Hace dos años, Pedro Castillo envolvió al país en una sombra de incertidumbre al convertirse en el dictador más breve de nuestra historia. En un inesperado giro de los acontecimientos, llevó a cabo un golpe de Estado en vivo y en televisión abierta, temblando.

Desde las elecciones, las señales eran claras: Perú Libre no abrazaba los principios democráticos y expresaba abiertamente su deseo de instaurar una dictadura. Sin embargo, las artimañas de la posverdad y las mentiras propagadas por la izquierda capitalina, respaldadas por su maquinaria mediática y redes sociales, permitieron que la victoria electoral se materializara.

Se advirtió, pero muchos optaron por ignorar las señales. El rechazo a un apellido prevaleció sobre las alarmas de una inminente dictadura. Cuando Castillo asumió la presidencia, algunos se preguntaron dónde estaba el dictador que la derecha había prevenido. Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando el tirano reveló su verdadero rostro. Ante la amenaza de vacancia, Castillo optó por transformar la democracia en una dictadura.

Esta fecha debería ser grabada en la memoria colectiva de los peruanos y plasmada en nuestros libros de historia. Las escuelas deberían enseñar cómo Castillo intentó cerrar el Congreso, reformar el sistema de justicia, gobernar mediante decretos ley, desmantelar el Tribunal Constitucional y concentrar todo el poder en él y su séquito. Fue el día en que Castillo buscó tomar el país por la fuerza, pero su golpe falló en cuestión de horas.

El intento de golpe de Castillo fracasó porque carecía del respaldo militar. En su desesperación, anhelaba que las Fuerzas Armadas se unieran a su causa, pero estas, en un acto valiente, defendieron la Constitución y se rebelaron contra el dictador. Pero también otras instituciones hicieron bien su trabajo. Castillo fue vacado por el Congreso, la Fiscalía y la PNP no vacilaron en apresarlo y encarcelarlo. El neo-dictador pasó de ser una amenaza para convertirse en un reo.

Con Boluarte asumiendo la presidencia, muchos lo consideraron una victoria. Sin embargo, más que un triunfo, fue tan solo un alivio. Aunque Castillo ya no ocupaba el poder, la izquierda persiste en socavar las instituciones del país. Dos años después del fallido golpe, nuestras instituciones vuelven a estar en peligro, con la izquierda intentando retomar el control, invalidando a quienes actualmente las lideran.

La caída de Castillo nunca debió marcar el fin de la batalla contra la izquierda antidemocrática. Su fracaso fue solo un respiro. El Perú no se sometió a un dictador, pero eso no garantiza que otro tirano no intentará instaurar una dictadura en el futuro. La lucha debe continuar con más fuerza que nunca, porque en el Perú rápidamente podría surgir otro líder con intenciones similares.

No celebremos un triunfo ficticio; en su lugar, enfrentemos los desafíos que nos plantea actualmente y sigamos preparándonos para los futuros, que seguro serán más tenaces aún. No nos perdamos en la algarabía de los triunfos falsos.

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Dos años de la infamia

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Feria de dispendios

El gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una nueva controversia en su gestión, luego de que el expremier Alberto Otárola revelara detalles impactantes que han encendido el debate político en el país. Según Otárola, la mandataria habría abandonado sus funciones para someterse a procedimientos de cirugía estética, una afirmación que no solo pone en entredicho su compromiso con el cargo, sino que también desata un nuevo escándalo en medio de la ya convulsionada escena política peruana.


Como se recuerda, la presidenta Boluarte se sometió el año pasado a una cirugía que no hizo pública, según confirmó su expremier Alberto Otárola, quien consideró que no hubo vacío de poder, pese a la condición médica de la mandataria y no contar con vicepresidentes para asumir de forma temporal el cargo.


Así lo reveló durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde fue llamado a declarar sobre el polémico 'Caso Cofre'. Este caso investiga la presunta participación de Dina Boluarte en la fuga de Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido marxista y presunta organización criminal, Perú Libre, al cual, la mandataria perteneció hasta el año 2022.


"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", dijo Otárola ante el Congreso de la República.


Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la huracán político, luego de que juristas y congresistas señalaron que habría incurrido en una grave infracción constitucional. Este hecho podría abrir la puerta a un proceso de destitución o vacancia, poniendo en jaque su permanencia en la Presidencia y desatando una nueva crisis en el país.


