Administrador de empresas 

Juan Villarán

Interesante y necesario es el debate sobre la pena de muerte. Enfrenta aspectos de orden moral como de protección al individuo, pero también enfrenta a la sociedad. Dentro de este debates está la cuestión sobre si es eficaz en la reducción del crimen de extrema violencia y perversidad, lo que ya desde un inicio no se puede generalizar.

Hay un factor previo a considerar. Recuerdo que cuando se hizo al final del gobierno de Alberto Fujimori no fue el retiro de la CIDH sino de la parte contenciosa. Es decir, la obligación de seguir sus decisiones más allá de ser recomendaciones.

Ese primer escollo sustentado por un lado por el Perú con la asesoría del ex presidente de la Corte el Doctor Hector Gros Espiell (Uruguay) y por la otra fundamentalmente por Diego Garcia-Sayán procedió y el Perú se retiró.

Luego quedó "redefinido" ya con el país en manos de Alejandro Toledo que nos reinsertó a lo contencioso. Más allá de ello es claro que para su aplicación se requiere primero salir de la CIDH (o de la parte contenciosa) con la mitad más uno de votos del Congreso sumándole a ello un referéndum o dos legislaturas sucesivas con votación calificada (87 congresistas) y luego entra en efecto un año después.

El retiro de la CIDH y la pena de muerte podrían hacerse en simultáneo tanto en las legislaturas de retiro de la CIDH y el cambio constitucional para permitir la pena. Ello ahorraría una enorme cantidad de tiempo.

Pero más allá de ello, que en mi caso y en el de probablemente una mayoría en referendum, creemos en la pena de muerte en casos muy específicos y garantía de pruebas más allá de toda duda, ya es para planteárselo nuevamente debido a las circunstancias actuales. Y estas se reducen no a la esencia punitiva y defensa de la sociedad, sino a otras:

1) Se requeriría en primer lugar una reforma de fondo para el Poder Judicial ya que está comprobado que en la actualidad Fiscalía y Poder Judicial no garantizan condiciones para decidir la ejecución de una persona que podría no ser culpable.

2) Aún en total flagrancia se abre la Caja de Pandora más todavía en la forma masiva como se podría plantear y que en estricto pragmatismo significarán cientos de ejecutados sin lugar a duda.

3) En la negada posibilidad de ingreso de un gobierno radical indeseado qué abusos podrían cometerse.

En conclusión, aún creyendo en esta opción extrema, no creo por las razones anteriores en lo conveniente de hacerlo hoy.

Es preferible asegurar en cuanto sea posible las condiciones de apoyo a las fuerzas del orden para utilizar toda su infraestructura para poder cumplir su función constitucional (Art. 165 y 166 de la Constitución) que hoy no se cumplen, el internamiento de los infractores a largas y severas penas en establecimientos adecuados según lo dispuesto para la función jurisdiccional (Artículo 139 de la Constitución incisos 21 y 22).

Todos estos son temas hoy imposibles de garantizar y quedarán en varias manos que conducirán a la decisión que enrumbará al país en las elecciones 2026 y a partir de allí reanudar tan delicada legislación.

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La pena de muerte, por Juan Villarán

El congresista Alfredo Azurín ha presentado un proyecto de reforma constitucional para dividir la Policía Nacional en dos, donde una nueva sería una policía de investigaciones.

El Artículo 166 de la Constitución se refiere a la "Policía Nacional", y su función principal es la de asegurar y mantener el orden interno. La Ley Orgánica de la Policía Nacional permite la creación de unidades especializadas, por lo que la reforma constitucional del congresista Azurín de Somos Perú, partido político que se ha caracterizado por debilitar a la PNP, debe tomarse con pinzas, ya que, de proceder, también requerirá cambios estructurales en la ley orgánica de la policía y sus reglamentos.

Se propone ahora la modificación del artículo constitucional dividiendo a la policía en dos. De por sí, no debería prosperar, ya que, si se hiciera, también debería definir la función de la otra, es decir, la ex Guardia Civil.

Obviando esa primera inconsistencia y yendo al fondo de la iniciativa, el Perú es probablemente el único país donde existe una sola policía que conoce un poco de todo, pero que no se especializa. De acuerdo con ambos conceptos, sí es recomendable tener el Art. 166 considerando ambas policías. Estaríamos más especializados y menos dependientes, y ambas estarían, desde luego, sujetas al orden y mandato constitucional, a la vez que se mantienen los deberes y derechos de la/s institución/es policiales que, por sobre todo cambio, se deben respetar.

Analizados estos conceptos, debe también considerarse el momento propicio para cualquier reforma, más aún si la actual situación política del país demuestra que al momento lo que más se requiere es una policía fuerte y respaldada en su función principal: preservar el orden interno.

