El Perú no se salvó con discursos. Se salvó con sangre. Se salvó en Ayacucho, en el VRAEM, en el Alto Huallaga. Se salvó cuando soldados sin nombre ni salario caminaron de madrugada hacia la emboscada, sin saber si volverían. Se salvó cuando un sargento de 20 años, hijo de campesinos, enfrentó a una columna senderista con más miedo que balas, pero con más amor a la patria que todos los burócratas juntos.

Y, sin embargo, el Perú no supo agradecerles. Los dejó en celdas. Los arrastró a juicios eternos. Los exhibió como villanos ante la prensa, mientras sus verdugos eran liberados con resoluciones elegantes y conferencias académicas.

Durante más de treinta años, el país dio la espalda a quienes lo salvaron. Mientras los terroristas eran indultados, indemnizados o aplaudidos por ONG, los defensores de la República eran perseguidos, enfermos, ancianos, olvidados. La justicia, capturada por quienes jamás portaron un uniforme, decidió que no bastaba con ganar la guerra: también había que humillar a quienes la ganaron.

La ley de amnistía aprobada por el Congreso no es un gesto político. Es una deuda histórica. Y es también un acto mínimo de dignidad. Porque no hay nación posible si se pisotea a quienes lucharon por ella. No hay república que sobreviva si quienes la defendieron mueren juzgados por fiscales ideologizados. No hay historia honesta si se honra al victimario y se borra al héroe.

Los militares, policías y miembros de comités de autodefensa que enfrentaron a Sendero Luminoso y al MRTA no eran santos, ni pretendían serlo. Eran hombres de barro, de carne, de miedo. Pero también de coraje. Hicieron lo que les tocó hacer cuando el país estaba al borde del abismo. Y lo hicieron en condiciones infrahumanas, sin apoyo político ni mediático, sin garantías, sin aplausos. Lo hicieron porque alguien tenía que hacerlo. Como Grau. Como Bolognesi. Como Cáceres. El uniforme cambia, pero el gesto es el mismo: quedarse cuando otros huyen. Resistir cuando todo parece perdido. Luchar cuando la nación se desangra.

¿Y quiénes se oponen hoy a esta reparación? Los de siempre. Las ONG financiadas desde Europa. Los defensores de los derechos humanos que nunca defendieron a los que murieron por nosotros. Las oficinas internacionales que creen que el Perú es un experimento judicial, no una nación con memoria.

Dicen que esta ley promueve la impunidad. Mienten. La norma excluye expresamente a corruptos, torturadores y terroristas. No es un indulto general: es una forma de cerrar procesos eternos sin pruebas, diseñados para castigar una victoria incómoda.

Dicen que se atenta contra la memoria de las víctimas. Y otra vez mienten. Porque la verdadera memoria debe incluir a los soldados que murieron sin nombre. A los que cayeron en una emboscada sin prensa. A los que nunca fueron homenajeados. A los que, como Bolognesi, solo sabían que su deber era resistir. La guerra fue real. Y fue justa. Y se ganó gracias a ellos.

Nosotros, como país, los traicionamos. Los abandonamos a la vejez, al cáncer, a la ceguera, a la ruina. Los tratamos como culpables por haber vencido al comunismo armado. Les exigimos una pulcritud de posguerra que ningún ejército del mundo ha tenido jamás en combate. Y, mientras tanto, dejamos que los herederos del terror nos impusieran una narrativa donde el asesino era víctima y el soldado era criminal.

Ya basta. El Perú no puede seguir condenado a odiar a sus propios defensores. No puede permitir que quienes salvaron la patria mueran con la frente agachada. Esta ley no reescribe la historia: la corrige. Le devuelve al héroe el lugar que le fue robado. Y lo hace no solo por ellos. Lo hace por nosotros. Porque sin soldados no hay nación. Y sin memoria justa, no hay Perú posible.

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A los que salvaron la patria, el Perú les debe honor, no juicios

BCR: “Trigo, aceite de soya y maíz  bajan en el mercado global”

Urea

Feria de dispendios

En la lucha contra el terrorismo que desangró al Perú durante dos décadas, miles de soldados, policías y ciudadanos organizados en comités de autodefensa pusieron el cuerpo, el alma y la vida. Lo hicieron cuando el Estado era casi una ficción, cuando Sendero Luminoso y el MRTA asesinaban a sangre fría, cuando tomar un fusil o patrullar una carretera era exponerse a una emboscada o a una bomba en la puerta de casa.

