Director en RELEASE

Carlos Polo

Donald Trump ha alcanzado una victoria arrolladora en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No solo logró la presidencia, sino que el Partido Republicano ahora cuenta con la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Además, por primera vez en décadas, alcanzó una ventaja de casi cinco millones de votos sobre el Partido Demócrata. Este respaldo masivo proporciona una oportunidad histórica para implementar un gobierno que responda realmente a las demandas de la sociedad estadounidense.

Trump ha obtenido un mandato respaldado por una mayoría de ciudadanos que claman por recuperar la soberanía y proteger sus valores nacionales. Al derrotar a las fuerzas globalistas alineadas con Kamala Harris, este triunfo es más que una victoria electoral: es una declaración de rechazo a una ideología que amenaza con disolver los principios tradicionales de libertad y responsabilidad individual en Estados Unidos.

La agenda del globalismo, como describe Agustín Laje en su libro “Globalismo. Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI”, busca suprimir las soberanías nacionales e imponer una uniformidad ideológica. En esta elección, el globalismo y sus promotores económicos, junto con los grandes medios de comunicación, recibieron un contundente rechazo de los estadounidenses. El Partido Demócrata ha asumido, en los últimos años, las banderas de una ideología globalista que no solo se enfoca en temas económicos, sino también en una transformación cultural basada en categorías neo-marxistas: feminismo radical, aborto, ecologismo extremo y demás componentes de la agenda "woke."

La imposición de esta agenda no solo genera conflictos internos en cada país donde se aplica, sino que lleva a una descomposición cultural que divide y debilita a las sociedades. La ingeniería social globalista proclama el valor de la diversidad, pero busca homogenizar la visión cultural en todas las naciones. La victoria de Trump representa un rechazo colectivo a estas imposiciones y una reafirmación del derecho de cada nación a decidir su propio camino.

Para los católicos, esta elección trae consigo una reflexión importante. Según una encuesta realizada a boca de urna por la cadena NBC, 56% de los católicos votaron a favor de Trump, mientras que un 41% eligió la opción demócrata. Como es de público conocimiento, Kamala Harris hizo del aborto legal uno de los pilares de su campaña electoral y manifestó muchas veces su desprecio hacia los cristianos en general y hacia los católicos en particular. Esto indica que muchos católicos siguen sin alinear su voto con los principios doctrinales de su fe, en temas como la defensa de la vida y la dignidad humana.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los católicos de Estados Unidos tradicionalmente han votado a favor del Partido Demócrata, Trump ha modificado significativamente esa ecuación electoral. La doctrina católica enseña la importancia de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y esta elección genera un alentador precedente sobre la necesidad de votar con una conciencia informada y firme en los valores cristianos.

Los católicos han votado guiados por las acciones de Trump en su anterior gobierno y han mantenido independencia de las tendenciosas narrativas mediáticas que lo presentaban como un peligro para el bien común.

Simultáneamente a las elecciones presidenciales y legislativas, se votaron enmiendas sobre el aborto en diez estados. Los resultados no fueron favorables para el movimiento pro vida: en siete estados se aprobaron leyes que permiten el aborto en diferentes circunstancias, mientras que en tres estados —Florida, Nebraska y Dakota del Sur—se logró mantener la prohibición vigente.

En estados como Missouri y Arizona, se revirtió la prohibición del aborto. En otros estados como Colorado, Nueva York, Montana y Maryland, se ratificaron enmiendas que permiten el aborto bajo ciertos supuestos, como el riesgo de vida de la madre, casos de violación o malformaciones genéticas. Sin embargo, en Nevada, el tema aún está abierto, ya que se requerirá una segunda votación en 2026.

Aunque muchos pueden ver solo malas noticias en estos resultados, estas votaciones estatales nos recuerdan que la lucha por la vida aún continúa. Un triunfo de Harris hubiera significado la posibilidad de zanjar el tema del aborto con su legalización total. El Partido Demócrata ya había anunciado su intención de incrementar el número de jueces de la Corte Suprema para lograr una mayoría que anulara los efectos de la sentencia Dobbs, y se volviera a la situación de la sentencia Roe vs. Wade.

El debate del aborto en Estados Unidos continúa vigente y esto es una señal esperanzadora.

Los triunfos para la causa del respeto al derecho a la vida en Estados Unidos dependerán de voces valientes para defender los derechos de quienes no tienen voz. Con el triunfo de Trump, existen mayores posibilidades de éxito. Nuevas votaciones de enmiendas sobre el aborto representarán oportunidades para defender el principio de que la vida humana es inviolable.

La victoria de Trump es un recordatorio de que es posible generar un cambio, pero solo si se continúa trabajando con responsabilidad, educación y compromiso, es hora de dar la batalla, porque la vida, literalmente, depende de ello.

(*) Carlos Polo y José Martínez son miembros de la Oficina para Iberoamérica de Population Research Institute.

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido Vía WhatsApp dele click a este link: 

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram: 

Trump Derrota al Globalismo, por Carlos Polo y José Martínez (*)

Si aún no has escuchado hablar del nuevo libro de Agustín Laje, "Globalismo: Ingeniería Social y Control Total en el Siglo XXI", es hora de que lo pongas en tu lista de lecturas urgentes. Este libro no es simplemente una obra imprescindible para entender a la maquinaria globalista y cómo se configura este nuevo régimen político bajo el manto de la "gobernanza global"; es también un llamado urgente para hacer algo ante el avance de la reingeniería social y el control total que pretende imponer sobre las naciones, las culturas y los individuos.

Laje aclara desde un inicio que el globalismo no es lo mismo que la globalización. Mientras que la globalización hace referencia a procesos de integración económica, cultural y tecnológica a nivel mundial, el globalismo es un régimen político cuyo teatro de operaciones es todo el planeta. Este régimen busca consolidarse despojando a los Estados de su soberanía en favor de entidades supraestatales que no responden a ningún pueblo, territorio o nación.

En otras palabras, el globalismo se institucionaliza en organizaciones que no tienen ni patria ni pueblo. Su forma de poder es la llamada "gobernanza global", un concepto en el cual los ciudadanos ya no pertenecen a sus respectivos países sino a la “aldea global”. Sin embargo, los globalistas nunca dicen que la ciudadanía global es una condición exclusiva y excluyente. Para ser “Ciudadano Global” tienes que tener poder político, económico o social. Al resto del planeta —es decir, al 99.9% de población mundial— le corresponde la condición de “súbditos globales”. Bajo esta lógica, una “élite globocrática” —sin mandato democrático— dicta las reglas del juego y construye un mundo homogéneo en el que las culturas, los valores y las identidades nacionales son disueltas.

El globalismo esel proyecto político más ambicioso y peligroso de la historia humana, afirma Laje. Se trata de un esquema que subyuga a los Estados hasta convertirlos en meros intermediarios del poder globalista, imponiendo sobre ellos agendas ideológicas uniformes que desmantelan sus marcos culturales, jurídicos y sociales. Estas agendas se disfrazan bajo el credo secular de la "diversidad, equidad e inclusión" (DEI), términos que son utilizados para desarmar cualquier resistencia bajo la idea de una supuesta superioridad moral.