Por ello, la iniciativa de cambio constitucional por sí misma no se ve mal, pero sí el momento de hacerla, hasta que el país estabilice su situación política y en ese momento proceder. Mientras tanto, como sí es muy importante la especialización urgente, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, como se mencionó, permite la creación de unidades especializadas con diversos grados de autonomía funcional. En la práctica, dudo que esta reforma pase en este momento, ya que se necesitan 87 votos.

Dos Policías, por Juan Villarán 

El fenómeno Milei en Argentina, al igual que el de Bukele en El Salvador y antes, el inconcluso de Fujimori en Perú, rompen paradigmas y obligan a repensar la definición de democracia y la necesidad de la sucesión. No los desvalorizan, por el contrario, los refuerzan. Esto se aprecia, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que a lo largo de toda su historia republicana funcionó bajo el bipartidismo, alternando matices de gestión en estricto respeto a una única Constitución. Sin embargo, esta línea de libertad y respeto a la ley de leyes se rompe cuando cambia la línea de principios que regía para ambos partidos, permitiendo que el socialismo, como un Caballo de Troya, penetre y conlleve a la desnaturalización de valores. Esto da paso a la creación de su propia "casta" de burócratas, subsidios inorgánicos y destrucción de las familias por ideologías progresistas.

A diferencia de esto, en el Perú, una mal llamada democracia ha producido la proliferación de partidos políticos, alejando nuestro sistema de la concepción que tuvo Clístenes en Atenas y convirtiéndolo en la versión actual de una Torre de Babel. Más allá de esto, en nuestro entorno, líderes como los mencionados enarbolan la bandera del sentido común e interpretan el hartazgo de sus pueblos, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Si el resultado es opuesto a la democracia, crean castas políticas de poder que se alimentan del pueblo para perpetuarse.

Por lo tanto, lo que en un principio sostenía la democracia era un gobierno fruto del deseo mayoritario de un pueblo que buscaba progreso en libertad. Reconociendo las diferencias, elegía representantes para todos. Sin embargo, en el camino, la democracia fue secuestrada y prostituida, y es necesario revertir este proceso, como parece ser la reacción argentina y como lo fue en Perú en 1990. La democracia también implica protección. Si el camino es el progreso, las corrientes políticas deben alternar y matizarse, pero deben alejarse de las líneas totalitarias que el socialismo presenta como una mayor igualdad, la cual solo puede lograrse creciendo hacia arriba y no redistribuyendo, lo que solo lleva al estancamiento y, eventualmente, al precipicio.

Por lo tanto, pensar en la democracia como un don gratuito es una falacia. Este estado de elección libre y representación genuina no es gratuito. Debe merecerse, conlleva riesgos al recibirlo y después al consolidarse y defenderse. Milei y quienes fueron mencionados al inicio rompen los tabúes de lo "políticamente correcto" simplemente por hacer lo correcto, al igual que en una sucesión que será recompensada si logran sus objetivos. Entonces, en una democracia plena y protegida, esa recompensa será verdaderamente merecida.

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¿Milei peruano?, por Juan Villarán

Creo que lo ocurrido en el Congreso merece una reflexión adicional, pues remueve conceptos a un nivel muy profundo. Sobre las posibles abstenciones de voto, he cambiado opiniones con personas a las que respeto, y debo ser más amplio en mi concepto.

Si considero válido, ante lo inevitable, el salvar un voto si se cree que existen dos opciones igualmente malas para quien debe decidir. El salvar su voto y dar la lucha en otros campos ante lo que ocurra. Lo considero válido en quienes lo hacen y en su criterio, pero no llego a compartirlo.

Pienso que, aunque existan incertidumbres, peligros y también la convicción de que ambas opciones son malas, siempre se puede (por supuesto, sin certeza) evaluar cada punto, cada peligro y cada posible consecuencia hasta sumar todo lo que se pueda rescatar, ya sea como estrategia o como campo de batalla para el futuro. Una vez hecho eso, espero (aunque sea difícil y quizás perdido en la correlación de fuerzas) que se puedan salvar comisiones claves, como, por ejemplo, y sobre todo, la de Constitución.

Más allá de eso, coincido totalmente en que el comunismo es una aberración y que debería, en el futuro, ser desterrado y prohibido en el Perú por un tema de seguridad nacional. En ese transcurso, también desterrar el caviarismo por razones ampliamente conocidas que ni vale la pena extenderse.

Finalmente, haremos todo lo que esté en nuestro poder para recuperar el país hacia el 2026 y, desde luego, desterrar también la indiferencia y las actitudes de solo actuar en base a chats, y pasar a la acción tanto en lo personal como en lo grupal.

