿Dónde la responsabilidad cívica de recordarle a la ciudadanía que la democracia no es un libreto que cada quien adapta a su conveniencia?

Vizcarra ya tuvo su oportunidad. Gobernó como quiso, disolvió inconstitucionalmente el Congreso, y terminó envuelto en los mismos vicios que prometió erradicar. Hoy, su insistencia en volver no solo es una falta de respeto a las instituciones, sino también una señal de que no ha entendido nada o, más exacto, que no le importa nada.

La mentira nunca acaba

BCR: “Trigo, aceite de soya y maíz  bajan en el mercado global”

Urea

Feria de dispendios

Mientras la gran minería mueve millones y acapara los titulares, miles de pequeños mineros en el Perú luchan día a día contra un enemigo silencioso: la burocracia. En lugar de apoyo, enfrentan trabas, estigmas y un sistema que parece diseñado para mantenerlos en la informalidad. En esta edición de El Reporte, conversamos con Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP), quien revela las enormes brechas legales y estructurales que asfixian a quienes buscan formalizarse.

Hablemos de la pequeña minería y la minería artesanal, ¿Como se viene desarrollando en nuestro país?

En Perú existen tres estratos: gran, mediana y pequeña minería. Sin embargo, bajo el paraguas de la pequeña minería también se ha incluido a la minería informal e incluso ilegal.

¿Cuál es su opinión sobre esta clasificación y qué acciones están tomando el Ejecutivo y Legislativo?

Es preocupante cómo el Congreso y el Ejecutivo están manejando la visión sobre la pequeña minería. Se ha mezclado a los pequeños mineros con la minería ilegal, lo cual estigmatiza y afecta a quienes realmente buscan formalizarse. Desde AMIP, pedimos que se diferencie adecuadamente a los pequeños productores mineros, quienes ya cuentan con títulos, certificaciones y registro en el REINFO. Ellos no deberían pasar por un proceso ordinario de dos años si ya están identificados. Nosotros estamos muy afectados con esta mala visión que le está dando el Congreso, el Ejecutivo y bueno, pues ya vemos la gente política, mejor dicho, no política que está en el gobierno. Los políticos no saben nada, absolutamente nada, ni de la extracción de cómo se puede hacer una minería propositiva, productiva, sostenible y los valores del mercado internacional que ahora lo debemos de aprovechar, la gran, la mediana, la pequeña y los mineros informales que sean adecuados a un proceso de formalización, a ellos como ya los tengo identificados mediante un REINFO, también darles plazo de un año para formalizarlos y que se pongan de acuerdo también con el concesionario.

¿Cuál es la posición de AMIC respecto a la gran minería y los conflictos que se generan entre ambos sectores?

Nosotros no estamos en contra de la gran minería, al contrario, reconocemos que es un pilar económico del país. Sin embargo, creemos que parte del canon minero debería destinarse a apoyar la formalización de los pequeños mineros, que muchas veces trabajan en condiciones precarias, sin capital ni respaldo técnico. También hemos buscado constantemente el diálogo con la Sociedad de Minería, aunque no siempre hemos sido escuchados. Nosotros hemos sido siempre tratables con estos personajes, como es uno de ellos que siempre opina, es el señor Pablo de la Flor, a quien, bueno, es una persona que está prácticamente saliendo.

Pablo de la Flor es una persona que está muy activo en este tema de minería, pero hay que recordar también que él formó parte del programa de reconstrucción con cambios y no tuvo resultados efectivos. ¿Por qué pretende meterse en un tema tan importante para la sociedad y que la gente no lo ve, que es el tema minero? Porque esto puede mover y mueve mucho la economía en nuestro país.

Yo no puedo decirte por qué pretende meterse. Me parece que él trabaja en la minera Poderosa, es parte del equipo de la minera y por eso es que él opina. También creo que ha estado un tiempo en la sociedad de minería o no sé si seguirá pues siendo miembro de la sociedad de minería.

¿Qué debe suceder para que acaben todos los problemas mineros?

