En la política peruana, la biografía de un candidato no es solo un detalle, es el prólogo de una historia por descubrir. Pero cuando ese prólogo acumula silencios, versiones cambiantes y zonas grises, el problema ya no es del únicamente del desconocido personaje, sino del país que evalúa entregarle poder.
Alfonso López-Chau, candidato presidencial por el partido Ahora Nación, se presenta como un académico, un técnico, un hombre que viene a ordenar el caos. Sin embargo, a medida que su candidatura avanza, el relato de la pulcritud empieza a resquebrajarse. No por ataques ideológicos —como él suele alegar—, sino por hechos documentados, procesos inconclusos y decisiones políticas que, en conjunto, dibujan un cuadro inquietante.
El primer gran lastre de la candidatura de López-Chau es el proceso penal que enfrenta por presunta colusión agravada cuando fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). No se trata de una investigación preliminar ni de una denuncia frívola: el Ministerio Público ha solicitado en su contra cinco años de prisión efectiva y doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, desde setiembre de 2025, el control de acusación permanece paralizado. No hay archivo definitivo ni absolución, pero tampoco juicio. El expediente flota en una zona de indefinición judicial que, aunque legalmente sea válida, políticamente resulta corrosiva.
Pero la acusación no es menor. Se le atribuyen designaciones irregulares en puestos clave de la UNI, presunta vulneración del estatuto universitario y un incremento salarial acelerado a una funcionaria que no cumplía los requisitos. No estamos ante un error administrativo trivial, sino ante el núcleo clásico de la corrupción funcional.
A esa nebulosa fotografía judicial se suma un episodio aún más delicado: su paso por prisión en 1970. Pocho no consignó aquel capítulo juvenil en su hoja de vida, amparándose en que no existió sentencia penal. Legalmente puede tener razón; moralmente, la omisión pesa.
Más grave aún es la mutación de su relato. Primero, aseguró que fue una detención política. Luego, declaro que fue una confusión por delito común que derivó en persecución ideológica. Finalmente, los documentos expuestos por el INPE describen “asalto y robo”, cuya autenticidad no ha sido desmentida de manera concluyente por el partido ni por el ex rector.
En política, las versiones no se corrigen, se acumulan. Y cuando un candidato modifica su historia a medida que aparecen nuevos datos, la sospecha deja de ser malicia ajena y se convierte en consecuencia lógica.
Pero quizá el punto más sensible de esta candidatura está en su relación discursiva con el MRTA. En 1989, cuando el país ya conocía la violencia de este sanguinario grupo terrorista, López-Chau escribió un artículo —a pedido de los emerretistas—, en el que llamó “luchador político” a Víctor Polay Campos. No fue un calificativo pasajero ni una cita sacada de contexto. Fue una columna entera, publicada cuando el MRTA ya había matado, secuestrado y dinamitado. Décadas después, el propio López-Chau reconoce que fue “indulgente” y admite que hoy no escribiría ese texto.
El problema no es el “error” adolescente. El problema es que ese “error” revela una matriz ideológica peligrosa: la tentación incesante de justificar la violencia política como expresión de frustración social. Esa tentación —frecuente en la izquierda latinoamericana— ha terminado siempre del mismo modo: relativizando el terrorismo y debilitando la democracia.
A todo ello se suma un elemento que suele anticipar mejor que cualquier discurso lo que sería un eventual gobierno de Ahora Nación: las listas al senado y a la cámara de diputados. Los candidatos que López-Chau ha cobijado en su proyecto político incluyen personajes con denuncias, cuestionamientos éticos severos y trayectorias que no resisten un mínimo estándar republicano.
Las listas no son un accidente: son una decisión. Revelan con quién se está dispuesto a gobernar y qué se está dispuesto a tolerar.
El Perú ya ha aprendido —a un costo altísimo— que no basta con discursos técnicos ni con biografías académicas. El poder requiere algo más elemental: credibilidad moral, claridad democrática y una condena sin matices a la corrupción y al terrorismo.
López-Chau no está condenado. Pero tampoco está limpio de sombras. Y en un país exhausto de experimentos fallidos, llevar al Senado o al Ejecutivo a una figura rodeada de procesos inconclusos, dobles discursos y ambigüedades históricas en temas cruciales, no es un acto de audacia: es una imprudencia nacional.