La nueva Mesa Directiva, por Juan Villarán

Se tiene como premisa previa que todos percibimos que Odebrecht fue la superempresa corruptora de América, que lo hizo en complicidad con privados nacionales y funcionarios de alto rango. Los peajes de Lima no escapan a ello. Sin embargo, el alcalde de Lima no cuenta con la varita mágica que haga desaparecer por arte de magia lo ocurrido. Las consecuencias también las tiene que asumir la población que votó por gobiernos populistas de izquierda, entre ellos Susana Villarán.

Los contratos cuando son fraudulentos así deben demostrarse, ya que el "caballazo" hoy en día, nos guste o no, no funciona en el mundo, pues tarde o temprano los inversionistas (esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad) solo entenderán que el papel firmado es letra muerta. Si un gobierno considera sin motivación sustentada y reglas de arbitraje (comunes a unos y otros en litigio) que ya no conviene, o que fue mal hecho, o que se puede salir de él imponiendo reglas nuevas sobre la marcha, sea o no cierto, bastará con suspender pagos y patear el tablero.

López Aliaga vive en un mundo donde existen reglas que, gusten o no, convierten a los Estados y a las ciudades en parias, donde, como la lepra, serán aislados si contratan y luego desconocen. Aquellos que desean invertir, no de manera fraudulenta ni con coimas, ya se pronunciaron, y en una situación tan difícil de inestabilidad en el país se debe escuchar, o la pobreza continuará en caída libre. Es lo que es.

Ya se tiene la triste historia del primer gobierno de Alan García que, en ese estilo, condujo al país a la hiperinflación de los 80, lo recapacitó luego y realizó un segundo gobierno muy exitoso, con una enorme reducción de la pobreza y confianza que resultaron en importantes proyectos e inversiones en el marco de una Constitución que lo permitió.

López Aliaga es la segunda autoridad de elección popular más importante del país. Todos deseamos que su gestión, que recién empieza, pueda ser exitosa y demuestre que la eficiencia solo puede darse en un marco de respeto a reglas y leyes. Si no gustan, deben cambiarse, pero mientras existan, deben cumplirse, o no existiría civilización.

Los consejos del espejo pueden ser los peores y más aún si quienes nos rodean solo desean satisfacer a quien se mira o si existe algún provecho particular en ello.

La seguridad ciudadana se basó en una estrategia para la compra de 10,000 motocicletas y luego se ve que más de la mitad estarían estacionadas, pagando un alquiler millonario, ya que ni siquiera se cuenta con la mitad de los policías para operarlas, y no se consideró que en todo el mundo la cantidad de patrulleros es 10 veces mayor por razones técnicas que la de motocicletas.

Los reservorios de aguas estarían resultando mucho más caros que los cálculos evaluados en campaña.

Un fallo en contra arbitral en peajes costaría a Lima más de 1500 millones de pérdida.

Deseamos que Odebrecht se vaya para siempre, que se reanuden las obras de la tan importante Carretera Central sin Odebrecht y que el alcalde de Lima sea exitoso, pues representa a un amplio sector y lleva tan solo medio año de gestión.

Para ello es imprescindible que busque consejo íntegro, se rodee bien y que finalmente rompa con su a veces único consejero: el espejo.

Lo que puede ser políticamente incorrecto para muchos no deja de ser un tema de reflexión desprejuiciada para otros.

El defecto del consejo del espejo, por Juan Villarán 

En el año 2003 se intentó unir los cuerpos de serenazgo de todos los distritos de Lima en uno solo (Ordenanza 638 del 10 de junio del 2004). Con esto se buscaba tener una suerte de Policía Municipal única, propósito que el teniente alcalde de Lima intenta reactivar.

En esa ocasión, ante las observaciones de todos los distritos de Lima liderados por los alcaldes de San Isidro y Miraflores, se evitó ese despropósito inconstitucional. El suscrito, quien en ese entonces era regidor de San Isidro, evitó que se pudiese consumar esta medida debido a dos razones principales.

En primer lugar, el arbitrio de seguridad ciudadana es preciso y corresponde a los vecinos que pagan contribuciones directas recibir servicios directos. En segundo lugar, Lima es una urbe enorme y los servicios de seguridad tienen realidades y crímenes distintos. Cada alcalde conoce la incidencia delictiva de su distrito y ya cuenta con efectivos de la policía municipal y serenazgo para hacerle frente al crimen. Así es como funciona en los países desarrollados. El cambio significaría perder ese valor frente a una autoridad distante y centralista.

