La siguieron desde San Miguel y la acribillaron en La Victoria. Casi dos años después, el Estado todavía no sabe quién disparó, quién pagó ni por qué.
Andrea Vidal salió aquella noche de una casa en San Miguel e hizo algo que miles de limeños hacen todos los días sin pensarlo demasiado: pidió un taxi por aplicativo para regresar a casa. El carro llegó. Ella subió. El conductor, José Daniel Vargas Briceño, arrancó. Lo que Andrea probablemente no sabía era que su viaje no había empezado con ellos dos. Había más gente en la ruta.
Las cámaras reconstruirían después una secuencia inquietante. Un automóvil oscuro apareció cerca del punto de partida y comenzó a desplazarse detrás del taxi. Más adelante se incorporaron otros vehículos y motocicletas. El seguimiento atravesó San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María y terminó en La Victoria. A esa altura ya no parecía una casualidad de tránsito, sino un cerco. La muerte no estaba esperando a Andrea en una esquina. Venía viajando detrás de ella.
Alrededor de las nueve de la noche, en el cruce de San Eugenio y Santa Catalina, llegaron los disparos. No fueron dos. Ni cinco. Ni diez. El automóvil terminó con decenas de impactos; la investigación llegó a contabilizar 64. Vargas murió allí mismo. Andrea quedó viva, malherida, y fue trasladada al hospital. Resistió siete días. Murió el 17 de diciembre. Tenía 28 años.
Después vendrían los detectives, las cámaras, los peritajes, las declaraciones, las filtraciones, el Congreso, las sospechas, los titulares. Vendrían tres armas identificadas mediante peritajes balísticos y vehículos que aparecían entrando y saliendo del recorrido. Vendría una matrícula que los investigadores consideraban clonada. Vendrían detenidos. Vendrían llamadas. Vendrían nombres. Incluso vendrían, un año y medio después, dos rostros dibujados por peritos.
Lo único que nunca llegó fue una respuesta.
La Fiscalía acaba de archivar la investigación del homicidio sin haber establecido quién disparó contra ese taxi, quién ordenó hacerlo ni cuál fue el motivo. Después de casi dos años, el crimen más ruidoso ocurrido alrededor del Congreso terminó instalado en un silencio incómodo. Hay dos muertos. Hay una emboscada. Hay una operación que necesitó vehículos, armas y seguimiento. Lo que no hay es un asesino.
Los hombre que venían detrás
El asesinato tenía algo que perturbaba desde el principio: parecía demasiado grande para desaparecer sin dejar rastro. No se había utilizado una moto solitaria que llegó, disparó y huyó. La reconstrucción policial habló de varios vehículos y motocicletas movilizados alrededor del taxi. Tres armas diferentes fueron utilizadas durante el ataque. La Policía llegó incluso a sostener públicamente que estaba frente a un homicidio por encargo.
Por eso cada nuevo hallazgo parecía acercar un poco más el caso a su desenlace. El problema es que todas las pistas avanzaban hasta cierto punto y allí morían.
Una de ellas fue el Kia negro que aparece en la reconstrucción siguiendo el viaje de Andrea desde las inmediaciones de la casa de su entonces pareja, Rodrigo Falcón. Los investigadores concluyeron que el vehículo llevaba una placa duplicada. El dato podía parecer pequeño frente a un asesinato de esa magnitud, pero terminó convirtiéndose en uno de los pocos hilos concretos que podían jalarse: alguien había pedido aquella placa, alguien había hecho el trámite y alguien había terminado colocándola en un automóvil que aparecía en la ruta de una mujer que unas horas después sería acribillada.
En febrero de este año llegaron cinco órdenes de detención preliminar. Entre los investigados estaba el propio Falcón y también personas relacionadas con la pista vehicular. La medida judicial servía para profundizar las pesquisas; no declaraba culpable a nadie. Algunos fueron detenidos. Algunos fueron liberados. Las sospechas podían ser fuertes, pero la evidencia necesaria para convertirlas en una acusación era otra cosa. Y esa frontera nunca terminó de cruzarse.
La placa llevó después hasta Piura y a Santiago More Ríos. Según su declaración, dos ciudadanos venezolanos lo habían contactado para realizar trámites vinculados a vehículos. Cuando la Policía intentó verificar una de las identidades proporcionadas encontró inconsistencias. Entonces aparecieron los identikits. Era julio de 2026. Andrea llevaba más de un año muerta y, sin embargo, el expediente volvía a respirar. Aquellos dos rostros eran una nueva pista que podía acercar a los investigadores a la logística del asesinato y, eventualmente, a quien lo había ordenado.