Me parece que para que se acaben todos estos problemas en el Perú sobre la minería, la pequeña minería, el legislativo, para empezar, tiene que generar políticas públicas que permita a la pequeña minería iniciar rápido la producción. ¿Por qué? Porque se supone que ellos han presentado un IGAFON, que es como una declaración jurada donde estás haciendo tu actividad, o sea, no habría por qué perseguirlos, quitarles su mineral, encarcelarlos, quitarles los camiones. Entonces me parece que en el Perú se está cometiendo actos abusivos, pareciera un gobierno autoritario, donde que tampoco coordina la fiscalía, la policía, el Ministerio de Energía y Minas han hecho que ingresen más de 80 mil mineros a un padrón de REINFO y este proceso de formalización no garantiza nada.

¿Qué opina sobre las concesiones y la manera en que algunas grandes empresas manejan estos territorios?

Es inadmisible que algunas concesiones estén acaparadas por más de 10 años sin actividad productiva. El subsuelo es del Estado, pero la superficie es de los pueblos originarios. No se puede permitir que grandes empresas desplacen a las comunidades ancestrales que han practicado minería desde generaciones atrás. La consulta previa debe ser real y dinámica.

¿Cómo está afectando la burocracia al proceso de formalización de los pequeños mineros?

Ser formal en Perú es carísimo. El Estado ha destinado presupuesto para la formalización, pero apenas se ha logrado avanzar con el 2% de los mineros registrados en el REINFO. Los costos para presentar documentos como el IGAFOM son altísimos y los dueños de las concesiones muchas veces no otorgan contratos de explotación. Esto genera frustración y sensación de persecución, incluso para quienes ya están formalizados. Si hablan de 5 millones, de 5.000 millones, 10.000 millones, 12.000 millones, más plata que el narcotráfico, dicen, ¿no? Hablan así de los mineros, entonces ese dinero que se está fugando, que refieren ellos, ¿por qué ese dinero no recaudarlo? Y el minero prácticamente estaría aportando el 2.5% al PBI, que eso, también obras por impuesto de menor cuantía que sean en los colegios, que puedan hacer unas paredes, comprar latos y pagarlo con obras por impuesto. Invertir en cosas importantes para el país. Pero aquí pareciera que hay una forma de secuestrar al peruano de a pie para que no sobresalga.

Se han reportado confiscaciones e incautaciones a pequeños mineros y transportistas. ¿Qué está ocurriendo?

Es gravísimo. Hay transportistas que, pese a tener todos los permisos, han visto incautados sus camiones por supuestas irregularidades con los minerales que trasladaban. Se les acusa sin una investigación adecuada, aplicando de forma abusiva el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio. Esto vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia. Son más de 60 camiones en Apurimac, en Nazca, están incautados. Están ya en los almacenes de Pronavi, me parece, ya los transportistas han perdido su bien. Pero ¿por qué? Si el transportista te da un servicio, ellos tienen todo su permiso de la Provías, tienen todo, su licencia, tienen todo. Es más, han sacado esos camiones en leasing del banco de crédito y otros bancos, pero ya están incautados. O sea, ¿cómo es posible que se cometan estos actos abusivos contra el bien? Está afectando el derecho a la propiedad. Entonces, él está afectando también la buena fe del tercero, porque ese tercero te ha alquilado.

¿Qué respuesta han tenido del Ejecutivo frente a estas problemáticas?

Lamentablemente, sentimos que la presidenta Dina Boluarte está más preocupada por su imagen que por los verdaderos problemas del país. La represión hacia los mineros ha aumentado, y los derechos laborales y humanos están siendo ignorados. Incluso hay bancos que están cerrando cuentas a pequeños mineros debido a la mala imagen que se ha generado.

¿Cuál es la propuesta concreta de AMIP frente a esta situación?

Proponemos crear un fondo de remediación ambiental financiado por los mismos mineros formales. Esto permitiría demostrar que la minería artesanal puede ser responsable. También pedimos al Estado que genere políticas públicas propositivas que impulsen la producción nacional y no sigan criminalizando al pequeño minero. Si se formalizara a todos los mineros que ya están identificados, el Estado podría recaudar miles de millones y dinamizar la economía en las zonas más olvidadas del país.

