Ex Canciller

Luis Gonzales Posada

El país ha recibido con alivio y alborozo la liberación del capitán de navío venezolano-peruano Luis Humberto de la Sotta, recluido cinco años en lúgubres mazmorras de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DCM) en Caracas, Venezuela.

Sobrevivió un largo tiempo de oprobio y maldad sin límites desde el 18 de mayo del 2018, fecha que lo detuvieron en la base naval de Turiambo, Estado Aragua, acusándolo de conspirar con la lideresa María Corina Machado para boicotear las elecciones presidenciales del 2018.

Un grupo de rufianes con uniforme militar lo trasladó encapuchado a una celda oscura y pestilente. Reducido y en soledad, los verdugos chavistas introdujeron su cabeza en una bolsa de plástico para sofocarlo y lo golpearon con palos acolchados para no dejar marcas. Le colocaron marrocas tan apretadas que le rompieron la piel de las muñecas, luego aplicaron descargas eléctricas en el cuerpo y lo apalearon sin piedad, amarrado a una silla.

Después de presentarlo ante el Tribunal Militar torturado lo trasladaron a 'La Casa de los Locos”, siniestro lugar tan oscuro que los internos no pueden verse las manos: y lo mantuvieron así durante 32 días. De vez en cuando los celadores entraban para golpearlo.

Su caso fue denunciado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y ante ello la respuesta de los guardianes de la dictadura fue encerrarlo durante 12 horas, esposado en el 'ataúd' o 'caja de muñecas', espacio de 2 metros de alto por 60 centímetros de ancho y fondo, donde es imposible agacharse o realizar algún movimiento.

De la Sotta, empero, resistió sin doblegarse, pero enfermó de Covid. A ese problema se sumó hipertensión severa, complicaciones hepáticas y hernia hiatal. Además, la función renal quedó comprometida y sufrió de infección urinaria.

Una verdadera tragedia que lo conducía inexorablemente hacia la muerte, porque sus captores se negaban a trasladarlo a un hospital, a pesar de que contaba con una medida cautelar de la OEA y otra de la Misión de la ONU para desapariciones forzadas.

Frente a esta dramática situación su hermana Molly, mujer admirable, treja, talentosa, pidió auxilio a los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo, pero la respuesta fue un ominoso silencio. Los cancilleres Cesar Landa y Óscar Maúrtua ni siquiera respondieron a las súplicas de la anciana madre del oficial de la Armada solicitando que nuestra embajada o consulado en Caracas gestione trasladarlo a un hospital.

Los diarios protestaron, al igual que la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y numerosos ciudadanos que suscribieron comunicados públicos. Esta historia de terror, de sadismo propio de regímenes totalitarios, ha terminado con su liberación, en gran medida porque la excanciller Ana Cecilia Gervasi intervino con vigor.

Sin duda la diplomática Gervasi pertenece a la Casa de Torre Tagle y sus antecesores a la Casa de Sarratea, donde truequearon principios por embajadas políticas bien remuneradas.

Con la liberación de la Sotta, empero, solo se ha ganado un episodio en la larga lucha que debemos afrontar para que Venezuela pueda deshacerse de un gobierno corrupto y genocida, batalla que debe seguir con la inmediata liberación de 260 prisioneros políticos.

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De la Sotta: la batalla continúa, por Luis Gonzales Posada

Hace 4 meses, la canciller Ana Cecilia Gervasi tuvo la cortesía de invitarme a su despacho para abordar temas de política internacional. En esa reunión, recordé que el 18 de mayo del 2018 comenzó una larga pesadilla para el capitán de navío de la Armada venezolana, Luis de la Sotta Quiroga, segundo comandante en la Bahía Turiamo, estado Aragua, peruano de nacimiento y de padres también peruanos.

Ese día, ocho sujetos fuertemente armados ingresaron a su oficina, sin orden judicial, sacándolo esposado para trasladarlo a un lúgubre sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, donde lo depositaron en un cuarto sin luz, ventilación ni servicios higiénicos. Según el dramático relato de su hermana Molly, el oficial llegó con las muñecas desgarradas por presión de los grilletes, agregando que “lo tiraron al piso y golpearon con palos. Cuatro hombres lo torturaron para que hablara del supuesto complot. Le colocaron una capucha, metieron gas lacrimógeno y practicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas”.