Lo que se esconde detrás de estos eslóganes es la creación de un ser humano artificial, moldeado a imagen de los intereses globalistas. Este proceso, que Laje identifica como la culminación de un trabajo de ingeniería social, hunde sus raíces en la Revolución Francesa, pero ha alcanzado su punto máximo en el siglo XXI. Con el apoyo de tecnología avanzada y nuevas doctrinas, los globalistas buscan reconfigurar al ser humano y las sociedades en su totalidad.

Y no se trata de simples teorías, sino de una realidad tangible que ya estamos viviendo. A través de entidades como la ONU, el Foro de Davos y una legión de ONGs y corporaciones, el globalismo actúa como un proyecto de control total. En este punto, Laje hace un repaso de las principales distopías literarias: 1984 de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Farenheit 451 de Ray Bradbury, y Walden Dos de Burrhus Skinner. Sus conclusiones nos dejan perplejos. La imaginación distópica describe muy bien a nuestro siglo XXI y las distintas formas en las que podría perfeccionarse el poder que reclama para sí un dominio total.

El globalismo no solo necesita de poder económico y político, sino también de ideologías funcionales que le sirvan para avanzar en la consecución de sus fines. Aquí entran en juego el progresismo y el wokismo, dos corrientes ideológicas muy útiles para disolver la identidad de individuos y naciones, y reconfigurar los estados nación.

El progresismo se presenta como una ideología que aboga por lo nuevo en detrimento de lo antiguo, eliminando cualquier barrera cultural, económica, religiosa e incluso biológica que impida la expansión ilimitada de los "derechos". Bajo este marco, el progresismo actúa como un solvente que disuelve las tradiciones, las identidades y las estructuras sociales que otorgan cohesión a los pueblos.

Por su parte, el wokismo opera como una explosión de narrativas que detectan opresión en todos los ámbitos de la vida. Con su discurso de "discriminación positiva", esta ideología fractura aún más las sociedades, dividiéndolas en una guerra interminable de opresores y oprimidos. Según Laje, esta fractura cultural es exactamente lo que el globalismo necesita para evitar cualquier resistencia organizada.

A pesar de lo desalentador que pueda parecer el panorama, Laje ofrece una estrategia de resistencia en el último capítulo que titula “La Hora de los Patriotas”.

Señala que los patriotas de todas las naciones deben unirse en una alianza global para combatir al globalismo en dos frentes: la batalla cultural y la batalla electoral. Es esencial entender que el globalismo tiene debilidades, y estas deben ser explotadas inteligentemente.

La batalla cultural consiste en desmantelar la narrativa globalista a través de la defensa de los valores nacionales, la familia y la libertad individual. La batalla electoral, por otro lado, debe centrarse en recuperar el control de los Estados mediante la creación de partidos políticos patriotas que se opongan a las reformas globalistas. Para Laje, la peor pesadilla de la élite globalista es una red de partidos patriotas que se organicen a nivel mundial.

Si bien el globalismo es la ingeniería social más audaz jamás emprendida para crear una humanidad homogénea, controlada y desprovista de identidad, hoy tenemos la oportunidad y la obligación moral de actuar para no ceder el control de nuestras vidas y destinos.

Agustín Laje vendrá muy pronto al Perú a presentar su libro. Estará en Arequipa el 28 de noviembre y en Lima el 30 de noviembre. Toda la información acerca de estos eventos está en 

"Globalismo" de Agustín Laje, una advertencia, por Carlos Polo

Imponer una ideología desde el Estado siempre trae consecuencias nefastas. Lo fue con la política de un solo hijo en China y lo será en los países que están adoptando la teoría de género en sus leyes y políticas públicas.

Steven Mosher, presidente de Population Research Institute y reconocido a nivel mundial como experto en China, estima que 400 millones de seres humanos por nacer fueron asesinados por la política del hijo único. La China comunista –bajo la estructura totalitaria creada por su líder Mao— ha producido más muertes que cualquier nación en la historia de la humanidad.


En su más reciente libro titulado “El diablo y la China Comunista: Desde Mao a Xi”, Mosher hace una reseña de los orígenes de la política del hijo único en China. Señala que es probable que la justificación para la implementación de tamaña barbarie se gesta en los primeros años de la década de los setenta. “Un grupo de ingenieros de sistemas del MIT desarrolló un modelo informático que predijo – y en esto no exagero- el fin del mundo para 2070 si no se controlaba el crecimiento poblacional. Estos mismos científicos declararon que no había ´otra vía para la supervivencia´ que el control de la población, que era ´la única solución viable´ al dilema de la humanidad”.


Este modelo y argumentación fue tomado como propio por Song Jian, un especialista en control de sistemas para la industria de defensa estatal de China, mientras visitaba Europa en 1978. Al igual que muchos otros intelectuales chinos, Song había estado aislado del mundo exterior por décadas y estaba desesperadamente ansioso por estar acorde con las teorías de moda. Así que regresó a China con una copia de “The Limits to Growth” de Donella Meadows en el equipaje y toda la ideología neo-malthusiana en la cabeza.


Sin embargo, lo que Song catalogaba como un sistema de vanguardia terminó siendo una falacia científica. Los datos que Meadows utilizó para llegar a sus conclusiones eran incompletos o inexactos, y su metodología era defectuosa. Uno de sus principales errores fue considerar que los avances científicos y técnicos cesarán.


Citando al economista y demógrafo Julian Simon: "(el libro) The Limits to Growth ha sido tachado de tontería o fraude por casi todos los economistas que lo han leído atentamente o revisado en forma impresa". Sin embargo, Song estaba tan convencido de lo que leía que se convirtió en un altoparlante de las afirmaciones histéricas a favor del control del crecimiento de la población mundial y en particular de que China debía reducir aún más su tasa de natalidad sin demora o enfrentaría la catástrofe.


Deng Xiaoping, sucesor de Mao, y otros líderes del Partido Comunista Chino encontraron que la supuesta sobrepoblación era la excusa perfecta para justificar todos los fracasos y problemas del gobierno chino. La deforestación, las crecientes tasas de desempleo y pobrezas, los bajos niveles de productividad y de inversión, y muchos otros problemas se decodificaban en el discurso oficialista como “síntomas” de una crisis poblacional no suficientemente atendida. Los líderes chinos comunistas no tuvieron reparos en regular la fertilidad de sus súbditos porque habían hecho cosas mucho peores durante las tres décadas anteriores. La insistencia de Song de que la "ciencia" occidental no dejaba "ninguna otra opción" hizo que su decisión fuera muy fácil.