¿Cómo va el proceso de formalización tras el reciente paro nacional de mineros?

Se ha ampliado el plazo del REINFO por seis meses, pero el Ministerio de Energía y Minas está sobrecargado y no cuenta con el personal suficiente para revisar los expedientes. Proponemos que las concesiones extinguidas sean otorgadas a los mineros con permanencia real en la zona. La realidad es que si no se modifica la normativa, el proceso de formalización seguirá estancado hasta diciembre del 2025. La verdad es que veo más lejos la formalización minera.

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Minería formal: Cada vez más lejana

Abogado

Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez

UNO: Dicen que el tiempo todo lo borra, hace que la historia caiga en el olvido. La memoria colectiva se confunde y difumina con nuevos eventos que envuelve a los viejos en una densa niebla de dudas y confusión. El lustro comprendido entre 1985 y 1990 es uno de esos períodos semi olvidados de nuestra historia.

Si hay un pecado que engloba todas las demagogias, despropósitos e irresponsabilidades que marcaron el primer gobierno de Alan García fue haber decepcionado a la clara mayoría de peruanos que lo votaron en 1985.

El APRA primigenio no fue precisamente democrático, todo lo contrario. El fracaso de Bustamante y Rivero en 1945 y luego la alianza con la Unión Nacional Odríista (UNO) en los años sesenta, contribuyeron a sendas dictaduras, la segunda de ellas catastrófica para el Perú.

Pero en las elecciones de 1978 el pueblo reivindicó a Víctor Raúl Haya de la Torre y posteriormente ungió a su sucesor como Presidente, en uno de esos raros momentos de esperanza y optimismo colectivo.

El entonces joven Alan García, sin embargo, teniendo a su alcance a los mejores hombres y apoyo transversal en todas las clases sociales, optó por regresar al APRA de las catacumbas e ideas totalitarias. Gorbachov asumió el poder en la Unión Soviética y cuatro años después el Muro de Berlín era historia. Alan, sin embargo, parecía anclado en 1932.

En este momento crucial García inicio un suicida salto hacia adelante y si fracasó fue, en no poca medida, gracias a la crucial intervención de Mario Vargas Llosa en 1987. Vargas Llosa no lideró simplemente la oposición a la estatización del sistema financiero sino a la destrucción de la propiedad privada, la seguridad pública y de las posibilidades de los peruanos de hacer realidad el sueño del progreso.

Los elementos del país renovado que vivimos hoy día estaban formándose y la lucha ideológica que inició Vargas Llosa permitió que estos maduraran y cristalizaran. De lo contrario, muy probablemente, hubiésemos continuado en una deriva infernal e interminable como la que padece Venezuela, pues no hay limite a lo bajo que se puede caer.

El hecho es que Vargas Llosa perdió (aunque en primera vuelta obtuvo el 27% de los votos emitidos, que no fue poca cosa). Sus detractores sostienen que un gobierno de Vargas Llosa hubiese sido una calamidad y que gracias a Dios ganó Fujimori. Como hubiese sido VLL como Presidente no lo sabremos, porque nunca ejerció ese cargo y porque el sillón presidencial transforma a sus ocupantes. Además, el éxito en el poder no depende sólo de quien manda sino también de las circunstancias; y, las de la primera mitad de la década del noventa, eran extraordinarias e irrepetibles para un experimento liberal.

Otro aspecto olvidado de Vargas Llosa fue su temprana decisión de romper con Cuba y el comunismo en la década del setenta, en un momento en que los apologistas del marxismo dominaban por completo el mundo intelectual y en que parecía que el futuro le pertenecía a Moscú y sus satélites comunistas.

Podrán decirse muchas cosas, pero, Vargas Llosa, tuvo superávit no sólo de talento sino también de valentía.

