Analista político

Franco Consoli

En el Perú contemporáneo, el liberalismo ha fracasado. No hay lugar para eufemismos: esta corriente ha ido perdiendo cada vez más terreno, no por falta de autoproclamados liberales —que abundan— sino porque muchos de ellos no son más que una fachada ideológica. En nuestro país, no existen partidos que defienden el liberalismo en su esencia; lo que impera es una tergiversación del mismo, que muchos confunden con libertinaje.

“Vida, libertad y propiedad”. Esos son, según John Locke, uno de los padres del liberalismo clásico, los tres derechos naturales e inalienables del ser humano. Son pilares que el Estado debe proteger con firmeza por el simple hecho de que derivan de nuestra condición como personas.

Sin embargo, en nuestro país, ningún político actual defiende verdaderamente estos principios. Como mencioné, tanto desde la derecha como desde la izquierda varios se presentan como sus guardianes, pero sus actos desmienten sus palabras.

¿Quién protege la vida? ¿Qué político pseudoliberal promueve decididamente la defensa de este derecho? En lo que va del año, más de 500 personas han sido asesinadas, según los últimos reportes del SINADEF. Es decir, aproximadamente una persona pierde la vida cada cuatro horas a manos de la violencia. ¿Dónde están los liberales que claman por la vida? ¿Qué propuestas legislativas han presentado para combatir la delincuencia, el crimen y el abandono del Estado?

En el Parlamento, encontramos figuras que se autodenominan defensoras de la libertad que lideran iniciativas para reducir el gasto público, que, aunque loables, no deberían encabezar la agenda nacional.

Poco sirve priorizar la reducción del gasto estatal si el pueblo muere asesinado.

Por otro lado, hay quienes confunden libertad con libertinaje. Para muchos, ser liberal equivale a adoptar posturas progresistas al estilo del Partido Demócrata de los Estados Unidos: defender el activismo trans, el feminismo radical, entre otros. Este es un error fundamental. La verdadera defensa de la libertad radica en permitir que el individuo actúe y decida sin coacción externa, siempre dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos ajenos.

¿Somos libres? Considero que no. Porque más allá de ciertas privilegiadas burbujas, el miedo y la inseguridad restringen nuestra libertad. ¿Es verdaderamente libre quien teme salir de casa en la noche? ¿O el emprendedor que debe pagar extorsiones diarias para no perder su negocio?

Con cerca de 9.8 millones de peruanos viviendo en situación de pobreza, según el INEI, resulta ilusorio hablar de una sólida defensa de la propiedad privada. Y revertir esta situación no es tarea fácil. Algunos liberales en la escena pública proponen recortar impuestos o mejorar la gestión de recursos, pero el ciudadano común no encuentra en estas medidas un alivio tangible. Desde el poder no se promueve el acceso al empleo de forma efectiva ni se impulsan reformas estructurales para enfrentar la pobreza y la desigualdad.

Tristemente, el liberalismo, como doctrina coherente y sólida, ha sido relegado al olvido. El conservador que prefiere no cargar con esa etiqueta se hace llamar liberal, y el progresista que evita declararse socialdemócrata también lo hace. Así, hemos vaciado de contenido al liberalismo. No existe una política partidaria liberal. Veámonos a la cara y no engañemos al pueblo. Falsos políticos liberales buscan marcar una etiqueta para obtener el poder, para verse distintos. Pero luego ignoran los principios que dicen defender, desconociendo así, los verdaderos problemas del país. No combaten el miedo ni el hambre, menos aún luchan por la “Vida, libertad y propiedad”, preocupándose únicamente por su argolla de poder.

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El fracaso del falso liberalismo, por Franco Consoli

La diplomacia y la normativa internacional están dando paso a un conflicto enorme en el continente. Una vez más, la soberanía y la justicia nacional se ven relegadas y abnegadas por normativas internacionales ambiguas y controvertidas. Todo ello, en nombre de la preservación de un status quo que, evidentemente, urge ser transformado.

Como es de conocimiento público, Nadine Heredia —ex primera dama del Perú entre 2011 y 2016, y para muchos la verdadera figura de poder durante aquel periodo— ha eludido la justicia peruana. Esto ha sido posible gracias al gobierno de Brasil, que le concedió asilo político a una persona condenada por lavado de activos.

