Analista político

Franco Consoli

La fragmentación de la izquierda peruana es un fenómeno que se ha convertido en un sello distintivo de nuestra historia política. Aunque, siendo justos, la derecha tampoco ha dado grandes muestras de unidad. Sin embargo, la división en las filas izquierdistas no ha sido un obstáculo para su éxito electoral en los últimos años; más bien, ha sido todo lo contrario.

Antiguamente, cuando el panorama político era radicalmente distinto, la dispersión de la izquierda obedecía a la vasta diversidad ideológica que la conformaba. En su seno coexistían partidos y movimientos que iban desde el marxismo-leninismo hasta el trotskismo, influidos por las corrientes internacionales soviética y maoísta, o por la revolución cubana en nuestro continente. No obstante, aquellos debates doctrinarios han quedado en el pasado. La izquierda peruana de hoy es otra, y sus fracturas obedecen a dinámicas muy distintas.

En la actualidad, se pueden distinguir, a grandes rasgos, dos vertientes predominantes. Por un lado, la denominada izquierda "caviar", elitista, oenegera, cuya agenda gira en torno a la justicia social y los derechos de las minorías progresistas, bautizada ahora por algunos como la “izquierda USAID”. En el otro extremo, se encuentra la izquierda popular, rural y radical, con un marcado discurso revolucionario, de donde emergieron figuras como el golpista Pedro Castillo o Vladimir Cerrón.

Lo interesante de esta dicotomía es que la izquierda radical no considera a la caviar como una aliada natural, sino como una versión moderada de la derecha. Esta percepción no es exclusiva de sus líderes, sino también de su electorado, que tiende a ver con igual recelo a un caviar que a un político de derecha.

Para el radicalismo, ambas facciones forman parte de un mismo “imperialismo estadounidense”, la más corrosiva de las influencias extranjeras. En su visión, la élite caviar, al recibir financiamiento de organismos norteamericanos, es indistinguible de aquellos a quienes dice combatir.

Aun así, el izquierdista caviar, con su habitual condescendencia, asume que puede recurrir a la izquierda radical como aliada circunstancial. Pero para esta última, los progresistas de salón no son más que otra cara del mismo enemigo. En el fondo, sus valores y principios son irreconciliables. Su cercanía al colorido lobby, por ejemplo, va en contra de los valores marxistas, quienes consideraban la homosexualidad una conducta burguesa capitalista. Como expresó el propio Cerrón, existe una guerra interna entre la "izquierda travesti" y la "izquierda marxista".

No obstante, a pesar de sus diferencias, ambos sectores comparten más de lo que admiten. Basta observar sus vínculos con el MOVADEF, su tendencia a la romantización del terrorismo, su discurso sobre la Asamblea Constituyente o su insistencia en el sabotaje económico, especialmente en sectores estratégicos como la minería. Sin embargo, sus disputas internas pesan más que sus coincidencias. Porque mientras los caviares se someten incondicionalmente a la agenda de USAID, los radicales se entregan sin reservas a su ideología. Ambas izquierdas, anteponiendo sus intereses, ajenos a las necesidades del pueblo.

Conscientes de esta fractura, la izquierda caviar podría jugar una carta que pueda ser aceptable para ambos frentes: Martín Vizcarra. En estos momentos, el también golpista es el único referente viable de la cúpula caviar, y gracias al control que aún conservan en diversas instituciones, su nombre sigue resonando como una posible opción electoral. Vizcarra representa la única figura capaz de obtener la aceptación de los radicales, sobre todo si, en una hipotética —y no del todo improbable— victoria electoral, decidiera indultar a Pedro Castillo. Porque, al final del día, la izquierda que denuncia persecución política sabe bien que su verdadera opción de poder está, o bien tras las rejas, o bien en la clandestinidad.

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La ideología, la billetera y el pueblo, por Franco Consoli

Politólogo 

Santiago Carranza-Vélez 

La derecha peruana es una ilusión. Es verdad que pueden haber ciertos líderes que defienden las instituciones tradicionales, la economía de mercado o despliegan un férreo anti izquierdismo. En la misma línea, es verdad también que tienen un discurso que cada día más se alínea con los nuevos referentes internacionales del sector diestro. Hay una cierta tendencia a la inspiración en lo extranjero. Sin embargo, eso es todo, la ilusión de parecer, de emular los gestos sin entender el guión, una mímica peruana.