Las declaraciones de Otárola desencadenaron una ola de reacciones en el Congreso, y uno de los primeros en saltar al ruedo fue el congresista Carlos Zeballos, miembro de la comisión que investiga el caso. En una impactante declaración a la prensa, Zeballos afirmó que la presidenta Boluarte nunca envió al Legislativo una solicitud para autorizar el ejercicio de sus funciones desde fuera del Palacio de Gobierno, como es habitual cuando la mandataria viaja.


"Hay un vacío legal que tenemos que ver acá en el Congreso. Ella no puede dejar acéfalo el gobierno porque no tiene un vicepresidente", expresó al agregar que tendría que haber habido comunicación al Congreso sobre su situación de salud y que tampoco presentó un certificado médico que justifique su ausencia temporal ni detalles sobre cuánto tiempo duró su recuperación.


Añadió que Boluarte podría haber actuado sin la debida aprobación del Congreso, lo que añade a la situación de negligencia.


"Vamos a investigar, solicitar la documentación necesaria. De hallar las evidencias concretas, yo creo que habría una causal de vacancia", indicó.


Por su parte, varios abogados constitucionalistas han señalado que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción a la Constitución del Perú, al no haberse tomado las medidas necesarias durante su cirugía. En caso de haber estado inconsciente, se habría generado un vacío de poder, lo cual, según expertos, encajaría en el supuesto de incapacidad temporal establecido en el artículo 114 de la Constitución. Sin embargo, tanto desde el Congreso como desde Palacio de Gobierno, también se ha optado por descalificar la propuesta de vacancia, calificándola de parte de un frente desestabilizador.


"Una rinoplastia implica una incapacidad temporal, durante la cual no se pueden realizar actividades", indicó el exprocurador y profesor de la PUCP, Daniel Soria Luján, en declaraciones al portal Infobae Perú.


Desde su posición, el premier Gustavo Adrianzén salió en defensa de la presidenta Dina Boluarte ante los recientes intentos de vacancia, calificando como una "bajeza" la cobertura mediática sobre su cirugía estética. A pesar de las críticas, Boluarte rechazó que su mandato haya sido interrumpido y defendió su derecho a la privacidad. Por su parte, la oposición ha presentado varias mociones de vacancia, basadas en estos y otros asuntos, aunque hasta ahora ninguna ha logrado prosperar.


En ese sentido, El Reporte dialogó con el constitucionalista Aníbal Quiroga a fin de esclarecer esta posible vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte y si esto corresponde o no de acuerdo a la carta magna.


Para Quiroga, una vacancia en contra de Dina no es posible, debido a que el abandono de cargo no es una causal de destitución del cargo más alto del Perú. Sin embargo, sí consideró una falta grave el no haber comunicado al Congreso sobre la suspensión temporal y tener el permiso del Parlamento para el mismo.



La congresista Margot Palacios encendió la polémica al presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de violar la Constitución al abandonar sus funciones y dejar un vacío de poder durante un controvertido procedimiento médico.


En un documento dirigido a María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Palacios, exintegrante de Perú Libre, señala a Boluarte de los delitos de usurpación de función pública y omisión de funciones, argumentando que la mandataria no informó al Congreso sobre la cirugía realizada.


La legisladora sostiene que, al someterse a una operación que le produjo incapacidad temporal, Boluarte estaba obligada a comunicar al Parlamento para activar la sucesión constitucional. En ausencia de un vicepresidente, el líder de la Mesa Directiva del Congreso debió asumir el cargo presidencial. Este caso plantea interrogantes inquietantes: ¿se violó el orden constitucional en el más alto nivel del poder?


“Al haberse negado a solicitar la suspensión, y al no haber permitido que se proceda a encargar la Presidencia, ha reiterado su incapacidad moral manifestada ya en otras circunstancias, como por ejemplo en su injerencia en designaciones del personal diplomático”, señala el punto cinco del oficio presentado por Palacios.


“Yo creo que lo que va a pasar es que cuando deje de ser presidenta, le van a cobrar las cuentas de la infracción constitucional, antes no se podía por artículo 117, y ahora no hay causal para una incapacidad moral permanente, ni tampoco hay los votos suficientes. (...) Ha habido una falta, ha habido un incumplimiento constitucional, pero no genera la vacancia”, declaró Aníbal Quiroga para El Reporte.