DOS: Quien a hierro mata, a hierro muere, dice el viejo refrán. El señor Humala y su esposa pensaron que esta verdad no los alcanzaría e iniciaron la persecución contra García por medio de la inútil pero perniciosa mega comisión del ex congresista Tejada, malhadada iniciativa que promovieron con ahínco. Después de todo, aunque el García de los años ochenta cometiera muchos pecados, el pueblo lo absolvió el 2006 al elegirlo presidente. La regla según la cual los presidentes no persiguen a sus predecesores responde que las venganzas recíprocas eventualmente consumen a todos. Además, si no hay delitos que imputar siempre hay forma de inventarlos. Distinto sería el Perú si el señor Humala hubiese resistido los impulsos vengativos de los progre caviares. El Perú se hubiese ahorrado desastres y él, su señora e hijos, sufrimiento.

Dicho eso hay unas cuantas cosas que debemos recordar sobre el derecho asilo y las circunstancias que rodean a este:

La primera es que el país al que se le solicita asilo es el que juzga si están dadas las condiciones para su otorgamiento. Entonces es Brasil y sólo Brasil quien determina si la señora Heredia es o no una perseguida política.

La segunda es que con todos sus defectos Humala no rehúye a la justicia sino la enfrenta. Esto, tarde o temprano, tendrá efectos políticos difíciles de predecir.

La tercera cosa es que la rapidez de la decisión brasilera y la prontitud con la que el Perú otorgó el salvo conducto contrasta con lo ocurrido cuando un García perseguido por un Ministerio Público convertido en instrumento de una facción solicitó asilo político en la Embajada de Uruguay. La facción política que lo perseguía ejerció innoble presión sobre el gobierno uruguayo y este capituló frente a ellos. Esto será un baldón que hará pequeños a los involucrados por siempre.

Mario y el asilo, por Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez

Politólogo 

Santiago Carranza-Vélez 

«¿En qué momento se jodió el Perú?», se preguntaba Santiago Zavala en la primera página de la novela Conversación en la Catedral. Una pregunta hechizante, melancólica, de hastío existencial peruano, el spleen en palabras de Baudelaire, que Vargas Llosa imprimió en esa novela monumental y, sobre todo, clavó cual estaca en el pecho de todo peruano interesado en el porvenir de su país. Una pregunta sin respuesta definitiva, que ondea en la mente colectiva y resurge con frecuencia en la prensa, la cultura y la conversación. Una pregunta que será tan inmortal como su autor.


“¡Si te sigues comportando así te voy a cambiar al Leoncio Prado!”. Esta frase, de efecto neutralizador e inmediato, se escuchaba en mi familia y en muchas otras de Lima como una amenaza para los niños inquietos. Su verdadero peso se comprendía mejor cuando, ya en secundaria y por mandato del plan lector, leíamos La ciudad y los perros. Un libro duro, apasionante para un adolescente, que convertía aquella amenaza en narración: los dramas, la violencia, la traición, el autoritarismo y el despertar emocional dentro de un colegio militar. Vargas Llosa lograba algo singular: anticipar, a través de la ficción, los conflictos reales de nuestra adolescencia limeña.


A medida que uno crecía, se abría el abanico de referencias, muchas con tonos más pícaros o perturbadores: Pantaleón y las visitadoras, La casa verde, La tía Julia y el escribidor. La literatura de Vargas Llosa estaba, por supuesto, inspirada en el Perú; pero lo más notable era que el Perú, país en el que la mitad de la población no lee un libro al año, había interiorizado su obra. No era raro escuchar alusiones a Lituma, al Zambo Ambrosio, a la niña mala o a Pies Dorados en conversaciones cotidianas. Vargas Llosa había narrado nuestro país con tanta precisión que lo había vuelto parte del habla.


De niño vivía en Miraflores, ese distrito limeño colindante con el mar, perpetuamente cubierto de neblina, donde transcurren muchas escenas de la obra de Vargas Llosa. Me sorprendía que historias tan crudas —y para mí, tan cotidianas— despertaran interés en públicos internacionales. ¿Por qué Vargas Llosa, y no otros escritores que también retrataron Lima, Piura, la selva o el centro histórico, alcanzaba esa resonancia global?


