Para todo observador, es patente que el Perú vive un franco proceso de deterioro institucional y democrático. Algunos sectores sugieren que la vulneración permanente del Estado de Derecho implica que nos acercamos a un autoritarismo. Adornan estas presunciones calificando al Perú como un “régimen híbrido” entre la democracia y la dictadura. Sin embargo, desde este espacio, sugerimos lo contrario. La competencia y el canibalismo político-judicial, el desmanejo y la ineficacia generalizada en las políticas públicas, el apabullante crecimiento de la delincuencia y, ante todo, la reiterativa vulneración del Estado de Derecho, nos convierten en un “régimen híbrido” entre la democracia y la anarquía.


En el Perú, políticos y operadores judiciales —con pulsiones autoritarias, eso sí— han autodestruido el sistema, llevándonos a un estadio de hiperfragmentación del poder, más cercano a una anarquía que a una dictadura. No parece haber válvula de escape a esta situación. Las próximas elecciones avizoran un panorama de aún mayor fragmentación ante la posibilidad de que decenas de agrupaciones participen.


Tampoco parece haber un freno a la confrontación entre las diferentes partes del sistema de justicia. La batalla campal entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial, el Congreso y demás instituciones parece ser una en la que solo habrá perdedores.


A ello hay que sumarle que la base misma del sistema está en entredicho. Según Datum, un 63% de los peruanos no confía en los organismos electorales del país, mientras la JNJ usa todo su poder para mantener a las cabezas de dichas instituciones en sus cargos.


Esta confrontación de poderes ha desestabilizado completamente la ya baja capacidad del gobierno central para establecer políticas eficientes. Y si a ello le sumamos el mal diseñado sistema de autoridades subnacionales, no llega ninguna política o atisbo de mejora a una ciudadanía que, además de vivir con unos servicios básicos prácticamente inexistentes, soporta las secuelas de la pandemia, el desgaste económico nacional y la gigantesca ola delincuencial. Esta situación supone un descontento popular profundo, cataclísmico.


Para resolver la involución anárquica, se pueden desarrollar miles de propuestas de reforma. Algunos dirán, los más equivocados, que se necesita una nueva constitución, otros hablarán de reformas de partidos, también pedirán autoritarismo y un modelo Bukele, y no faltarán los que invocan soluciones “woke”. Seguramente los mil y un problemas del Perú necesitan de múltiples soluciones, pero por alguna tenemos que partir.


Empezamos este escrito explicando que existe un consenso sobre la gravedad del deterioro institucional y la necesidad de frenar las vulneraciones permanentes al Estado de Derecho. Para ello, creemos que lo esencial, el punto de partida, es una reforma en el sistema de justicia. En ese sector, la crisis es endémica y afecta todos los ecosistemas de vida de los peruanos.


Desde el policía de la calle hasta las máximas autoridades electorales están cuestionados. La validez de los procesos electorales es opaca y, al mismo tiempo, vemos noticias diarias sobre cómo el sistema no puede procesar a delincuentes comunes. Observamos, a su vez, cómo existen investigaciones abusivas sin fin, cómo hay autoridades judiciales completamente politizadas y también cómo los políticos infiltran el sistema judicial.


Si en los años ochenta y noventa el país involucionaba por culpa de la hiperinflación y el terrorismo, los males endémicos de la última década han sido la politización de la justicia y la judicialización de la política. Eso debe parar de una vez y cambiar, ya que al día de hoy es el mayor freno al desarrollo nacional, hundiéndonos en un sistema anárquico.


Hay propuestas ya encaminadas, como la creación de una Escuela de la Magistratura, que ayudaría a crear un servicio judicial autónomo y profesional, pero desde este espacio creemos que se necesita ir más allá. Es menester realizar una reforma integral del sistema judicial peruano. Así como en su momento se realizaron reformas profundas y dolorosas en la macroeconomía, se debe aspirar a una reforma total, integral del sistema judicial. Sin ello, seguiremos trazando el sendero hacia la anarquía y el subdesarrollo.