La protección fue otorgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en una decisión abiertamente contraria a la legislación peruana, permitió que Heredia escapara de las consecuencias jurídicas que le corresponden. Esta decisión, además, vulnera disposiciones del derecho internacional, en particular el Convenio sobre Asilo Político de Caracas de 1954, cuyo artículo tercero establece claramente que “no es lícito conceder asilo a personas que, al momento de solicitarlo, se encuentren inculpadas, procesadas o condenadas por tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, sin haber cumplido las penas respectivas (...)”.

No obstante, el mandatario brasileño ha dejado en evidencia que, cuando los convenios internacionales resultan inconvenientes, simplemente se les ignora. Y como lo hemos señalado en más de una ocasión, si estos se violan, rara vez hay consecuencias reales.

Más grave aún resulta observar cómo el gobierno peruano le concedió un salvoconducto a Heredia para escapar del país, alegando que “estaban obligados” por la misma Convención de Caracas que Brasil decidió desacatar. En otras palabras, Nadine Heredia se mofa de nuestra justicia debido a que a Brasil le importa un bledo el convenio internacional que el Perú respeta con servil obediencia, tal borrego.

Podría incluso afirmarse que el actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, muestra mayor apego a tratados internacionales que a su propia legislación interna. La Ley de Asilo y Refugio, en su artículo sexto, establece de forma categórica que “no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes”.

¿Qué habría ocurrido si el gobierno peruano hubiera actuado con firmeza y sensatez para impedir que Heredia escapara del alcance de la justicia?

No se trata de un hecho aislado. Esta práctica de proteger, mediante herramientas diplomáticas, a aliados ideológicos no es nueva. Recordemos cómo el gobierno de México dio refugio a Evo Morales tras el fraude electoral en Bolivia, o cómo intentó brindar asilo a Pedro Castillo luego del fallido golpe de Estado en el Perú —consiguiendo, al menos, otorgárselo a su familia—.

Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido con el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien en 2023 recibió asilo político por parte de México. En respuesta, la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la embajada mexicana en Quito, desafiando tratados fundamentales como la Convención de Viena, para proceder con su captura. Condenado por la justicia de su país, Glas no fue protegido por consideraciones diplomáticas: para el presidente Noboa, la justicia era innegociable.

La acción del gobierno ecuatoriano, por más polémica que haya sido, deja una reflexión profunda, especialmente si se compara con la tibieza y pasividad mostradas por las autoridades peruanas esta semana. En primer lugar, la presidenta Dina Boluarte, su primer ministro, el canciller y otros funcionarios se convierten en cómplices de este penoso epílogo. En segundo lugar, es necesario replantear el alcance del respeto a las normas internacionales, porque la experiencia demuestra que, cuando un Estado las infringe, rara vez se le impone una sanción significativa. Así lo evidenció Ecuador con Glas, y hoy lo confirma Brasil con Heredia. Ambos países se burlaron, a su manera, del orden internacional, y sin embargo nada ha cambiado.

Por último, es indispensable analizar con honestidad cuándo la justicia debe anteponerse a toda otra consideración. Si estamos dispuestos a permitir que gobiernos de izquierda deslegitiman nuestras condenas y protejan a delincuentes mediante el asilo, entonces quizás deberíamos abandonar toda pretensión de justicia y, simplemente, abrirles las cárceles a los políticos condenados. La diplomacia y sus privilegios están en picada.

Pero de una u otra manera, el papelón lo hacemos siempre nosotros.

Diplomacia en picada, por Franco Consoli

La fragmentación de la izquierda peruana es un fenómeno que se ha convertido en un sello distintivo de nuestra historia política. Aunque, siendo justos, la derecha tampoco ha dado grandes muestras de unidad. Sin embargo, la división en las filas izquierdistas no ha sido un obstáculo para su éxito electoral en los últimos años; más bien, ha sido todo lo contrario.

Antiguamente, cuando el panorama político era radicalmente distinto, la dispersión de la izquierda obedecía a la vasta diversidad ideológica que la conformaba. En su seno coexistían partidos y movimientos que iban desde el marxismo-leninismo hasta el trotskismo, influidos por las corrientes internacionales soviética y maoísta, o por la revolución cubana en nuestro continente. No obstante, aquellos debates doctrinarios han quedado en el pasado. La izquierda peruana de hoy es otra, y sus fracturas obedecen a dinámicas muy distintas.

En la actualidad, se pueden distinguir, a grandes rasgos, dos vertientes predominantes. Por un lado, la denominada izquierda "caviar", elitista, oenegera, cuya agenda gira en torno a la justicia social y los derechos de las minorías progresistas, bautizada ahora por algunos como la “izquierda USAID”. En el otro extremo, se encuentra la izquierda popular, rural y radical, con un marcado discurso revolucionario, de donde emergieron figuras como el golpista Pedro Castillo o Vladimir Cerrón.