¿Por qué decimos ello? Porque la Nueva Derecha, la de Meloni, Trump y compañía, no empezó como un movimiento internacional. Las reuniones que celebran, los nuevos partidos en el parlamento europeo, entre otras postales, enajenan y llevan pensar que se trata de un movimiento transnacional. Todo lo contrario. La Nueva Derecha, en esencia, es un movimiento nacionalista y popular, que marca un abismo generacional con la derecha liberal y globalizante de finales del siglo pasado.

Múltiples procesos han llevado a esta reconversión. Se puede hablar de la crisis de migrantes, del desaceleramiento económico occidental, de una creciente aversión a las políticas identitarias. En general, este proceso nace de los sectores que perdieron en la acelerada globalización que se ha llevado a cabo en los últimos cuarenta años. Por ello, la Nueva Derecha busca soluciones dentro de la frontera, y no en el globo, en sus propias y nativas expresiones sociales, y no en el cosmopolitismo.

En el Perú, ningún representante de la derecha siquiera se ha puesto a pensar en ello, en buscar soluciones dentro de nuestras fronteras, dentro de la expresión social y cultural. Se alimentan de las tres o cuatro ideas fuerza que publicitan los nuevos líderes del nacionalismo popular a nivel internacional, pero no han notado que cada líder, más allá de esas consignas compartidas, lo que buscan es conectar con la representación del ciudadano de a pie. Nuestra derecha en cambio, cada día ve al ciudadano más lejos y la ausencia de su representación en las provincias lo evidencia.

A diferencia de los referentes de la derecha en el mundo, nuestra derecha no conecta con el pueblo. No se acerca al peruano para entender sus intereses, sus necesidades, ni mucho menos su sufrimiento. Copian los lemas y los modelos de afuera, sin ser capaces de interpretarlos en nuestra realidad, demostrando así su completa desconexión. Su norte es satisfacer sus propios ideales, cuando debería ser la consecución del interés nacional

De esta manera, en el Perú no tenemos aún nada comparable al proceso de la reconversión de la derecha internacional. Ninguno de nuestros representantes tiene una propuesta para los problemas de los peruanos. Se preocupan por su agenda ideológica, pasando por encima de la necesidad del pueblo. Si bien es cierto que nuestra derecha durante el siglo XX y XXI ha estado dirigida a lo mercantil y comercial, y también que nuestro nacionalismo ha sido pobre de ideas y mayoritariamente orientado a la izquierda, el pueblo peruano merece una representación nacional-popular de derechas real. Ya vemos cómo desde la izquierda contrabandean a líderes que debería estar dentro del relato de la derecha, como nuestro héroe patriótico y conservador Andrés Avelino Cáceres en el discurso de los Humala. O cómo la izquierda polariza utilizando el pasado imperial incaico para sus divisorias ideas indigenistas.

Dentro del reducido espacio de una columna no podemos desarrollar toda una estrategia o doctrina para una derecha nacional-popular, pero sí queremos concluir con dos ideas fuerza. La primera es que al buscar la inspiración internacional, la derecha no debe centrarse en la comunicación global de sus aliados, sino fijarse en cuáles son las estrategias internas que despliegan. Es decir, inspirarse menos en discursos como los del CPAC y más en la organización subnacional de estos movimientos. La segunda es volver a la raíces. En nuestros dos siglos de historia, múltiples tragedias y bendiciones han forjado nuestro grandioso país. Asimismo, generaciones de intelectuales han diagnosticado cuál es nuestra esencia. Volvamos a ellos. Ya Víctor Andrés Belaunde en 1931 había establecido que la peruanidad no puede reducirse a una visión excluyente ni indigenista ni hispanista, sino que es el resultado de un proceso de fusión en el que se origina una síntesis cultural que nos define. El nacionalismo-popular peruano debe empezar por ahí, por entender quiénes somos y luego proponer hacia dónde vamos como país. Por supuesto no debe ser una derecha que copia, pero no pega.

La derecha copia, pero no pega, por Santiago Carranza-Vélez y Franco Consoli 

De ser considerado, en su momento, el mejor distrito de Lima, hoy, Miraflores es una sombra de su pasado. Muy malas gestiones han sido las que han ido cavando la tumba de uno de los distritos más emblemáticos de la capital. Sin embargo, ninguno ha hecho tanto daño como el alcalde Carlos Canales.

Ir de la mano con el partido de Rafael López Aliaga ha sido lo unico inteligente que ha hecho Canales. Tras ganar las elecciones municipales con Renovación Popular, el burgomaestre miraflorino ha brillado únicamente por sus desaciertos (aciertos no ha tenido ni uno).

