La ley aprobada en primera votación en el Congreso restaura la legalidad y repara una injusticia. Durante años, magistrados politizados y prevaricadores han utilizado ilegalmente la norma de lesa humanidad para perseguir, procesar y sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo e impidieron que el pueblo peruano fuera esclavizado por esas hordas criminales.
El Estatuto de Roma y la Convención sobre crímenes de guerra y lesa humanidad fueron aprobados en el Congreso en 2002 y 2003 y solo pueden ser aplicados a partir de esa fecha porque las leyes no son retroactivas.
La Constitución establece que “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista por la ley.” (Artículo 2º. También el artículo 103º.).
El propio Estatuto de Roma (artículo 24º) dice que solo es aplicable a partir de su aprobación. Lo mismo dice el Código Penal.
No obstante, fiscales y jueces prevaricadores utilizan ilegalmente la lesa humanidad para acusar a militares y policías por supuestos delitos que, según las normas vigentes en la época, ya superaron el plazo de prescripción de 20 años.
Por ejemplo, al nonagenario general Marciano Rengifo y 27 militares y policías, un fiscal de Apurímac los acaba de acusar por un supuesto delito ocurrido en 1988, hace 36 años.
La ley aprobada pretende acabar con estos abusos.
Además, como precisó el congresista Roberto Chiabra, para calificar un delito como de lesa humanidad deben concurrir 4 elementos: sistemático, generalizado, que obedezca a un plan y que los que participen lo conozcan. Algunos excesos que pueden haberse cometido, no califican como lesa humanidad, agregó.
Por supuesto, los magistrados prevaricadores solo utilizan una fórmula, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, para perseguir ilegalmente a los miembros de las fuerzas del orden, pero jamás se dan el trabajo de demostrar que, en los supuestos delitos de los que se ocupan, hayan concurrido los 4 elementos indispensables para calificar los delitos como lesa humanidad.
Por su parte, el congresista José Cueto, coautor del proyecto, señaló la responsabilidad de las ONG, que viven y obtienen dinero del extranjero para perseguir a militares y policías, en la campaña para estigmatizar a aquellos que ofrendaron su vida en defensa del país, y blanquear a los terroristas comparándolos con los defensores de la democracia.
En suma, la ley aprobada no prescribe los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, sino establece que esa norma no es retroactiva y no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia.
Los herederos, cómplices y seguidores del terrorismo pretenden seguir acosando a los que derrotaron a SL y MRTA no solo por venganza, sino para dar una señal: aquellos que enfrenten con valor y decisión al terrorismo -y hoy a la delincuencia y crimen organizado- serán perseguidos eternamente.
Hay que derrotarlos, otra vez.