Hoy, más de 40 años después del inicio de esa guerra contra los terroristas, el Congreso ha aprobado una ley de amnistía para aquellos que fueron procesados —pero no condenados— por hechos ocurridos en ese contexto. La norma, propuesta por el congresista Jorge Montoya, fue aprobada por 60 votos a favor en segunda votación. Y, como era previsible, ha desatado una ola de críticas desde sectores de izquierda, que la presentan como una norma de impunidad. Pero una revisión honesta del contenido de la ley y del contexto histórico y judicial revela algo muy distinto: esta ley no borra crímenes, sino que busca corregir décadas de abuso judicial contra quienes defendieron al país.

Para empezar, la ley no aplica a sentenciados. Así lo aclaró categóricamente su autor, el almirante Jorge Montoya:

“La ley de amnistía no está hecha para beneficiar a ningún sentenciado por delitos con pruebas fehacientes. Se aplica únicamente a quienes fueron procesados sin pruebas sólidas, o sin sentencia durante décadas.”

Es decir: no saldrán libres violadores de derechos humanos, ni torturadores, ni responsables de desapariciones forzadas con condena firme. Lo que se busca es detener procesos judiciales abiertos desde hace 25 o incluso 30 años, que no han culminado en una sentencia —ni condenatoria ni absolutoria— y que, en la mayoría de casos, carecen de pruebas directas.

Esto no es una interpretación política: es una verdad legal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1, establece que todo acusado tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reiterado que un proceso penal que se prolonga por décadas sin resolución constituye, en sí mismo, una violación al debido proceso y al principio de seguridad jurídica.

Además, según datos públicos recopilados por el exministro Fernando Rospigliosi, más de 1 000 efectivos podrían beneficiarse de esta ley. Muchos de ellos llevan entre 30 y 40 años enfrentando procesos abiertos por decisiones operativas tomadas durante el conflicto, y en la mayoría de casos sin pruebas fehacientes.

El congresista Fernando Rospigliosi lo ha señalado con claridad:

“El país no puede seguir permitiendo que quienes nos defendieron estén perseguidos judicialmente.”

Y tiene razón. Basta revisar algunos casos emblemáticos para comprender la magnitud del problema. El de los oficiales que participaron en la operación Chavín de Huántar, premiada internacionalmente como modelo de lucha antiterrorista, pero que en el Perú fue objeto de intentos de judicialización sin base probatoria.

O incluso el caso del mayor EP (r) Álvaro Artaza, cuyo proceso por presuntas ejecuciones en Huanta ha sido reabierto en tres oportunidades desde 1999, sin sentencia firme ni pruebas concluyentes. Cada reapertura no solo afecta al acusado, sino a su familia, su estabilidad emocional y su derecho a rehacer su vida después del servicio.

Detrás de cada uno de estos casos hay un patrón: acusaciones recicladas, pruebas indirectas, testigos pagados, informes de ONG que hacen de fiscales ideológicos, y un aparato judicial que, en lugar de cerrar capítulos, los prolonga indefinidamente como forma de castigo político.

La izquierda, por supuesto, ha reaccionado con indignación. Hablan de impunidad, de violaciones de derechos humanos, de riesgo institucional. Pero su narrativa omite sistemáticamente dos verdades esenciales. La primera: el Perú fue salvado de la destrucción por esos mismos militares y policías que hoy enfrentan estos procesos. Y la segunda: el sistema judicial ha convertido a esos defensores en víctimas de una cacería legal sin fin.

La memoria —esa palabra tan manoseada por la izquierda— exige ser completa. No solo se mata con una bala: también se asesina la reputación, se aniquila la dignidad de alguien que sirvió a su país, cuando se le somete a 30 años de sospecha sin pruebas. No hay reconciliación verdadera si no hay equilibrio histórico. No se puede convertir al defensor en criminal y al criminal en víctima perpetua.

¿Y las víctimas del Estado? Sí, las hubo. Y deben ser reconocidas. Pero no se puede usar ese dolor para justificar abusos legales. Justicia no es venganza. Y en todo caso, si se reclama justicia para unos, también se debe garantizarla para quienes arriesgaron la vida por defender a los otros.

Esta ley no busca borrar errores. Busca evitar que sigamos arrastrando como nación una herida mal cicatrizada: la persecución eterna a quienes lucharon por el país. Y lo hace sin saltarse la ley, sin desconocer tratados internacionales, sin liberar criminales.