Las razones son muchas y, sin duda, incluyen su talento literario. Pero tengo una hipótesis: Vargas Llosa diseccionó la experiencia peruana de tal forma que la volvió universal. Capturó nuestras contradicciones y las proyectó al mundo con rigor narrativo y lucidez crítica. Supo ver más de lo que veíamos los peruanos comunes. Y esa, me parece, fue una de sus primeras lecciones: que desde el Perú también se puede tocar lo universal.


Pero Vargas Llosa no se quedó en la literatura. Quiso transformar lo que había comprendido. Por eso fue también un intelectual público y, por un breve y turbulento periodo, político. Su evolución ideológica —de un socialcristianismo juvenil a un socialismo comprometido, y luego al liberalismo— ha sido objeto de críticas y elogios. Se le ha acusado de vehemencia, de elitismo, de inconsecuencia. Pero si algo se puede rescatar, es su inusual transparencia: Vargas Llosa fue uno de los pocos intelectuales peruanos que expuso sus ideas con claridad, sin medias tintas, sin máscaras. Y lo hizo, creo yo, siempre desde la convicción de que el Perú podía ser un país más libre y más justo.


Su incursión en la política fue breve, idealista, y terminó con una derrota. Vargas Llosa propuso una utopía liberal en un entorno político dominado por el miedo, la corrupción y la desinformación. Perdió las elecciones, y su derrota abrió el paso a un régimen autoritario. Sin embargo, las ideas que defendió durante su campaña no se extinguieron: ayudaron a moldear el rumbo económico del país durante la década siguiente. La economía se liberalizó y, posteriormente, la política se redemocratizó. Ese era su proyecto: una democracia moderna con libertad económica, en un país históricamente estatista y autoritario. Aunque no lo eligieron, su influencia intelectual sobrevivió.


Esa es la segunda lección que nos deja: la importancia de las ideas. Vargas Llosa entendió que, antes que las políticas públicas, vienen las convicciones. Y que un país que apuesta por la democracia liberal tiene mayores posibilidades de prosperar que uno que cae en el autoritarismo populista. Su legado político, más allá de sus errores, fue haber defendido ese principio con coherencia.


La tercera gran lección fue la de la reconciliación nacional. En un Perú atravesado por heridas coloniales, raciales y culturales, Vargas Llosa defendió una identidad mestiza e inclusiva. Rechazó el indigenismo esencialista, no por negar al indígena, sino por negarse a congelarlo en el pasado. Y defendió el hispanismo no como imposición, sino como parte constitutiva de nuestra historia. Fue una postura polémica, sí, pero también valiente: apostó por un país que no tuviera que escoger entre sus raíces. Donde el quechua y Cervantes, la modernidad y la tradición, pudieran convivir. Esa visión, impopular en ciertos círculos, fue su apuesta por una nación más completa.


Vargas Llosa nos dejó muchas lecciones, pero tres destacan con fuerza en su legado: la posibilidad de la universalidad desde la experiencia peruana, la defensa firme de una democracia liberal como base del desarrollo y, quizá la más profunda, una apuesta por la reconciliación nacional basada en el reconocimiento de nuestra complejidad histórica. Supo convertir nuestras tensiones —entre lo indígena y lo hispano, lo autoritario y lo democrático, lo local y lo universal— en materia literaria y reflexión política. Nos enseñó que el Perú podía ser pensado con libertad, sin nostalgias paralizantes ni rencores heredados, y que podíamos aspirar a un país donde la cultura fuera más fuerte que la exclusión. Crecer con Vargas Llosa fue, en el fondo, aprender que la crítica es una forma de amor, y que escribir sobre el Perú, con todas sus heridas abiertas, también puede ser un acto de esperanza.

