Analista político

Franco Consoli

La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad de Lima es un desastre. Los trenes son una chatarra, son inservibles, una vergüenza ferroviaria, viejos y obsoletos. Son la más reciente evidencia del desastre de gestión del alcalde Rafael López Aliaga. O, al menos, eso es lo que la izquierda peruana quiere hacernos creer: que cada vagón representa no una oportunidad, sino un escándalo rodante.

Para responder a esta pregunta, he consultado a una fuente experta en temas ferroviarios del país, con más de 25 años de experiencia. Juntos, hemos desarrollado un análisis técnico que desmiente las afirmaciones que circulan alegremente en redes sociales y en editoriales de activistas disfrazados de periodistas y de técnicos en el campo.

La respuesta es clara, directa y sin adornos: no. La Municipalidad de Lima ha recibido lo que en términos ferroviarios se denomina “material rodante” —locomotoras y vagones— donado por la empresa Caltrain (California, EE. UU.). Este material no solo fue utilizado hasta hace poco tiempo en Estados Unidos, sino que, para llegar al Perú, debió cumplir con un proceso riguroso de fiscalización y estándares de seguridad.

Para circular por distintas vías férreas en Estados Unidos —y consecuentemente para su transporte internacional— estos trenes deben adherirse a los estrictos estándares de la Federal Railroad Administration (FRA). El hecho de que hayan cumplido estos requisitos certifica su operatividad y seguridad, desmintiendo la idea de que son meros despojos, y cumpliendo así los estándares de seguridad y calidad de uno de los países más regulados del mundo.

Antigüedad versus obsolescencia: una distinción crucial

No faltan quienes cuestionan la antigüedad de dichos trenes. Sin embargo, ignoran un hecho fundamental: el material rodante de Caltrain es contemporáneo con los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, adquiridos en la década de los 80 durante el primer gobierno de Alan García. La gran diferencia es que, mientras los trenes de la Línea 1 permanecieron en desuso por casi 20 años antes de su operación efectiva, los vagones de Caltrain funcionaron sin interrupciones hasta su reciente reemplazo.

El motivo del cambio en Caltrain no fue su obsolescencia o mal estado, sino una decisión estratégica para transicionar a un sistema de trenes eléctricos, alineado con un cambio en la matriz energética. Es decir, fueron reemplazados por un cambio tecnológico impulsado por nuevas políticas de Estado, no por deficiencias intrínsecas de los equipos.

El camino a la operación: infraestructura y gestión

El alcalde ha señalado correctamente el siguiente paso: encontrar una empresa que opere este material rodante, siguiendo el modelo ya aplicado en las líneas 1 y 2 del Metro, es decir, un operador privado con subsidio estatal. Y aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —tan diligente para obstaculizar y tan lento para ejecutar— insista en poner trabas, el camino es obvio: lanzar un concurso público para la operación de los trenes municipales.

Un segundo punto a considerar es la infraestructura ferroviaria. Las vías están concesionadas desde los años noventa a Ferrovías Central Andina (FVCA). Es decir, los trenes deberán circular en las vías que se encuentran bajo la administración de FVCA. Es importante recordar que, al momento de la concesión, el Estado peruano careció de la visión para incluir un sistema de transporte masivo de pasajeros en estas vías, a pesar de las iniciativas de modernización que FVCA ha presentado a lo largo de los años, incluyendo en su momento la de una alternativa más económica y rápida para la Línea 2 del Metro.

Hasta donde se sabe, FVCA ya ha propuesto al MTC una adenda para poner en marcha una primera etapa de movilización de pasajeros. Es aquí donde la pelota queda en la cancha del gobierno central. El Ministerio es el concedente de la infraestructura para dar marcha a todo este proyecto. Es este quien debe coordinar con Ferrovías para adecuar la infraestructura y delimitar las paradas del tren de manera segura, así como los demás requerimientos técnicos que viabilicen la primera etapa de este sistema de transporte masivo de pasajeros.

Desmontando mitos técnicos: vías, curvas y motores

Volviendo a las críticas de los “opinólogos de plató” de la izquierda nacional, que afirman que las vías “no soportan” estos trenes. Un absurdo. Si las vías pueden soportar trenes de carga de toneladas monumentales, ¿cómo no van a soportar vagones de pasajeros que son considerablemente más livianos? La respuesta es lógica.

Otros alarmistas y negacionistas sugieren que los trenes no podrían con las curvas de la ruta Callao–Chosica. Vaya revelación. Como si en California —de donde provienen— no existieran curvas. Y nuevamente: si los trenes de carga pesada ya transitan por esas curvas sin ningún problema, ¿cómo no lo harían los trenes de pasajeros?

Sobre la supuesta obsolescencia tecnológica, conviene recordar un no tan pequeño detalle: los motores que impulsan estos trenes son los mismos que se utilizan en cientos de locomotoras alrededor del mundo, fabricados por EMD (hoy una empresa de Caterpillar). Están lejos de ser piezas de museo. Si funcionan y son aprobados alrededor del mundo, ¿por qué no aquí?

