El 6 de junio de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó, con 61 votos a favor, la controvertida Ley de Amnistía que exonera de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa mayores de 70 años, involucrados en presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado interno de los años 80 y 90. De inmediato, las reacciones fueron polarizadas: mientras sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos calificaron la norma como “una puerta a la impunidad”, otros celebraron la medida como un acto de justicia tardía pero necesaria. El Ejecutivo no observó la ley, permitiendo su entrada en vigencia pocos días después. Este hecho ha reabierto el debate nacional sobre memoria, verdad, justicia y reconciliación, pero también sobre la deuda pendiente del Estado con quienes lo defendieron en su hora más oscura.