Lo interesante de esta dicotomía es que la izquierda radical no considera a la caviar como una aliada natural, sino como una versión moderada de la derecha. Esta percepción no es exclusiva de sus líderes, sino también de su electorado, que tiende a ver con igual recelo a un caviar que a un político de derecha.

Para el radicalismo, ambas facciones forman parte de un mismo “imperialismo estadounidense”, la más corrosiva de las influencias extranjeras. En su visión, la élite caviar, al recibir financiamiento de organismos norteamericanos, es indistinguible de aquellos a quienes dice combatir.

Aun así, el izquierdista caviar, con su habitual condescendencia, asume que puede recurrir a la izquierda radical como aliada circunstancial. Pero para esta última, los progresistas de salón no son más que otra cara del mismo enemigo. En el fondo, sus valores y principios son irreconciliables. Su cercanía al colorido lobby, por ejemplo, va en contra de los valores marxistas, quienes consideraban la homosexualidad una conducta burguesa capitalista. Como expresó el propio Cerrón, existe una guerra interna entre la "izquierda travesti" y la "izquierda marxista".

No obstante, a pesar de sus diferencias, ambos sectores comparten más de lo que admiten. Basta observar sus vínculos con el MOVADEF, su tendencia a la romantización del terrorismo, su discurso sobre la Asamblea Constituyente o su insistencia en el sabotaje económico, especialmente en sectores estratégicos como la minería. Sin embargo, sus disputas internas pesan más que sus coincidencias. Porque mientras los caviares se someten incondicionalmente a la agenda de USAID, los radicales se entregan sin reservas a su ideología. Ambas izquierdas, anteponiendo sus intereses, ajenos a las necesidades del pueblo.

Conscientes de esta fractura, la izquierda caviar podría jugar una carta que pueda ser aceptable para ambos frentes: Martín Vizcarra. En estos momentos, el también golpista es el único referente viable de la cúpula caviar, y gracias al control que aún conservan en diversas instituciones, su nombre sigue resonando como una posible opción electoral. Vizcarra representa la única figura capaz de obtener la aceptación de los radicales, sobre todo si, en una hipotética —y no del todo improbable— victoria electoral, decidiera indultar a Pedro Castillo. Porque, al final del día, la izquierda que denuncia persecución política sabe bien que su verdadera opción de poder está, o bien tras las rejas, o bien en la clandestinidad.

La ideología, la billetera y el pueblo, por Franco Consoli

Politólogo 

Santiago Carranza-Vélez 

La derecha peruana es una ilusión. Es verdad que pueden haber ciertos líderes que defienden las instituciones tradicionales, la economía de mercado o despliegan un férreo anti izquierdismo. En la misma línea, es verdad también que tienen un discurso que cada día más se alínea con los nuevos referentes internacionales del sector diestro. Hay una cierta tendencia a la inspiración en lo extranjero. Sin embargo, eso es todo, la ilusión de parecer, de emular los gestos sin entender el guión, una mímica peruana.

¿Por qué decimos ello? Porque la Nueva Derecha, la de Meloni, Trump y compañía, no empezó como un movimiento internacional. Las reuniones que celebran, los nuevos partidos en el parlamento europeo, entre otras postales, enajenan y llevan pensar que se trata de un movimiento transnacional. Todo lo contrario. La Nueva Derecha, en esencia, es un movimiento nacionalista y popular, que marca un abismo generacional con la derecha liberal y globalizante de finales del siglo pasado.

Múltiples procesos han llevado a esta reconversión. Se puede hablar de la crisis de migrantes, del desaceleramiento económico occidental, de una creciente aversión a las políticas identitarias. En general, este proceso nace de los sectores que perdieron en la acelerada globalización que se ha llevado a cabo en los últimos cuarenta años. Por ello, la Nueva Derecha busca soluciones dentro de la frontera, y no en el globo, en sus propias y nativas expresiones sociales, y no en el cosmopolitismo.

En el Perú, ningún representante de la derecha siquiera se ha puesto a pensar en ello, en buscar soluciones dentro de nuestras fronteras, dentro de la expresión social y cultural. Se alimentan de las tres o cuatro ideas fuerza que publicitan los nuevos líderes del nacionalismo popular a nivel internacional, pero no han notado que cada líder, más allá de esas consignas compartidas, lo que buscan es conectar con la representación del ciudadano de a pie. Nuestra derecha en cambio, cada día ve al ciudadano más lejos y la ausencia de su representación en las provincias lo evidencia.