Un avance concreto, una crítica predecible

Lo cierto es que estos trenes están listos —o prácticamente listos— para operar. Falta voluntad política, un plan de operación y algo de sentido común en el Ejecutivo para iniciar la habilitación de paraderos clave, como el de Huaycán, Santa Clara y la conexión con la Línea 2 y la Línea 1 del Metro de Lima, mientras se define el sistema integral. ¿Capaz así pueden entrar en funcionamiento meses antes?

Lo que ha logrado López Aliaga es un avance concreto para la capital. Y, como es costumbre, la izquierda responde con el mismo libreto de siempre, y para lo que son buenos: distorsionar, desacreditar, caricaturizar, destruir. Desde sus cómodas tribunas digitales, se lamentan de que los trenes “no son los mejores del mundo”, como si alguna vez hubiesen traído uno. Pero claro, cuando tienen poder, abundan las declaraciones y escasean las soluciones (¿o no, Susana & Asociados?).

No, no es el sistema ferroviario de Suiza. Pero es un comienzo. En el país, la izquierda —que nunca ha hecho algo— es ávida en criticar lo mucho o poco que se hace. Pero la realidad es que traer este tren, aun sin ser el más envidiable o el más moderno, ya es una victoria.

¿Obsoleto el tren o la crítica?, por Franco Consoli

¿Cuándo encontraremos paz? Lamentablemente ni con un Papa peruano podemos hoy en día obtenerla. Las calles se estremecen, el miedo apremia y el peruano llora la pérdida de sus seres queridos. Y mientras las pistas se inundan de las lágrimas del pueblo, el terror sigue ahogando vidas.

A la fecha en que se escribe esta nota, 1,135 personas han sido asesinadas en el Perú, según cifras del SINADEF. Una vida segada cada cuatro horas. Una media que desborda cualquier atisbo de normalidad. Una muestra palpable de la absoluta ineficacia del Estado frente a la ola de criminalidad que ha capturado el país.

Durante el 2024, se registraron 2,011 homicidios en territorio nacional, lo que representa un incremento del 35 % respecto al año anterior, en el que se contabilizaron 1,495 asesinatos. De ese total, 1,125 muertes fueron producto del sicariato, crimen que hoy ha encontrado tierra fértil en nuestra nación.(SINADEF)

Sin embargo, el gobierno actual prefiere hacer intercambios políticos, aumentando el sueldo presidencial, en vez de buscar reducir la criminalidad en el país, la cual durante el presente mandato presidencial solo ha ido aumentando de manera exponencial.

Uno de los episodios fatales más drásticos del presente año fue el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La libertad.

Actualmente, la región gobernada por el autoproclamado “Padre de La Libertad”, César Acuña es la segunda región más peligrosa del Perú, únicamente siendo superada por la capital.

Recordemos que el 25 de abril, trece trabajadores de una empresa de seguridad —contratista de la minera Poderosa— fueron secuestrados. Menos de diez días después, el 4 de mayo, sus cuerpos fueron hallados. Los exámenes forenses revelaron un horror atroz: los hombres fueron torturados y luego ejecutados. Pasaron sus últimos minutos atados de las manos, con vendas en los ojos, antes de ser fusilados con una bala en la nuca.

Pataz se volvió territorio de nadie. Una tierra sin ley, pero con verdugos. Donde, según Poderosa, cerca de 39 trabajadores, mineros artesanales y demás, fueron asesinados a manos del crimen organizado.

La minería ilegal se volvió la economía criminal más grande en el país, y consecuencia de ello es el grave aumento de delincuencia que se vive en la región, así como en todo el país. Y la ausencia del Estado además del -para muchos- fracasado modelo de tercerización minera, ha permitido este descontrolado aumento de la criminalidad.

De acuerdo con Datum (2024) más del 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles del país. Y para el pueblo peruano, la principal responsable de esta gran crisis es nuestra mandamás (Ipsos 2025). A un año de las elecciones el miedo se ha instalado como parte del paisaje urbano, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los precandidatos presidenciales ha hecho de la seguridad ciudadana el eje de su campaña.

¿Y los medios de comunicación? Tristemente, más preocupados por la frivolidad y el espectáculo -por quién besó a quién- qué por exigir a los candidatos propuestas reales frente a esta tragedia. ¿El mal periodismo provocó la caída de sus ventas, o fueron las malas ventas las que condenaron al periodismo a su decadencia?

La gente muere y al pueblo se le ofrece pan y circo. Este año restante para la presidenta, la cual, como jefa de las fuerzas armadas, quien ha fracasado en todos sus extremos en la lucha contra la delincuencia, parece solo encaminarnos a un 2026 donde seguirá corriendo sangre. Y si quienes aspiran al poder, no colocan como prioridad absoluta la lucha frontal contra el crimen, al pueblo peruano no le quedará más remedio que rezar o esperar un golpe de Estado militar, con el que muchos -credulamente- creen que las cosas podrán cambiar.