Todos recordamos cuando el alcalde decidió que en los parques no se podía hacer deporte. Postura que luego tuvo que dar marcha atrás dado que era incontrolable, aparte de absurda. O cuando obligó, mediante una ordenanza, a los locales a tener detectores de metales para reducir el crimen. Disposición municipal que luego fue retirada por decisión de Indecopi, tras considerarla ilegal.

Efectivamente, el alcalde poco entiende de la legalidad.

Durante la gestión de Canales todo se ha ido abajo. El tráfico ha sido un caos debido a que decidió cerrar avenidas como Comandante Espinar o 28 de Julio, por tiempos extravagantes. Las cuales, dentro de todo, eran las que estaban “mejorcitas”.

Los parques destruidos, de verde a marrón. ¿Qué se estará haciendo con el presupuesto para su mantenimiento?

La inseguridad azota las calles del Perú, y si bien no es culpa del alcalde, sino más bien del gobierno y de sus ministros, vale la pena decir que Canales se la ha dejado fácil a los delincuentes en su distrito. En la década de los noventa, se instituyó en el distrito de Miraflores el Serenazgo, que, si bien no tenían la capacidad de frenar el crimen, alguna sensación de vigilancia daba. No obstante, desde que la gestión de Canales inició los serenazgos fueron desapareciendo. En el único lugar donde se les ve siempre, es en el mural de Paddington, que tiene su seguridad personal por parte del alcalde. Pero en el resto del distrito, los serenazgos han desaparecido, reduciendo las chances de fiscalización y de control en la municipalidad. Y al parecer, distintos patrulleros de la municipalidad se han visto tirados donde estaba el Estadio Bonilla. No por nada, Miraflores se encontró como el sexto distrito con más robos en la capital, según un informe de INEI, ¿No hay responsabilidad del alcalde ahí?

De seguro es que la calle donde vive sí está bien resguardada.

Canales, también conocido como el de las “medias obras”, ha hecho todo mal desde que asumió el cargo. Nada lo evidencia mejor que el fracaso del puente Armendáriz, que debía conectar el distrito con Barranco, obra que debió terminar el pasado noviembre y aún no ha acabado.

Si bien Canales dijo en su momento que había que “educar a la gente de los cerros”, el que parece que necesita ser educado es él. Miraflores ya no es el distrito que fue y que parece no volverá. La representación micro de las pésimas gestiones que hay en el país, donde no se arregla lo feo, y lo bonito solo se desmorona.

La decadencia de Miraflores, por Franco Consoli

Nadie mata a una mujer por el simple hecho de ser una mujer. ¿Polémico no? El gobierno de Javier Milei está impulsando una reforma en el Congreso argentino para eliminar la figura del feminicidio de su legislación. Todo basado en esta polémica frase.

Según el gobierno de Milei, el feminicidio no puede existir. Esto debido a que, la administración del gobierno argentino defiende la igualdad ante la ley, consagrada en su Constitución y no pretende darle un valor distinto a la vida según su sexo.

Completamente de acuerdo con lo dicho, y con lo que promueve su reforma; sin embargo, considero que para eliminar el feminicidio hay necesidad de esclarecer otros puntos. Y el más importante, en el cual me centraré, es que el feminicidio es inviable por sí mismo, no existe y no puede existir.

El feminicidio, per se, es matar a una mujer por su condición de mujer. Y es su definición lo que lo vuelve, por ende, un delito imposible.

Si vemos otros delitos, donde se comete un homicidio, veremos que no se le atribuye a la víctima una atribución tan subjetiva como su condición como tal. En el parricidio, se condena a quien mató a un ascendiente, descendiente, o con quien tiene una relación conyugal. Hay legislaciones donde existe el fratricidio, en el cual se condena a quien mató a su hermano. El infanticidio condena a quien mata a su hijo durante el parto o de neonato. El aborto condena a quien mató a un humano antes de nacer.

En todos estos casos, la condena es clara: se condena el acto objetivo.

En el caso del feminicidio, no prima lo objetivo, sino lo subjetivo. No se condena el matar a una mujer, sino matarla por su condición de mujer, lo que es claramente imposible. El matar a alguien por su condición como tal es un crimen que fue cometido por los nazis previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis mataban o capturaban al judío que encontraran, por su condición como tal.

Si el feminicidio fuese matar a una mujer por su condición como tal, significaría que el feminicida mataría a cualquier mujer que encuentre. No excluiría a ninguna, ni a su mamá, ni a su hermana, ni a su esposa o novia, asesinaría a todas por su condición de mujer.

