La izquierda ya no pelea solo contra las facultades. Ahora intenta convertir la ofensiva de seguridad de Keiko en una discusión sobre autoritarismo.
La bronca del sábado duró unos minutos. César Astudillo, Ernesto Álvarez y Calisto Giampietri terminaron enfrentados con Iber Maraví en la Comisión de Constitución del Senado que había comenzado hablando de facultades legislativas y acabó suspendida entre gritos. El video hizo el resto: circuló, se recortó, se comentó. Pero cuando las voces bajaron y cada bando empezó a contar su versión, la pelea verdaderamente importante ya estaba ocurriendo en otra parte.
No era sobre Maraví. Ni siquiera era solamente sobre las facultades.
Durante semanas, el Ejecutivo había pedido más herramientas para combatir al crimen organizado y Juntos por el Perú había intentado recortarlas o impedirlas. El 6 de octubre, después de un día entero de negociaciones, una primera votación adversa y una reconsideración, la Cámara de Diputados terminó aprobando 90 días de facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. Fueron 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El texto quedó reducido a veinte puntos. Era bastante menos de lo que había pedido el Gobierno. Pero era suficiente para que la discusión cambiara.
El último viernes, el premier Luis Galarreta apareció en el Senado para decirlo sin demasiados rodeos. Los veinte puntos aprobados por los diputados, sostuvo, recogían seis de las ocho materias planteadas por el Ejecutivo y resultaban insuficientes. El Gobierno quería recuperar medidas adicionales.
Mientras eso ocurría dentro del Congreso, afuera empezaba a tomar forma una segunda pelea. Más difícil de votar y probablemente más importante de ganar.
Cuando “orden” empezó a significar otra cosa
El pasado 8 de octubre, Keiko Fujimori presentó el Comando Unificado contra el Crimen.
No era una declaración abstracta. Había números, unidades y fierros.
Mil trescientos cincuenta efectivos: 500 del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina, 80 de Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas. Dirincri, SUAT, Grecco, Operaciones Especiales y Criminalística. Drones, blindados, vehículos tácticos, furgones y canes. Un centro de control y operaciones y una unidad especial de élite.
El Gobierno anunció búsquedas y capturas en todo el país, operaciones especiales, expulsión de extranjeros que hubieran ingresado para delinquir e inteligencia conjunta para desarticular bandas. De hecho, Keiko escogió una palabra mucho más sencilla para explicar todo aquello: orden.
Era una palabra difícil de discutir en un país donde un transportista puede pagar impuestos al Estado y, al mismo tiempo, pagar una segunda tarifa para que una banda no lo mate. Rafael Belaunde lo planteó en términos igualmente directos: había llegado el momento de que el Estado dejara de reaccionar y recuperara la ofensiva. El comando, dijo, debía trabajar también con inteligencia nacional e internacional.
Entonces apareció Ruth Luque.
La senadora cuestionó qué tenía de nuevo aquel despliegue frente a los estados de emergencia, preguntó si el país iba hacia una militarización y terminó colocando una palabra distinta sobre la misma política: “autoritarismo”. También habló de debido proceso, derechos humanos y del Escudo de las Américas.
Había ocurrido algo pequeño y decisivo. El Gobierno había presentado un aparato de seguridad y sus críticos empezaban a discutir una idea de poder.
A partir de allí, cada pieza comenzó a adquirir una segunda lectura. La participación militar ya no era solamente un problema operativo: podía llamarse militarización. La inteligencia dejaba de ser únicamente inteligencia: empezaba a exigir una discusión sobre controles. La promesa de autoridad podía ser descrita, desde la oposición, como una puerta hacia el exceso.
El propio Ejecutivo entendió rápidamente dónde estaba pisando. Esa misma noche, el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil, tuvo que precisar que el comando actuaría dentro del marco legal y explicó que la Policía conservaría los equipos de investigación mientras las Fuerzas Armadas aportarían personal especializado, logística e inteligencia.
Ya no bastaba con anunciar fuerza. Había que explicar sus límites.
La pelea que ya no se gana solo con votos
El sábado, los ministros regresaron al Senado.
Astudillo por Interior. Ernesto Álvarez por Justicia. Rafael Belaunde por Defensa. Mauricio Arnillas por Vivienda. La Comisión de Constitución debía seguir revisando las materias que el Ejecutivo quería desarrollar después del recorte hecho por Diputados. El debate iba a continuar el miércoles 14.
Fue allí donde apareció Maraví y donde la sesión terminó suspendida. Pero la escena importa menos por los gritos que por lo que había llevado a todos hasta esa sala.
Juntos por el Perú había comenzado intentando contener las facultades desde el Congreso. Luque ya hablaba de “militarización” y “autoritarismo”. Otros espacios críticos empezaban a mirar la nueva política de seguridad no por lo que todavía había hecho, sino por aquello en lo que, advertían, podía convertirse.
El Gobierno, mientras tanto, seguía empujando en sentido contrario. Más inteligencia. Más coordinación. Más capacidad operativa. Un comando único para policías y militares. La idea de fondo era sencilla: si el crimen había cambiado de escala, el Estado debía cambiar también.
Allí quedó planteada la disputa. No sobre si el Perú tiene un problema de seguridad. Eso ya nadie necesita demostrarlo. La pelea es por la palabra que acompañará a la respuesta.
El Senado decidirá en los próximos días cuántas facultades conserva finalmente el Ejecutivo. Ese resultado podrá contarse en votos, artículos y decretos. Lo otro será más difícil de medir.
Porque mientras el Gobierno intenta convertir el orden en la primera gran marca de su administración, sus adversarios ya están trabajando sobre la sospecha de que, detrás de esa palabra, puede esconderse otra cosa.
Y esa batalla no se gana levantando la mano.