Dos años de gobierno tras fallido golpe de Castillo

Dina Boluarte alcanzó dos años en el poder este 7 de diciembre, en un aniversario marcado por la memoria del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y su posterior sucesión constitucional tras la destitución del chotano en 2022. Sin embargo, estos dos años de gobierno no han sido ajenos a controversias y escándalos políticos.


Lejos de distanciarse del legado perulibrista, la gestión de Boluarte ha sido señalada como una continuación del caos y las presuntas irregularidades que caracterizaron al gobierno de su antecesor. Se habla de favorecimientos ilícitos hacia figuras cercanas al partido del lápiz e incluso hacia familiares de quienes integraron la plancha presidencial.


A pesar de los intentos del partido marxista Perú Libre por deslindarse de la administración de Boluarte, las investigaciones en curso revelan indicios de beneficios hacia esta agrupación política, como la fuga del exgobernador de Junín y líder del partido, Vladimir Cerrón, acusado de corrupción. Este hecho ha encendido aún más las críticas hacia Dina Boluarte.


En medio de este tenso escenario, el expresidente Pedro Castillo, desde su prisión, avivó la polémica al publicar un mensaje en sus redes sociales donde calificó a Dina Boluarte como “traidora y usurpadora”. ¿Está su gobierno condenado a cargar con las sombras de su origen político y los cuestionamientos éticos que lo rodean?


Desde su celda en la Base Naval del Callao, donde permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, Pedro Castillo rompió su silencio con un mensaje dirigido tanto al pueblo peruano como a la comunidad internacional. En su declaración, el expresidente no solo denunció que el juicio oral por rebelión que enfrenta es, según él, una maniobra del Poder Judicial para sentenciarlo al margen de la ley y acallar su voz política, sino que también reafirmó su postura desafiante: “Estoy con el pueblo y, dentro de él, soy realmente libre”, escribió, presentándose como un líder indoblegable en lo que llama una lucha por la democracia.


Castillo no se detuvo ahí. Aprovechó el mensaje para lanzar fuertes críticas contra Dina Boluarte, destacando su baja aprobación, que aseguró no supera el 3%. Fue más allá, calificándola de “asesina” por las muertes ocurridas durante las protestas que sacudieron al país tras su destitución, y acusándola de encabezar un gobierno que, en sus palabras, ha traicionado al pueblo peruano.


¿Esta es una estrategia para recuperar relevancia política? Las declaraciones de Castillo reavivan el debate sobre su caída, el futuro de Boluarte y el turbulento rumbo político del país.

El escándalo desatado por las declaraciones del ex premier Alberto Otárola ha puesto al gobierno de Dina Boluarte en una situación extremadamente delicada, cuestionando no solo su capacidad de liderazgo, sino también la legalidad de sus acciones durante su cirugía. A pesar de sus intentos por minimizar el impacto de su ausencia temporal, el hecho de que no se haya comunicado adecuadamente al Congreso, ni se haya activado la sucesión constitucional, añade más incertidumbre a su ya tambaleante administración. Sumado a esto, el caso de la fuga de Vladimir Cerrón, uno de los puntos más oscuros de la política peruana, sigue acechando su gestión. Con la confianza en Boluarte en niveles alarmantemente bajos, el futuro de su gobierno pende de un hilo, y las repercusiones de estos eventos podrían marcar el fin de su mandato o, por el contrario, avivar aún más las llamas del caos político en el país. ¿Podrá Boluarte recuperarse de este escándalo o está su presidencia condenada al fracaso? El corto plazo lo dirá.

El gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una nueva controversia en su gestión, luego de que el expremier Alberto Otárola revelara detalles impactantes que han encendido el debate político en el país. Según Otárola, la mandataria habría abandonado sus funciones para someterse a procedimientos de cirugía estética, una afirmación que no solo pone en entredicho su compromiso con el cargo, sino que también desata un nuevo escándalo en medio de la ya convulsionada escena política peruana.









¿Las horas contadas?

 Abogado y analista político

José Antonio Torres Iriarte

La reforma política impulsada por Martín Vizcarra y la Comisión de Alto Nivel, presidida por Fernando Tuesta Soldevilla, son los responsables de que el número de partidos políticos se haya multiplicado.