Ello lo explica perfectamente el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, quien negó la posibilidad de este delito.“El homicidio por odio se produce contra las minorías. La característica que tiene es que no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a toda la colectividad. Y acá en la Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Es una locura, no existe”.

Entonces, el feminicidio es inviable porque “nadie sale a la calle a matar a una mujer por ser una mujer”.

Hoy en día, a cada desalmado asesino que acaba con la vida de una mujer, lo condenan por feminicidio, cuando ello dista de la verdad. Muchos son crímenes emocionales o pasionales, donde la subjetividad de la voluntad del autor reside en otros factores aislados.

Los colectivos feministas ahora protestan en contra de Milei por esta medida, que debería ser replicada en el Perú y en todas partes. Sin embargo, sería bueno que estos colectivos expliquen la defensa de este delito, para que podamos evidenciar una de sus tantas contradicciones. Si para los zurdos y los progres, quien se autopercibe como mujer es una mujer, si los hombres nos autopercibimos mujeres, ¿también sería feminicidio?

¿El fin de los feminicidios?, por Franco Consoli

La izquierda progresista peruana pretende impulsar su funesta agenda de la forma que pueda. Esta vez una de las publicaciones de bandera de nuestra izquierda ha caído al punto que pretende inculcar su adoctrinamiento incluso en los policiales. 

Según se acusa, al parecer ahora existe en el Perú el transfeminicidio, entiéndase como el asesinato de una persona transexual por el hecho de serlo, una nueva versión del feminicidio. Esto después del homicidio de un estilista hombre que se creía mujer. Y es ahí donde debemos ser cautos. 

El vulgar uso de la palabra “transfeminicidio” para hacer referencia a un homicidio a una persona del colectivo LGTB viene siendo usado en distintas partes de la región desde hace unos años, pese a no encontrarse tipificado en cuerpos legales como en el peruano. Esta nueva y absurda distinción legal que la izquierda impulsa es solo parte del efecto dominó del progresismo en la legislación internacional, el cual para algunos puede iniciar con la tipificación del delito de feminicidio. 

El feminicidio, en términos simples, consiste en asesinar a una mujer por su condición como tal; es decir, por ser mujer. Si bien este es un término ya difundido y aceptado por las leyes y los códigos penales en gran parte del mundo, debemos reconocer que en realidad evidencia el éxito del progresismo mundial. ¿Por qué? Porque no hay feminicidas. No hay hombres en las calles matando mujeres, solo por ser mujeres, como nazis, que mataban a los judíos de profesar la religión judía. Tampoco hay una especie de Ku Kux Klan que asesina a cualquier mujer que encuentra. 

Lo que sí existe son criminales, desalmados, cuyas víctimas son mujeres. No obstante, el trasfondo de sus homicidios no radica en la condición de mujer de la víctima. Esto se puede ejemplificar con el caso de Sergio Tarache, quien asesinó a su expareja, quemándola viva. ¿Pero la asesinó por ser mujer? La respuesta es no, la asesinó porque terminó con él, siendo verdaderamente un delito pasional. 

Y si nos animamos a ver otros casos similares, evidenciaremos que siempre la causal del autor del feminicidio no concuerda con la afirmación “la mató por ser mujer”, sino de otras variables al momento de cometer el acto ilícito que no están sujetas exclusivamente a la condición de ser mujer. 

Entonces, ¿hay feminicidas? La respuesta a ello la encontramos en las palabras del gran penalista argentino Eugenio Zaffaroni, quien negó la existencia del feminicidio. “El homicidio por odio se produce contra las minorías. La característica que tiene es que no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a toda la colectividad. Y acá en la Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Es una locura, no existe”, fueron sus declaraciones sobre esta modalidad de homicidio hace unos años. 

Esta es una posición con la que se alinean politólogos como Agustín Laje, quien también rechaza la existencia de feminicidios porque, como dice Zaffaroni, “nadie sale a la calle a matar a una mujer por ser una mujer”. 

La lógica del argentino Zaffaroni me parece irrefutable. Hasta que no haya gente matando a mujeres en las calles tal nazi con judíos, no podemos hablar de feminicidios. La misma regla debería aplicarse para aquellos que ahora invitan al error con el término transfeminicidio. Y la sátira más grande de estos “delitos” es que aquellos que impulsan su legislación son los mismos que hoy, no se atreven a definir qué es una mujer. Feminicidio: asesinar a una mujer por su condición de mujer, pero ¿qué es una mujer? Incongruencias de la izquierda.