A mediados de septiembre de 1980, la política de un solo hijo fue ratificada formalmente por el tercer período de sesiones del V Congreso Nacional del Pueblo. Desde entonces, la política de control de población más brutal que el mundo había visto jamás quedó inamovible. En este terrible altar, cientos de millones de madres iban a sufrir y una similar cantidad de niños iban a morir, sacrificados en razón de un fraude científico.


En 2015, la Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que las mujeres chinas tenían un promedio de solo 1,05 hijos durante toda su vida y se convertía en la segunda tasa más baja de fecundidad del mundo, una receta para el suicidio demográfico. Solo la pequeña Singapur era más baja.


China, el país más poblado del mundo a mediados de la segunda década de este siglo, estaba envejeciendo más rápidamente que cualquiera otra población humana que haya existido jamás.


Fue entonces que la realidad despertó de una bofetada a aquellos que habían sucumbido ante el hechizo de la retórica neo-malthusiana. Y en 2016, China anunció el fin de la política de un solo hijo y que las parejas serían libres para tener un segundo hijo.


En mayo del 2021 se anunció una política de tres hijos. “La nueva política era necesaria para responder rápidamente al envejecimiento de la población”, explicaba desfachatadamente Xinhua, agencia de noticias estatal de China.


Mosher duda que la política de los tres hijos tenga éxito, al menos mientras siga siendo voluntaria. El problema es que el contingente de mujeres en edad reproductiva ha sido diezmado durante los decenios de la política de un solo hijo. En todos esos años, las parejas chinas practicaron el aborto selectivo buscando el hijo hombre que culturalmente preferían, o abandonaban a las niñas a poco nacer ante la represión brutal de la policía de planificación familiar china.


Por supuesto, los comunistas chinos saben que, si la persuasión no funciona, podrían recurrir a la coerción. Ayer fue para no tener más niños. Hoy fácilmente puede ser para que los tengan.


Era quizás inevitable que un hombre como Mao y una dictadura totalitaria como la del Partido Comunista Chino buscaran controlar no sólo la producción de los bienes materiales sino también la reproducción de los seres humanos. Para su modo de ver la vida y gobernar al pueblo chino, lo inconcebible era que las parejas decidieran por sí mismas cuántos hijos debían tener y cuándo debían tenerlos. Los comunistas piensan que las masas, por su propio bien, deben ser controladas.


Ya nadie discute que fue una falacia ideológica lo que llevó a China a embarcarse en su propio suicidio demográfico. Su error es historia. Pero las lecciones de la historia se pueden aprender para prevenir daños futuros.


Hoy tenemos por delante otra falacia que es la teoría de género que bajo otras premisas (falsas) lleva a los países a favorecer, promover, premiar y dar privilegios a toda conducta sexual no reproductiva (léase LGTBIQA+) en detrimento de la institución familiar y de la preservación del futuro capital humano. Muchos gobiernos han adoptado acríticamente el “enfoque de género” como política prioritaria desde hace décadas. Incluso ahora la han convertido en la médula ideológica de la Agenda 2030. Y muy pocos se han percatado que esa ideología los llevará al mismo suicidio demográfico del cual China quiere escapar.


Depende de nosotros no volver a repetir ese error histórico.

La política de un solo hijo o el suicidio demográfico de China, por Carlos Polo

Este lunes 5 de agosto en París, el BUS de CitizenGO salió a promocionar la campaña StopAttacksOnChristians.org ("DETENGAN EL ATAQUE A LOS CRISTIANOS") a propósito de la exhibición ofensiva con transgéneros desnudos burlándose de la Última Cena en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.

Paradójicamente, el lema de libertad, igualdad y fraternidad no fue lo que animó al gobierno de Macron y a su policía para actuar contra un grupo de ciudadanos que hacían una protesta razonable y pacífica.

Por el contrario, el BUS de CitizenGO enfrentó una sorpresiva intervención policial. Primero fue rodeado por policías motorizados y detenido. Luego los 6 miembros del equipo de CitizenGO fueron esposados como criminales y llevados de una estación de policía a otra. El trato que recibieron fue extremadamente duro negándoles incluso toda comunicación con el mundo exterior y ni siquiera se les ofreció agua mientras estuvieron detenidos.

Siendo una flagrante violación de la libertad de expresión, la policía no supo cómo formular acusación que sustentara esta detención y represión policial. Finalmente, los 6 activistas de CitizenGO fueron obligados a pasar la noche en la cárcel por “manifestarse públicamente sin la aprobación del gobierno francés".

Este trato a los 6 miembros de CitizenGO contrasta con la permisividad con que la policía francesa trata a otros manifestantes que destruyen propiedad pública y privada, y ejercen violencia contra personas inocentes.

La campaña de CitizenGO, financiada por cientos de donantes, tenía como objetivo protestar contra la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos, que promueve el odio y es anti-cristiana. Más de 5 millones de cristianos han sido desplazados desde los últimos Juegos Olímpicos en 2021, sin embargo, el Comité Olímpico Internacional no ha tenido ninguna consideración ni solidaridad frente a ello.

Por temor al impacto de la campaña, las élites políticas censuraron a CitizenGO, comparando la situación con un régimen autoritario. La policía francesa, siguiendo órdenes políticas, detuvo a seis voluntarios y al conductor del autobús. Se confiscaron sus teléfonos y se les negó el acceso a abogados o familiares, detenidos por cargos dudosos. Los detenidos se enfrentaron a presiones psicológicas y amenazas de cautiverio prolongado, y pasaron la noche en condiciones inhumanas sin alimentos ni agua. A pesar de la falta de fundamentos legales para su arresto, la presión del abogado y otros miembros de CitizenGO lograron su liberación.

Este incidente subraya el poder del apoyo comunitario a través de peticiones de CitizenGO en la defensa de la vida, la familia y la libertad contra la persecución política e ideológica. Unidos, podemos enfrentar tales injusticias y salvaguardar nuestros derechos fundamentales.

Si esto no es persecución política o ideológica, ¿qué es esto?

"La existencia de un delito grave es bastante incierta en virtud de la ley vigente, el fiscal general de París ha tratado de estirar la ley hasta el límite para construir un caso. El procedimiento parece bastante irregular. Al parecer, el fiscal general ordenó que se los detuviera independientemente de la sustancia del caso" fueron las declaraciones del abogado de CitizenGO apenas enterado del incidente.

Después de presionar a las autoridades, se vieron obligados a liberar a nuestro valiente equipo cuando se dieron cuenta que ya no podían mantenerlos en prisión. Solos somos débiles, pero juntos somos fuertes Y gracias a nuestra comunidad de ciudadanos empoderados, firmantes y donantes, podemos seguir defendiendo la Vida, la Familia y la Libertad.

Ya son cientos de miles quienes se han sumado a la petición de CitizenGO para detener las burlas a los cristianos en las Olimpiadas Paris 2024. Si quieres sumarte, entra aquí https://citizengo.org/es-lat/ot/13625--mifenoesunjuego---basta-de-burlas-a-mi-fe-cristiana-en-los-juegos-ol%C3%ADmpicos-de-par%C3%ADs-

En este enlace puede ver las fotos y videos del arresto.