Seguiremos escribiendo sobre el tema en futuras entregas.

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El Perú viene afrontando una fuerte crisis social con respecto a la ola criminalidad, por ello, desde El Reporte dialogamos con Cluber Aliaga, destacado general de la Policía Nacional del Perú y exministro del Interior, a fin de determinar eventuales soluciones ante esta ola delictiva. Además, quien optó por renunciar al cargo por principio democrático y falta de apoyo de aquella gestión ilegitima, cuestionó severamente la inacción de la cartera que dirige Juan José Santiváñez y el gobierno de Dina Boluarte, sucesora de Pedro Castillo. Manifestó que no existe una clara estrategia para combatir el índice de delincuencia, sostuvo que el estado de emergencia no sirve en el Perú.

Hablemos un poco de esta situación de estado de emergencia que hay actualmente.Se han decretado 13 distritos en estado de emergencia a raíz de la ola de extorsiones que están ocurriendo en la capital.

Mi posición personal es que cuando un gobierno declara un estado de emergencia, está admitiendo que no puede resolver los problemas dentro del marco legal y constitucional, es decir, con pleno respeto a los derechos y libertades. ¿Cuál es la premisa? Todos los ciudadanos peruanos tenemos derecho a la seguridad, pero respetándose nuestras libertades fundamentales, nuestros derechos humanos. Entonces, ir a declarar un estado de emergencia es reconocer que, con las normas regulares, no es posible enfrentar la ola criminal y también es reconocer que se ha perdido la batalla. Se supone que es el último recurso que tiene el gobierno, para defenderse frente a una situación imprevista.


Luis González Posada, el ex canciller, nos mencionaba que, uno, la ola de criminalidad ha incrementado a raíz de la migración venezolana y lo segundo es que la Fiscalía y el Poder Judicial no están actuando como deberían porque detienen a los delincuentes y de inmediato son liberados.

El Congreso parece que no se preocupa de lo que hay que optimizar es la calidad del servicio de justicia. Si es que nosotros seguimos viendo que la Fiscalía y el Poder Judicial actúan con discrecionalidad absoluta y no hay responsabilidad por las libertades que dan a delincuentes, no sabemos si lo harán de buena o mala fe o habrá otro tipo de interés económico en promedio, pero lo cierto es que se constata objetivamente que liberan a los delincuentes. Entonces, si siguen trabajando de esa manera, el Estado, en su conjunto, no está yendo a cumplir sus fines. La policía los captura y ellos liberan.


Hablamos un poco del actual Ministerio del Interior, hay bastantes cuestionamientos sobre el ministro Santiváñez. ¿para usted como ex ministro, se está actuando bien?

No, para nada. La visión que tengo es que no hay estrategias, que no saben cómo resolver el problema. Indudablemente, el ministro es abogado, pero nunca ha trabajado contra la delincuencia. Ha sido abogado administrativista, pero parece que no conoce el monstruo por dentro, no conoce cómo es el fenómeno criminal y ha dado unas propuestas totalmente absurdas, que no aseguran ningún éxito.Por ejemplo, los operativos Amanecer Seguro, Atardecer Seguro, Marcha por la Paz. Es decir, si supiera el ministro, los delincuentes son personas que tienen problemas de personalidad. O sea, la mayor parte de los delincuentes, más del 80%, son sociópatas, gente que no tiene sensibilidad, te hace daño y no tiene ningún remordimiento. Tú le hablas, enmiendas tu vida y a ellos no les interesa, no escuchan. Entonces, una Marcha por la Paz o cualquier reconvención u otra, o sea, no pasa nada, les resbala, y eso estamos hablando de la mayoría general de delincuentes.

¿Por qué cree usted que le pesa la mano a la presidenta Boluarte sacar a Juan José Santiváñez del Mininter? Está demostrando total ineficiencia dentro de la cartera y hay serios cuestionamientos tras la fuga de Cerrón.

