Toda democracia tiene imperfecciones. Pero hay momentos en los que esas imperfecciones dejan de ser simples fisuras para convertirse en grietas visibles, profundas y peligrosas. El actual proceso electoral peruano parece transitar exactamente por ese punto: uno en el que las reglas existen, pero se aplican con una elasticidad tan selectiva que terminan desdibujando el sentido mismo de la institucionalidad.
La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones de habilitar la candidatura presidencial de Mario Vizcarra no es un hecho aislado ni estrictamente técnico. Es, más bien, el síntoma de una tendencia preocupante: la progresiva normalización de la excepción. Bajo el argumento de resguardar el derecho fundamental a la participación política y el principio de resocialización del condenado, el sistema electoral ha optado por cerrar los ojos ante lo evidente y abrir la puerta a lo in- conveniente.
La Ley 30717 nació con un propósito claro: impedir que personas condenadas por delitos graves —corrupción, narcotráfico, violación— accedan a los cargos más altos del poder político. No se trataba de una pulsión punitiva ni de una condena eterna al ciudadano, sino de una salvaguarda mínima para la confianza pública. El mensaje era sencillo: el Estado no puede ser gobernado por delincuentes.
Sin embargo, el JNE ha decidido reinterpretar ese espíritu hasta deformarlo. Amparándose en precedentes del Tribunal Constitucional, ha “inaplicado” la inhabilitación permanente y mediante una creatividad jurídica difícil de justificar, ha fijado un plazo de diez años que no está en la ley, ni en la Constitución, ni en la jurisprudencia.
El problema va mucho más allá del caso Vizcarra. El criterio ya está sentado y sus efectos son expansivos. Gracias a esta lectura complaciente del marco legal, hoy vemos participar —o en próximos a hacerlo— a personajes como Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia; a Arturo Fernández, también prófugo; al investigado por golpista Roberto Sánchez; al ex-presidiario Alfonso López-Chau, entre otros. La lista no es anecdótica: es estructural.
Frente a este panorama, el JNE parece actuar como un notario distraído, más preocupado por no incomodar derechos formales que por custodiar la legitimidad del proceso. Pareciera que se hace el ciego ante aquello que resulta palmario para la ciudadanía: que no todos los derechos pesan igual cuando está en juego la integridad del país. Que no toda rehabilitación jurídica equivale a una rehabilitación ética. Y que la política, a diferencia de otros espacios, exige estándares más altos, no más laxos.
Se ha dicho que la responsabilidad recae también en los partidos políticos. Es cierto. Las cúpulas partidarias han renunciado hace tiempo a cualquier filtro moral serio y han convertido las candidaturas en refugios oportunistas. Pero ese abandono no exime al árbitro electoral de su deber. Cuando los partidos fallan, las instituciones deben resistir, no claudicar.
El riesgo de este camino es evidente. Cada excepción abre una rendija; cada rendija, una grieta; y cada grieta termina por socavar la credibilidad del sistema entero. ¿Con qué autoridad moral se exigirá luego transparencia, probidad o respeto a la ley, si el propio proceso electoral se construye sobre interpretaciones condecendientes y silencios convenientes?
Una democracia no se debilita solo con golpes autoritarios. También se erosiona lentamente cuando las instituciones dejan de ver lo que no les conviene ver.