En la actualidad, en circunstancias mucho peores, donde en el país brilla la ausencia de institucionalidad y el principio de respeto a la autoridad, se pretende crear cientos de cuerpos de policías dependientes de cada alcaldía. Esto es alarmante, considerando los altos índices de corrupción y los marcados sesgos políticos. Se habla incluso de darles armas. ¿Este no sería el mismo despropósito pero al revés?

Por su parte, el señor Reggiardo argumenta que el uso de armas solo aplicaría para la alcaldía de Lima. ¿No sería discriminatorio solo darle armas al personal de la municipalidad Lima y no a otras alcaldías provinciales o gobiernos regionales?

Eso es inviable. Y si bien dicho proyecto podría, con mucha evaluación y cuidado, funcionar en otros países, no puede realizarse en el Perú actual, más aún cuando el país se balancea entre preservar la Constitución o sucumbir ante fuerzas sesgadas de ideología radical. No es el momento para un capricho que sólo tendría como consecuencia decenas o cientos de serenos fallecidos y cada circunscripción con un ejército particular.

Estoy de acuerdo en que se debe reforzar al Serenazgo y a la Policía Nacional, pero no en un arroz con mango retirando efectivos policiales, donde solo se debilitaría a la institución y su importante labor en la seguridad. Es un despropósito innecesario, puesto que ya recibe suficiente daño por parte del gobierno central.

Por lo tanto, quisiera hacerle unas preguntas al señor Reggiardo:

Usted tenía un programa televisivo donde presentaba intervenciones a criminales. ¿Quiere decir que su programa con información policial privilegiada permitía que las bandas criminales operasen y atacasen días o semanas hasta tener el espacio en su programa para intervenirlos?

Si un criminal convicto por asesinato como Daniel Urresti ocupara hoy en día el sillón municipal, ¿estaría usted de acuerdo que el contase con el ejército policial que desea usted crear? Estaría en su derecho por ser alcalde ¿no?

Cada cosa, aún con los buenos resultados obtenidos de otros países, tiene un tiempo y lugar. ¿Acaso usted pretende experimentar en el peor escenario posible por lo que podría ser simplemente un capricho?

¿En qué realidad vive, señor Reggiardo? No sé si usted será Alicia pero en este momento el Perú no es el país de las maravillas para golpear más a la policía creando otras fuerzas paralelas. Palabras fuertes a despropósitos fuertes y peligrosos.

Alicia Reggiardo en el País de las Maravillas, por Juan Villarán 

No toda crítica es pesimista, también existe la constructiva.

En días recientes el Diario EXPRESO dio la noticia de que el alcalde de Lima adquirirá 10,000 motocicletas para la Policía (cantidad reducida en 10,000 a las 20,000 prometidas en campaña). Es necesario opinar al respecto, ya que el alcalde de Lima es la segunda autoridad de elección popular más importante del país y sus acciones repercuten en la vida diaria de los ciudadanos.

Muchos argumentos rondan sobre que "al fin se está haciendo algo", deslindando de la Policía Nacional, lo cual es un error por cuanto el Perú cuenta con una sola Policía, que con sus aciertos y errores es siempre perfectible. La PNP sigue siendo el ente técnico en materia de seguridad ciudadana, a pesar de ya haber sido suficientemente golpeada políticamente al haberle quitado la facultad investigativa, al entregársele a la Fiscalía, a través del nuevo Código Procesal Penal; y también, al maniatársele para defenderse con sus armas y equipos frente al desborde de protestas radicales no exentas de infiltración terrorista. Sin embargo, sigue siendo el ente que mejor entiende la criminalidad.

Está bien que el alcalde se ocupe de apoyarla – a la PNP- y afronte la inseguridad, pero no lo es el que imponga un criterio técnico sobre infraestructura y equipamiento, lo cual desde ya compromete a todos los vecinos de Lima. Analicemos las razones técnicas:

En el Perú existen aproximadamente 134,000 policías. A diario están activos 67,000, debido al sistema 24 x 24 donde trabajan un día completo y descansan el siguiente.

De los 67,000 policías disponibles en un día cualquiera:

Deben descontarse aproximadamente 1/12 por vacaciones (16,080), quedando 50,920.

Deben descontarse aproximadamente 2% (2,680) por licencias, permisos y salud, quedando 53,600.

Deben descontarse aproximadamente 25% por trabajar en custodia de dignatarios (ministros, congresistas, etc.), servicios de sanidad, investigaciones, DIVIAC, policía fiscal, servicio administrativo, servicio diplomático, seguridad del Estado, apoyo a instituciones como Fiscalías, Poder Judicial, unidades especializadas (DINOES, DIRINCRI, etc.), unidades de servicios especiales antidisturbios, servicios estratégicos y similares (33,500) que no estarán disponibles. Quedan aproximadamente 20,100 para el servicio de comisarías y patrullaje para todo el país. 