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Más de mil peruanos muertos ¿hasta cuándo?, por Franco Consoli

En el Perú, cuando un servicio es gestionado primordialmente por el Estado, el resultado suele ser desastroso. Y, como es habitual, los únicos perjudicados somos los ciudadanos, obligados a someternos a normativas que no solo expanden la burocracia estatal, sino que, paradójicamente, la tornan cada vez más ineficiente. Casi dejándonos sin escapatoria.

Un claro ejemplo de ello es el intento del Estado por monopolizar el transporte público en arterias principales como las avenidas Javier Prado y Arequipa. Me referiré a estas dos, en particular, por haberlas transitado durante mis años de estudiante, aunque es evidente que esta problemática se extiende a muchas otras vías limeñas.

Quien haya utilizado los corredores rojos o azules en estas avenidas conoce de primera mano su principal deficiencia: se trata de un sistema que no logra atender la demanda existente. Las filas en los paraderos se extienden indefinidamente, especialmente en horas punta —que, en el caótico tránsito limeño, pueden abarcar casi todo el día—. La flota resulta insuficiente, y ello queda evidenciado por la cantidad de personas que, a diario, esperan con resignación abordar uno de estos vehículos.

A ello se suma la cuestionable planificación por parte de la ATU o la autoridad competente en relación con la ubicación de los paraderos. Existe una proliferación innecesaria de puntos de parada que entorpecen la fluidez del sistema. Basta observar cómo, en Javier Prado, hay paraderos en Guardia Civil, Aviación y San Luis, ubicados a distancias de aproximadamente un kilómetro entre sí.

Así, enfrentamos un sistema cuya oferta no satisface la demanda, que adolece de eficiencia y que somete al ciudadano a una constante pérdida de tiempo. Y si a ello se añaden las condiciones deplorables de muchas de las unidades, no resulta sorprendente que, según un estudio de la Red de Estudios para el Desarrollo (2023), el nivel de satisfacción de este sistema sea de apenas un 14.4%.

Sin embargo, si bien el Estado no nos da una solución a este deplorable sistema que él mismo nos brinda, el mercado encontró la vía alterna: los colectivos informales.

Mucho se puede —y con razón— criticar a los colectivos informales: que incrementan el tráfico, que operan sin respetar la ley, que están dominados por mafias, como las de Ate o el Callao, en Javier Prado, o la del Cercado en Arequipa. Sin embargo, pese a todo, constituyen hoy por hoy la única alternativa que enfrenta con relativa eficacia la desbordada demanda de transporte en la capital. Son la respuesta del mercado.

El Estado fracasa en ofrecernos una alternativa viable, y el mercado improvisa una solución. Quizá no sea la más idónea, ni la más ordenada, pero es la salida que millones de peruanos encuentran para evitar perder horas valiosas atrapadas en el tráfico limeño. Según diversos estudios, entre ellos los de “Lima Cómo Vamos”, el sector formal apenas cubre alrededor del 10% de la demanda real de transporte. Ante ello, ¿qué opción le queda al ciudadano que simplemente quiere llegar a casa?

Lamentablemente, los colectivos son la respuesta a la ineficiencia de un Estado que se quiere mostrar capaz, pero que en la práctica queda en deuda con sus ciudadanos.

Si buscáramos una muestra aún más cruda de esta ineficiencia, bastaría mencionar la incapacidad estatal para enfrentar las extorsiones que afectan a este sector. En una conversación con un colectivero, supe que deben pagar entre 20 y 25 soles diarios a bandas extorsivas. Es decir, estos conductores —a los que el Estado quiere erradicar sin ofrecerles una alternativa legal— inician su jornada con una pérdida económica forzosa. Y si el Estado no puede lidiar ni con los colectiveros, mucho menos con quienes los extorsionan; que a este punto, ¿a quién no extorsionan?

Este escenario retrata con claridad la poca funcionalidad del aparato estatal peruano: pretende monopolizar servicios que no sabe gestionar, y termina obligando al mercado a improvisar soluciones, como en el caso de los colectivos. Tal vez convenga recordar, como bien dijo Milton Friedman, que 

“los mercados son el mejor sistema que tenemos, aunque no sean perfectos.”

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Colectivos: El Estado existente e ineficiente, por Franco Consoli

¿Justificarías un golpe de Estado? En principio, la respuesta debería ser negativa. Toda vulneración al régimen constitucional de cualquier nación debe ser inequívocamente condenada. Pero planteemos una excepción, hagamos trampa. Si las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de Nicolás Maduro, ¿te parecería justificable? Muchos sostendrían que dicho régimen es el fruto de fraudes sistemáticos. No obstante, su origen formal se encuentra en procesos democráticos, y desde una perspectiva legal, un alzamiento armado sigue siendo igualmente reprochable. No se combate la ilegalidad mediante actos igualmente ilegales.

¿Es el Perú realmente un país democrático? El respeto por la voluntad popular se encuentra en sus horas más bajas. La vacancia presidencial se ha institucionalizado como una práctica ordinaria más que excepcional, y ha llegado a condicionar el resultado mismo de cada elección. Todo indica que seguirá siendo así.