De ser ciertos los audios que se han escuchado en los que para asumir el cargo de ministro ofreció desmantelar la Diviac o dar de baja a ciertos oficiales, entonces hay un compromiso entre ellos prácticamente.Están involucrados en las mismas denuncias y eso debe ser el factor principal que hace que la presidenta no lo retire del cargo.

En su análisis, ¿este estado de emergencia está dando cambios positivos con respecto a la ciudadanía?

Bueno, para empezar, en el Perú creo que está totalmente demostrado que los estados de emergencia no funcionan. El ejemplo clásico y primario, es el tema del Vraem. ¿Cuántos años tenemos en estado de emergencia ahí? Entonces, los que hemos estudiado derecho sabemos que los estados de emergencia son una modalidad de los regímenes de excepción cuya naturaleza es que sean de corta duración, lo más breve posible, pero acá se declara en estado de emergencia como si fuera cualquier cosa, afectando los derechos fundamentales de las personas, que es sumamente grave, y no pasa nada.No tienen resultado, pero se siguen declarando en estado de emergencia y yo creo que ahí falta el control político.

Hablemos de posibles soluciones a esta crisis de seguridad que vivimos. Usted ha estado dentro del Ministerio del Interior y ha visto el tema muy de cerca. ¿Cómo podría haber una solución fructífera para esta situación actual que tenemos nosotros?

Yo estoy con la experiencia profesional, te quiero decir que sí hay experiencias prácticas de resultados positivos en la lucha contra la delincuencia. Para hacer frente a una delincuencia empoderada, ¿qué necesitas? Una policía empoderada. Si no tienes una policía empoderada, tienes una policía débil, sin capacidad de actuación, que todo tiene que pedirle permiso al fiscal, que todo tiene que comunicar al fiscal. El fiscal se ha puesto como una barrera burocrática, administrativa, innecesaria. Hay que permitirle a la policía que pueda actuar con autonomía y libertad.

La policía está, hoy por hoy, minimizada por tantas acusaciones. Por ejemplo, un policía no está permitido disparar a un delincuente, si lo ve en estado flagrante, porque automáticamente el policía es juzgado, pero también existe esta controversia en que la gente considera que los policías son corruptos y lo generalizan de tal forma de que ya el peruano no está confiado.

El problema está en la generalización. Yo he comandado unidades policiales. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Buscaba a los buenos policías, los que tenían vocación, los que tenían corazón, les gustaba ser policías, cazadores de delincuentes. Entonces, juntas a los buenos y los haces trabajar. Y claro, tienes que separarlos de los malos efectivos, que los hay también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay buenos y malos policías. Hay que apoyar a los buenos y hay que reprimir a los malos, pero tú no puedes sancionar a un buen policía, castigarlo, por culpa de otro.

La labor de la policía en función de las protestas ha sido muy politizada. A los policías los han visto como violentistas, incluso dentro de estas manifestaciones, cuando lo único que hacían era tratar de controlar la efervescencia de aquel momento.

A los policías los ven como si fueran los villanos de la historia y no les dejan tener esa autonomía que deberíamos tener. Yo creo que ahí ha habido un juego de la izquierda radical, que odia a la policía, porque si no ya estuviéramos en un gobierno absolutamente izquierda, en una dictadura, pero la captura de Sendero Luminoso, de los líderes de Sendero Luminoso y de la MRTA frenó toda esa intención de generar una nueva república. Entonces, en el caso de las manifestaciones, lo que hay que tener en cuenta es, primero, que la policía se atacaba con un discurso de odio por parte de los partidos de extrema izquierda. Segundo, que esos mismos políticos no le han dotado de los medios necesarios para que la policía pueda controlar la alteración del orden público sin costo social.

Hablemos un poco de la próxima campaña electoral. Tenemos ya una alta oferta de partidos políticos y se avizora tener más todavía para las elecciones del 2026. ¿Cómo lo ve usted desde su tribuna?