Siendo Lima la capital con un tercio de la población peruana es de suponer que reciba un tercio de los 20,100 policías disponibles para comisarías y patrullaje que pudiesen utilizar las motocicletas, demos un 20% adicional de margen y tendremos 8,000 policías disponibles.

Ello quiere decir que, aun subiendo a todos los policías disponibles en motos, con brevete específico y alta pericia (prescindiendo de policías en patrulleros o a pie para lo cual ya no se tendrían lo cual es imposible) sobrarían 5000 motos. Y estas estarían prácticamente estacionadas. Por lo que para reforzar la seguridad de respuesta rápida a zonas donde un auto no puede acceder basta entre 500 y 1000 motocicletas nuevas.

Sin embargo, se estarían arrendando 10,000 a un precio "base” 50 millones de soles (anuales) según declaraciones del alcalde. Buena parte de esos 50 millones de soles estarían, simplemente, estacionados. Ello equivale a una base de 200 millones de soles para los cuatro años de gestión y conociéndose que normalmente las adjudicaciones superan las bases.

Por otro lado, internacionalmente la proporción de patrulleros en una fuerza policial es no menos de 15 veces la cantidad de motocicletas y basta con viajar a cualquier ciudad extranjera y observarlo.

El SOAT de una motocicleta es 4 veces más caro que el de un automóvil. No se compensaría con el ahorro de combustible ya que un patrullero lleva mínimo dos policías.

Los siniestros, y entre ellos los mortales, en una motocicleta son 15 veces superiores a los de un automóvil.

En caso de llegar a la ocurrencia y tener que detener igual se deberá esperar al patrullero para trasladar a los detenidos, ¿O se pretende llevar al detenido en la misma moto con el policía?

Un policía tendría que trabajar todo su horario en la incomodidad de una motocicleta en condiciones climáticas de invierno y verano.

Un automóvil permite llevar armas largas y otros equipos que una motocicleta no puede.

Técnicamente, no vemos la razón del gasto de esa cantidad para uso policial. De ser una fracción de estas motocicletas para los serenos, no ayuda en mucho la presencia de un sereno desarmado y sin marco legal en operativos de respuesta rápida donde precisamente la probabilidad de encontrar un delincuente armado es lamentablemente muy alta.

El presente artículo llama la atención sobre una pretensión de esta naturaleza y su aspecto de crítica constructiva es el de alertar sobre un gasto de esta envergadura en un costo-beneficio del escaso nivel que se ha demostrado.

Es muy necesario apoyar al alcalde de Lima y sus iniciativas loables en temas de coyuntura, como también lo es señalar inconvenientes tan serios en lugar de solo reaccionar a la defensiva cuando se señalan y fundamentan temas técnicos de sentido común. La crítica constructiva pretende alertar para mejorar y no para entorpecer.

Las 10mil motos de RLA, por Juan Villarán 

No solo no estamos solos, sino que el Perú fue escogido por protagonizar la resistencia de Iberoamérica contra el totalitarismo comunista y sus mutaciones.

En Lima confluyeron representaciones de pueblos hermanos hoy unidos por liberarse del engaño que financia la corrupción, el narcotráfico y finalmente intereses intercontinentales por un subcontinente lleno de recursos que desean explotar y apropiarse financiando narrativas falsas que ofrecen igualdad, pero solo en la pobreza.

Porque el éxito del socialismo únicamente puede triunfar manteniendo pueblos pobres sin libertad ni esperanza.

El Foro de Madrid ahora va mucho más allá. En Lima ha probado ser el Foro de Iberoamérica. La unión de países que comparten un legado enriquecido por la fusión de culturas con identidades propias y que anhelan un progreso justo en libertad.

En Lima se forjó definitivamente la comunidad de pueblos que descubren no estar solos, sino que juntos son más fuertes que todo engaño porque nada falso puede contra la naturaleza de sociedades que no aceptan el despojo del totalitarismo que focaliza la corrupción, la cual no tiene autor y es que la corrupción no es de derechas o izquierdas sino de seres viles de donde provengan.

Como ausentes en el Foro se destacan para propia reflexión y esperando se integren finalmente a la lucha: 1) La derecha "floja" en palabras de la lúcida y valiente senadora colombiana María Fernández Cabal. Y no lo son por no crear industria, trabajo, bienestar y apoyo social lo cual lo hacen muy bien y a mucho mérito, sino por no entender que se libra una guerra. Una guerra al fin. En ella sólo puede triunfar una de las dos partes antagonistas y donde una sirve a intereses foráneos. El mantenerse de espectador o con la tibieza de quien conoce, pero ignora especulando a diestra y siniestra terminará perdiendo soga y cabra. 2) Los medios de comunicación social. Salvo honrosas excepciones ausentes también. Pero en ellos el agravante del soberbio. Aquel que invocando principios rectores solo justifica la soberbia de sentirse por encima del bien y del mal y en ello igualmente cómplice, pasivo o activo, de las mutaciones totalitarias.