Policía francesa detiene BUS CITIZENGO y pone en prisión a activistas, por Carlos Polo

El Proyecto de Ley 1904/2024, presentado por el diputado Sóstenes Cavalcante, busca detener la barbarie de los abortos tardíos en Brasil. Básicamente sanciona penalmente al médico que practica el aborto después del quinto mes de gestación (22 semanas) con las mismas penas que un homicidio. La lógica es simple: matar a un niño que ya podría vivir fuera del útero de su madre constituye un verdadero infanticidio.

El PL 904/2024 busca enfrentar la escalada abortista del gobierno de Lula que ha adoptado la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud - OMS redefiniendo el aborto para incluir estos infanticidios. Actualmente, el Ministerio Público viene exigiendo a los médicos que practiquen el aborto en casos de violación durante los nueve meses de gestación. El debate en la Cámara de Diputados del PL 1904/2024 recién ha empezado y ya está recibiendo mucha oposición del oficialismo.

Hasta el año 2022, la OMS seguía la doctrina y la práctica médica que definía al aborto como "sacar un feto no viable del útero materno”. Independientemente de su moralidad o legalidad, esa era la definición. Pero a partir de la 11ª Clasificación Internacional de Enfermedades – CIE 11, documento actualizado cada década por la OMS que entró en vigor en 2022, se redefinió el aborto provocado como "la expulsión del feto, independientemente de la etapa de la gestación, a través de la interrupción intencional del embarazo, sin la intención de producir un nacimiento con vida”. Nótese que en esta segunda definición de la OMS se elimina el límite de la viabilidad que se estima en las 22 semanas de embarazo y se extiende el ámbito del “aborto”, provocado e intencional, hasta el mismo momento del nacimiento.

Así, repentinamente, sin hacer gran alarde y en la penumbra de los procedimientos de la OMS para redactar estos documentos, lo que antes era entendido como infanticidio pasó ahora a ser entendido como aborto.

Con este cambio semántico, ya no necesitarían cambiar ninguna ley sino solo aplicarlas con una nueva interpretación. De esa manera, las leyes que no castigaban o permitían el aborto hasta el quinto mes del embarazo, ahora pueden ser entendidas y aplicadas hasta el momento del parto. Y no fue ninguna casualidad. Dado que la propuesta del aborto como derecho ya está en marcha a nivel mundial, el esfuerzo de la OMS incluye también matar a un bebé durante los nueve meses del embarazo en este pretendido derecho.

Fue con base en esta nueva definición de la OMS que, de un momento a otro en Brasil, el Ministerio Público pasó a exigir a los médicos, bajo pena de proceso judicial, que practicaran el aborto en casos de violación (actualmente las leyes de Brasil no castigan el aborto por violación).

Por supuesto, esta nociva influencia no se limita a Brasil. Se trata de una imposición más de la OMS para todos los países y a pesar de todos los errores y excesos cometidos durante la pandemia COVID bajo la excusa de la salud pública mundial.

Antes del 2022, hasta los gobiernos de izquierda, como por ejemplo los de Lula y Dilma, prohibían matar a los niños por nacer interrumpiendo la gestación después de la viabilidad. La mujer con alguna complicación obstétrica o violada no necesitaba seguir con el embarazo después de las 22 semanas porque la vida del bebé ya es viable fuera del útero de su madre.

Por lo tanto, después de la 22ª semana de gestación, cuando ya existe la posibilidad de vida extrauterina, sacar a un bebé del vientre materno, no era conceptuado como un aborto antes del 2022. Si se salvaba la vida del bebé, era una anticipación del parto. Si era para matarlo, se trataba de un infanticidio. Era por esto que, entre otros motivos, las “Normas Técnicas del Aborto en Caso de Violencia” del Ministerio de Salud de Brasil prohibían la realización del aborto después de la 20ª semana de la gestación porque ya no se trata de un aborto. La ley no castiga el aborto en caso de violación, pero después de que el bebé es viable, se trata de un homicidio.

El PL 1904/2024 fue presentado para impedir este avance macabro de abortos tardíos que en realidad son infanticidios.

¿Estos abortos tardíos pueden ser equiparados con un homicidio? La respuesta es sí y el razonamiento es simple.

1. ¿Un bebé que puede sobrevivir fuera del útero es un ser humano? Sí.

2. ¿Matar a un ser humano es un homicidio? Sí. Es la propia definición de homicidio. Homicidio significa = hominis occisio = matar a un hombre.

3. Así que matar a un bebé que puede sobrevivir fuera del útero es un homicidio.

Los detractores del PL 1904 han recurrido, una vez más, a la narrativa “antiaborto = antimujer”, y están difundiendo la idea que una mujer violada (y que aborte a un niño viable) tendría más pena que el violador. Pero nada más alejado de la verdad. El PL 1904 establece que el juez podrá examinar cada caso y estará facultado para disminuir considerablemente la pena a la mujer o incluso suprimirla puesto que en la mayoría de estos casos la mujer es vulnerable por su desesperación, atenuante que no se aplica al médico. En realidad, los abortistas no protegen a la mujer, segunda víctima del aborto, sino a la industria del aborto y a sus operarios.

Lo que propone el PL 1904 no es una restricción de lo que la ley actualmente establece. Es más bien una medida para contrarrestar la escabrosa escalada de la imposición del aborto en Brasil desde 1989 hasta 2024. Y que hoy tiene a la OMS como aliado.

Si crees que debemos detener esta nefasta influencia de la OMS, puedes sumarte a la petición ciudadana que ha iniciado Population Research Institute para que Estados Unidos, principal contribuyente de la OMS, le retire sus fondos.

https://pop.org/petition-to-defund-the-who/

Brasil contra los infanticidios amparados por OMS, por Carlos Polo

Durante más de una década Population Research Institute ha participado del diálogo de la sociedad civil con la OEA. Y nunca ha sido fácil. Bajo el liderazgo de países con una abierta agenda abortista y LGTBIQ, las resoluciones de la OEA han buscado introducir conceptos ideológicos que no forman parte de ningún tratado internacional. Alegando un supuesto consenso, estas propuestas siempre han apuntado a transformar el sistema interamericano de derechos humanos. Bajo la excusa de un proceso evolutivo del derecho internacional, han tratado de imponer nuevas obligaciones a los estados miembros contrarias a su legislación.

Sin embargo, para disgusto de algunos funcionarios de la OEA, el número de organizaciones alertas y opuestas a esta imposición fue aumentando año tras año. Y en lugar de consenso, esta oposición creciente y sólida ha logrado evidenciar el esfuerzo sistemático de la OEA por menoscabar el derecho a la autodeterminación y la democracia de los pueblos de América.

