Los acontecimientos de las últimas semanas nos han mostrado grupos de ciudadanos protestando y haciendo pedidos que son imposibles de cumplir dentro del marco constitucional: cierre del congreso, nueva constitución, renuncia de Dina Boluarte y liberación del golpista Pedro Castillo. Dichas demandas, que además provienen de una masa y no de una cabeza visible que se pueda identificar como líder de estos movimientos y con la que se pueda dialogar, son imposibles de cumplir.
Ante esta imposibilidad, y desconociendo el orden constitucional y democrático, una masa digitada por elementos en la sombra sale a protestar haciendo actos de terrorismo que deben ser contenidos por nuestras fuerzas del orden, que hacen legítimo uso de la fuerza a la que están facultados por ley. Lamentablemente, aún con la ley de su lado, las fuerzas del orden se ven atacadas constantemente por un enemigo más peligroso que los manifestantes: la izquierda caviar que, a través de personajes enquistados en el Poder Judicial, atacan sin cesar a aquellos encargados de poner orden en nuestro país. Personajes nefastos que, deformando la ley y haciendo gala de una subjetividad nauseabunda, actúan en contra de la ley para desalentar el accionar de la Policía en defensa del Estado de Derecho.
En el corto plazo, ha sido evidente que la masa empresarial y emprendedora se ve afectada por las marchas pues los negocios, ya sean grandes o pequeños, no pueden abrir (se ha visto amenazas desde vehículos en los que con megáfonos se amenazaba a viva voz para que no abran los negocios en provincias). En el mediano plazo, se ralentiza el nivel de actividad económica y las empresas, luego de dos años de pandemia traslapados con año y medio de desgobierno izquierdista, están en una situación financiera muy complicada con ventas menores y menores márgenes. En el largo plazo, estamos hablando que, si tienen éxito en sus movilizaciones, habrá una quiebra de empresas general y subsistirán únicamente aquellas que se adhieran al régimen corrupto de turno amparado por una constitución a medida.
Entonces, además de la población, los más afectados son los empresarios y emprendedores. Las empresas más grandes del país cuentan con departamentos legales muy capaces que interactúan en la telaraña normativa de la regulación peruana y litigan constantemente en procesos judiciales en los que están involucradas las empresas. La empresa privada ha tenido poca o ninguna acción en favor de la sociedad civil durante el gobierno de Pedro Castillo así como en estas últimas semanas de movilizaciones, y guarda cierta lógica, pues son de los objetivos principales para los terroristas y vándalos, pero hay algo que sí pueden hacer sin afectar en mayor medida sus presupuestos: poner sus abogados a disposición de los efectivos policiales que sean acusados por la izquierda caviar por defenderse y defendernos de los ataques de los azuzadores. Muy buenos abogados empleados por el sector privado (mineras, bancos, empresas de seguros, industriales, telecomunicaciones, etc.) que interactúan con los mejores estudios de abogados pueden constituirse en defensores de aquellos que nos defienden y que son atacados por la mafia caviar enquistada en el Poder Judicial. Incluso, las pequeñas y medianas empresas podrían aportar a un fondo común de defensa de la Policía.
No olvidemos que nuestras Fuerzas Armadas combatieron el terrorismo y décadas después siguen siendo atacados en procesos judiciales que se siguen abriendo una y otra vez. La intención de desalentar el accionar de las FFAA y FFPP para restablecer el orden es evidente. Hemos visto casos en los que se acusa a la policía de haber asesinado o atentado contra ciudadanos atacados por los terroristas y vándalos cuando solamente se han defendido y nos han defendido de estas bandas. Recordemos que a la izquierda peruana (y es evidente en la izquierda latinoamericana) le conviene el caos y el desorden, pues sus propuestas no resisten un análisis lógico o racional y tienen la intención de asaltar el Estado, como ha sido evidente en los meses de desgobierno que hemos vivido desde el 28 de julio del 2021, en oposición a la mayor parte de la sociedad peruana que es trabajadora y emprendedora.