Por otro lado, el pueblo peruano no se ha mostrado como el más ferviente defensor del sistema democrático. Así lo evidencia la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que revela que el 52 % de los ciudadanos estaría dispuesto a avalar un golpe de Estado protagonizado por los militares. Una cifra alarmante que se asemeja a los resultados de julio de 2024, cuando la misma institución señaló que el 53 % de peruanos declaraba no creer en la democracia.

En apenas dos años, más de la mitad del país habría dejado de confiar en el sistema democrático. Esta tendencia debe ser analizada con mesura, ya que no responde únicamente al gobierno de turno, sino a un sistema político que ha fallado de manera sistemática al pueblo —y a un pueblo que, tal vez, tampoco esté aún preparado para sostenerlo.

No es casualidad que, haya sido un golpista a rajatabla, una gran parte de la ciudadanía siga respaldando el régimen de Alberto Fujimori. Porque, más allá de sus transgresiones al orden democrático, se dedicó a resolver las necesidades urgentes del país. Para ese sector, aquello bastó para validar su mandato, valiéndose así de la legitimidad del mandato fujimorista.

Hoy, como en décadas pasadas, la democracia nos ha fallado. No solo en términos teóricos, sino también en cuanto a la idoneidad de su ejecución. Si el sistema democrático no es capaz de garantizar estabilidad, muchos se preguntan: ¿para qué sostenerlo?

Sin embargo, haciendo un examen de conciencia, debemos reconocer que el fracaso democrático también recae sobre nosotros mismos. Hemos sido incapaces de ejercer un voto que otorgue gobernabilidad. Y ante esa incapacidad, ahora el 52 % del país estaría dispuesto a buscar estabilidad por vías en las que no participan, como lo sería un golpe de Estado. Eso sí, lo apoyarían solo si responde a sus aspiraciones: un líder autoritario que les provea la estabilidad que no han logrado alcanzar por medios democráticos.

Desde una perspectiva práctica, un golpe de Estado es una apuesta incierta, una moneda lanzada al aire. No es garantía de orden ni de progreso. Al contrario, es una antesala del caudillismo y la inestabilidad, pues en un gobierno centrado en una sola figura, nadie puede prever lo que sucederá. En teoría, podría imaginarse un golpe con intenciones nobles: combatir la delincuencia, la inflación, la minería ilegal, entre otros males. Un hipotético “Fujimori 2.0”. Pero no hay forma de garantizar tal desenlace. Si el golpe lo liderara alguien como Maduro, ni la izquierda ni la derecha lo respaldarían. Por lo que, claramente, no es la solución.

A menos de un año de las próximas elecciones, es vital tomar conciencia para no repetir el ciclo de frustración y caos que se ha perpetuado durante casi una década. Debemos asumir la responsabilidad de elegir, por la vía democrática, a alguien que nos conduzca hacia la estabilidad. No podemos seguir esperando que esta llegue mágicamente, entre ráfagas de metralla, por obra de un mesías armado. Por más que, ciertamente, es improbable que la línea de votantes cambie para este 2026.

¿Qué tan demócratas somos?, por Franco Consoli

En el Perú contemporáneo, el liberalismo ha fracasado. No hay lugar para eufemismos: esta corriente ha ido perdiendo cada vez más terreno, no por falta de autoproclamados liberales —que abundan— sino porque muchos de ellos no son más que una fachada ideológica. En nuestro país, no existen partidos que defienden el liberalismo en su esencia; lo que impera es una tergiversación del mismo, que muchos confunden con libertinaje.

“Vida, libertad y propiedad”. Esos son, según John Locke, uno de los padres del liberalismo clásico, los tres derechos naturales e inalienables del ser humano. Son pilares que el Estado debe proteger con firmeza por el simple hecho de que derivan de nuestra condición como personas.

Sin embargo, en nuestro país, ningún político actual defiende verdaderamente estos principios. Como mencioné, tanto desde la derecha como desde la izquierda varios se presentan como sus guardianes, pero sus actos desmienten sus palabras.

¿Quién protege la vida? ¿Qué político pseudoliberal promueve decididamente la defensa de este derecho? En lo que va del año, más de 500 personas han sido asesinadas, según los últimos reportes del SINADEF. Es decir, aproximadamente una persona pierde la vida cada cuatro horas a manos de la violencia. ¿Dónde están los liberales que claman por la vida? ¿Qué propuestas legislativas han presentado para combatir la delincuencia, el crimen y el abandono del Estado?

En el Parlamento, encontramos figuras que se autodenominan defensoras de la libertad que lideran iniciativas para reducir el gasto público, que, aunque loables, no deberían encabezar la agenda nacional.

Poco sirve priorizar la reducción del gasto estatal si el pueblo muere asesinado.

Por otro lado, hay quienes confunden libertad con libertinaje. Para muchos, ser liberal equivale a adoptar posturas progresistas al estilo del Partido Demócrata de los Estados Unidos: defender el activismo trans, el feminismo radical, entre otros. Este es un error fundamental. La verdadera defensa de la libertad radica en permitir que el individuo actúe y decida sin coacción externa, siempre dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos ajenos.

