¿Atentado a la memoria?
11 de mayo, 2025
La reciente decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha generado una ola de preocupación y críticas en diversos sectores del país. Esta medida, que implica la fusión de dichas fiscalías con las de corrupción de funcionarios y el traslado de los casos a oficinas de derechos humanos, se justifica en una supuesta disminución de la carga procesal de casos de terrorismo. Sin embargo, expertos y autoridades locales advierten que esta decisión podría debilitar la lucha contra los movimientos subversivos que aún existen en nuestro país y poner en riesgo la justicia para las víctimas de la violencia.