Más allá de ello debe valorarse un crucial punto de inflexión: no estamos solos, somos una comunidad internacional de luchadores por la libertad, aquella que no es otra cosa que la más pura expresión de la naturaleza humana y donde nunca se puede perder por formidable que resulte el adversario.

Al mismo tiempo en el Perú un homenaje a los verdaderos héroes, el grupo de congresistas que frenaron avasallar los cimientos de la Constitución Política, a los líderes de instituciones que se van uniendo a la decencia como la Fiscalía de la Nación, a las Fuerzas Armadas y a la abnegada Policía Nacional y fundamentalmente a cada patriota del Sur a Norte, Centro y Selva que en redes, medios y calles derrama constancia y sólida presencia que convierten a nuestra Patria en el eje de la libertad Iberoamericana.

No estamos solos, por Juan Villarán

La democracia es el mejor sistema político que se conoce para defender la soberanía del pueblo, para elegir a sus gobernantes y a la vez para controlarlos mediante el balance e independencia de poderes e instituciones. La democracia busca la alternancia de ideas para el gobierno según se requiera. También promueve la tolerancia, la inclusión y la aceptación de diferencias, lo cual evita la violencia que solo ocasiona más violencia.

Pero como todo sistema humano también tiene fallas y la principal es cuando se vuelve dogmática; y se le restan los requisitos de control en los procesos internos de elección y en los externos que sesgados por cualesquiera conceptos se convierten en información no fidedigna al pueblo.

He cambiado opiniones al respecto con apreciados amigos de lucha contra la tiranía de Castillo y sus socios extranjeros del Foro de Sao Paulo, por lo que me permito sugerirles sopesar los peligros cuando la democracia mal concebida se convierte en principal arma contra ella misma. Y se vuelven funcional a ideologías totalitarias para lograr su propósito y ello puede darse tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Este concepto se discutirá ampliamente entre tecnócratas que olvidan que las propuestas de desarrollo requieren siempre un clima de estabilidad y predictibilidad jurídica, líderes de partidos políticos con gran experiencia que requieren adaptarse a las nuevas amenazas de la convivencia social y, en general, a toda persona altruista y de buena voluntad que a veces debe compatibilizar intenciones principistas con realidades.

Y es que la democracia tiene dos conceptos fundamentales:

1) No es un don ni un regalo, debe merecerse y defenderse.

2) El proceso que la acompaña para su fin de elegir gobernantes debe ser transparente en el período electoral, así como en los controles para que la difusión previa sea también fidedigna y no sesgada, más aún si ello ocurre a lo largo de años creando el prejuicio del “antivoto” o de falacias como la necesidad de una Constitución (pilar de la nación) nueva cuando ni se conoce la existente.

Estos conceptos son de especial importancia para aquellos líderes presentes o futuros que desean hacer política en su máximo nivel tentando la Presidencia de la República y también para quienes deberán hacerlo con la mayor autenticidad personal de conceptos antes que por solo dogmáticos, sean estos sutiles o fundamentales. Una democracia es solo posible en la autenticidad que se base, se transmita y se acepte libre de injerencias subalternas.

Vamos a poner breves ejemplos de reciente coyuntura para meditar en lo que para muchos políticos y tecnócratas políticos constituye como tabúes:

1) La democracia es perfecta cuando cumple su fin del bien común en un gobierno, ¿Fue el golpe de Estado de Alberto Fujimori al Congreso reñido con la democracia? Sí, lo fue. Y a la vez demostró que la democracia es también imperfecta y constituyó un hecho de absoluta excepción que salvó al país y, en consecuencia, el fin supremo del bien común, ya que los obstáculos de los prejuicios políticos sin solución hubiesen ocasionado decenas o cientos de miles de víctimas mortales y años de totalitarismo demencial de la subversión sanguinaria al más puro estilo camboyano. Un hecho que por excepcional e indeseable también demuestra que el balance de poderes exige aquello que los humanos debemos ejercer: raciocinio para gobernar y sobrevivir en democracia.