¿Somos libres? Considero que no. Porque más allá de ciertas privilegiadas burbujas, el miedo y la inseguridad restringen nuestra libertad. ¿Es verdaderamente libre quien teme salir de casa en la noche? ¿O el emprendedor que debe pagar extorsiones diarias para no perder su negocio?

Con cerca de 9.8 millones de peruanos viviendo en situación de pobreza, según el INEI, resulta ilusorio hablar de una sólida defensa de la propiedad privada. Y revertir esta situación no es tarea fácil. Algunos liberales en la escena pública proponen recortar impuestos o mejorar la gestión de recursos, pero el ciudadano común no encuentra en estas medidas un alivio tangible. Desde el poder no se promueve el acceso al empleo de forma efectiva ni se impulsan reformas estructurales para enfrentar la pobreza y la desigualdad.

Tristemente, el liberalismo, como doctrina coherente y sólida, ha sido relegado al olvido. El conservador que prefiere no cargar con esa etiqueta se hace llamar liberal, y el progresista que evita declararse socialdemócrata también lo hace. Así, hemos vaciado de contenido al liberalismo. No existe una política partidaria liberal. Veámonos a la cara y no engañemos al pueblo. Falsos políticos liberales buscan marcar una etiqueta para obtener el poder, para verse distintos. Pero luego ignoran los principios que dicen defender, desconociendo así, los verdaderos problemas del país. No combaten el miedo ni el hambre, menos aún luchan por la “Vida, libertad y propiedad”, preocupándose únicamente por su argolla de poder.

El fracaso del falso liberalismo, por Franco Consoli

La diplomacia y la normativa internacional están dando paso a un conflicto enorme en el continente. Una vez más, la soberanía y la justicia nacional se ven relegadas y abnegadas por normativas internacionales ambiguas y controvertidas. Todo ello, en nombre de la preservación de un status quo que, evidentemente, urge ser transformado.

Como es de conocimiento público, Nadine Heredia —ex primera dama del Perú entre 2011 y 2016, y para muchos la verdadera figura de poder durante aquel periodo— ha eludido la justicia peruana. Esto ha sido posible gracias al gobierno de Brasil, que le concedió asilo político a una persona condenada por lavado de activos.

La protección fue otorgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en una decisión abiertamente contraria a la legislación peruana, permitió que Heredia escapara de las consecuencias jurídicas que le corresponden. Esta decisión, además, vulnera disposiciones del derecho internacional, en particular el Convenio sobre Asilo Político de Caracas de 1954, cuyo artículo tercero establece claramente que “no es lícito conceder asilo a personas que, al momento de solicitarlo, se encuentren inculpadas, procesadas o condenadas por tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, sin haber cumplido las penas respectivas (...)”.

No obstante, el mandatario brasileño ha dejado en evidencia que, cuando los convenios internacionales resultan inconvenientes, simplemente se les ignora. Y como lo hemos señalado en más de una ocasión, si estos se violan, rara vez hay consecuencias reales.

Más grave aún resulta observar cómo el gobierno peruano le concedió un salvoconducto a Heredia para escapar del país, alegando que “estaban obligados” por la misma Convención de Caracas que Brasil decidió desacatar. En otras palabras, Nadine Heredia se mofa de nuestra justicia debido a que a Brasil le importa un bledo el convenio internacional que el Perú respeta con servil obediencia, tal borrego.

Podría incluso afirmarse que el actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, muestra mayor apego a tratados internacionales que a su propia legislación interna. La Ley de Asilo y Refugio, en su artículo sexto, establece de forma categórica que “no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes”.

¿Qué habría ocurrido si el gobierno peruano hubiera actuado con firmeza y sensatez para impedir que Heredia escapara del alcance de la justicia?

No se trata de un hecho aislado. Esta práctica de proteger, mediante herramientas diplomáticas, a aliados ideológicos no es nueva. Recordemos cómo el gobierno de México dio refugio a Evo Morales tras el fraude electoral en Bolivia, o cómo intentó brindar asilo a Pedro Castillo luego del fallido golpe de Estado en el Perú —consiguiendo, al menos, otorgárselo a su familia—.

Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido con el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien en 2023 recibió asilo político por parte de México. En respuesta, la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la embajada mexicana en Quito, desafiando tratados fundamentales como la Convención de Viena, para proceder con su captura. Condenado por la justicia de su país, Glas no fue protegido por consideraciones diplomáticas: para el presidente Noboa, la justicia era innegociable.

La acción del gobierno ecuatoriano, por más polémica que haya sido, deja una reflexión profunda, especialmente si se compara con la tibieza y pasividad mostradas por las autoridades peruanas esta semana. En primer lugar, la presidenta Dina Boluarte, su primer ministro, el canciller y otros funcionarios se convierten en cómplices de este penoso epílogo. En segundo lugar, es necesario replantear el alcance del respeto a las normas internacionales, porque la experiencia demuestra que, cuando un Estado las infringe, rara vez se le impone una sanción significativa. Así lo evidenció Ecuador con Glas, y hoy lo confirma Brasil con Heredia. Ambos países se burlaron, a su manera, del orden internacional, y sin embargo nada ha cambiado.