Bueno, mucha gente comenta y dice que, si Pedro Castillo ha sido presidente, cualquiera puede ser presidente. Parece que para ser presidente del Perú no se considera que hay que estar preparado. Yo creo que es fundamental para gestionar, para poder resolver problemas, estar debidamente preparado. Yo soy de la idea de que hay que prepararse mucho, hay que prepararse mucho, hay que saber, no basta desear.

¿Usted regresaría al panorama político quizá al Congreso o tal vez aspirará a la Presidencia?

A mí me paran presionando los colegas, los policías que me dicen postula al Congreso, porque tú eres abogado, eres doctor en Derecho y ellos saben que yo he promovido muchas iniciativas legislativas, inclusive estaba en el equipo de la última ley para modificar el Código Procesal Penal, entonces a mí me gustaría poder participar ya sea del Congreso o en otra instancia, me gustaría ir en una plancha acompañando a alguien para poder resolver el tema de la seguridad del país y yo sí sé cómo hacerlo y lo he demostrado. Actualmente, estoy, digamos, como independiente, pero estoy escuchando propuestas y alternativas. Para poder ir como invitado tal vez, pero si no, ya tendría que inscribirme a algún partido.

Digamos que Dina saca de su gabinete a Juan José Santiváñez y lo llama usted para poder asumir y tratar de solucionar el tema de seguridad ciudadana. ¿Acude?

En la medida que me dé la confianza en el sentido de que si ella quiere pasar a la historia y dejar que el tema de seguridad ciudadana haya mejorado en su gestión, lo haría con mucho gusto. No lo descarto, porque acá primero es el país, no hablemos de personas. Ya sabemos que Dina tiene su problema, lo tendrá que afrontar en su momento, pero un buen gesto podría ser el de tratar de mejorar el tema de la seguridad que afecta a todos los peruanos.

Abrir las puertas y no solamente tener a ministros que son sus ayayeros, como es el caso de Juan José Santibáñez, que le ha estado defendiendo muchísimas veces

Claro, un escudero. El ministro del Interior está para eso. El ministro del interior está para darle seguridad a todos los peruanos y para su defensa está el ministro de Justicia.

Cluber Aliagas: No hay estrategias para resolver los problema de criminalidad

Economista. Director de la asociación educativa Qispi.

Ricardo Silva-Santisteban 

Un problema muy grave en nuestro país es la ignorancia general en conceptos de economía. Muy extendido, tanto que algún infeliz que utilice un slogan de campaña falaz como, por ejemplo, “no más pobres en un país rico”, no solo tenga chances de ganar una elección sino que efectivamente la gane.

La economía no es una ciencia exacta, pero nos da luces muy claras sobre lo que es adecuado o no hacer para solucionar o corregir algún problema cotidiano. Por ello nadie con una mínima capacidad de análisis puede creer que un gobierno radical de izquierda resuelva los problemas económicos de un país. No solo no ha ocurrido en la historia de la humanidad, sino que no ocurrirá (puedo apostar sobre eso sin ningún temor), pues los postulados del socialismo son antagónicos a la naturaleza humana. Debido a esto hay temas en economía sobre los que no hay prácticamente dudas como la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, la flotación del tipo de cambio o el control de precios y eso es muy bueno, pues colabora con la implementación de política económica en un país. Lo malo es que información en contrario pueda ser escuchada (y peor aún, creída) como ocurre, habitualmente, en contextos electorales.

Muchos trasnochados aún insisten en algunas políticas perniciosas para el bien común, aún cuando se sabe que resultan serlo y se insiste en aplicarlas con fines populistas o por “clamor popular”. Uno de esos temas (que vivimos durante la cuarentena por la escasez de Aspirina que en ese momento se mencionaba que ayudaba a prevenir la enfermedad) es el control de precios. Comenzó a escasear la Aspirina y, como consecuencia lógica, el precio se disparó. No se encontraba en farmacias formales y recuerdo que el blíster de 10 aspirinas se vendía a 12 o 15 soles. Encerrados por la pandemia, en una reunión por videollamada con amigos se tocó el tema de la escasez ya uno de mis interlocutores (en ese momento gran admirador del Lagarto y posterior impulsor de la candidatura de Verónika Mendoza) no se le ocurrió mejor idea que exigir que el Estado se haga cargo controlando los precios. Mi comentario inmediato fue: ¿Prefieres una aspirina de 50 soles en vez de 15? ¿No aprendimos nada del nefasto gobierno de García 1.0 donde había precio oficial de muchos productos inexistentes en anaqueles? El silencio fue la respuesta y procedí a explicar: lo correcto es facilitar el abastecimiento de los productos escasos simplificando la importación de los mismos o de los insumos para producirlos, abrir la competencia para que lleguen o que el Estado haga una compra corporativa, abastezca a los distribuidores y los precios bajen naturalmente. Al hipotético precio de 50 soles se llega por la creación de un mercado negro de Aspirinas, que es el resultado del control de precio colocando un precio máximo.