A diferencia de los referentes de la derecha en el mundo, nuestra derecha no conecta con el pueblo. No se acerca al peruano para entender sus intereses, sus necesidades, ni mucho menos su sufrimiento. Copian los lemas y los modelos de afuera, sin ser capaces de interpretarlos en nuestra realidad, demostrando así su completa desconexión. Su norte es satisfacer sus propios ideales, cuando debería ser la consecución del interés nacional

De esta manera, en el Perú no tenemos aún nada comparable al proceso de la reconversión de la derecha internacional. Ninguno de nuestros representantes tiene una propuesta para los problemas de los peruanos. Se preocupan por su agenda ideológica, pasando por encima de la necesidad del pueblo. Si bien es cierto que nuestra derecha durante el siglo XX y XXI ha estado dirigida a lo mercantil y comercial, y también que nuestro nacionalismo ha sido pobre de ideas y mayoritariamente orientado a la izquierda, el pueblo peruano merece una representación nacional-popular de derechas real. Ya vemos cómo desde la izquierda contrabandean a líderes que debería estar dentro del relato de la derecha, como nuestro héroe patriótico y conservador Andrés Avelino Cáceres en el discurso de los Humala. O cómo la izquierda polariza utilizando el pasado imperial incaico para sus divisorias ideas indigenistas.

Dentro del reducido espacio de una columna no podemos desarrollar toda una estrategia o doctrina para una derecha nacional-popular, pero sí queremos concluir con dos ideas fuerza. La primera es que al buscar la inspiración internacional, la derecha no debe centrarse en la comunicación global de sus aliados, sino fijarse en cuáles son las estrategias internas que despliegan. Es decir, inspirarse menos en discursos como los del CPAC y más en la organización subnacional de estos movimientos. La segunda es volver a la raíces. En nuestros dos siglos de historia, múltiples tragedias y bendiciones han forjado nuestro grandioso país. Asimismo, generaciones de intelectuales han diagnosticado cuál es nuestra esencia. Volvamos a ellos. Ya Víctor Andrés Belaunde en 1931 había establecido que la peruanidad no puede reducirse a una visión excluyente ni indigenista ni hispanista, sino que es el resultado de un proceso de fusión en el que se origina una síntesis cultural que nos define. El nacionalismo-popular peruano debe empezar por ahí, por entender quiénes somos y luego proponer hacia dónde vamos como país. Por supuesto no debe ser una derecha que copia, pero no pega.

La derecha copia, pero no pega, por Santiago Carranza-Vélez y Franco Consoli 

De ser considerado, en su momento, el mejor distrito de Lima, hoy, Miraflores es una sombra de su pasado. Muy malas gestiones han sido las que han ido cavando la tumba de uno de los distritos más emblemáticos de la capital. Sin embargo, ninguno ha hecho tanto daño como el alcalde Carlos Canales.

Ir de la mano con el partido de Rafael López Aliaga ha sido lo unico inteligente que ha hecho Canales. Tras ganar las elecciones municipales con Renovación Popular, el burgomaestre miraflorino ha brillado únicamente por sus desaciertos (aciertos no ha tenido ni uno).

Todos recordamos cuando el alcalde decidió que en los parques no se podía hacer deporte. Postura que luego tuvo que dar marcha atrás dado que era incontrolable, aparte de absurda. O cuando obligó, mediante una ordenanza, a los locales a tener detectores de metales para reducir el crimen. Disposición municipal que luego fue retirada por decisión de Indecopi, tras considerarla ilegal.

Efectivamente, el alcalde poco entiende de la legalidad.

Durante la gestión de Canales todo se ha ido abajo. El tráfico ha sido un caos debido a que decidió cerrar avenidas como Comandante Espinar o 28 de Julio, por tiempos extravagantes. Las cuales, dentro de todo, eran las que estaban “mejorcitas”.

Los parques destruidos, de verde a marrón. ¿Qué se estará haciendo con el presupuesto para su mantenimiento?