Incongruencias feministas, por Franco Consoli

¿Regreso inesperado? El Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos en la última semana, que han levantado controversia en el país. La prensa se enfocó en la sentencia que anuló la condena al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, por el caso Aerodromo de Wanka quien hace más de un año se viene burlando de la justicia peruana.El líder de Perú Libre, sin embargo, no tiene todo ganado, dado que sigue habiendo una orden de prisión preventiva en su contra por el caso Antalsis y aún falta que haya una sentencia firme sobre el el caso del Aeródromo de Wanka. Lapicitos, no piensen que su líder aparecerá pronto. Sin embargo, el pronunciamiento del TC respecto a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no ha recibido los reflectores que merece. Una vez más todo gracias a la inserción caviar en el país.

Benavides, convertida en chivo expiatorio por la controvertida Junta Nacional de Justicia (JNJ), podría ser exonerada de los procesos disciplinarios que enfrenta. Según su abogado, el aprista Jorge del Castillo, el TC también decidirá si la participación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en los procedimientos contra Benavides fue legítima, dado que ambos habían sido suspendidos por vulnerar la Constitución. Recordemos que Tello excedió la edad máxima para ejercer como miembro de la JNJ, lo que derivó en su inhabilitación por el Congreso, junto con el vicepresidente de la entidad, Aldo Vásquez.

Sin embargo, en un acto que pone en entredicho la separación de poderes, el Poder Judicial anuló esta decisión del Congreso y restituyó a ambos magistrados, a pesar de su flagrante infracción constitucional.

Con las desgracias políticas que hemos venido viviendo en los últimos meses, el país se ha olvidado de las graves faltas que cometió la JNJ en los últimos años. Una entidad que representa perfectamente el parásito caviar que se encuentra enquistado en el Estado peruano. Una entidad que se vendió a Gorriti y a IDL, después de ser instaurada por el delincuente de Martín Vizcarra, quien necesitaba un órgano legal que lo defendiese a él y a sus buitres.

En medio de las crisis políticas que nos han golpeado en los últimos meses, el país parece haber olvidado las graves irregularidades cometidas por la JNJ en los últimos años. Esta entidad es el reflejo perfecto del parasitismo caviar enquistado en el Estado peruano, subordinada a los intereses de Gorriti y el IDL, tras haber sido instaurada por Martín Vizcarra, quien necesitaba de un blindaje legal para él y sus buitres.

La JNJ ha sido un actor clave en bloquear que la justicia alcance a la izquierda nacional. Patricia Benavides, quien se convirtió en su principal adversaria, fue víctima de una estrategia calculada para apartarla.

Sin embargo, el reciente fallo del Tribunal Constitucional ofrece un destello de esperanza. Benavides podrá continuar su defensa y, si triunfa, podría recuperar su cargo. Este desenlace amenaza a la JNJ y a sus aliados, ya que las consecuencias serían profundas. Una eventual restitución de Benavides podría marcar el inicio del desmoronamiento de los caviares enquistados en el órgano que designa y destituye a jueces y fiscales. Además, cuestionaría la legitimidad de todas las decisiones tomadas desde la reposición de Tello y Vásquez.

No nos olvidemos de la JNJ, por Franco Consoli

Un desastre absoluto. Ni siquiera los proyectos de ley más evidentes logran concretarse, lo cual constituye una clara señal de que los actuales parlamentarios no tienen la menor intención de recuperar la legitimidad que han perdido en los últimos años. Este acto de indiferencia flagrante sigue perjudicando, una vez más, la institucionalidad del país. El Congreso es un barco que se hunde, pero que no quiere ser salvado.

Desde el año pasado, se ha venido impulsando una iniciativa legislativa que busca impedir que aquellos condenados por delitos graves, como terrorismo o narcotráfico, entre otros, puedan postular a cargos públicos durante un período de 10 años tras haber sido “rehabilitados”. Un proyecto de ley que, ante la deslegitimación de las elecciones, habría sido una herramienta valiosa para garantizar una mayor idoneidad en los candidatos que aspiren a cargos tan importantes como el Congreso o incluso la presidencia.

Sin embargo, esta propuesta estuvo estancada durante largo tiempo en una de las numerosas comisiones del parlamento, debido a que los fujimoristas, de manera egoísta, intentaron modificarla de tal forma que el entonces expresidente Alberto Fujimori, quien se encontraba libre en ese momento, no se viera impedido de postular nuevamente a la presidencia. Una vez que el proyecto salió de la Comisión de Constitución, presidida en aquel entonces por la congresista Moyano, fue automáticamente rechazada por el resto de parlamentarios, lo que retrasó su llegada al pleno.

