Entre 2018 y 2022, mientras el Estado peruano —bajo cuatro presidentes distintos— intentaba recomponer el sector infraestructura luego del colapso del Club de la Construcción y el escándalo Lava Jato, un nuevo grupo de actores comenzó a ocupar ese espacio con sorprendente facilidad: las grandes empresas constructoras chinas.
El proceso fue silencioso, pero acelerado. Y pronto despertó sospechas. A fines de 2022, una sucesión de adjudicaciones irregulares llevó al Congreso a crear una Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de esclarecer el alcance y las condiciones bajo las cuales estas compañías habían accedido a obras públicas. El resultado fue un informe pesado y exhaustivo que documenta cómo un rosario de empresas chinas obtuvieron 93 contratos por más de 10 mil millones de soles, principalmente en el sector Transportes y Comunicaciones.
El Reporte tuvo acceso a las más de 600 páginas de este documento. Sin embargo, desde el inicio emerge un dato incómodo: el informe nunca fue sometido a votación en el pleno del Congreso.
El texto reconstruye un patrón que se repite a lo largo de cinco gobiernos y múltiples cambios ministeriales. Un grupo reducido de empresas —China Railway N°10 Engineering Group, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), China Harbour Engineering Company, China Railway Tunnel Group, entre otras— concentró las adjudicaciones más relevantes del Estado, usualmente a través de consorcios con empresas peruanas. Esta fórmula les permitió cumplir formalmente los requisitos técnicos y administrativos, mientras desplazaban de manera progresiva a constructoras nacionales medianas.
La comisión pone especial énfasis en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en sus organismos ejecutores, Provías Nacional y Provías Descentralizado. Solo en Provías Nacional se analizaron 27 contratos adjudicados a empresas chinas, por más de 3,900 millones de soles durante el gobierno de Martín Vizcarra. Entre las obras emblemáticas figura el corredor vial Huánuco–La Unión–Huallanca–Antamina, adjudicado en 2018 a China Railway 20 Bureau Group, una obra marcada por ampliaciones de plazo, controversias contractuales y prórrogas aprobadas pese a incumplimientos previos.
El patrón no se interrumpe con los cambios políticos. Durante el gobierno de Pedro Castillo, la comisión identifica nuevos contratos por más de 180 millones de soles, lo que —según el informe— evidencia una continuidad administrativa que trasciende a presidentes y ministros. En paralelo, se mantuvo vigente durante años un marco normativo clave, en particular el requisito de solvencia económica incorporado en 2018, que habría favorecido a grandes corporaciones extranjeras con respaldo financiero, en detrimento de empresas locales.
Uno de los hallazgos más graves es el estado de las obras. De los contratos analizados, 32 fueron resueltos y otros 30 terminaron en arbitrajes. Muchas quedaron paralizadas o inconclusas, pese a que el Estado aprobó pagos y valorizaciones. La comisión estima un perjuicio superior a 404 millones de soles por pagos en exceso, incrementos contractuales sin sustento técnico y duplicidad de intervenciones, como en la carretera Ninacaca–Huachón, donde se financiaron dos veces trabajos sobre el mismo tramo.
Detrás de estas cifras aparece un drama menos visible, pero persistente: el de los subcontratistas peruanos. El informe recoge testimonios de empresarios locales que alquilaron maquinaria, prestaron servicios o suministraron materiales a empresas chinas que cobraron al Estado por los avances, pero luego incumplieron sus obligaciones con los proveedores. El resultado fue quiebra, endeudamiento y litigios prolongados, sin mecanismos eficaces de protección.
La investigación también detecta deficiencias estructurales en los procesos de selección y control: conformación irregular de comités, delegaciones atípicas de funciones y una fragmentación de responsabilidades que diluye la rendición de cuentas. A partir de estos elementos, la comisión concluye que existen indicios de al menos tres presuntas organizaciones criminales operando dentro del MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, orientadas a direccionar contratos, aprobar pagos irregulares y sostener la continuidad de empresas chinas pese a incumplimientos reiterados.
En mayo de 2024, el informe llegó finalmente al pleno del Congreso.
Una investigación reciente de El Comercio reveló que aquella sesión fue «secreta» y concluyó en un cuarto intermedio solicitado para realizar “ajustes”. Allí ocurre el giro decisivo: entre la versión original (609 páginas) y la final (610 páginas) se incorpora una hoja clave donde aparece, por primera vez de manera explícita, el nombre del empresario chino Zhihua Yang, el amigo de José Jerí.
Tras el cuarto intermedio, el informe quedó listo para ser votado. Solo faltaba lo elemental: que el presidente del Congreso lo pusiera en agenda. Sin embargo, eso nunca ocurrió. El documento quedó encarpetado.
Es en este punto donde José Jerí queda situado en una zona políticamente insostenible, no por una acción directa, sino por una cadena de omisiones difíciles de justificar. Fue vicepresidente de la comisión investigadora de Hector Valer y luego presidente del Congreso cuando el informe —ya modificado para incluir a Zhihua Yang como parte de un “engranaje facilitador” de las empresas chinas cuestionadas— estaba listo para debatirse.
La explicación posterior de Jerí, atribuida a “temas de agenda”, pierde consistencia frente a los hechos y se agrava por una coincidencia políticamente explosiva: el empresario incorporado a última hora es el mismo con quien Jerí reconoce haberse reunido ese mismo año en múltiples ocasiones, encapuchado, con lentes de sol y a altas horas de la noche. Que el presidente del Congreso afirme haber votado a favor de un informe que nunca fue sometido a votación no disipa las dudas; las profundiza.
En política, decidir qué se discute es tan determinante como decidir cómo se vota. Y cuando se tiene el poder de abrir el debate y se opta por no hacerlo, el silencio deja de ser neutral: se convierte en una forma activa de ejercer el poder.