Para contrarrestar esta oposición y acallar las voces disidentes, la OEA comenzó a manipular las reglas de la participación de la sociedad civil. Una de las últimas formas fue dividir a todas las organizaciones en más de 30 coaliciones temáticas. Por supuesto, la mayoría de las temáticas pertenecen a la agenda progresista como son los derechos sexuales y reproductivos, LGTBIQ, étnicas, ambientalistas, etc. Y encapsularon a la mayoría de organizaciones pro vida y pro familia en algunas de estas coaliciones.

Aún con todo ello, la OEA no pudo minimizar el impacto mediático y político de organizaciones que denunciaban los sesgos ideológicos. Así que este año han ido mucho más lejos. Han eliminado de manera unilateral y arbitraria la participación de aquellas coaliciones donde predominan las organizaciones que les resultan incómodas.

El 20 de mayo pasado, cuando muchos líderes ya estaban listos para poder participar nuevamente en el diálogo de la OEA con la Sociedad Civil durante la 54 Asamblea General a celebrarse a fines de junio en Asunción-Paraguay, recibieron un correo electrónico por el cual se anunciaba la desaparición de la coalición “Autodeterminación de los Pueblos vs Corrupción Institucional”. La Secretaría de Relaciones de la Sociedad Civil de la OEA ya había borrado a dicha coalición de la agenda, negando la participación de 73 organizaciones de 14 países de todo el continente, entre ellas Population Research Institute.

Miembros de organizaciones de la censurada coalición alzamos nuestra voz de protesta. Muchos ya tenían boletos de avión y hospedaje para participar en la Asamblea General como en años anteriores. El 7 de junio Pilar Vázquez, en representación de la asociación “Mujeres Libres y Soberanas”, y Kristina Hjelkrem, asesora jurídica de ADF International, se reunieron con Paulina Corominas, Jefa de la Sección de Relaciones con la Sociedad Civil de la OEA, en las instalaciones de la OEA en Washington DC para se respete y se incluya a todas las Coaliciones que han participado y cumplido con los requisitos necesarios para participar en el diálogo de Sociedad Civil y en las demás actividades de la Asamblea General.

El argumento central de Corominas fue un convenio que OEA realizó con la Universidad de Virginia para llevar a cabo una revisión del trabajo de sociedad civil en la OEA. Dicha universidad realizó una consulta a 70 organizaciones y presentó un informe el 16 de abril que determinó que las organizaciones conservadoras estaban “sobre-representadas”, motivo por el cual Corominas tomó la responsabilidad de decidir cuáles coaliciones debían desaparecer. Adicionalmente, Corominas explicó que las coaliciones nunca se presentaron como algo permanente, ni hubo algún reglamento que rigiera las coaliciones.

En resumen, OEA se asesoró con una universidad bastante afín a su pensamiento progresista y decidió la no participación de 73 organizaciones sin ningún respeto al espíritu democrático que pregona la OEA. Resulta irónico que el lema de la OEA sea “Más derechos para más gente” cuando la realidad es que se vienen recortando el derecho a participar y expresarse de la gran mayoría de la gente.

El totalitarismo que vienen ejerciendo algunos funcionarios de la OEA es completamente ajeno al espíritu original de respeto al derecho internacional y a las obligaciones adquiridas por los estados miembros. El Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana establece que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.

Pero la auténtica sociedad civil no se ha quedado de brazos cruzados. A través de una petición de CitizenGO ya son miles los ciudadanos que han protestado y quieren poner freno al intento de censura de la OEA.

El mensaje que están recibiendo los delegados de los países miembros de la OEA es contundente: “Lamentablemente, en esta Asamblea General, nuestra libertad de expresión está bajo una grave amenaza. La OEA está limitando la participación de coaliciones de la sociedad civil, y en especial a aquellas que considera ´conservadoras´ bloqueando nuestras voces disidentes y silenciando a miles de ciudadanos preocupados por el futuro de nuestros países. ¡Es inaceptable! Como representantes elegidos por un gobierno que fue votado por los ciudadanos de a pie, le pido que cumpla su promesa y defienda nuestros valores, poniéndole un freno a todo tipo de contenido ideológico en el acuerdo final y haciendo que nuestras voces sean escuchadas”.

La OEA se viene deslegitimando a sí misma porque no practica los derechos humanos que predica.

La censura de la OEA, por Carlos Polo

A raíz del debate de los Proyectos de Ley 4705/2022-CR y 5308/2023-CR sobre el “derecho al cuidado” y el reconocimiento al “trabajo no remunerado a los integrantes del grupo familiar”, se hace indispensable entender las diferencias sustantivas que existen entre una comunidad de personas como es la familia y una sociedad de personas. La atención que las personas brindan a sus familiares dependientes es de una naturaleza y características distintas a las relaciones laborales o contractuales. Estos proyectos de ley atentan contra la familia al aplicar la lógica contractual a las relaciones familiares.

Las personas pueden vincularse de distintas maneras y la forma de relacionarse entre ellas puede ser distinta según el tipo de vínculo que las une.

Una de las características fundamentales de la institución familiar es que dependen de la naturaleza humana. La familia es anterior al Estado y por ende es el Estado quien debería preservarlas y estar al servicio de ella. Por tanto, los vínculos que unen a los miembros de una familia son de pertenencia y comunión. Se comprometen existencialmente de una manera total y gratuita. Se nace en ella o se entra libremente, pero mediante un vínculo definitivo (por origen, en los hijos por ejemplo, o por elección, cuando te casas) y no está sujeto a revisión. No hay regulación de intercambio en las responsabilidades. Ellas brotan por la pertenencia. Los roles dependen de la persona (y no al revés). La persona es el “único sujeto óntico”. Son relaciones definitivamente personales.

Todo lo contrario sucede en una sociedad de personas, tanto en una empresa como en un equipo de fútbol, pues éstas se generan a partir de un vínculo contractual modificable y administrable según funcionalidad. Y lo funcional, por definición, admite sustitución. Puedo contratar o despedir a un gerente o un centro delantero en relación con su productividad. Porque su lógica interna consiste en la elección “arbitraria” entre alternativas que se consideran más o menos indiferentes. En una sociedad lo funcional prima sobre lo personal y sus procesos pueden ordenarse con clara conciencia de su finalidad y escogiendo fundadamente los medios.

Actualmente, estamos frente a un paulatino y profundo cambio social que ya tiene tiempo en proceso y que tuvo su impacto en la visión que se fue teniendo sobre el matrimonio y la familia. Según este cambio de paradigma ya no sería la familia con su lógica la que definiría las relaciones sociales sino al revés. Poco a poco, imperceptiblemente, se fueron aplicando los criterios de la sociedad funcional a la comprensión de la familia. Se optó por verla no ya como una comunidad sino básicamente como una sociedad funcional más que justificaba su existencia y pertinencia en la forma en que podía solucionar ciertos problemas (vitales, pero siempre utilitarios).

