Juntos por el Perú pasó del viejo discurso extractivista a defender al “pueblo minero”, acercarse a sus gremios y disputar las reglas del Reinfo.
El miércoles 19 de agosto, Yenifer Paredes fue elegida por unanimidad presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. La sobrina de Pedro Castillo estrenó el cargo diciendo que minería y medio ambiente “no pueden ser enemigos” y que más de 300 mil familias dependen de la pequeña minería y la minería artesanal. En Juntos por el Perú, esa escena completa una secuencia política que viene madurando desde 2024.
Durante el ciclo antiminerista peruano, la izquierda organizó su relato alrededor de una frontera reconocible. Conga, Cajamarca, Ollanta Humala y luego Verónika Mendoza ayudaron a instalar una gramática en la que comunidad y gran minería, agua y extractivismo, territorio y capital aparecían enfrentados. “Agua sí, oro no” terminó siendo algo más que una consigna: condensó una forma de repartir legitimidades.
Juntos por el Perú conserva ese lenguaje. Su plan se define como “ecohumanista”, condena los paradigmas depredadores de los ecosistemas y coloca entre sus ejes la “protección del agua en defensa de la vida”. Pero Roberto Sánchez añadió durante la campaña otra categoría. Habló de no “criminalizar” a la pequeña minería, propuso un Banco Minero, revisar concesiones y bautizó a ese universo como “pueblo minero ancestral”. La operación política está en esa última palabra: una actividad económica pasa a ser presentada como sujeto social.
Desde 2024, Sánchez acumuló iniciativas vinculadas a la minería informal y al Reinfo. Una de ellas, la Ley 31989, lo tuvo como coautor. La norma eliminó una disposición que permitía actuación policial frente a mineros con Reinfo suspendido involucrados en el uso no autorizado de explosivos. El asunto adquirió otra dimensión cuando Juntos por el Perú convirtió las llamadas “leyes procrimen” en garrote electoral y prometió derogarlas. La verificación de La República encontró que seis candidatos de JP habían respaldado al menos una de esas normas y que Sánchez apoyó cuatro. Sobre la vinculada al Reinfo, defendió su voto como una medida a favor de la formalización y luego admitió que podía revisarse.
La contradicción atraviesa a la propia izquierda. Ruth Luque llamó “ley pro-economía ilegal” a una ampliación del Reinfo y cuestionó sus exenciones penales, la falta de salvaguardas ambientales y el impacto indígena. El desacuerdo revela una disputa menos retórica de lo que parece: quién merece protección cuando coinciden el pequeño minero, la comunidad afectada, el agricultor, el ambientalista y el trabajador del socavón.
La política ofrece más pistas. Durante la segunda vuelta se documentaron reuniones de Sánchez y dirigentes de Juntos por el Perú con personas vinculadas a Confemin, uno de los principales gremios de pequeños mineros y mineros artesanales. Su presidente negó un respaldo institucional, aunque reconoció que Sánchez era el candidato que más hablaba de sus demandas. Reuters calculó entonces que alrededor de medio millón de mineros informales podían influir en el balotaje. Sánchez, además, ganó en Pataz y Parcoy, dos distritos donde la minería informal e ilegal de oro tiene una presencia considerable.
Eso no convierte cada voto en un voto minero, pero sí dibuja una convergencia: proyectos legislativos, interlocución gremial, un lenguaje de protección, presencia territorial y ahora una presidencia parlamentaria desde la que se discutirán las reglas del sector. Yenifer Paredes no inaugura ese movimiento; es su evidencia institucional más reciente. El Reinfo vencerá el 31 de diciembre de 2026 o antes si entra en vigor la Ley MAPE.
Lo más revelador es que este nuevo sujeto no encaja con facilidad en el proletariado clásico. El pequeño minero informal puede tener capital, comprar equipos, contratar trabajadores, vender oro, seguir su precio internacional y defender su acceso a una concesión. Muchas veces no quiere que el Estado explote la mina ni que expropie al empresario; quiere que le permita explotarla a él. Especialistas citados por El Comercio han descrito a este universo como una suerte de burguesía local. Parte de esa realidad se parece más a una pequeña burguesía extractiva que al obrero de la vieja iconografía marxista.
La adaptación ideológica consiste en mover el eje del conflicto. La gran minería continúa asociada a corporación, capital y privilegio; la pequeña puede ser traducida como trabajo, ancestralidad, exclusión y derecho a producir. Es un extractivismo popular: mismo mineral, otra legitimidad.
La dificultad es que esa distinción tropieza con una frontera económica mucho menos limpia. Minería informal no equivale a minería ilegal, y confundirlas sería injusto con miles de productores atrapados en un proceso de formalización defectuoso. El IPE estima, sin embargo, que en 2025 el Perú exportó más de 100 toneladas de oro ilegal, por encima de US$11.500 millones, un volumen similar al oro formal y suficiente para convertirla en la mayor economía ilícita del país, por encima del narcotráfico. El instituto advierte además que documentos asociados al Reinfo pueden utilizarse para blanquear mineral de origen ilícito.
La izquierda que durante años construyó capital político defendiendo a las comunidades frente a quienes extraían el mineral empieza ahora a representar también a quienes viven de extraerlo. El cambio ya dejó huellas en el discurso, las leyes, los gremios, el mapa electoral y una comisión clave. De aquí al cierre del Reinfo tendrá que demostrar si puede proteger al pequeño productor sin terminar ofreciendo cobertura política a la economía que dice combatir.
