Bots, portátiles y prensa militante. Lo que hoy denuncian como amenaza democrática lleva años formando parte de su propio repertorio.
Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, subió al Congreso para advertir que el país no necesita un “gobierno de influencers” y que desde las redes no se gobierna. La frase llegó en un momento particularmente cómodo: una parte de la izquierda vuelve a presentar las maquinarias comunicacionales, las cuentas coordinadas y los ecosistemas de propaganda como una amenaza nacida en la vereda contraria. El archivo, sin embargo, cuenta una historia menos pudorosa. Desde las portátiles digitales detectadas alrededor de campañas progresistas hasta la “prensa alternativa” que orbitó el gobierno de Pedro Castillo, los medios ligados a militantes de Perú Libre, las estructuras formales de redes de Juntos por el Perú y las operaciones documentadas en Colombia, Argentina, Venezuela o Cuba, la izquierda latinoamericana lleva años utilizando distintas versiones del mismo instrumento que ahora observa con escándalo en manos ajenas.
El caso peruano más completo apareció durante el gobierno de Castillo. En octubre de 2021, RPP Data identificó alrededor de diez publicaciones impresas y digitales dedicadas a promover contenidos favorables al Ejecutivo; más de la mitad mantenían algún vínculo con Perú Libre. El Puka era dirigido por Rogger Taboada, militante del partido. El Sombrero, por Jorge Paredes Terry, antiguo integrante de una fórmula presidencial junto a Vladimir Cerrón. Palabra de Maestro había nacido después de que Castillo pidiera durante la campaña un espacio para difundir sus propuestas. Su director, Mauro Gonzales Caballero, fue asesor de comunicaciones de Perú Libre y, ya instalado Castillo en Palacio, registró numerosas visitas a la PCM. Reconoció además que continuaba asesorando informalmente al presidente.
Aquello no era una granja de bots. Era infraestructura narrativa: radios, publicaciones, comunicadores y militantes capaces de sostener una interpretación política, defender al gobierno y castigar adversarios desde espacios que no siempre se presentaban como órganos partidarios.
Castillo terminó legitimando públicamente aquel ecosistema. La denominada “prensa alternativa” consiguió acceso a conferencias, viajes y entrevistas mientras Palacio mantenía una relación hostil con buena parte de los medios que investigaban al Ejecutivo. Aníbal Torres anunció incluso que el gobierno trabajaría con esos comunicadores con mayor “frecuencia” e “intensidad”. José Luis Manrique Pizango, de la Red Nacional de Prensa de Provincia, entrevistó al mandatario, participó en actividades oficiales y llegó a reunirse con la misión de la OEA que visitó el Perú.
El Centro Wiñaq analizó después cientos de horas de esa producción. Entre los espacios examinados estaban Peruano Informado, Inty Noticias, Timoteo Cutipa y Yachay Wasi. El primero acumulaba alrededor de 11 millones de visualizaciones y el segundo unos 2,5 millones. Los investigadores detectaron además vasos comunicantes entre sus operadores: se entrevistaban, viajaban juntos y reproducían contenidos semejantes. Encontraron coincidencias en falsedades y narrativas durante el ascenso de Castillo, su defensa en 2022, la versión posterior de que había sido víctima de un golpe de Estado y el crecimiento político de Antauro Humala.
No faltaron audios falsos, teorías conspirativas sobre Estados Unidos y el litio ni versiones destinadas a convertir a Castillo en “preso político”. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), hizo una distinción que conserva vigencia: esos actores tenían todo el derecho a opinar, pero no correspondía “contrabandear” esas prácticas como periodismo.
Y la infraestructura no desapareció con Castillo. Parte de esos espacios sobrevivió políticamente. En 2026, Yachay Wasy, uno de los canales identificados dentro de aquella prensa alternativa, entrevistó a Roberto Sánchez durante la campaña y presentó el encuentro precisamente bajo esa identidad. Juntos por el Perú, además, posee formalmente una Secretaría Nacional de Redes Sociales y Medios Informáticos, junto con otra de Comunicación y Prensa. Nada de eso es irregular. Todo partido contemporáneo necesita organizar su comunicación. La contradicción aparece cuando quienes profesionalizaron su propia amplificación empiezan a tratar la maquinaria ajena como una criatura desconocida.
El antecedente peruano, además, venía de antes. Durante las elecciones de 2021, El Comercio investigó las llamadas “cuentas golondrinas”, perfiles cuya actividad política se disparaba en campaña y luego desaparecía. El matemático Juan Casas identificó portátiles digitales alrededor de Verónika Mendoza: apenas dos cuentas realizaron 150 menciones de #VoyConVero en cinco días. También detectó actividad anti-Keiko tan regular e inmediata que habló de la impresión de una “consigna”. Eso no demuestra que Mendoza financiara aquellas cuentas. Demuestra algo más sencillo: la izquierda peruana ya convivía con militancia digital coordinada mucho antes de convertir esas prácticas en motivo de alarma.
En Colombia la documentación es todavía más explícita. Los llamados Petrovideos revelaron reuniones internas de la campaña de Gustavo Petro en las que su estratega digital, Sebastián Guanumen, hablaba de una “campaña gris”, proponía activar “bodegas”, distribuir contenidos por redes y WhatsApp y mantener determinadas ofensivas alejadas de la marca oficial. Cuando surgieron reparos éticos, respondió que habría que correr la línea “un poco”.
Argentina aporta automatización. Un estudio que examinó más de 302 mil tuits publicados alrededor de Cristina Fernández de Kirchner estimó que 35,43% de las cuentas participantes en #TodosConCristina podían ser bots. En otra etiqueta crítica del Poder Judicial, la proporción estimada superó el 70%. Los investigadores no atribuyeron esas cuentas a Kirchner, pero sí documentaron una amplificación automatizada considerable alrededor de narrativas favorables al kirchnerismo.
En Venezuela y Cuba la conexión con el poder fue todavía más directa. Twitter eliminó redes venezolanas que amplificaban mensajes favorables al gobierno, entre ellas una de 277 cuentas vinculadas a “Twitter Patria”. Meta retiró en Cuba 363 cuentas de Facebook, 270 páginas, 229 grupos y 72 cuentas de Instagram por comportamiento inauténtico coordinado y vinculó la operación con entidades estatales. Al menos 650 mil usuarios seguían alguna de esas páginas.
No todos esos casos son equivalentes. Un militante no es un bot, una secretaría partidaria no es una granja y un medio ideológico tiene pleno derecho a existir. La frontera está en otro punto: ocultar coordinación, fingir independencia o fabricar artificialmente una conversación para hacer pasar propaganda organizada por reacción ciudadana.
Ese criterio debe valer para todos. También para la derecha. Pero exige algo elemental que en política suele escasear: memoria.
Durante años, sectores de la izquierda peruana y latinoamericana utilizaron portátiles, medios militantes, redes de amplificación, operadores digitales y, en algunos países, aparatos coordinados desde el propio Estado. Cambiaron los nombres y las plataformas. El principio fue el mismo: hacer que una maquinaria parezca multitud.
Por eso el escándalo actual tiene una ironía difícil de ocultar. No están descubriendo un método nuevo. Están descubriendo lo incómodo que resulta cuando deja de trabajar para los propios.