La sociología supo distinguir ya tempranamente los conceptos de “sociedad” y de “comunidad” para diferenciar aquellos vínculos sociales libremente establecidos en virtud de un contrato y aquellos otros que no son elegibles sino que se pertenece a ellos en virtud del nacimiento (o de la incorporación libre, voluntaria e incondicionada) y acompañarán a las personas a lo largo de toda su vida. Los vínculos societarios contractuales son funcionales, es decir, no comprometen a las personas en la totalidad y unidad de su ser personas, sino sólo en aquellos aspectos explícitamente considerados en el contrato, permitiendo la delimitación de las responsabilidades y el plazo temporal de vigencia de las mismas.

De este modo la familia no corresponde, ciertamente, a la experiencia de las sociedades (o uniones societarias), porque no tiene plazo predeterminado de vigencia, ni las responsabilidades dentro de ella son limitadas hasta un cierto monto o a ciertos casos definidos con anterioridad. La familia es propiamente una comunidad, puesto que el vínculo que une a sus miembros entre sí los involucra en la totalidad de su ser personas y con total indeterminación de su vigencia temporal.

Por otro lado, es bueno señalar que la comunidad es una forma de organización que se diferencia de las formas contractuales al menos en los siguientes tres aspectos fundamentales:

a) en que las personas no escogen pertenecer a una comunidad, sino que han nacido en su interior, o se integran libremente, pero estableciendo un vínculo que es definitivo y que no está sujeto a revisión;

b) en que las responsabilidades en la comunidad no son limitadas ni por monto ni por tipologías, como son las obligaciones contraídas en las distintas sociedades reconocidas por el derecho, y

c) en que las funciones y roles sociales son inseparables de la individualidad y subsistencia de las personas que las sirven (la persona es antes que su rol y no al revés, la persona es valorada por ella misma y no por la eficiencia con la que cumpla con un determinado rol).

En virtud de estas tres características, puede decirse que el vínculo que une a los miembros de una comunidad es de pertenencia y no de carácter funcional.

El matrimonio (origen de la familia), a lo largo de la historia, adquirió también la figura jurídica del contrato, y por tanto, ha sido objeto de una definición funcional. Sin embargo, incluso bajo esta modalidad, se trata de un contrato muy especial, puesto que, a diferencia de los restantes contratos, se deja expresa constancia de su indisolubilidad temporal e incluye todos los aspectos de la vida en común y no sólo algunos de ellos especialmente destacados y delimitados en su responsabilidad.

Por ello, más que la fórmula jurídica, lo que interesa desde el punto de vista antropológico es la realidad misma del matrimonio y de la familia: el hecho de referirse a una comunidad de personas. El vínculo que une a las personas es de tal naturaleza que se constituye como tal comunidad no en virtud de la ficción de ser sujetos autosuficientes que buscan realizar un determinado objetivo, sino que, por el contrario, buscan realizarse a sí mismos como sujetos en la total interdependencia comunional determinada por la relación esponsalicia, la relación parental / filial, y la relación de consanguinidad entre quienes la conforman.

El gran drama moderno es que esta figura comunional ha devenido extraña para una sociedad que se organiza a partir de funciones especializadas. En la medida en que somos más sociedad y menos comunidad, perdemos más las características de la familia. No todas las relaciones entre las personas son societarias ni deberían serlo: las más básicas y esenciales son comunitarias. Y al Estado le toca protegerlas.

La Familia es una comunidad de personas y no una sociedad contractual, por Carlos Polo

Josefina Miró Quesada Gayoso, abogada que patrocinó los casos de Ana Estrada y María Benito, ha experimentado un retroceso llamativo en su discurso en favor del derecho a la eutanasia. Desde que empezó esos procesos judiciales hasta hace unos días se multiplicó en entrevistas de medios afines a su pensamiento, anunciando que por

 se había reconocido el “derecho a la muerte digna”, proclamándolo como

. El coro mediático y las declaraciones de sus aliados la acompañaron siempre con frases como “

 su camino a la muerte como un triunfo de la vida.

Este peculiar triunfalismo de Miró Quesada la llevó a desdeñar el 

. Y creo que, en este punto, su relato comenzó a desinflarse. Pronto se alzaron muchas voces de cordura tanto de la 

. Seguramente nunca esperó que se alzaran tantas voces.

Actualmente las declaraciones de Josefina son más austeras. Hace pocos días en una entrevista que ofreció al 

, ha reconocido abiertamente que no es el Poder Judicial sino el Poder Legislativo quien tendría que promulgar una ley que reconozca la legalidad de la eutanasia en el Perú. Textualmente afirmó que lo que llamaba “derecho a morir con dignidad” se trata en todo caso de “un derecho nuevo, no explícitamente reconocido en la Constitución”.

Lamentablemente, dos vidas terminaron en función de casos de activismo judicial y un protagonismo personal que pronto quedarán en el olvido.

Pasados los días de la euforia mediática, se puede ver en perspectiva cuál fue la valoración de cada elemento de esta narrativa sentimentalista, cuál fue el objetivo final y cuáles los medios para lograrlo. En una 

, Miró Quesada explicaba que el caso de Ana Estrada se originó mientras ella laboraba en la Defensoría del Pueblo cuyo titular en ese entonces Walter Gutiérrez dijo “esto lo tomamos y lo llevamos hasta al final”. ¿Por qué escogieron ese caso y no las otras docenas de pacientes de ESSALUD que pudieran estar sufriendo tanto o más? Pues, acabados los dos casos en mención no vemos a ninguno de estos abogados seguir preocupados por el dolor de los otros pacientes. No más entrevistas, no más fotos. Y si esto es cierto, entonces ni siquiera fue la eutanasia para el bien de Ana sino Ana para el bien de legalización de la eutanasia. Estaríamos ante un caso deinstrumentalización del sufrimiento de una persona para lograr un cambio legislativo exponiéndola mediáticamente.

 mostró que los jueces vienen recibiendo cursos de capacitación dictados por ONG 's que luego son litigantes en procesos judiciales que tienen que decidir sus capacitados. Y es que esa es la fórmula del activismo judicial, producir nuevos derechos o cambios legislativos a partir de demandas judiciales en la oscuridad donde controlan el discurso y los argumentos hasta en la mente de los jueces. Y estos jueces que deberían dictar sentencias en función al cumplimiento del marco jurídico vigente se arrogan una competencia que no tienen para “descubrir” nuevos derechos.

Pasados los efectos del activismo judicial y mediático, el “derecho a morir” se va muriendo. Hasta la misma Josefina Miró Quesada sabe que un proyecto de ley a favor de la eutanasia no tiene chances de aprobarse en el Perú. En un debate democrático más abierto en el parlamento su reinterpretación de la Constitución no alcanzaría. No podría transformar el espíritu constitucional que reconoce la protección de la vida, la autonomía y el libre desenvolvimiento y mucho menos convertirlo en “derecho a matarse”.