2) La aceptación de la posibilidad de perder es propio de la alternancia democrática de línea de gobierno. Debe ser aceptada por ganadores y perdedores, sin excepciones. Sin embargo, ello requiere de procesos limpios y libres de injerencias que lo invaliden. Los procesos electorales con resultados muy cercanos deben ser especialmente fiscalizados y convalidados en múltiples instancias como, por ejemplo, los partidos políticos que participan, las instituciones no deliberantes como las Fuerzas Armadas y los gobiernos salientes con representatividad para trascender fronteras procurando auditorías de ser necesarias (en el Perú debió hacerlo Francisco Sagasti) y muy especialmente por los órganos de control constitucionales con veredictos inapelables en el país por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec. En una demostración de lo negativo de la democracia mal realizada, hoy, en el Perú, existe anarquía y violación de normas fundamentales constitucionales que permiten el abuso de minorías violentas sobre el resto de la ciudadanía.

Otros ejemplos del dogma principista negativo son por ejemplo que postulantes han sido desposeídos de ejercer la Presidencia de la República:

a) Guste o no guste el año 2016 la candidata Keiko Fujimori fue impedida de lograr la presidencia. Esto por un porcentaje excepcionalmente bajo de votos luego de injerencias del entonces presidente Humala. Pasó en los votos de mesas de transeúntes y de militares. También con la corporación El Comercio y la denuncia, a pocos días de las elecciones, sobre narcotráfico en la que estuvo relacionada el allegado Joaquín Ramírez y que terminó siendo infundada. Se quebró el principio democrático y salió electo Pedro Pablo Kuczynski con una mezcla de antivoto, unida a la transitoria alianza fáctica de la izquierda que a las pocas semanas de juramentado el cargo le dio la espalda de forma natural. Luego, fue encarcelado por corrupción de alto nivel relacionado a percepciones indebidas con Odebrecht y dando paso al inefable Martín Vizcarra, segundo miembro de la plancha presidencial y quien accedió por sucesión legal, destructor de la democracia, del Estado de Derecho, del copamiento institucional y del desborde de la corrupción en plena pandemia. Al mismo tiempo, Fuerza Popular logró una impresionante mayoría con 73 escaños parlamentarios mal utilizados para el fin último de bien común en constante conflicto entre Ejecutivo y Legislativo.

b) El año 2021, Rafael López Aliaga es impedido en proceso absolutamente cuestionado de acceder a una segunda vuelta electoral en competencia con Keiko Fujimori por cuanto en el partido Perú Libre de Pedro Castillo resultaba inverosímil un ascenso como el que resultó fraguado. Fujimori, en segunda vuelta, vuelve a ganar las elecciones presidenciales y le son arrebatadas por manifiesto fraude en el sistema electoral no auditado pese a numerosas pruebas obviadas o minimizadas por la imperfecta y dogmática democracia peruana y el sesgo político del entonces presidente transitorio Francisco Sagasti.

c) El año 2022 ocurren las mismas alegaciones de fraude en Brasil ante resultados increíblemente ajustados, probadas irregularidades y evitando una guerra civil el entonces presidente Jair Bolsonaro da paso a la sucesión presidencial sin reconocimiento explícito.

La semana pasada se vieron las imperfecciones de la democracia dogmática usando declaraciones de líderes extranjeros, pero especialmente de seguidores del Foro de San Pablo, cuyo líder principal es precisamente el supuesto presidente Lula da Silva, defensor y promotor de Odebrecht, herramienta de corrupción no solo de gobiernos, economías y apropiación internacional de recursos por ejes comunistas sino del sistema democrático en Latinoamérica. Ello origina un corolario de protesta nacional de meses y motiva al pueblo brasilero a rebelarse y defender su patria por propia mano, llegando a la violencia en tomas de edificios emblemáticos con la obvia anuencia de fuerzas militares y policiales que lo permitieron.

Quienes defienden el sistema democrático, entre los que me incluyo, condenan la violencia de donde venga, pero un sector no llega a comprender que situaciones como estas son producto precisamente de las imperfecciones no reconocidas y menos observadas y fiscalizadas de una incipiente democracia adulterada que tan solo por inercia se considera principista.

A los amigos de la lucha frontal por recuperar el país en calles y foros y a quienes desean participar en elecciones libres más tarde o más temprano en el país, para recuperarlo es recomendable sopesen la inconveniencia de creer en dogmas y más bien refuercen los conceptos de democracia participativa, representativa y con acceso a la información fidedigna si desean consolidar los valores de la República y evitar el totalitarismo provenga de donde provenga.

¿En qué momento la democracia se vuelve enemiga de sí misma?, por Juan Villarán

El primer ministro nos tiene acostumbrados al show de la amenaza y no considera que sus bravatas le ocasionan al país el incalculable daño de cada vez menos confianza, menos inversión, menos trabajo, incremento del costo de vida y, por el contrario, mucha más pobreza.