El país ya no puede permitirse seguir premiando al victimario y castigando al defensor. La paz que hoy tenemos —imperfecta, vulnerable, pero real— fue conseguida por los que hoy son acusados sin pruebas. No fueron los caviares los que enfrentaron al terror en las alturas de Ayacucho, en las calles de Tarata o en las trincheras del VRAEM. Fueron soldados, policías, ronderos, agentes de inteligencia. Y ellos merecen, como mínimo, un cierre legal justo.

La historia no será escrita por los activistas de ONG. Será escrita por los hechos. Y los hechos dicen que esta ley no es olvido: es justicia. Es un acto de dignidad para los que murieron defendiendo el Perú y para los que aún viven con el peso de una acusación injusta sobre los hombros.

Porque, al final, una nación que castiga a sus defensores está condenada a repetir sus peores errores. Y el Perú ya ha tenido demasiado de eso.

Justicia, sí. Pero esta vez, justicia para los que nos salvaron.

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En la lucha contra el terrorismo que desangró al Perú durante dos décadas, miles de soldados, policías y ciudadanos organizados en comités de autodefensa pusieron el cuerpo, el alma y la vida. Lo hicieron cuando el Estado era casi una ficción, cuando Sendero Luminoso y el MRTA asesinaban a sangre fría, cuando tomar un fusil o patrullar una carretera era exponerse a una emboscada o a una bomba en la puerta de casa.









Justicia para los que nos salvaron

Empresario

Álvaro Chávez

Mientras los asesinos de la patria fueron liberados con abrazos y discursos progres, los soldados que la salvaron envejecieron en prisión: solos, enfermos y olvidados. Esta amnistía no es un regalo. Es una deuda. Un país que encarcela a sus soldados y libera a sus verdugos ha perdido el juicio y la vergüenza. Eso hizo el Perú durante más de 30 años. Terroristas con las manos manchadas de sangre salieron libres con resoluciones elegantes, mientras oficiales y suboficiales que lucharon por la patria morían en silencio: en celdas, en salas de juicio eternas, en hospitales sin nombre.

Esta ley de amnistía, recién aprobada, no es olvidada. Es un acto mínimo de justicia.

¿A quién protege?
A más de 900 militares y policías que enfrentaron el terror entre 1980 y el 2000. Muchos ya pasaron los 70 años. Algunos están ciegos, mutilados, con cáncer, quebrados por dentro y por fuera. Muchos esperaron justicia por más de 18 años sin sentencia. Y mientras tanto, los asesinos de sus hermanos salían por la puerta grande, incluso indemnizados por el Estado que querían destruir.

¿Quiénes se oponen?
Los de siempre:
• Las ONG caviares financiadas por Europa.
• Los congresistas que nunca patrullaron una calle.
• Las oficinas internacionales que jamás enterraron a un hijo por culpa de una bomba de Sendero.

Hablan de derechos humanos. Pero nunca defendieron los derechos de los que dieron la vida por todos nosotros.

Este no es un indulto general.
• La ley no perdona a torturadores ni a corruptos.
• Deja claro que el que cometió delitos reales, será juzgado.
• Pero también exige cerrar los juicios eternos, los expedientes podridos de odio ideológico, los procesos diseñados para humillar.

¿Y la memoria de los inocentes?
Claro que importan. Pero esa memoria también debe incluir a los soldados que murieron sin reconocimiento, a los que defendieron pueblos enteros sin apoyo, a los que fueron fusilados por terroristas y después condenados por jueces. La memoria no puede ser solo de los que gritan. También es de los que callan con honor.

Esta ley es un acto de reparación. Pero también de dignidad. Porque sin soldados no hay patria. Sin policías no hay orden. Sin coraje no hay historia. Y si el Perú hoy respira en libertad, no es gracias a los burócratas. Es gracias a los que lucharon con barro en los pies, hambre en el estómago y metralla en el alma.

Ellos ganaron la guerra. Nosotros, como país, les hicimos perder la vida. Ya era hora de devolverles el honor. Aunque sea tarde. Aunque sea con lágrimas. Pero con la frente en alto. La amnistía es justicia.