La inseguridad azota las calles del Perú, y si bien no es culpa del alcalde, sino más bien del gobierno y de sus ministros, vale la pena decir que Canales se la ha dejado fácil a los delincuentes en su distrito. En la década de los noventa, se instituyó en el distrito de Miraflores el Serenazgo, que, si bien no tenían la capacidad de frenar el crimen, alguna sensación de vigilancia daba. No obstante, desde que la gestión de Canales inició los serenazgos fueron desapareciendo. En el único lugar donde se les ve siempre, es en el mural de Paddington, que tiene su seguridad personal por parte del alcalde. Pero en el resto del distrito, los serenazgos han desaparecido, reduciendo las chances de fiscalización y de control en la municipalidad. Y al parecer, distintos patrulleros de la municipalidad se han visto tirados donde estaba el Estadio Bonilla. No por nada, Miraflores se encontró como el sexto distrito con más robos en la capital, según un informe de INEI, ¿No hay responsabilidad del alcalde ahí?

De seguro es que la calle donde vive sí está bien resguardada.

Canales, también conocido como el de las “medias obras”, ha hecho todo mal desde que asumió el cargo. Nada lo evidencia mejor que el fracaso del puente Armendáriz, que debía conectar el distrito con Barranco, obra que debió terminar el pasado noviembre y aún no ha acabado.

Si bien Canales dijo en su momento que había que “educar a la gente de los cerros”, el que parece que necesita ser educado es él. Miraflores ya no es el distrito que fue y que parece no volverá. La representación micro de las pésimas gestiones que hay en el país, donde no se arregla lo feo, y lo bonito solo se desmorona.

La decadencia de Miraflores, por Franco Consoli

Nadie mata a una mujer por el simple hecho de ser una mujer. ¿Polémico no? El gobierno de Javier Milei está impulsando una reforma en el Congreso argentino para eliminar la figura del feminicidio de su legislación. Todo basado en esta polémica frase.

Según el gobierno de Milei, el feminicidio no puede existir. Esto debido a que, la administración del gobierno argentino defiende la igualdad ante la ley, consagrada en su Constitución y no pretende darle un valor distinto a la vida según su sexo.

Completamente de acuerdo con lo dicho, y con lo que promueve su reforma; sin embargo, considero que para eliminar el feminicidio hay necesidad de esclarecer otros puntos. Y el más importante, en el cual me centraré, es que el feminicidio es inviable por sí mismo, no existe y no puede existir.

El feminicidio, per se, es matar a una mujer por su condición de mujer. Y es su definición lo que lo vuelve, por ende, un delito imposible.

Si vemos otros delitos, donde se comete un homicidio, veremos que no se le atribuye a la víctima una atribución tan subjetiva como su condición como tal. En el parricidio, se condena a quien mató a un ascendiente, descendiente, o con quien tiene una relación conyugal. Hay legislaciones donde existe el fratricidio, en el cual se condena a quien mató a su hermano. El infanticidio condena a quien mata a su hijo durante el parto o de neonato. El aborto condena a quien mató a un humano antes de nacer.

En todos estos casos, la condena es clara: se condena el acto objetivo.

En el caso del feminicidio, no prima lo objetivo, sino lo subjetivo. No se condena el matar a una mujer, sino matarla por su condición de mujer, lo que es claramente imposible. El matar a alguien por su condición como tal es un crimen que fue cometido por los nazis previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis mataban o capturaban al judío que encontraran, por su condición como tal.

Si el feminicidio fuese matar a una mujer por su condición como tal, significaría que el feminicida mataría a cualquier mujer que encuentre. No excluiría a ninguna, ni a su mamá, ni a su hermana, ni a su esposa o novia, asesinaría a todas por su condición de mujer.

Ello lo explica perfectamente el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, quien negó la posibilidad de este delito.“El homicidio por odio se produce contra las minorías. La característica que tiene es que no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a toda la colectividad. Y acá en la Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Es una locura, no existe”.

Entonces, el feminicidio es inviable porque “nadie sale a la calle a matar a una mujer por ser una mujer”.

Hoy en día, a cada desalmado asesino que acaba con la vida de una mujer, lo condenan por feminicidio, cuando ello dista de la verdad. Muchos son crímenes emocionales o pasionales, donde la subjetividad de la voluntad del autor reside en otros factores aislados.

Los colectivos feministas ahora protestan en contra de Milei por esta medida, que debería ser replicada en el Perú y en todas partes. Sin embargo, sería bueno que estos colectivos expliquen la defensa de este delito, para que podamos evidenciar una de sus tantas contradicciones. Si para los zurdos y los progres, quien se autopercibe como mujer es una mujer, si los hombres nos autopercibimos mujeres, ¿también sería feminicidio?

¿El fin de los feminicidios?, por Franco Consoli

La izquierda progresista peruana pretende impulsar su funesta agenda de la forma que pueda. Esta vez una de las publicaciones de bandera de nuestra izquierda ha caído al punto que pretende inculcar su adoctrinamiento incluso en los policiales. 