Por último, es indispensable analizar con honestidad cuándo la justicia debe anteponerse a toda otra consideración. Si estamos dispuestos a permitir que gobiernos de izquierda deslegitiman nuestras condenas y protejan a delincuentes mediante el asilo, entonces quizás deberíamos abandonar toda pretensión de justicia y, simplemente, abrirles las cárceles a los políticos condenados. La diplomacia y sus privilegios están en picada.

Pero de una u otra manera, el papelón lo hacemos siempre nosotros.

Diplomacia en picada, por Franco Consoli

La fragmentación de la izquierda peruana es un fenómeno que se ha convertido en un sello distintivo de nuestra historia política. Aunque, siendo justos, la derecha tampoco ha dado grandes muestras de unidad. Sin embargo, la división en las filas izquierdistas no ha sido un obstáculo para su éxito electoral en los últimos años; más bien, ha sido todo lo contrario.

Antiguamente, cuando el panorama político era radicalmente distinto, la dispersión de la izquierda obedecía a la vasta diversidad ideológica que la conformaba. En su seno coexistían partidos y movimientos que iban desde el marxismo-leninismo hasta el trotskismo, influidos por las corrientes internacionales soviética y maoísta, o por la revolución cubana en nuestro continente. No obstante, aquellos debates doctrinarios han quedado en el pasado. La izquierda peruana de hoy es otra, y sus fracturas obedecen a dinámicas muy distintas.

En la actualidad, se pueden distinguir, a grandes rasgos, dos vertientes predominantes. Por un lado, la denominada izquierda "caviar", elitista, oenegera, cuya agenda gira en torno a la justicia social y los derechos de las minorías progresistas, bautizada ahora por algunos como la “izquierda USAID”. En el otro extremo, se encuentra la izquierda popular, rural y radical, con un marcado discurso revolucionario, de donde emergieron figuras como el golpista Pedro Castillo o Vladimir Cerrón.

Lo interesante de esta dicotomía es que la izquierda radical no considera a la caviar como una aliada natural, sino como una versión moderada de la derecha. Esta percepción no es exclusiva de sus líderes, sino también de su electorado, que tiende a ver con igual recelo a un caviar que a un político de derecha.

Para el radicalismo, ambas facciones forman parte de un mismo “imperialismo estadounidense”, la más corrosiva de las influencias extranjeras. En su visión, la élite caviar, al recibir financiamiento de organismos norteamericanos, es indistinguible de aquellos a quienes dice combatir.

Aun así, el izquierdista caviar, con su habitual condescendencia, asume que puede recurrir a la izquierda radical como aliada circunstancial. Pero para esta última, los progresistas de salón no son más que otra cara del mismo enemigo. En el fondo, sus valores y principios son irreconciliables. Su cercanía al colorido lobby, por ejemplo, va en contra de los valores marxistas, quienes consideraban la homosexualidad una conducta burguesa capitalista. Como expresó el propio Cerrón, existe una guerra interna entre la "izquierda travesti" y la "izquierda marxista".

No obstante, a pesar de sus diferencias, ambos sectores comparten más de lo que admiten. Basta observar sus vínculos con el MOVADEF, su tendencia a la romantización del terrorismo, su discurso sobre la Asamblea Constituyente o su insistencia en el sabotaje económico, especialmente en sectores estratégicos como la minería. Sin embargo, sus disputas internas pesan más que sus coincidencias. Porque mientras los caviares se someten incondicionalmente a la agenda de USAID, los radicales se entregan sin reservas a su ideología. Ambas izquierdas, anteponiendo sus intereses, ajenos a las necesidades del pueblo.

Conscientes de esta fractura, la izquierda caviar podría jugar una carta que pueda ser aceptable para ambos frentes: Martín Vizcarra. En estos momentos, el también golpista es el único referente viable de la cúpula caviar, y gracias al control que aún conservan en diversas instituciones, su nombre sigue resonando como una posible opción electoral. Vizcarra representa la única figura capaz de obtener la aceptación de los radicales, sobre todo si, en una hipotética —y no del todo improbable— victoria electoral, decidiera indultar a Pedro Castillo. Porque, al final del día, la izquierda que denuncia persecución política sabe bien que su verdadera opción de poder está, o bien tras las rejas, o bien en la clandestinidad.

La ideología, la billetera y el pueblo, por Franco Consoli

Politólogo 

Santiago Carranza-Vélez 

La derecha peruana es una ilusión. Es verdad que pueden haber ciertos líderes que defienden las instituciones tradicionales, la economía de mercado o despliegan un férreo anti izquierdismo. En la misma línea, es verdad también que tienen un discurso que cada día más se alínea con los nuevos referentes internacionales del sector diestro. Hay una cierta tendencia a la inspiración en lo extranjero. Sin embargo, eso es todo, la ilusión de parecer, de emular los gestos sin entender el guión, una mímica peruana.