Hay otro caso menos conocido de control de precios, en el que se coloca un precio mínimo para algún bien o servicio, es decir que debe haber un monto mínimo por el servicio. El efecto es exactamente el mismo, se crea un mercado negro. En un artículo anterior toqué el tema de la formalización. Para este caso pongo como ejemplo el mercado laboral.

¿Cuál es el control de precios? El sueldo mínimo. Cuando se establece un monto como mínimo a pagar y dicho monto no está alineado con el precio determinado por el mercado por las leyes de la oferta y la demanda se creará un mercado negro. ¿Cuál es el mercado negro en el mercado laboral? Lo conocemos como “informalidad” y se refiere al personal que trabaja en una empresa en forma permanente sin gozar de los beneficios del régimen de quinta categoría.

De esta manera, como ocurre en el mercado negro de bienes con un precio máximo, por más acciones que se tomen de represión, coerción y fiscalización sólo influye en subir el precio de mercado negro, de la misma forma, en un caso con precio mínimo no se contratará más personal formalmente pues las empresas prefieren optar por su supervivencia.

Un empleado que le cuesta a la empresa catorce sueldos al año, más un sueldo en CTS, pago de EsSalud y ONP o AFP, más otros beneficios exigibles como seguros o porcentajes adicionales por hora extra trabajada, pólizas de seguro, personal médico, tener que pagar 1.5 sueldos por año en caso de despido, etc, con la productividad media del trabajador peruano es imposible de asumir para la micro, pequeña y mediana empresa. Para poder cubrir todos esos costos se requiere de una productividad del trabajador muy alta, es por ello que la formalidad se encuentra altamente concentrada en el sector de la gran empresa. Adicionalmente, los trabajadores no entienden que en un país con tanta regulación como el Perú ser formal es un privilegio y una vez que se está en la planilla de la empresa hay que ser tan o más productivo que antes de estarlo, pues su bienestar depende directamente del buen desempeño de la empresa en el mercado. Es por ello que el mediano, pequeño y microempresario son reacios a contratar formalmente, pues la productividad del trabajador no está alineada con el salario mínimo que se establece habitualmente por populismo y no por consideraciones técnicas.

Hay otros factores que explican la informalidad, además del control de precios que representa el sueldo mínimo, pero no son tema de este artículo. Lo que queremos que quede claro es que el control de precios es pernicioso tanto estableciendo un precio máximo o un mínimo que no esté alineado con el mercado.

El efecto pernicioso del control de precios se refleja además en que los costos y precios en nuestro país son muy heterogéneos; algunos muy altos como en Lima y zonas urbanas y otro para el sector rural. El INEI en la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del 2022 nos muestra un ingreso promedio de S/. 1,668.60 en el ámbito urbano y de S/. 815.90 en el ámbito rural lo que grafica claramente lo mencionado. Se desprende que en aquellos lugares con menor ingreso crear un empleo formal que gane el sueldo mínimo es mucho más difícil.

