La frustración en la población ha alcanzado niveles alarmantes. Frente a una criminalidad que crece día a día, el gobierno parece haber perdido el rumbo, incapaz de tomar acciones efectivas. No sorprende entonces que, según Datum, la presidenta Dina Boluarte enfrente una desaprobación récord del 92% a nivel nacional, una cifra sin precedentes. Pero más allá de la indignación ciudadana, asistimos a un deterioro institucional marcado por cambios constantes en el gabinete y enfrentamientos políticos con el Congreso, que desvían la atención de la misión fundamental de cualquier Estado de derecho: garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.