Crecer con Vargas Llosa, por Santiago Carranza-Vélez

Analista político

Franco Consoli

La diplomacia y la normativa internacional están dando paso a un conflicto enorme en el continente. Una vez más, la soberanía y la justicia nacional se ven relegadas y abnegadas por normativas internacionales ambiguas y controvertidas. Todo ello, en nombre de la preservación de un status quo que, evidentemente, urge ser transformado.

Como es de conocimiento público, Nadine Heredia —ex primera dama del Perú entre 2011 y 2016, y para muchos la verdadera figura de poder durante aquel periodo— ha eludido la justicia peruana. Esto ha sido posible gracias al gobierno de Brasil, que le concedió asilo político a una persona condenada por lavado de activos.

La protección fue otorgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en una decisión abiertamente contraria a la legislación peruana, permitió que Heredia escapara de las consecuencias jurídicas que le corresponden. Esta decisión, además, vulnera disposiciones del derecho internacional, en particular el Convenio sobre Asilo Político de Caracas de 1954, cuyo artículo tercero establece claramente que “no es lícito conceder asilo a personas que, al momento de solicitarlo, se encuentren inculpadas, procesadas o condenadas por tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, sin haber cumplido las penas respectivas (...)”.

No obstante, el mandatario brasileño ha dejado en evidencia que, cuando los convenios internacionales resultan inconvenientes, simplemente se les ignora. Y como lo hemos señalado en más de una ocasión, si estos se violan, rara vez hay consecuencias reales.

Más grave aún resulta observar cómo el gobierno peruano le concedió un salvoconducto a Heredia para escapar del país, alegando que “estaban obligados” por la misma Convención de Caracas que Brasil decidió desacatar. En otras palabras, Nadine Heredia se mofa de nuestra justicia debido a que a Brasil le importa un bledo el convenio internacional que el Perú respeta con servil obediencia, tal borrego.

Podría incluso afirmarse que el actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, muestra mayor apego a tratados internacionales que a su propia legislación interna. La Ley de Asilo y Refugio, en su artículo sexto, establece de forma categórica que “no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes”.

¿Qué habría ocurrido si el gobierno peruano hubiera actuado con firmeza y sensatez para impedir que Heredia escapara del alcance de la justicia?

No se trata de un hecho aislado. Esta práctica de proteger, mediante herramientas diplomáticas, a aliados ideológicos no es nueva. Recordemos cómo el gobierno de México dio refugio a Evo Morales tras el fraude electoral en Bolivia, o cómo intentó brindar asilo a Pedro Castillo luego del fallido golpe de Estado en el Perú —consiguiendo, al menos, otorgárselo a su familia—.

Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido con el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien en 2023 recibió asilo político por parte de México. En respuesta, la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la embajada mexicana en Quito, desafiando tratados fundamentales como la Convención de Viena, para proceder con su captura. Condenado por la justicia de su país, Glas no fue protegido por consideraciones diplomáticas: para el presidente Noboa, la justicia era innegociable.

La acción del gobierno ecuatoriano, por más polémica que haya sido, deja una reflexión profunda, especialmente si se compara con la tibieza y pasividad mostradas por las autoridades peruanas esta semana. En primer lugar, la presidenta Dina Boluarte, su primer ministro, el canciller y otros funcionarios se convierten en cómplices de este penoso epílogo. En segundo lugar, es necesario replantear el alcance del respeto a las normas internacionales, porque la experiencia demuestra que, cuando un Estado las infringe, rara vez se le impone una sanción significativa. Así lo evidenció Ecuador con Glas, y hoy lo confirma Brasil con Heredia. Ambos países se burlaron, a su manera, del orden internacional, y sin embargo nada ha cambiado.

Por último, es indispensable analizar con honestidad cuándo la justicia debe anteponerse a toda otra consideración. Si estamos dispuestos a permitir que gobiernos de izquierda deslegitiman nuestras condenas y protejan a delincuentes mediante el asilo, entonces quizás deberíamos abandonar toda pretensión de justicia y, simplemente, abrirles las cárceles a los políticos condenados. La diplomacia y sus privilegios están en picada.

Pero de una u otra manera, el papelón lo hacemos siempre nosotros.