¿Por qué decimos ello? Porque la Nueva Derecha, la de Meloni, Trump y compañía, no empezó como un movimiento internacional. Las reuniones que celebran, los nuevos partidos en el parlamento europeo, entre otras postales, enajenan y llevan pensar que se trata de un movimiento transnacional. Todo lo contrario. La Nueva Derecha, en esencia, es un movimiento nacionalista y popular, que marca un abismo generacional con la derecha liberal y globalizante de finales del siglo pasado.

Múltiples procesos han llevado a esta reconversión. Se puede hablar de la crisis de migrantes, del desaceleramiento económico occidental, de una creciente aversión a las políticas identitarias. En general, este proceso nace de los sectores que perdieron en la acelerada globalización que se ha llevado a cabo en los últimos cuarenta años. Por ello, la Nueva Derecha busca soluciones dentro de la frontera, y no en el globo, en sus propias y nativas expresiones sociales, y no en el cosmopolitismo.

En el Perú, ningún representante de la derecha siquiera se ha puesto a pensar en ello, en buscar soluciones dentro de nuestras fronteras, dentro de la expresión social y cultural. Se alimentan de las tres o cuatro ideas fuerza que publicitan los nuevos líderes del nacionalismo popular a nivel internacional, pero no han notado que cada líder, más allá de esas consignas compartidas, lo que buscan es conectar con la representación del ciudadano de a pie. Nuestra derecha en cambio, cada día ve al ciudadano más lejos y la ausencia de su representación en las provincias lo evidencia.

A diferencia de los referentes de la derecha en el mundo, nuestra derecha no conecta con el pueblo. No se acerca al peruano para entender sus intereses, sus necesidades, ni mucho menos su sufrimiento. Copian los lemas y los modelos de afuera, sin ser capaces de interpretarlos en nuestra realidad, demostrando así su completa desconexión. Su norte es satisfacer sus propios ideales, cuando debería ser la consecución del interés nacional

De esta manera, en el Perú no tenemos aún nada comparable al proceso de la reconversión de la derecha internacional. Ninguno de nuestros representantes tiene una propuesta para los problemas de los peruanos. Se preocupan por su agenda ideológica, pasando por encima de la necesidad del pueblo. Si bien es cierto que nuestra derecha durante el siglo XX y XXI ha estado dirigida a lo mercantil y comercial, y también que nuestro nacionalismo ha sido pobre de ideas y mayoritariamente orientado a la izquierda, el pueblo peruano merece una representación nacional-popular de derechas real. Ya vemos cómo desde la izquierda contrabandean a líderes que debería estar dentro del relato de la derecha, como nuestro héroe patriótico y conservador Andrés Avelino Cáceres en el discurso de los Humala. O cómo la izquierda polariza utilizando el pasado imperial incaico para sus divisorias ideas indigenistas.

Dentro del reducido espacio de una columna no podemos desarrollar toda una estrategia o doctrina para una derecha nacional-popular, pero sí queremos concluir con dos ideas fuerza. La primera es que al buscar la inspiración internacional, la derecha no debe centrarse en la comunicación global de sus aliados, sino fijarse en cuáles son las estrategias internas que despliegan. Es decir, inspirarse menos en discursos como los del CPAC y más en la organización subnacional de estos movimientos. La segunda es volver a la raíces. En nuestros dos siglos de historia, múltiples tragedias y bendiciones han forjado nuestro grandioso país. Asimismo, generaciones de intelectuales han diagnosticado cuál es nuestra esencia. Volvamos a ellos. Ya Víctor Andrés Belaunde en 1931 había establecido que la peruanidad no puede reducirse a una visión excluyente ni indigenista ni hispanista, sino que es el resultado de un proceso de fusión en el que se origina una síntesis cultural que nos define. El nacionalismo-popular peruano debe empezar por ahí, por entender quiénes somos y luego proponer hacia dónde vamos como país. Por supuesto no debe ser una derecha que copia, pero no pega.

La derecha copia, pero no pega, por Santiago Carranza-Vélez y Franco Consoli 

De ser considerado, en su momento, el mejor distrito de Lima, hoy, Miraflores es una sombra de su pasado. Muy malas gestiones han sido las que han ido cavando la tumba de uno de los distritos más emblemáticos de la capital. Sin embargo, ninguno ha hecho tanto daño como el alcalde Carlos Canales.

Ir de la mano con el partido de Rafael López Aliaga ha sido lo unico inteligente que ha hecho Canales. Tras ganar las elecciones municipales con Renovación Popular, el burgomaestre miraflorino ha brillado únicamente por sus desaciertos (aciertos no ha tenido ni uno).

Todos recordamos cuando el alcalde decidió que en los parques no se podía hacer deporte. Postura que luego tuvo que dar marcha atrás dado que era incontrolable, aparte de absurda. O cuando obligó, mediante una ordenanza, a los locales a tener detectores de metales para reducir el crimen. Disposición municipal que luego fue retirada por decisión de Indecopi, tras considerarla ilegal.

Efectivamente, el alcalde poco entiende de la legalidad.