Con un electorado superior a los 26 millones, el país observa cómo los requisitos laxos para la formación de partidos políticos, ha incentivado el surgimiento de numerosos "vientres de alquiler" que en los próximos comicios generales 2026 ofrecerán a centenares o incluso miles de advenedizos un lugar en sus listas parlamentarias.

Hoy no se requiere de un programa de gobierno, ni de un ideario o filosofía política, por el contrario todos estamos comprobando como si se tratara de un emprendimiento personal, supuestos líderes han logrado la inscripción de nuevas agrupaciones políticas ante el Registro de Organizaciones Políticas, como si se tratara de alcanzar el ansiado sueño de la "casa propia".

El Jurado Nacional de Elecciones, hasta hace poco presidido por el cuestionado magistrado Salas Arenas, ha dado trámite y supuestamente fiscalizado la inscripción del número de militantes y la existencia de Comités Regionales y Provinciales a lo largo del país. Hace años la Ley de Partidos Políticos fue aprobada durante el gobierno de Alejandro Toledo, bajo el auspicio del entonces Jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla. Históricamente los partidos políticos no necesitan de leyes para existir, por el contrario las leyes y reglamentos han "burocratizado" el ejercicio de la política, pasando a un segundo plano el papel de los militantes y la adhesión de éstos a ideales y programas de gobierno.

Los organismos electorales como el JNE y la ONPE, hoy cuentan con un número indeterminado de funcionarios y trabajadores, para supuestamente controlar y fiscalizar a los partidos ya inscritos o de lo contrario otorgar la partida de inscripción a las nuevas organizaciones políticas. Todo es una farsa, como ocurrió en el 2021, cuando el Jurado Nacional de Elecciones autorizó la inscripción de la señora Dina Boluarte como candidata a la Vicepresidencia de la República, a pesar de haber dispuesto a la vez su exclusión de la lista parlamentaria de Perú Libre. A la par el 2021, el JNE permitió que el vacado e inhabilitado Martín Vizcarra postule en la lista parlamentaria del partido Somos Perú.

La política como emprendimiento, como oportunidad laboral o como vía para llegar al poder con claros propósitos de hacer uso y abuso del erario nacional. Hoy un partido político sólo requiere de 25 mil militantes, con todo derecho nos podemos preguntar, si las decenas de partidos políticos tienen esa cifra de militantes activos. Estoy seguro que si de una manera aleatoria se realizara una auditoría electoral, podría determinarse que los supuestos militantes, no cumplen con esa condición. Los supuestos militantes, tal vez ni siquiera recuerdan que se han inscrito en determinado partido.

El sistema político y el sistema de partidos políticos en el Perú ha sido precarizado por supuestos especialistas que han actuado intencionalmente para alentar el caos y la confusión electoral. Para la inscripción de un partido político son contratados "especialistas" con formación en Ciencia Política o con experiencia como militantes de partidos ya inscritos. Si es posible dar vida a una empresa o una sociedad abierta o cerrada, actualmente es posible dar nacimiento a una nueva agrupación política.

En el actual Congreso, los grupos parlamentarios se han escindido, formándose más de diez bancadas. El transfuguismo está vigente y es visto como un derecho. La democracia norteamericana con dos grandes partidos políticos, ha dado estabilidad al sistema político, más allá de coyunturas y adversidades nacionales o internacionales, que afronte el país.

El próximo 20 de enero prestará juramento el electo presidente Donald Trump para un período de cuatro años. Por su parte en el Reino Unido, hace poco el histórico partido Laborista ha asumido el gobierno, sin que ello signifique un riesgo institucional para el sistema político inglés.

El Perú requiere de partidos con ideario y filosofía política, cuyos militantes sean capaces de debatir política e ideológicamente con sus oponentes. En un escenario internacional cambiante, el Perú no puede pretender crecer sostenidamente, si no es capaz de construir un sistema de partidos políticos, cuyos militantes sigan ideales, tengan un sentido de identidad y compromiso con su organización política. Si partidos como el APRA fue capaz de sobrevivir a largos períodos de proscripción política, se debió a la convicción y lealtad de su militancia. En los años ochenta con la presencia de Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, la Izquierda Unida y el APRA se vislumbraba la formación de un sistema de partidos políticos. La victoria de Alberto Fujimori en 1990 y el autogolpe del 5 de Abril 1992, representaron el fin de la carrera política de más de una generación de políticos formados profesional y políticamente. La existencia de una sola Cámara y la aprobación de un nuevo Reglamento del Congreso, pretendieron abreviar y simplificar la labor parlamentaria. La existencia de decenas de partidos, no representa un avance institucional.