Dado que el sueldo de un trabajador refleja su productividad (en el sector privado es habitualmente así) y cómo beneficia a la empresa al ser parte de ella, fijar un sueldo mínimo excluye automáticamente a aquellas personas que por algún motivo no llegan a la productividad mínima para cubrir los costos asociados a la formalidad. Estas personas llegan a tener un empleo, pero lo más probable es que sea informal y/o tenga un ingreso menor al sueldo mínimo. Lo ideal para mejorar el mercado laboral es dejar que empleados y empleadores puedan negociar libremente sus salarios y condiciones, en forma individual o colectiva, sin dejar de proteger al trabajador en temas de salud, principalmente. De lo contrario va a ser muy difícil poder llegar a tener una parte importante de la población formalmente empleada.

Se habla de los países escandinavos como ejemplos exitosos de socialismo, lo cual es un grave error inducido por la izquierda (como es habitual), pues la propiedad de los medios de producción no está en manos del Estado sino de privados y hay mucha libertad de empresa y de propiedad. Sin embargo, “olvidan” mencionar que en Dinamarca no existe sueldo mínimo o que en Suecia no hay requisitos legales de indemnización al despedir a un trabajador. A pesar de ello, los sueldos son muy altos y el nivel de empleo formal y/o adecuado es muy alto ocupando los puestos 12 y 17, respectivamente, en el ranking de trabajadores asalariados con respecto al empleo total mientras que nuestro hiperregulado Perú está en el puesto 127.

La evidencia muestra claramente que regímenes menos regulados (sin el control de precios que representa el salario mínimo, por ejemplo) nos llevan a mejores resultados. Un Estado mínimo, que se enfoque en promover la inversión privada, desregular la economía, respetar los derechos básicos de sus habitantes, fiscalizar adecuadamente y brindar seguridad a todos es lo que necesitamos.


Salario mínimo y control de precios, ¿se darán cuenta algún día?, por Ricardo Silva-Santiesteban

Administrador de empresas 

Juan Villarán

Interesante y necesario es el debate sobre la pena de muerte. Enfrenta aspectos de orden moral como de protección al individuo, pero también enfrenta a la sociedad. Dentro de este debates está la cuestión sobre si es eficaz en la reducción del crimen de extrema violencia y perversidad, lo que ya desde un inicio no se puede generalizar.

Hay un factor previo a considerar. Recuerdo que cuando se hizo al final del gobierno de Alberto Fujimori no fue el retiro de la CIDH sino de la parte contenciosa. Es decir, la obligación de seguir sus decisiones más allá de ser recomendaciones.

Ese primer escollo sustentado por un lado por el Perú con la asesoría del ex presidente de la Corte el Doctor Hector Gros Espiell (Uruguay) y por la otra fundamentalmente por Diego Garcia-Sayán procedió y el Perú se retiró.

Luego quedó "redefinido" ya con el país en manos de Alejandro Toledo que nos reinsertó a lo contencioso. Más allá de ello es claro que para su aplicación se requiere primero salir de la CIDH (o de la parte contenciosa) con la mitad más uno de votos del Congreso sumándole a ello un referéndum o dos legislaturas sucesivas con votación calificada (87 congresistas) y luego entra en efecto un año después.

El retiro de la CIDH y la pena de muerte podrían hacerse en simultáneo tanto en las legislaturas de retiro de la CIDH y el cambio constitucional para permitir la pena. Ello ahorraría una enorme cantidad de tiempo.

Pero más allá de ello, que en mi caso y en el de probablemente una mayoría en referendum, creemos en la pena de muerte en casos muy específicos y garantía de pruebas más allá de toda duda, ya es para planteárselo nuevamente debido a las circunstancias actuales. Y estas se reducen no a la esencia punitiva y defensa de la sociedad, sino a otras:

1) Se requeriría en primer lugar una reforma de fondo para el Poder Judicial ya que está comprobado que en la actualidad Fiscalía y Poder Judicial no garantizan condiciones para decidir la ejecución de una persona que podría no ser culpable.

2) Aún en total flagrancia se abre la Caja de Pandora más todavía en la forma masiva como se podría plantear y que en estricto pragmatismo significarán cientos de ejecutados sin lugar a duda.

3) En la negada posibilidad de ingreso de un gobierno radical indeseado qué abusos podrían cometerse.