Según se acusa, al parecer ahora existe en el Perú el transfeminicidio, entiéndase como el asesinato de una persona transexual por el hecho de serlo, una nueva versión del feminicidio. Esto después del homicidio de un estilista hombre que se creía mujer. Y es ahí donde debemos ser cautos. 

El vulgar uso de la palabra “transfeminicidio” para hacer referencia a un homicidio a una persona del colectivo LGTB viene siendo usado en distintas partes de la región desde hace unos años, pese a no encontrarse tipificado en cuerpos legales como en el peruano. Esta nueva y absurda distinción legal que la izquierda impulsa es solo parte del efecto dominó del progresismo en la legislación internacional, el cual para algunos puede iniciar con la tipificación del delito de feminicidio. 

El feminicidio, en términos simples, consiste en asesinar a una mujer por su condición como tal; es decir, por ser mujer. Si bien este es un término ya difundido y aceptado por las leyes y los códigos penales en gran parte del mundo, debemos reconocer que en realidad evidencia el éxito del progresismo mundial. ¿Por qué? Porque no hay feminicidas. No hay hombres en las calles matando mujeres, solo por ser mujeres, como nazis, que mataban a los judíos de profesar la religión judía. Tampoco hay una especie de Ku Kux Klan que asesina a cualquier mujer que encuentra. 

Lo que sí existe son criminales, desalmados, cuyas víctimas son mujeres. No obstante, el trasfondo de sus homicidios no radica en la condición de mujer de la víctima. Esto se puede ejemplificar con el caso de Sergio Tarache, quien asesinó a su expareja, quemándola viva. ¿Pero la asesinó por ser mujer? La respuesta es no, la asesinó porque terminó con él, siendo verdaderamente un delito pasional. 

Y si nos animamos a ver otros casos similares, evidenciaremos que siempre la causal del autor del feminicidio no concuerda con la afirmación “la mató por ser mujer”, sino de otras variables al momento de cometer el acto ilícito que no están sujetas exclusivamente a la condición de ser mujer. 

Entonces, ¿hay feminicidas? La respuesta a ello la encontramos en las palabras del gran penalista argentino Eugenio Zaffaroni, quien negó la existencia del feminicidio. “El homicidio por odio se produce contra las minorías. La característica que tiene es que no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a toda la colectividad. Y acá en la Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Es una locura, no existe”, fueron sus declaraciones sobre esta modalidad de homicidio hace unos años. 

Esta es una posición con la que se alinean politólogos como Agustín Laje, quien también rechaza la existencia de feminicidios porque, como dice Zaffaroni, “nadie sale a la calle a matar a una mujer por ser una mujer”. 

La lógica del argentino Zaffaroni me parece irrefutable. Hasta que no haya gente matando a mujeres en las calles tal nazi con judíos, no podemos hablar de feminicidios. La misma regla debería aplicarse para aquellos que ahora invitan al error con el término transfeminicidio. Y la sátira más grande de estos “delitos” es que aquellos que impulsan su legislación son los mismos que hoy, no se atreven a definir qué es una mujer. Feminicidio: asesinar a una mujer por su condición de mujer, pero ¿qué es una mujer? Incongruencias de la izquierda.

Incongruencias feministas, por Franco Consoli

¿Regreso inesperado? El Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos en la última semana, que han levantado controversia en el país. La prensa se enfocó en la sentencia que anuló la condena al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, por el caso Aerodromo de Wanka quien hace más de un año se viene burlando de la justicia peruana.El líder de Perú Libre, sin embargo, no tiene todo ganado, dado que sigue habiendo una orden de prisión preventiva en su contra por el caso Antalsis y aún falta que haya una sentencia firme sobre el el caso del Aeródromo de Wanka. Lapicitos, no piensen que su líder aparecerá pronto. Sin embargo, el pronunciamiento del TC respecto a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no ha recibido los reflectores que merece. Una vez más todo gracias a la inserción caviar en el país.

Benavides, convertida en chivo expiatorio por la controvertida Junta Nacional de Justicia (JNJ), podría ser exonerada de los procesos disciplinarios que enfrenta. Según su abogado, el aprista Jorge del Castillo, el TC también decidirá si la participación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en los procedimientos contra Benavides fue legítima, dado que ambos habían sido suspendidos por vulnerar la Constitución. Recordemos que Tello excedió la edad máxima para ejercer como miembro de la JNJ, lo que derivó en su inhabilitación por el Congreso, junto con el vicepresidente de la entidad, Aldo Vásquez.