Creo que el periodismo de investigación podría realizar una investigación periodística breve, sobre la inscripción de tantos partidos políticos, ¿Alguna vez la señora Lee de Somos Perú ha concedido una entrevista a un medio local, sabemos algo de la trayectoria política de la Presidenta de un partido político que cuenta con bancada parlamentaria, con Alcaldías y Gobiernos Regionales?

No debemos olvidar que el partido Podemos liderado por José Luna Gálvez tiene causas pendientes en el Poder Judicial, ni tampoco olvidar la existencia de "los Niños de Acción Popular". APP formada bajo el influjo de la Universidad César Vallejo, demuestra cómo es más fácil organizar un partido político que cuenta con solvencia financiera y a la par ofrece profesionalizar a sus militantes, sin imponer una valla académica alta. Por otro lado, la minería ilegal y el narcotráfico tienen directa relación con el financiamiento de determinados partidos políticos, como es cierto que aportes privados no siempre transparentes han financiado campañas electorales. La trama de Odebrecht no ha sido ajena a la vida de los partidos políticos en los últimos lustros. La política como ciencia, debe ser instrumento al servicio de causas superiores compatibles con la defensa de la libertad. Es bueno recordar que el velasquismo desde el SINAMOS, satanizó a los partidos políticos, tampoco olvidar que la supuesta obstrucción de la llamada "partidocracia" fue la causante principal del golpe del 5 de Abril 1992 perpetrado por Alberto Fujimori. Por cierto tampoco debemos olvidar que en los últimos años el "Equipo Especial Lavajato" del Ministerio Público se esmeró en etiquetar como "organizaciones criminales" a diversos partidos políticos, particularmente Fuerza Popular. Es el momento de poner fin a los "vientres de alquiler" en política. La lealtad a los partidos políticos por parte de sus militantes debe ser encomiada y reconocida.

Si a los partidos políticos, no a los vientres de alquiler, por José Antonio Torres Iriarte

Analista político y ex GEIN

José Luis Gil

Desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se ha observado una campaña agresiva para adelantar algunas de las políticas de su próxima administración, que comenzará el 20 de enero de 2025. Una de las principales medidas, especialmente relevante para América Central y del Sur, es la advertencia a México, y específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la necesidad de implementar una política severa contra el tráfico de fentanilo. Este opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína, causa más de 70,000 muertes anuales en Estados Unidos, según informó el diario El País en 2024. Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a la economía mexicana si no se toman medidas efectivas, lo que afectaría gravemente la situación del país.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha modificado rápidamente la estrategia en la lucha contra las drogas, acelerando esfuerzos que, al parecer, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había ralentizado durante su mandato. Este cambio se ha reflejado en una estrategia política y operativa de "Quick Wins" (triunfos rápidos), que ha sido reconocida por altos representantes de la Embajada de Estados Unidos, quienes han valorado el esfuerzo del nuevo gobierno en la lucha antidrogas, especialmente contra el tráfico de fentanilo.

En el ámbito político, la presidenta Sheinbaum ha instruido al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que se traslade a Sinaloa y dirija las coordinaciones necesarias para pacificar esta zona afectada por la violencia, así como para lograr éxitos en la lucha contra los cárteles de la droga, capturando a sus miembros e incautando sustancias ilícitas. Este paso demuestra el compromiso de la presidenta en la lucha contra las drogas y su urgencia por mostrar a Donald Trump su voluntad política para contrarrestar las amenazas.

En el ámbito operativo, se han desarrollado dos operaciones exitosas, entre ellas el operativo "Enjambre", que ha permitido la captura de funcionarios del Estado mexicano vinculados con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esto demuestra que existía información e inteligencia sobre esta red de apoyo cómplice con el narcotráfico. Además, se ha decomisado más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa, un hecho histórico que AMLO no logró durante su administración. Las sospechas sobre las relaciones de AMLO con el crimen organizado cobran cada vez más fuerza.