Durante la gestión de Canales todo se ha ido abajo. El tráfico ha sido un caos debido a que decidió cerrar avenidas como Comandante Espinar o 28 de Julio, por tiempos extravagantes. Las cuales, dentro de todo, eran las que estaban “mejorcitas”.

Los parques destruidos, de verde a marrón. ¿Qué se estará haciendo con el presupuesto para su mantenimiento?

La inseguridad azota las calles del Perú, y si bien no es culpa del alcalde, sino más bien del gobierno y de sus ministros, vale la pena decir que Canales se la ha dejado fácil a los delincuentes en su distrito. En la década de los noventa, se instituyó en el distrito de Miraflores el Serenazgo, que, si bien no tenían la capacidad de frenar el crimen, alguna sensación de vigilancia daba. No obstante, desde que la gestión de Canales inició los serenazgos fueron desapareciendo. En el único lugar donde se les ve siempre, es en el mural de Paddington, que tiene su seguridad personal por parte del alcalde. Pero en el resto del distrito, los serenazgos han desaparecido, reduciendo las chances de fiscalización y de control en la municipalidad. Y al parecer, distintos patrulleros de la municipalidad se han visto tirados donde estaba el Estadio Bonilla. No por nada, Miraflores se encontró como el sexto distrito con más robos en la capital, según un informe de INEI, ¿No hay responsabilidad del alcalde ahí?

De seguro es que la calle donde vive sí está bien resguardada.

Canales, también conocido como el de las “medias obras”, ha hecho todo mal desde que asumió el cargo. Nada lo evidencia mejor que el fracaso del puente Armendáriz, que debía conectar el distrito con Barranco, obra que debió terminar el pasado noviembre y aún no ha acabado.

Si bien Canales dijo en su momento que había que “educar a la gente de los cerros”, el que parece que necesita ser educado es él. Miraflores ya no es el distrito que fue y que parece no volverá. La representación micro de las pésimas gestiones que hay en el país, donde no se arregla lo feo, y lo bonito solo se desmorona.

La decadencia de Miraflores, por Franco Consoli

Nadie mata a una mujer por el simple hecho de ser una mujer. ¿Polémico no? El gobierno de Javier Milei está impulsando una reforma en el Congreso argentino para eliminar la figura del feminicidio de su legislación. Todo basado en esta polémica frase.

Según el gobierno de Milei, el feminicidio no puede existir. Esto debido a que, la administración del gobierno argentino defiende la igualdad ante la ley, consagrada en su Constitución y no pretende darle un valor distinto a la vida según su sexo.

Completamente de acuerdo con lo dicho, y con lo que promueve su reforma; sin embargo, considero que para eliminar el feminicidio hay necesidad de esclarecer otros puntos. Y el más importante, en el cual me centraré, es que el feminicidio es inviable por sí mismo, no existe y no puede existir.

El feminicidio, per se, es matar a una mujer por su condición de mujer. Y es su definición lo que lo vuelve, por ende, un delito imposible.

Si vemos otros delitos, donde se comete un homicidio, veremos que no se le atribuye a la víctima una atribución tan subjetiva como su condición como tal. En el parricidio, se condena a quien mató a un ascendiente, descendiente, o con quien tiene una relación conyugal. Hay legislaciones donde existe el fratricidio, en el cual se condena a quien mató a su hermano. El infanticidio condena a quien mata a su hijo durante el parto o de neonato. El aborto condena a quien mató a un humano antes de nacer.

En todos estos casos, la condena es clara: se condena el acto objetivo.

En el caso del feminicidio, no prima lo objetivo, sino lo subjetivo. No se condena el matar a una mujer, sino matarla por su condición de mujer, lo que es claramente imposible. El matar a alguien por su condición como tal es un crimen que fue cometido por los nazis previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis mataban o capturaban al judío que encontraran, por su condición como tal.

Si el feminicidio fuese matar a una mujer por su condición como tal, significaría que el feminicida mataría a cualquier mujer que encuentre. No excluiría a ninguna, ni a su mamá, ni a su hermana, ni a su esposa o novia, asesinaría a todas por su condición de mujer.

Ello lo explica perfectamente el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, quien negó la posibilidad de este delito.“El homicidio por odio se produce contra las minorías. La característica que tiene es que no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a toda la colectividad. Y acá en la Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Es una locura, no existe”.

Entonces, el feminicidio es inviable porque “nadie sale a la calle a matar a una mujer por ser una mujer”.

Hoy en día, a cada desalmado asesino que acaba con la vida de una mujer, lo condenan por feminicidio, cuando ello dista de la verdad. Muchos son crímenes emocionales o pasionales, donde la subjetividad de la voluntad del autor reside en otros factores aislados.

Los colectivos feministas ahora protestan en contra de Milei por esta medida, que debería ser replicada en el Perú y en todas partes. Sin embargo, sería bueno que estos colectivos expliquen la defensa de este delito, para que podamos evidenciar una de sus tantas contradicciones. Si para los zurdos y los progres, quien se autopercibe como mujer es una mujer, si los hombres nos autopercibimos mujeres, ¿también sería feminicidio?