Ellos ganaron la guerra, nosotros les hicimos perder la vida, por Álvaro Chávez

 Abogado y analista político

José Antonio Torres Iriarte

La seguridad social en el tiempo se convirtió en el eje del Estado de Bienestar que se estableció en el Reyno Unido y en los países miembros de la Unión Europea. En América Latina, la seguridad social se fue gestando progresivamente en el campo de la salud y pensiones fundamentalmente. En el Perú se creó la Caja Nacional del Seguro Social Obrero y posteriormente la Caja Nacional del Seguro Social del Empleado. El Instituto Peruano de Seguridad Social data de 1980.

El Sistema Nacional de Pensiones a cargo del IPSS durante los años ochenta, será absorbido por la Oficina Nacional Previsional (ONP) unos años después. La creación de las AFPs en 1992, replicó el modelo chileno de naturaleza privada, con la seguridad de poder desplazar del mercado al sistema público de pensiones.

Desde las AFPs se cuestionó el sistema de reparto, asegurando como principio que cada trabajador debe ser "dueño de su jubilación". Para tal efecto cada trabajador debería aportar durante su vida laboral a una cuenta de capitalización individual, que le garantizaría una pensión en función de sus ahorros y la rentabilidad generada por la buena gestión de la administradora de pensiones. Lo cierto es que a lo largo del tiempo, los fondos de pensiones han sido afectados por sucesivas crisis internacionales, tales como la del Sud Este Asiático de 1998 o la crisis inmobiliaria del 2008 que remeció el sistema financiero norteamericano. La coexistencia de las AFPs con la ONP en el mercado nacional, en mi concepto han diluido o atenuado las demandas en contra del sistema privado de pensiones.

Por su parte Chile como pionero del sistema privado de pensiones, ha sido testigo de largos debates políticos con propuestas que oscilan entre la reforma del sistema e incluso su liquidación. Hoy la candidata de la coalición oficialista Jeannette Jara, militante del Partido Comunista de Chile, no duda en asegurar que su eventual gobierno alentaría el cumplimiento de la reforma previsional aprobada por el Congreso. Más aún asegura que si sólo dependiera de ella, aprobaría la liquidación de las AFPs.

Si en Chile, las AFPs son parte esencial del debate político, no descartemos que en el Perú en la próxima campaña electoral, se expresan propuestas políticas que propongan la liquidación de las AFPs. En el tiempo varias administradoras de fondos de pensiones salieron del mercado o fueron parte de procesos de absorción o fusión empresarial, demostrándose las limitaciones del mercado y la escasa cobertura del sistema, más aún cuando en el Perú existe una alta tasa de informalidad laboral. A la par no podemos negar, la relación existente entre las cuatro AFPs y determinados grupos empresariales ávidos de administrar fondos que pueden ser invertidos en operaciones de largo plazo.

Es oportuno precisar que hasta 1990, el Sistema Nacional de Pensiones fue solventado con los aportes obligatorios de los trabajadores y empleadores. Los trabajadores aportan el 3% de sus ingresos y los empleadores un 6% como cuota patronal. Las mismas tasas de aportaciones, eran aplicables al Sistema de Prestaciones de Salud. Actualmente son los empleadores, los que asumen íntegramente el financiamiento de las prestaciones de salud establecidas en la Ley 26790. Luego de la reforma previsional y de la salud, se puede comprobar cómo el sector privado en el campo de la salud, tiene una oferta aún limitada si la comparamos con la oferta de EsSalud en materia de infraestructura hospitalaria y asistencial.

Por su parte el sistema público de pensiones otorga pensiones mínimas de 600 soles a los pensionistas que han aportado no menos de 20 años durante su vida laboral. Las AFPs han demostrado ser eficientes en otorgar mejores pensiones a los trabajadores de mayores ingresos, sin embargo es claro que ante un mercado laboral signado por bajos ingresos, resulta insuficiente la capacidad de ahorro de la gran mayoría de trabajadores peruanos.

La evidencia empírica demuestra la eficiencia de las AFPs para otorgar pensiones sustantivamente altas a los trabajadores de mayores ingresos. Por el contrario, las AFPs no pueden satisfacer las expectativas de los trabajadores con menores ingresos, que han realizado aportes intermitentes en el tiempo. La ONP garantiza una pensión mínima de 600 soles, por su parte las AFPs tienen serias dificultades para hacerlo.

El sistema de reparto de la ONP ayuda a los trabajadores de menores ingresos, castigando a los trabajadores de ingresos más altos, al imponer un tope máximo a las pensiones, que no supera los 900 soles.