Los detectives buscaban al intermediario. Al hombre situado entre quien tenía un motivo y quienes ejecutaban un encargo. No era una hipótesis menor: si conseguían atravesar esa puerta podían empezar a caminar en dirección contraria, desde el automóvil hasta el organizador, desde la logística hasta el dinero y desde el dinero hasta el autor intelectual.
Eso fue hace dos meses.
Ahora el expediente está archivado.
Hay algo especialmente amargo en esa secuencia. En julio, la Policía todavía buscaba nombres detrás de dos caras. En septiembre, la Fiscalía admitió que no tenía elementos suficientes para atribuir el crimen a los investigados. La gran maquinaria desplegada aquella noche sí consiguió seguir a Andrea desde San Miguel hasta La Victoria. El Estado, con casi dos años de ventaja retrospectiva, no consiguió recorrer el camino de vuelta.
Y existe una pregunta todavía más incómoda: cuánto de ese camino pudo haberse perdido antes.
En enero, se denunció que hubo videos que no fueron recogidos oportunamente, diligencias demoradas, cambios dentro del equipo encargado del caso y pistas que habrían quedado sin explotar durante meses. Incluso se expuso que no se interrogó oportunamente a un detenido relacionado con otro delito en el que habría aparecido una de las armas vinculadas balísticamente al asesinato de Vidal. Son denuncias sobre la actuación policial, no responsabilidades establecidas judicialmente. Pero hoy adquieren un peso diferente: el expediente que debía aclararlas terminó sin culpables.
Todo lo que se dijo después de la muerte
Andrea Vidal no era una desconocida para el Congreso. Había trabajado allí y había pasado por la Oficina Legal y Constitucional dirigida entonces por el apepista Jorge Torres Saravia. Ocho días antes del atentado regresó al Parlamento pese a que ya no laboraba en esa institución. Las cámaras la grabaron ingresando a aquella oficina el 2 de diciembre y permaneciendo aproximadamente 51 minutos. Salió caminando, mirando su teléfono. Nadie ha establecido públicamente que aquella reunión tuviera relación con su asesinato.
Pero después de su muerte esa imagen se volvió gasolina.
El país empezó a conocer denuncias sobre una presunta red de prostitución dentro del Congreso. El nombre de Vidal quedó pegado al escándalo y durante meses resultó casi imposible distinguir dónde terminaban los hechos y dónde empezaban las sospechas. La historia era irresistible: una joven que había trabajado en una oficina parlamentaria, denuncias gravísimas sobre lo que podía ocurrir allí dentro y, de pronto, una emboscada con decenas de disparos.
Era también una historia peligrosamente perfecta.
La Fiscalía investigó esa hipótesis durante aproximadamente un año. Tomó más de sesenta declaraciones y realizó más de cien diligencias. En febrero de 2026 archivó el caso al concluir que no había obtenido elementos suficientes para acreditar explotación sexual ni favorecimiento de la prostitución. La fiscal encargada dejó claro, además, algo que el ruido público había borrado hacía tiempo: aquella carpeta y la investigación del asesinato eran procesos distintos.
Eso no significa que todo lo descubierto en torno al Congreso haya sido una invención. Contraloría sí detectó problemas documentales en contrataciones de la Oficina Legal y Constitucional y encontró irregularidades en expedientes de otros trabajadores. Pero el mismo informe estableció que Andrea Vidal sí cumplía los requisitos de formación, capacitación y experiencia para el puesto que había ocupado. Una cosa eran las irregularidades administrativas. Otra, la presunta red sexual. Y otra muy distinta, el asesinato. Durante meses las tres historias caminaron abrazadas hasta parecer una sola. No lo eran.
Quizá ese sea uno de los pocos resultados claros después de casi dos años: sabemos mejor lo que no puede afirmarse. No se probó que Andrea fuera asesinada por una red de prostitución del Congreso. No se probó que su antigua oficina parlamentaria ordenara su muerte. No se probó la responsabilidad penal de las personas detenidas durante las pesquisas. Y tampoco sabemos, pese a toda la tecnología, las cámaras y los peritajes, quién estaba al otro extremo de la operación.
Lo que sí sabemos es menos sofisticado.
Andrea Vidal subió a un taxi una noche para volver a casa. José Daniel Vargas aceptó una carrera. Alguien movilizó hombres, vehículos y armas para interceptarlos. Más de sesenta disparos hicieron el resto. Él murió en la calle. Ella una semana después en un hospital.
Dos años más tarde, la burocracia puede ordenar carpetas, separar hipótesis y poner sellos sobre expedientes. Pero hay una pregunta que no cabe en ningún archivador. Es la misma pregunta que quedó flotando aquella noche entre los casquillos de La Victoria y que sigue allí después de policías, fiscales, detenidos, placas duplicadas y cientos de páginas acumuladas.