Y no es por los argumentos en los que cree el activismo pro eutanasia, sino porque el derecho a la vida hasta la muerte natural es un valor apreciado por los peruanos. El lenguaje orwelliano de convertir la muerte en vida choca en primer lugar con el sentido común, pero fundamentalmente con realidades más profundas que el militante de agendas progres no entiende.

Como diría el Cardenal Robert Sarah: “Cuando el camino en esta tierra llega a su fin, lo que necesita el hombre no es una fría jeringuilla que lo mate: necesita una mano compasiva y amante... · Morir con dignidad es morir amado”.

El “derecho a morir” se va muriendo, por Carlos Polo

Bachiller de derecho

María José Corzo

El pasado 5 de abril la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presidida por la Congresista Milagros Aguayo volvió a ganar la batalla contra la ideología de género en defensa de la familia al enviar al archivo el Proyecto de Ley 2735/2022-PE presentado por el Poder Ejecutivo durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.

Este proyecto pretendía atribuir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la facultad de diseñar, dirigir, autorizar, regular y supervisar los “cuidados” que todo ciudadano recibe por parte de sus familiares, tales como la vivienda, alimentación, limpieza del hogar, vestido, entre otros; así como la facultad de fiscalizar y sancionar a las familias con multas mayores a los 25,000 soles si es que consideraba que estas no estaban brindando los cuidados adecuados.

En una búsqueda desesperada por tener el control absoluto sobre las familias, el MIMP quería terminar con la intimidad del hogar y reducir el vínculo afectivo-familiar a una simple “relación de cuidado,” comparando a los familiares con trabajadores administrativos obligados a cumplir con los estándares de cuidado que el mismo MIMP pretendía determinar.

La creación de un “derecho al cuidado,” propuesta de Pedro Castillo y Aníbal Torres vía el Proyecto de ley 2735/2022-PE, vendía gato por liebre. Utilizaron el discurso de la liberación de la mujer de la carga de los cuidados en el hogar para introducir, entre otros, de forma contraria al ordenamiento constitucional peruano los conceptos de orientación sexual, identidad de género y mujeres en su diversidad.

Por supuesto, esta propuesta resultaba demasiado bien redactada y políticamente pensada para ser una idea de dicha dupla golpista.

Por la plata bailaron Castillo y Torres porque dejaron que Naciones Unidas a través de diversas agencias internacionales pro género se entrometan en nuestro sistema con asesorías técnicas para crear el Proyecto de Ley 2735/2022-PE.

Más de 680,000.00 dólares ingresaron al MIMP desde el año 2021 para redactar este proyecto e implementar el supuesto “derecho al cuidado” con enfoque de género. Así, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, se crearon más de 5 proyectos mediante los cuales las diversas organizaciones hicieron sus pagos. Algunos de ellos son:

No. 14510 con un monto ejecutado el 2022 de 60,000.00 USD, cuyas fuentes cooperantes son Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, Organización de las Naciones Unidas Mujeres – ONU Mujeres, Organización Internacional del Trabajo – OIT y el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.

No. 14508 con un monto ejecutado el 2022 de 9,423.00 USD, cuya fuente cooperante es World University Service Of Canada.

No. 14659 con un monto ejecutado el 2022 de 15,000.00 USD, cuya fuente cooperante es UNICEF.

No. 11968 con un monto ejecutado el 2022 de 7,581.77 USD, cuya fuente cooperante es PNUD.

 con un monto asignado de 588,500.00 USD cuya fuente cooperante es Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Las madres solteras, las personas con discapacidad y los adultos mayores fueron los caballos de Troya para que el Poder Ejecutivo presente un proyecto aparentemente inofensivo y beneficioso, pero que en realidad era una propuesta irrazonable y puramente ideológica.

¿Cómo es que se iba a financiar la realización de este proyecto si es que el mismo texto señalaba que no requería iniciativa de gasto? Nadie sabía. La ex ministra Tolentino, gran promotora de esta iniciativa, y su equipo participaron de diversas mesas de trabajo con la sociedad civil y en ninguna de ellas pudieron responder cuánto le iba a costar al Estado peruano la implementación de este proyecto ni dar cuentas sobre los más de 680,000 dólares que ingresaron al MIMP para elaborar este proyecto de ley.

Adicionalmente y a pesar de todo ese dinero “invertido” por las ONGs extranjeras, el proyecto de ley tenía muchas deficiencias técnicas. El Poder Ejecutivo no había realizado un estudio de cuántas personas se iban a ver beneficiadas con esta propuesta ni con qué servicios o recursos se les atendería. No les importaba la gente. Solo querían satisfacer los requerimientos de las ONGs aportantes y de las agencias de Naciones Unidas empecinadas en que el Perú legisle cuestiones de género sin importar cuántas familias podían perjudicar con ello.

Esta vez la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Congreso salvó el día y el Proyecto de Ley 2735/2022-PE nunca verá la luz. Esperemos que el Poder Ejecutivo haya aprendido su lección y no pretenda volver a entrometerse con una institución tan importante para los peruanos como es la familia.

Sistema Nacional de Cuidados al archivo, por María José Corzo y Carlos Polo 

En marzo del 2004, Steven Mosher, presidente de Population Research Institute, me convocó para animar, potenciar, organizar y entrenar a líderes de la región que se dediquen a salvar y proteger a los niños por nacer. Así se creó la Oficina para Iberoamérica de PRI. Estos 20 años de trabajo han sido la respuesta concreta a mi vocación profesional y una bendición que no me canso de agradecer a Dios. He procurado lo mismo con los jóvenes que han sido parte del staff de esta oficina y a los que hemos servido de diversas maneras en estas dos décadas. Necesitamos muchos de ellos para ganar la batalla para construir la Cultura de la Vida.

Mi relación con PRI comenzó con el inicio del siglo XXI gracias a mi gran amigo Dan Zeidler con quien había trabajado en varias organizaciones provida internacionales. Desde 1998, 

 había ayudado a los obispos y profesionales católicos que valientemente denunciaron las esterilizaciones forzadas en Perú. En 2001, Mosher me pidió completar esa investigación, pues yo tenía amistad y trato directo con muchos de ellos. El equipo de trabajo de campo enviado por PRI recolectó la evidencia y testimonios que dio sustento a la 

 en el Congreso de EE.UU. en 1999 y luego recortó millones de dólares del dinero público de EE.UU. a organizaciones abortistas.

En 2004, ya cuando había colaborado en crear varios dolores de cabeza a funcionarios USAID y abortistas en el Perú, Mosher me invitó a hacer lo mismo en toda la región. Nuestro primer encuentro personal fue en el Congreso Mundial de las Familias en México. Y también fue nuestra primera misión juntos. Yo tenía que conseguir que Elena Zúñiga, presidente del Consejo Nacional de Población de México, nos recibiera para una entrevista filmada. A Mosher le tocaba hacer las preguntas correctas para mostrar cómo en México estaban haciendo lo que prohibía la Enmienda Tiahrt, por ejemplo, trabajar con cuotas para métodos anticonceptivos, lo cual implica coerción. Sabíamos que conseguir la entrevista filmada con la señora Zúñiga era muy difícil porque ella era una activista pro aborto de mucha experiencia. El desafío nos llevó a emplear nuestras mejores artes para lograr el objetivo. Hicimos la entrevista y Zúñiga quedó en evidencia.