Ahora que la iniciativa podría convertirse en una realidad, lo que sin duda habría sido beneficioso para el futuro del país, la propuesta se ve nuevamente frustrada por un Congreso deslegitimado. A pesar de que el proyecto originalmente contemplaba la exclusión de los condenados por homicidio (delito que fue posteriormente eliminado), esta posibilidad de mejora se ve nuevamente bloqueada.

En nuestro país, cualquier persona puede llegar a ser presidente, incluso un condenado por corrupción, un homicida o, lo que es aún más grave, un condenado por terrorismo. Pareciese que el gobierno de un chotano golpista vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y con antecedentes de golpismo, no sirvió como ejemplo suficiente para evitar este tipo de aberraciones.

Sin criterios de idoneidad para los candidatos, corremos el grave riesgo de que un terrorista, como Víctor Polay Campos, quien quedará en libertad en 2026, pueda aspirar a la presidencia o al Congreso en 2031. Una posibilidad absurda y absolutamente inaceptable.

Entiendo los argumentos de los penalistas y defensores de la igualdad, que sostienen que quienes han cumplido su condena tienen derecho a postularse a cargos como la presidencia o el Congreso. Sin embargo, en una democracia tan frágil como la nuestra, tales supuestos no pueden ser aceptados. Sobre todo, en el caso de los condenados por terrorismo. Aquellos que atentaron contra el Estado y la democracia no pueden luego utilizar estas mismas instituciones para gobernar.

No podemos pasar por alto una realidad triste pero innegable en Perú: nuestras cárceles no se rehabilitan. Con un sistema penitenciario sobrepoblado y plagado de corrupción, las prisiones no cumplen su función resocializadora; al contrario, empeoran al reo. En el Perú, la resocialización es un mito, una excepción, más que una regla. Y el terrorista, que debería haber muerto en la cárcel y que gracias a los “derechos humanos” solo cumple 20 o 25 años de cárcel, nunca se rehabilita.

El gran fracaso del Congreso, por Franco Consoli 

Una de las tristes verdades de la política peruana es que a muchos no les importa la Constitución. Los actores políticos de nuestra “derecha” han sido quienes se han mostrado como los abanderados defensores de nuestra carta magna en los últimos tiempos, y son quienes han exigido, en reiteradas ocasiones, su irrestricto respeto. Sin embargo, cuando los intereses y las agendas cambian, no hay amor ni defensa.

Ejemplo de ello es el proyecto de ley de unión civil, promovido por el colorido congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, uno de los candidatos (y de los partidos) que se publicitan como defensores de nuestra ley de leyes. Un proyecto de ley, que, sin duda alguna, busca sacarle la vuelta a nuestra normativa apelando a sentimentalismos y a caballos de troya, porque, como señaló el legislador, esta propuesta “es el primer paso” de sus planes progresistas LGBT en nuestro país.

La verdad es que este proyecto de ley es contrario a nuestra Constitución, dado que transgrede los artículos 4° y 5° de nuestra ley máxima. Empezando con el último artículo señalado, este plantea que el concubinato es la unión estable entre el hombre y la mujer, no reconociendo así la posibilidad de reconocimiento de uniones entre dos personas del mismo sexo. Siendo así incompatible con el proyecto de ley de Avanza País.

Mientras que en la transgresión del artículo 4°, si bien considero es la que necesita un mayor análisis e interpretación, es la más flagrante. El proyecto legislativo, que será debatido en el pleno del Congreso, tiene el problema de que la unión civil planteada se asemeja bastante a la figura del matrimonio, lo cual ha sido abiertamente criticado por diversos constitucionalistas.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció en contra del proyecto manifestando que lo que están haciendo desde el Congreso es “meter a la unión civil como una suerte de modalidad del matrimonio”. El análisis del magistrado Blume retracta a la perfección la inconstitucionalidad de esta medida, dado que lo que pretenden es encubrir una especie de matrimonio igualitario con el nombre de unión civil, dado que las diferencias con esta figura serían mínimas, lo que es contrario a nuestra normativa.

Ciertamente, existen problemas patrimoniales que deben ser atendidos por nuestra normativa, y que pueden solucionarse con proyectos de ley que otorguen una mayor libertad a la voluntad patrimonial de los individuos, no obstante la unión civil no es la solución.