En conclusión, aún creyendo en esta opción extrema, no creo por las razones anteriores en lo conveniente de hacerlo hoy.

Es preferible asegurar en cuanto sea posible las condiciones de apoyo a las fuerzas del orden para utilizar toda su infraestructura para poder cumplir su función constitucional (Art. 165 y 166 de la Constitución) que hoy no se cumplen, el internamiento de los infractores a largas y severas penas en establecimientos adecuados según lo dispuesto para la función jurisdiccional (Artículo 139 de la Constitución incisos 21 y 22).

Todos estos son temas hoy imposibles de garantizar y quedarán en varias manos que conducirán a la decisión que enrumbará al país en las elecciones 2026 y a partir de allí reanudar tan delicada legislación.

La pena de muerte, por Juan Villarán

Analista en comunicaciones

Berit Knudsen

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) desde 2006, es una figura destacada en el ámbito económico, reconocido internacionalmente por The Banker y Global Finance como Banquero Central del Año en 2015, 2020 y 2021. Velarde ha demostrado una notable capacidad para mantener la estabilidad monetaria del país. A lo largo de 18 años, ha sobrevivido a ocho Presidentes de la República, controlando la inflación y asegurando una moneda fuerte frente al dólar, posicionando al sol peruano como referente en América.

De acuerdo con la Constitución de 1993, el BCR regula la moneda y el crédito del sistema financiero, emite billetes, administra las reservas internacionales, informando sobre las finanzas nacionales. En teoría, todo congresista debería conocer estas funciones, pero parece no ser así.

Es preocupante observar la incapacidad de muchos en el Congreso, pero es alarmante que los miembros de la Comisión de Presupuesto de la República ignoren temas económicos básicos. Por ello el déficit fiscal sigue incrementándose de 2.6% a 4% en 2024, mientras el Congreso aprueba presupuestos que siguen creciendo.

Congresistas de Perú Libre, como Wilson Quispe, María Antonieta Agüero y Alfredo Pariona, miembros de la comisión de presupuesto, evidencian desinterés, desconocimiento, pero también impertinencia hacia una institución modelo de gestión económica. Wilson Quispe preguntó: “Aparte de ganar s/.41 mil, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas del BCR para apoyar el empleo en la población?”. Pregunta impertinente, desvinculada de asuntos del BCR, entidad autónoma que maneja los recursos con eficiencia y profesionalismo.

Por su parte, María Antonieta Agüero, conocida por su desinterés en la labor congresal, preguntó: “¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que este sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos?”. Aunque las preguntas fueron leídas, parecían más una formalidad que una intención genuina y constructiva.

El parlamentario Alfredo Pariona planteó: “El país pide préstamos internacionales, a altos intereses, pero nos manifiestan que el BCR tiene US$ 82 mil millones (…) ¿Realmente existen o no existen? ¿Y por qué acudimos a los préstamos, a tantos intereses?”. Esto refleja desconocimiento sobre qué son las reservas internacionales, el rol del BCR y la gestión económica del país, vergonzosa pregunta en una comisión de presupuesto.

El BCR, caracterizado por su meritocracia, compuesto por los más destacados profesionales y analistas del mundo financiero, enfrenta la frustración de Julio Velarde al intentar responder preguntas absurdas. “No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía ni Produce. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación, no hay otra tarea (…) No puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas (…) Yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR (...). No me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo”, declaró Velarde con evidente impaciencia. Lo más lamentable es que los congresistas se retiraron sin escuchar la respuesta de Velarde.

Es evidente la ignorancia de estos integrantes de la Comisión de Presupuesto. ¿Pero dónde están sus asesores quienes deberían subsanar sus deficiencias? Más allá de este lamentable episodio, el BCR es un modelo que demuestra que la meritocracia es un ingrediente fundamental para una buena gestión. La educación y profesionalismo pueden permitirnos luchar contra la corrupción, mediocridad y egoísmo imperante en el entorno político; solo así nuestro país podrá salir adelante.