El caso Liceo Naval destapó una contradicción que el MINEDU arrastra hace años: cómo proteger al agresor sin desarmar al profesor ni abandonar a la víctima.
En el bus había adultos. Y eso vuelve todo más difícil de explicar. No era un recreo fuera de control ni un rincón escondido del colegio. Era un traslado escolar. Adultos responsables acompañaban a los alumnos del Liceo Naval Almirante Guise cuando, según la denuncia que investiga la Fiscalía, un estudiante de 16 años habría sufrido una agresión sexual por parte de compañeros. Todavía falta determinar exactamente qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde a cada menor y a quiénes tenían el deber de vigilarlos.
Pero el caso dejó de ser solamente la historia de un bus cuando el propio Estado miró hacia atrás.
El Gobierno, cuando intervino el Liceo Naval tres días después, publicó un decreto cuya letra pequeña resultó más inquietante que buena parte de los titulares. Un informe de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar había detectado mediante SíseVe una “cantidad significativa de casos de violencia física, psicológica y sexual” en ese mismo plantel. El decreto dice algo más: el ocurrido el 15 de septiembre era el último de aquellos episodios registrados. No el primero.
La pregunta, entonces, cambia. Ya no basta saber qué ocurrió dentro del vehículo. Hay que preguntar cuántas veces había sonado la alarma antes de que el país descubriera el problema.
Y la paradoja es feroz. Tuvo que estallar una denuncia de extrema gravedad en un colegio administrado por la Marina para que el Perú volviera a discutir una palabra que durante años fue desapareciendo del centro del lenguaje educativo: disciplina.
Cuando sancionar se volvió sospechoso
En 2007 el Ministerio de Educación hablaba otro idioma. Su norma sobre convivencia escolar mencionaba expresamente orden, bien común, respeto a profesores y autoridades, faltas leves, moderadas y graves, registros de conducta y sanciones. El director era responsable de la disciplina. Los tutores debían registrar comportamientos positivos y negativos. Y quienes infringían las normas podían ser sancionados, siempre respetando sus derechos y con una finalidad formativa.
No era una escuela de cuartel. Era una escuela donde la autoridad no necesitaba disfrazarse para existir.
Después vino un cambio progresivo de filosofía. La ley contra el bullying de 2011 todavía hablaba de sancionar, pero durante los años siguientes el vocabulario oficial empezó a desplazarse hacia convivencia, reparación, acompañamiento y medidas formativas. En 2018, el Minedu aprobó nuevos lineamientos nacionales para gestionar la convivencia y prevenir la violencia desde un enfoque de derechos y protección integral.
El punto de llegada quedó escrito en 2022.
Ese año el propio Ministerio sostuvo oficialmente que expulsar a estudiantes agresores por bullying “contraviene la ley y no resulta pertinente”. La solución debía pasar por diálogo, consejería, promoción de valores y medidas reparadoras. La nota agregaba que la respuesta punitiva podía significar un fracaso institucional para formar al alumno con problemas de conducta.
La intención era defendible: un menor que agrede continúa siendo menor y conserva su derecho a educarse. La escuela no puede convertir cada conflicto en una expulsión.
El problema es que en algún lugar de aquella ecuación quedó la víctima.
Y alrededor de ella, otros treinta alumnos cuyos padres también entregan cada mañana a sus hijos a un colegio esperando algo bastante elemental: que los adultos puedan protegerlos y poner un límite cuando alguien lo cruza.
Ese equilibrio es exactamente el que ahora el propio Minedu dice querer corregir. Después del caso Liceo Naval, el ministro José Antonio Chang afirmó que hubo “15 años de pérdida de autoridad y debilitamiento de la disciplina” y anunció que se recuperarán el orden, el respeto y la autoridad de directores y docentes. Es decir, el Ministerio está intentando recuperar en 2026 aquello que sus normas de 2007 ya consideraban elemental.
Y el problema no termina en un colegio. Entre enero y agosto de 2026, SíseVe recibió 11.805 reportes de violencia escolar en el país: 5.187 de violencia física, 4.559 psicológica y 2.059 sexual. Un reporte no equivale a una condena ni permite demostrar por sí solo que la violencia aumentó por determinada política educativa. Pero sí revela el volumen del problema que el sistema debe enfrentar.
Eran como trincheras
Mientras la autoridad perdía centralidad, la educación peruana libraba otras guerras. Primero con el caballo de troya de la ideología de género, la “igualdad de género, que había sído incorporado en el Currículo Nacional en 2016. Luego llegó llegó la Educación Sexual Integral en 2021. Cinco años después, el propio Estado derogó esos lineamientos y los sustituyó por otros definidos como una educación sexual de base científica, biológica y ética. El péndulo ya había empezado a regresar antes del escándalo del Liceo Naval.
Y la disputa no era solamente pedagógica.
Educación ha sido durante décadas un territorio de poder para corrientes sindicales de izquierda. El SUTEP tuvo históricamente una conducción asociada a Patria Roja. Pedro Castillo emergió enfrentándose a ese espacio y luego impulsó FENATE, un sindicato rival. No eran aliados: disputaban el control de la representación magisterial. Cuando Castillo llegó a Palacio, dirigentes del gremio que había ayudado a fundar obtuvieron acceso directo al Gobierno y al Ministerio. En septiembre de 2022, más de cien personas vinculadas a FENATE ingresaron a Palacio, y una delegación acudió después al Minedu.
Ese mismo año el Ministerio emprendió además una reformulación del Currículo Nacional y abrió mesas y consultas para modificarlo. Fuentes recogidas atribuyeron a presiones de FENATE algunos cambios en políticas de educación intercultural bilingüe; dirigentes de ese gremio defendieron públicamente esas modificaciones.
La diferencia importa. No hace falta inventar una conspiración para reconocer algo evidente: durante años, la educación fue campo de batalla de burocracias, sindicatos, colectivos, expertos y proyectos ideológicos que discutían qué debía pensar la escuela, cómo debía corregir y hasta dónde podía mandar.
El Liceo Naval ha devuelto esa discusión a tierra.
Allí ya había antecedentes significativos de violencia reconocidos por el propio Estado. Después llegó una denuncia gravísima durante un traslado con adultos presentes. Y recién entonces el Ministerio anunció que recuperará disciplina, reglas claras y autoridad.
Durante años se discutió cómo no expulsar al agresor, cómo reparar, cómo acompañar, qué enseñar sobre género y sexualidad y qué actores tendrían voz sobre el currículo. Mientras tanto, millones de padres esperaban algo bastante menos sofisticado.
Que cuando su hijo cruzara la puerta del colegio, hubiera un adulto capaz de decir hasta aquí.