Es notorio que el proyecto de unión civil infringe la constitucionalidad. Sus promotores se hacen de la vista gorda para no tener que afrontar sus contradicciones y su doble moral. Lamentablemente, cuando les conviene, deciden defender la Constitución, y cuando esta va en contra de su agenda, no tienen ningún escrúpulo en violentarla. Constitucionalmente, la unión civil sólo podría ser debatida mediante una reforma constitucional, y no como un proyecto de ley, dado que necesitaríamos cambios estructurales en nuestra carta magna para que no haya una contradicción legal. Pero para nuestros coloridos congresistas, las contradicciones legales parecen no importar cuando se trata de velar por su agenda.

¿De verdad les importa nuestra Constitución? ¿O todas son mentiras? Esto ya no es un problema de izquierda o derecha. Por partidos de ambos lados se presentan contradicciones constitucionales. Pero claro, la izquierda sueña su nueva Constitución mientras la derecha jura, aparentemente, defender la de 1993 a capa y espada, hasta que llega el momento que no. Por lo que una vez más debemos incluirnos a la conclusión de que la legalidad está de lado. En el fondo a ningún político le importa. Y es su ideología, sus ideas, su política, lo único que defienden. El resto son solo mentiras, tanto de la derecha como de la izquierda.

Contradicciones de derecha a izquierda, por Franco Consoli

Ser preso no debe significar ser un vago. Bien lo entendió el gobierno americano, el cual teniendo cerca de 1,2 millones de reclusos en el país, cerca de 800 mil de ellos trabajan en el día a día generando más riqueza para el Estado, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Lo mismo, pero de una forma mucho más polémica, es lo que ha logrado Nayib Bukele en El Salvador, donde los reos deben trabajar para tener su plato caliente al final del día, como cualquier otro ciudadano. Y esta misma práctica ha sido anunciada por el presidente argentino, Javier Milei.

La pena privativa de la libertad es aquella en la que el reo pierde libertades individuales como la libertad de tránsito, como consecuencia por haber cometido un acto ilícito. Ello significa que deba quedarse recluido en prisión, gracias a la justicia penal.

No obstante, esto no debería significar que el reo no debería de enfrentar los problemas del día a día que vive cualquier ciudadano libre. Cualquier civil entiende que si no trabaja no podrá subsistir. Es el esfuerzo del trabajo del día a día el que pone el pan sobre la mesa. Entonces, ¿Por qué el preso que no trabaja no tiene que afrontar esta realidad en su día a día?

Los reos en el Perú no pueden ser únicamente un interno más. Somos un país con una gran tasa de reincidencia penal, según el Censo Nacional de Establecimiento Penitenciario del 2016, uno de cada cuatro reos ha reincidido en el delito. No hay dudas de que existen diversas aristas para ponderar las razones por las cuales hay tanta reincidencia en el Perú, pero no podemos negar, que entre ellas es porque el reo cuando sale de la cárcel sale sin nada, sin un cobre, lo que conlleva a que terminen delinquiendo tras su puesta en libertad.

Otro de los factores a considerar es que las cárceles peruanas, entre su sobrepoblación, las drogas y corrupción interna, la rehabilitación del reo no existe. Nuestro sistema penitenciario no está diseñado para que el reo se rehabilite y se reincorpore en la sociedad, sino todo lo contrario. Está diseñado para que se corrompa aún más. Todo conocedor del derecho entiende que el fin de la pena es la resocialización del delincuente; sin embargo, también debemos considerar que, el fin de esta, también es que dentro de la sociedad, no se encuentren personas que no tengan problema alguno en atentar los derechos del resto de la colectividad.

Es por ello que debemos crear un sistema en el cual los reos tengan acceso al trabajo y que este ayude con su proceso de rehabilitación. En una entrevista con El Reporte, el constitucionalista Ernesto Álvarez señaló una gran idea: la creación de granjas agrícolas donde el delincuente habitual pueda encontrarse a sí mismo con su humanidad trabajando la tierra, cultivando, desarrollando ganadería, entre otras cosas. Un quid pro quo para todos. El delincuente aumenta sus chances de rehabilitarse, genera algo de capital, y como Estado podemos generar algo de riqueza de quienes hoy en día lo único que nos generan son pérdidas.