Esta situación tiene aspectos positivos, como la decisión política de la presidenta Sheinbaum de enfrentar el problema directamente. Sin embargo, es evidente que la presión de Trump para no afectar la economía mexicana ni las relaciones con su socio natural está dando frutos con estas acciones. ¿Cuánto más presionará Donald Trump a México para abordar otros temas pendientes, como la migración y los acuerdos comerciales? Es prematuro saberlo ahora. Estaremos atentos.

Presión a la americana, por José Luis Gil

Analista en comunicaciones

Berit Knudsen

La relación entre Rusia y Polonia está marcada por siglos de conflictos, invasiones y tensiones que moldearon la política exterior entre ambos países. La Mancomunidad Polaco-Lituana ocupó Moscú entre 1610 y 1612, hito histórico que resuena en la memoria colectiva, estableciendo una rivalidad que perdura. Polonia logró lo que ni Napoleón ni Hitler pudieron conseguir, estableciendo las bases de la desconfianza mutua.

Durante el siglo XVIII Polonia sufrió tres particiones, desapareciendo como Estado independiente, repartida entre Rusia, Prusia y Austria. En el siglo XX, la situación se agrava con la invasión de la Alemania nazi y la Unión Soviética de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue devastada, perdiendo 20% de su población, destrucción masiva de ciudades e infraestructura, quedando bajo la influencia soviética, satélite del bloque comunista y del Pacto de Varsovia.

En 1980 surge el movimiento Solidaridad, liderado por Lech Walesa, que desafió al régimen comunista, sentando las bases para la transición democrática. Polonia fue uno de los primeros países en derribar al comunismo, propiciando el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Por ello Polonia percibe a Rusia como una amenaza constante intentando evitar errores del pasado.

Polonia experimenta un gran crecimiento económico, multiplicando por seis su ingreso per cápita entre 1992 y 2023, generando recursos para invertir en defensa, aumentando su presupuesto militar a 4% del PIB, superando el 2% establecido por la OTAN.

La modernización de sus fuerzas armadas, con el programa "Escudo del Este" incluye equipamiento avanzado, aviones de combate F-35 y FA-50, tanques M1 Abrams y K2, sistemas de defensa aérea Patriot y HIMARS, además del desarrollo local de vehículos blindados, artillería autopropulsada, artillería ligera y sistemas de defensa con transferencias tecnológicas estadounidenses y surcoreanas fortalecen su capacidad industrial. Busca aumentar efectivos militares de 190,00 a 300,000 soldados, para convertirse en uno de los ejércitos más grandes de Europa.

Polonia lidera la “Iniciativa de los Tres Mares” –Báltico, Adriático y Negro–, plataforma que reúne a doce países de Europa Central y Oriental para mejorar la conectividad, diversificar fuentes de energía y cooperación económica. El desarrollo de infraestructura de transporte y energía conectaría el norte y sur europeo, con gasoductos, terminales de gas licuado, reduciendo la dependencia en rutas y suministros rusos.

El conflicto en Ucrania aceleró las iniciativas polacas, proporcionando apoyo militar y humanitario a uno de sus principales aliados en Europa. Ha reforzado fronteras con Bielorrusia y en el enclave ruso de Kaliningrado ante posibles provocaciones. El fortalecimiento militar, como puente entre Europa y Ucrania, aumenta el equilibrio de poder europeo reforzando a la OTAN, incrementando la relevancia polaca en política europea, decisiones de seguridad y defensa frente a Alemania y Francia.

La transformación de Polonia en potencia militar refleja intereses nacionales, compromiso con la seguridad y estabilidad de Europa, buscando garantizar que no se repitan las lecciones del pasado, preparándose para desafíos futuros. Sus iniciativas regionales y estrecha relación con Estados Unidos aumentan su peso político, con oportunidades y desafíos en las relaciones con Rusia.

La historia entre Rusia y Polonia, conflictos y desconfianza es determinante para el posicionamiento polaco. Su crecimiento económico le permite emerger como potencia militar, comprometida con la defensa y estabilidad europea. Su liderazgo en alianzas como la “Iniciativa de los Tres Mares” tienen implicaciones para Europa y el conflicto en Ucrania, mostrando que el crecimiento económico, inversión estratégica en defensa y cooperación regional puede redefinir el equilibrio de poder en el continente.