De esa manera, empezó un profundo vínculo de amistad y trabajo con muchas cosas en común con Steve Mosher. Además de ser antropólogos sociales, tenemos el mismo espíritu para afrontar la lucha contra la industria del aborto y del control natal: siempre buscar pasar a la ofensiva. Un día que conduje a una delegación de jóvenes líderes pro vida a la oficina de nuestro amigo el congresista norteamericano Christopher Smith, Steve me presentó como “su alma gemela”. Tremendo honor y tremenda responsabilidad al mismo tiempo.

También en estos primeros años, la Providencia me regaló con la amistad de Carlos y Mónica Beltramo quienes fueron cómplices y consejeros en las escaramuzas previas a la creación de la oficina del PRI para Iberoamérica. Y con Carlos y Mónica también soñamos juntos lo que vendría después.

Con los Beltramo concluimos que la mejor forma de aportar al movimiento provida internacional era el desarrollo de herramientas políticas. Porque el mejor momento para salvar a niños es cuando un político o un juez decide autorizar una ley a favor del aborto. Los pro vida de Hispanoamérica se empezaban a dar cuenta de que la batalla política era importante y el PRI fue parte importante de este despertar de la conciencia del pueblo pro vida. Siguiendo el adagio de “no dar el pescado sino enseñar a pescar”, las herramientas políticas permiten potenciar a los militantes pro vida y multiplicar nuestras posibilidades de triunfo donde estuviese alguno de ellos.

La primera gran herramienta que creamos fue la de Análisis de Escenario Político. Esta ayuda a visualizar una coyuntura donde se tomará una decisión crucial para nuestros intereses y permite pasar de ser meros espectadores a ser actores clave en lo que sucede en la comunidad, en la ciudad, en el país, en el mundo. La aplicamos primero en escenarios clave de Perú, luego de otros países y en eventos de la ONU y la OEA.

Muy pronto nuestros resultados se transformaron en solicitudes de cursos. A la fecha hemos dictado más de 200 cursos en 18 países entrenando a más de 3,500 activistas. Siempre grupos pequeños con miembros de las más importantes organizaciones de pensamiento y acción afines a la construcción de la Cultura de la Vida. En 2010, el Pontificio Consejo para la Familia nos pidió que pongamos nuestras enseñanzas por escrito. Así fue que el 2012 con Carlos Beltramo publicamos el libro “Análisis de Escenario con Mentalidad de Ajedrecista”.

Y fuimos acumulando experiencias y lecciones, transformándolas en herramientas políticas con las que en 2017 creamos la División RELEASE. El acrónimo resume nuestra labor: 

xecution. Varias veces, además de enseñar, también nos han pedido acompañar las acciones. En nuestro website 

 mostramos una docena de estas herramientas.

En 2018, el VII Congreso Internacional Pro Vida me otorgó el Premio Humanidad, reconocimiento al aporte que venía realizando PRI y cada uno de mis compañeros. En este mismo año publicamos nuestro segundo libro en coautoría con Carlos Beltramo titulado “Que Otros no Decidan por Ti. Hacer política en la era de la posverdad”.

En mayo de 2020 apenas empezada la pandemia COVID, produjimos 

, e-book gratuito con artículos de prestigiosos intelectuales (entre ellos Steven Mosher, Javier Milei, Agustín Laje). Nuestro objetivo era desmontar la narrativa globalista que pretendía imponerse de manera hegemónica. Los abortistas buscaban esconder sus objetivos en un relato más amplio, y nosotros estábamos allí para desenmascararlos. El éxito del libro fue inmediato y arrollador: mucha gente quería leer nuestras opiniones y tener “otro punto de vista”. Produjimos dos libros más de Pandemonium en octubre de 2020 y en mayo de 2021, y la edición en inglés del primer libro. En total tuvimos más de 500 mil descargas. Los videos de presentación de cada libro tuvieron más de un millón de visualizaciones. Pandemonium fue citado en varios estudios científicos. Incluso un investigador argentino de izquierda

 a sus camaradas: “a veces cometemos el error de creer que la derecha no escribe y no tiene intelectuales. Compilaciones como ésta nos dicen lo contrario”. 

Pandemonium también fue el inicio para trabajar muy de cerca con los más influyentes agenda-setters conservadores del mundo hispano parlante. Hemos colaborado con Agustín Laje, Miklos Lukacs, Nicolás Márquez y Pablo Muñoz en la difusión de sus libros, participando en sus videoconferencias analizando temas de actualidad política y eventos presenciales llegando a miles de jóvenes.

¡Cómo no recordar en este 20 aniversario a Sergio Burga! Después de 15 años trabajando en PRI se convirtió en un gran líder y estratega internacional, un ejemplo tanto en el trabajo como en su vida personal. Desde nuestros cálculos humanos tenía una excelente proyección profesional, pero Dios lo encontró maduro y con su misión terrenal cumplida, 

 el 30 de noviembre del 2022 a los 41 años. Teniendo a Sergio como modelo, otros jóvenes vienen tomando esa posta: Jeng Cheng Nakazaki en la comunicación digital y política, María José Corzo y Cristina Cevallos, abogadas especialistas en derecho parlamentario.

Todo lo descrito ha llevado a que nuestra oficina sea un referente político, jurídico y comunicacional a nivel de la región. También a que las organizaciones afines con las mejores prácticas quieran contar con nosotros. Trabajamos y formamos parte de CitizenGO – Hazteoir, plataforma ciudadana que reúne a más 18 millones de miembros en 11 idiomas y más de 50 países; del directorio del International Right to Life Federation y del Comité de Expertos de Political Network for Values colaborando con políticos como José Antonio Kast, excandidato presidencial en Chile, o Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.

Pero quizás el mayor reconocimiento viene de nuestros adversarios. No hay análisis donde no mencionen a PRI como un opositor clave. Tampoco han faltado los ataques mediáticos e incluso demandas judiciales. El año pasado, después de más de 8 años de procesos judiciales, ganamos una demanda que nos hiciera la ONG PROMSEX, el aliado más importante de Planned Parenthood en Perú. Nos dio mucho gusto que gastaran muchísimo dinero en vano contratando a un estudio de abogados muy costoso. En la Oficina del PRI para Iberoamérica vivimos con alegría la bienaventuranza de la persecución.

Agradezco a Steven Mosher, a mis compañeros del PRI, a los donantes y a todos aquellos que hacen posible que sigamos en esta lucha. Y pedimos a Dios que nos acompañe y nos permita seguir salvando niños por nacer.