No puede negarse que las AFPs fueron afectadas con la aprobación del retiro del 95.5 % de las cuentas individuales aprobada por la representación nacional en el 2016. A ello se ha sumado las sucesivas autorizaciones de retiros de las cuentas individuales de los fondos de pensiones aprobadas por el congreso de la República.

En Chile, la candidata del oficialismo y del Partido Comunista Jeanette Jara, desde su condición de Ministra de Trabajo impulsó la reforma de las AFPs, logrando adhesiones y popularidad, no descartemos que pase lo mismo en el Perú, con motivo de las elecciones generales del próximo año.

Más allá de todo, en mi concepto la seguridad social debe ser fortalecida y las AFPs por su parte deben especializarse en administrar los fondos de pensiones de los trabajadores de mayores ingresos.

Perú y Chile: Entre la seguridad social y las AFPs, por José Antonio Torres Iriarte

Abogado 

Enrique Carrillo Thorne

El artículo 88 de la Constitución Política dispone que es deber del Estado apoyar “preferentemente el desarrollo agrario”.

La importancia del sector agropecuario se debe a que: 1) produce los alimentos indispensables para la vida humana; 2) genera mucho empleo, principalmente en las extensas áreas rurales; 3) remedia la contaminación del medio ambiente; 4) brinda un ordenamiento territorial social y productivo, especialmente en lugares donde el Estado es inexistente; y 5) permite contar con áreas naturales para esparcimiento y turismo.

Por eso, y para lograr independencia y seguridad alimentaria, el sector recibe en el mundo múltiples ayudas y subsidios. La Unión Europea dispuso 387 mil millones de euros con este fin para el periodo 2023-2027. Estados Unidos destinó en los últimos cinco años 428 mil millones de dólares. En nuestra región, Colombia apoya a sus agricultores y ganaderos con créditos subsidiados, fondos de estabilización de precios, protecciones arancelarias y salvaguardas. Chile, mediante ayudas directas, seguros agrícolas subsidiados y financiamiento; y Ecuador, con ayudas públicas, precios mínimos o de sustentación y paquetes tecnológicos.

La lógica de estos apoyos presupuestales es que la abundancia de las cosechas agrícolas, por naturaleza perecibles, genera precios bajos de los alimentos en favor de los consumidores para, de esa manera, devolverles su esfuerzo económico tributario.

En 1969, la Reforma Agraria destruyó la producción agrícola, agroindustrial y ganadera del Perú, provocando miseria, abandono rural, terrorismo y narcotráfico. El éxodo de la población joven a las ciudades costeñas despobló el campo. Este modelo colectivista fracasó y generó un déficit en la producción agropecuaria que terminó por modificar los hábitos alimenticios del pueblo hacia la ingesta de productos importados de mala calidad.

A partir del año 2000, se empezó a revertir esta situación con la Ley N.º 27360 de Promoción Agraria. Luego de casi 30 años, gracias a que la inversión, la tecnología y los profesionales regresaron al campo, volvimos a tener una balanza comercial agraria positiva y pleno empleo formal en regiones como Ica y La Libertad.

El éxito actual no solo se observa en los récords de exportación de arándanos, uvas, paltas, espárragos, mangos, quinua, etc., o en la mayor producción de azúcar, arroz, café y cacao, sino en que la población está cambiando sus hábitos de consumo hacia los productos peruanos.

Sin embargo, esta ley promotora, ampliamente favorable al desarrollo del país, fue derogada a fines del año 2020 en una situación de desorden y caos social promovida desde la inacción y complicidad del gobierno de Francisco Sagasti.

Importamos todavía más de 4 millones de toneladas de maíz amarillo duro al año, que sirven principalmente para dar de comer a los pollos que consumimos; más de 2 millones de toneladas de trigo de segunda o de tercera para la fabricación de panes y fideos, base de la comida popular; y alrededor de 2 millones de toneladas de soya como alimento de animales. Carecemos de buenos aceites comestibles y de suficientes carnes y lácteos para nuestros niños y jóvenes; tampoco producimos el algodón peruano Tangüis y Pima que necesita la industria textil.

Por eso, requerimos con urgencia regresar a una política agraria promotora, para continuar desarrollando en todo el país las extensas áreas agrícolas, con pleno empleo, alimentos sanos y económicos, que ayuden a cubrir los déficits de proteínas y de alimentos frescos que sufre nuestro desnutrido pueblo.