Sin embargo, en un acto que pone en entredicho la separación de poderes, el Poder Judicial anuló esta decisión del Congreso y restituyó a ambos magistrados, a pesar de su flagrante infracción constitucional.

Con las desgracias políticas que hemos venido viviendo en los últimos meses, el país se ha olvidado de las graves faltas que cometió la JNJ en los últimos años. Una entidad que representa perfectamente el parásito caviar que se encuentra enquistado en el Estado peruano. Una entidad que se vendió a Gorriti y a IDL, después de ser instaurada por el delincuente de Martín Vizcarra, quien necesitaba un órgano legal que lo defendiese a él y a sus buitres.

En medio de las crisis políticas que nos han golpeado en los últimos meses, el país parece haber olvidado las graves irregularidades cometidas por la JNJ en los últimos años. Esta entidad es el reflejo perfecto del parasitismo caviar enquistado en el Estado peruano, subordinada a los intereses de Gorriti y el IDL, tras haber sido instaurada por Martín Vizcarra, quien necesitaba de un blindaje legal para él y sus buitres.

La JNJ ha sido un actor clave en bloquear que la justicia alcance a la izquierda nacional. Patricia Benavides, quien se convirtió en su principal adversaria, fue víctima de una estrategia calculada para apartarla.

Sin embargo, el reciente fallo del Tribunal Constitucional ofrece un destello de esperanza. Benavides podrá continuar su defensa y, si triunfa, podría recuperar su cargo. Este desenlace amenaza a la JNJ y a sus aliados, ya que las consecuencias serían profundas. Una eventual restitución de Benavides podría marcar el inicio del desmoronamiento de los caviares enquistados en el órgano que designa y destituye a jueces y fiscales. Además, cuestionaría la legitimidad de todas las decisiones tomadas desde la reposición de Tello y Vásquez.

No nos olvidemos de la JNJ, por Franco Consoli

Un desastre absoluto. Ni siquiera los proyectos de ley más evidentes logran concretarse, lo cual constituye una clara señal de que los actuales parlamentarios no tienen la menor intención de recuperar la legitimidad que han perdido en los últimos años. Este acto de indiferencia flagrante sigue perjudicando, una vez más, la institucionalidad del país. El Congreso es un barco que se hunde, pero que no quiere ser salvado.

Desde el año pasado, se ha venido impulsando una iniciativa legislativa que busca impedir que aquellos condenados por delitos graves, como terrorismo o narcotráfico, entre otros, puedan postular a cargos públicos durante un período de 10 años tras haber sido “rehabilitados”. Un proyecto de ley que, ante la deslegitimación de las elecciones, habría sido una herramienta valiosa para garantizar una mayor idoneidad en los candidatos que aspiren a cargos tan importantes como el Congreso o incluso la presidencia.

Sin embargo, esta propuesta estuvo estancada durante largo tiempo en una de las numerosas comisiones del parlamento, debido a que los fujimoristas, de manera egoísta, intentaron modificarla de tal forma que el entonces expresidente Alberto Fujimori, quien se encontraba libre en ese momento, no se viera impedido de postular nuevamente a la presidencia. Una vez que el proyecto salió de la Comisión de Constitución, presidida en aquel entonces por la congresista Moyano, fue automáticamente rechazada por el resto de parlamentarios, lo que retrasó su llegada al pleno.

Ahora que la iniciativa podría convertirse en una realidad, lo que sin duda habría sido beneficioso para el futuro del país, la propuesta se ve nuevamente frustrada por un Congreso deslegitimado. A pesar de que el proyecto originalmente contemplaba la exclusión de los condenados por homicidio (delito que fue posteriormente eliminado), esta posibilidad de mejora se ve nuevamente bloqueada.

En nuestro país, cualquier persona puede llegar a ser presidente, incluso un condenado por corrupción, un homicida o, lo que es aún más grave, un condenado por terrorismo. Pareciese que el gobierno de un chotano golpista vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y con antecedentes de golpismo, no sirvió como ejemplo suficiente para evitar este tipo de aberraciones.

Sin criterios de idoneidad para los candidatos, corremos el grave riesgo de que un terrorista, como Víctor Polay Campos, quien quedará en libertad en 2026, pueda aspirar a la presidencia o al Congreso en 2031. Una posibilidad absurda y absolutamente inaceptable.