Analicemos por un momento el real significado de sus bravatas:

No solo nuestra Constitución, sino todas en el mundo establecen la independencia y equilibrio de poderes. Resulta absurdo pretender que un Poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, imponga a otro, el Legislativo, una competencia que desequilibre a la Nación.

Resultaría ridículo pensar que un gobierno pudiese decirle a una oposición representativa de voto popular que dé leyes a su antojo. Ello corresponde a las decisiones democráticas que entre legisladores adopten por ser de su exclusiva competencia. Y esto no es solo en el Perú sino en todo el mundo.

Primero, presenta el primer ministro cuestión de confianza respecto a la ley 31355, la misma que no le es atendida por improcedente y luego retorna para presentar una nueva sobre la ley 31399, que se refiere a aquella otra 26300 que regula los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en particular sobre referéndum.

¿Qué tienen en común ambos proyectos y por qué son improcedentes?

Ambos proyectos versan sobre competencias exclusivas del Parlamento y, por ende, se encuentran ajenas a todo alcance de cuestión de confianza que no existe para este propósito. Son capítulos ya cerrados.

La ley 31355 que regula la Cuestión de Confianza ya fue declarada constitucional con fecha 7 de febrero del 2022 por el Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación de la Constitución, donde no existe posibilidad de apelación: no procede Cuestión de Confianza contra competencias exclusivas del Congreso.

Y aún no siendo necesario por no existir tema de confianza sobre cuestiones que le son ajenas al mismo tiempo cierra el despropósito de "Denegación Fáctica" al establecer que toda denegación debe ser comunicada expresamente al Ejecutivo (Resolución del Expediente N° 00032-2021-PI/TC). Punto final.

El primer ministro debió desandar sus pasos llevando su carpeta de proyecto bajo el brazo tal cual la llevó. Pero el primer ministro insiste en lo mismo en un incomprensible arranque de locuacidad. Retorna a los pocos días con un proyecto de ley para modificar la ley 31399 que se refiere al derecho ciudadano al referéndum. Dicha ley no hace otra cosa que ratificar precisamente dicho derecho ciudadano en los mismos términos que ya se encuentran en la propia Constitución en su artículo 206 y en la Ley 26300 sobre Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Por lo tanto, la ley 31399 tan solo ratifica que el referéndum es válido según el procedimiento constitucional establecido: sea por mayoría absoluta y ratificada por referéndum o por mayoría absoluta en dos legislaturas. El expediente se encuentra actualmente en el TC, pero para efectos inmediatos y nunca retroactivos la Ley 31399 se encuentra vigente y al tan solo ratificar lo ya dispuesto en el Art. 206 de la Constitución (sin modificación alguna) no puede existir decisión en contrario.

Por ende, lo que realmente presentaría el primer ministro es una Cuestión de Confianza sobre una incompetencia absoluta que buscaría no modificar una ley sino cambiar la Constitución, algo que le es ajeno y ya se encuentra totalmente zanjado en el máximo órgano de interpretación constitucional.

Es decir, Aníbal Torres lleva al Congreso la iniciativa del presidente de la República sobre reforma constitucional, lo cual le está permitido por el mismo artículo 206 que pretende modificar, pero en absoluto desconocimiento básico constitucional hace Cuestión de Confianza sobre ello, lo cual no existe (Tribunal Constitucional, Expediente N° 00032-2021-PI/TC, Reguladas por los Art. 132 y 133 de la CPP: La Ley 31355 es Constitucional).

Nuevamente, Aníbal Torres deberá retornar a su despacho con su carpeta de proyecto bajo el brazo.

El Congreso de la República mediante Ley 31399 estableció el procedimiento de referéndum tan solo ratificando lo dispuesto por el Art. 206 de la CPP y la Ley 26300. En tal sentido en un solo acto lo resolvió y hace totalmente innecesarios esfuerzos de recolección de firmas para expresar rechazo o frenar una Asamblea Constituyente por referéndum directo.

Artículo 169°. - "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional."

Así, siendo la Constitución el máximo Poder del Estado, todo acto en contrario de cualquier dependencia constituiría sedición o rebelión a ser reprimida con la mayor severidad.

Los comandantes Generales de las FF.AA. y el jefe del Comando Conjunto en reiteradas ocasiones han manifestado su subordinación tan solo a la Constitución Política del Perú por sobre todo estamento inferior.

Todo lo anterior debe dejar claro a la ciudadanía la tranquilidad que no existe duda alguna sobre interpretación de los despropósitos del presidente de la República o su primer ministro, y que el rol de las FF.AA. y Policía Nacional del Perú, garantes del imperio constitucional, se encuentran también definidos, expresados y ratificados.

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