Los americanos se dieron cuenta de esa fortaleza hace décadas, Bukele lo ha estado aplicando exitosamente y pocas son mis dudas de que Milei le sacará el máximo provecho a esa reforma. ¿Para cuando nosotros? En vez de que el Congreso se enfoque en proyectos absurdos como la Unión Civil, o que el Ejecutivo siga inyectando dinero a fracasos como Petroperú, proyectos como estos, calcados de los modelos como el salvadoreño deberían ser los aplicados en nuestro país.

¿Y si los reos trabajan?, por Franco Consoli

Es lamentable cuando un legislador pretende crear una ley para su propio beneficio. Es lo que muchas veces, desde la derecha, acusamos que hacen los parlamentarios de la izquierda peruana. Lamentablemente, esta vez, la falta de ética vino de “nuestro bando”. Sin embargo, la oposición se ha hecho sentir.

La Comisión de Justicia, como sabemos, ha admitido que se debata en el Pleno del Congreso el proyecto de Unión Civil de Alejandro Cavero (sí, en plena crisis económica y de seguridad, en el Congreso están son las reformas que toman importancia) el cual no es más que un artilugio para promover la insania de la banderita de colores en nuestra legislación. Un caballo de Troya, como dicen muchos.

Como bien lo dijo el colorido congresista “es el primer paso”. Y ese es justamente el problema. Con los progresistas siempre es igual, dales la mano y te agarran hasta el codo. La voluntad del legislador es clara: promover la agenda LGBT en el país, dado que según él “estamos muy atrasados”. Esto significa, entre líneas, que primero quieren la Unión Civil, después la adopción por parte de parejas del mismo sexo, luego atentar contra la familia con el “matrimonio igualitario”, hasta terminar en la demencia Woke que todos conocemos, con transiciones de género, mutilación de menores que se quieren cambiar de sexo y padres que terminan perdiendo sus derechos frente a sus hijos.

Todo disfrazado en el discurso de “amor” detrás de la Unión Civil. Así es como se ha degenerado todo lo promovido por este nefasto colectivo, que hoy el congresista de Avanza País pretende instalar en nuestro país.

Fue en Vermont, hace 24 años, que se legalizaron por primera vez las uniones civiles en Estados Unidos, todo con el mismo discurso que quieren inculcar aquí en el Perú, con un “trasfondo de inclusión y amor”. Poco más de dos décadas después, padres pierden la custodia de su menor hija en Montana por negarse a su transición de género. Todo bajo la protección y el flameo de la bandera de colores.

Asimismo, lo lamentable de la situación es que esta iniciativa va en contra de los principios de la mayoría de la población, siendo básicamente aplaudida solo por caviares y limeños. Más del 90 % de la población es cristiana, cuyos lineamientos y principios no se alinean con las ideas que se pretende promover desde el Congreso. Y un legislador, en su condición como tal, debe crear leyes según la voluntad del pueblo o para el pueblo, no para su propio peculio.

Con esto tampoco quiero entrar en confusiones. No es que la religión sea el factor a ponderar, sino los valores de la población, los cuales no son incongruentes con fines de este proyecto de ley, como las modificaciones patrimoniales que propone o la potestad de tomar decisiones médicas en caso de urgencia. El problema no está ahí, sino en cómo está planteado. Estos temas pueden solucionarse con otras reformas, modificando normas sucesorias, modificando la administración conjunta de bienes y la libre disposición del individuo en determinadas situaciones. La incongruencia se encuentra con que este proyecto de ley pretende imponer principios progresistas ajenos a la voluntad del peruano, abriendo las puertas a la demencia previamente señalada. Esa es la verdadera intención de esta posible ley, porque el legislador podría haber solucionado los problemas que plantea mediante una normativa que no imponga la Unión Civil, pero evidentemente no quiso, porque su agenda principal en este tema está con el progresismo, no con la ejecución de estos derechos.

Sin mencionar, además, que el mecanismo mediante el cual propone esta reforma -un proyecto de ley- no es la adecuada, dado que en realidad debería hacerse mediante una reforma constitucional, dado que afecta lo señalado en nuestra carta magna en su artículo 5. Sin embargo, en este caso, parece que la Constitución no les fue importante.

Hay temas válidos en este proyecto de ley que sí merecen la debida atención y modificación, como es en el caso de la disposición de los bienes patrimoniales, pero como se señaló previamente, estos pueden ser atendidos sin la necesidad de imponer al peruano la unión civil. Pero claramente lo que demuestra este proyecto es que “no lo hacen por el chancho sino por el chicharrón” y en el fondo lo que se pretende es dejar la primera laguna para imponer una agenda ideológica contraria a los valores de los peruanos. Lo que deja en evidencia a sus promotores.