Entiendo los argumentos de los penalistas y defensores de la igualdad, que sostienen que quienes han cumplido su condena tienen derecho a postularse a cargos como la presidencia o el Congreso. Sin embargo, en una democracia tan frágil como la nuestra, tales supuestos no pueden ser aceptados. Sobre todo, en el caso de los condenados por terrorismo. Aquellos que atentaron contra el Estado y la democracia no pueden luego utilizar estas mismas instituciones para gobernar.

No podemos pasar por alto una realidad triste pero innegable en Perú: nuestras cárceles no se rehabilitan. Con un sistema penitenciario sobrepoblado y plagado de corrupción, las prisiones no cumplen su función resocializadora; al contrario, empeoran al reo. En el Perú, la resocialización es un mito, una excepción, más que una regla. Y el terrorista, que debería haber muerto en la cárcel y que gracias a los “derechos humanos” solo cumple 20 o 25 años de cárcel, nunca se rehabilita.

El gran fracaso del Congreso, por Franco Consoli 

Una de las tristes verdades de la política peruana es que a muchos no les importa la Constitución. Los actores políticos de nuestra “derecha” han sido quienes se han mostrado como los abanderados defensores de nuestra carta magna en los últimos tiempos, y son quienes han exigido, en reiteradas ocasiones, su irrestricto respeto. Sin embargo, cuando los intereses y las agendas cambian, no hay amor ni defensa.

Ejemplo de ello es el proyecto de ley de unión civil, promovido por el colorido congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, uno de los candidatos (y de los partidos) que se publicitan como defensores de nuestra ley de leyes. Un proyecto de ley, que, sin duda alguna, busca sacarle la vuelta a nuestra normativa apelando a sentimentalismos y a caballos de troya, porque, como señaló el legislador, esta propuesta “es el primer paso” de sus planes progresistas LGBT en nuestro país.

La verdad es que este proyecto de ley es contrario a nuestra Constitución, dado que transgrede los artículos 4° y 5° de nuestra ley máxima. Empezando con el último artículo señalado, este plantea que el concubinato es la unión estable entre el hombre y la mujer, no reconociendo así la posibilidad de reconocimiento de uniones entre dos personas del mismo sexo. Siendo así incompatible con el proyecto de ley de Avanza País.

Mientras que en la transgresión del artículo 4°, si bien considero es la que necesita un mayor análisis e interpretación, es la más flagrante. El proyecto legislativo, que será debatido en el pleno del Congreso, tiene el problema de que la unión civil planteada se asemeja bastante a la figura del matrimonio, lo cual ha sido abiertamente criticado por diversos constitucionalistas.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció en contra del proyecto manifestando que lo que están haciendo desde el Congreso es “meter a la unión civil como una suerte de modalidad del matrimonio”. El análisis del magistrado Blume retracta a la perfección la inconstitucionalidad de esta medida, dado que lo que pretenden es encubrir una especie de matrimonio igualitario con el nombre de unión civil, dado que las diferencias con esta figura serían mínimas, lo que es contrario a nuestra normativa.

Ciertamente, existen problemas patrimoniales que deben ser atendidos por nuestra normativa, y que pueden solucionarse con proyectos de ley que otorguen una mayor libertad a la voluntad patrimonial de los individuos, no obstante la unión civil no es la solución.

Es notorio que el proyecto de unión civil infringe la constitucionalidad. Sus promotores se hacen de la vista gorda para no tener que afrontar sus contradicciones y su doble moral. Lamentablemente, cuando les conviene, deciden defender la Constitución, y cuando esta va en contra de su agenda, no tienen ningún escrúpulo en violentarla. Constitucionalmente, la unión civil sólo podría ser debatida mediante una reforma constitucional, y no como un proyecto de ley, dado que necesitaríamos cambios estructurales en nuestra carta magna para que no haya una contradicción legal. Pero para nuestros coloridos congresistas, las contradicciones legales parecen no importar cuando se trata de velar por su agenda.

¿De verdad les importa nuestra Constitución? ¿O todas son mentiras? Esto ya no es un problema de izquierda o derecha. Por partidos de ambos lados se presentan contradicciones constitucionales. Pero claro, la izquierda sueña su nueva Constitución mientras la derecha jura, aparentemente, defender la de 1993 a capa y espada, hasta que llega el momento que no. Por lo que una vez más debemos incluirnos a la conclusión de que la legalidad está de lado. En el fondo a ningún político le importa. Y es su ideología, sus ideas, su política, lo único que defienden. El resto son solo mentiras, tanto de la derecha como de la izquierda.