Más adelante dice que “estuvo 32 días sin salir de ahí, sin ver la luz, ni hablar con nadie. Le aplicaron tortura física y psicológica, diciéndole que iban a hacer algo a la familia”.

En otro momento recordó que “dormía y comía en el piso, como un animal, porque los alimentos los lanzaban al suelo, donde también hacía sus necesidades fisiológicas”.

No son extraños estos abominables tormentos que practica la dictadura venezolana. En efecto, un reciente informe de los fiscales de la Corte Penal Internacional registra 8900 casos similares que incluyen "violaciones sexuales y hasta un perro rottweiler amaestrado por los agentes para morder en zonas íntimas. A una víctima lo amarraron de pies y manos, lo ataron a un carro del Servicio Bolivariano de Inteligencia y arrastraron más de un kilómetro por las calles hasta llevarlo a un centro de reclusión donde fue torturado 24 días”.

El informe agrega que los martirios eran “literalmente macabros: arrancaban las uñas de las manos y pies con tenazas; lo asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que dañó gravemente sus pulmones; le golpearon todo el cuerpo con toallas mojadas; lo hacían bañar a todas horas en orines y excrementos” (resumen publicado por el diario El Mundo de España 23/4/2023).

El calvario del oficial de la Sotta continúa por más de cinco años, sin proceso judicial ni atención de los diplomáticos peruanos acreditados en Venezuela, a pesar de las súplicas de su anciana madre, de su esposa y familiares que solicitan gestionar que lo trasladen a un hospital.

En ese contexto, recordemos que el militar cautivo ha estado varias veces en peligro de muerte porque, según los reportes médicos, "sufre de diarrea crónica, que apareció luego de sufrir de COVID-19. Cuando se estresa produce triglicéridos, por lo que es necesario que un cardiólogo lo revise y haga una evaluación de su tensión. Necesita también un nefrólogo porque tiene insuficiencia renal crónica grado 1”.

Un parte oficial de la Dirección de Ciencias Forenses de Caracas, fechado el 27 de diciembre del año pasado, diagnosticó que padece de “hipertensión arterial; hipertrigliceridemia familiar; litiasis renal concurrente; hiperuricemia; insuficiencia renal crónica grado 1 y hematuria periférica”.

El mismo documento recomienda que “debe encontrarse en un sitio libre de estrés y hacinamiento para evitar la dependencia del tratamiento farmacológico dado el insomnio crónico y dependencia a sedantes e hipnóticos”, así como “un tratamiento médico estricto para evitar complicaciones como infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares y agravamiento de la insuficiencia renal crónica”.

A pesar de la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Res.75/2018. Medida cautelar 862-18) y de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha solicitado su libertad (A/HRC/WGAD/2021/49), De la Sotta sufre más de cinco años de infamante carcelería sin ser procesado judicialmente, contrario a lo dispuesto por el propio Código Penal Venezolano que dice que una detención preventiva no puede exceder los dos años.

Esta situación ha sido advertida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y por el ex Defensor del Pueblo y actual embajador del Perú en España, Walter Gutiérrez, y desde enero de este año la Primera Fiscalía Penal Supranacional especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre las torturas a nuestro compatriota.

El gobierno de Venezuela sostiene que De la Sotta no es peruano y la Cancillería no reacciona ante ese bulote, soslayando que el artículo 52 de la Constitución dice que “son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente, de acuerdo a ley”. Ese es el caso del marino secuestrado, que cuenta con la partida de nacimiento 70695414 debidamente registrada en nuestro consulado de Caracas.

¿Debemos esperar que muera en un tétrico calabozo de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, organismo señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad (A/HRC/51/ Misión Independiente sobre la Determinación de los Hechos de la ONU)?

La familia de De la Sotta continúa haciendo llegar conmovedoras cartas a la ministra Ana Cecilia Gervasi para que la Cancillería intervenga al más alto nivel político y diplomático y así evitar que se produzca una tragedia. Sin embargo, hasta el momento no atienden ese pedido humanitario y ni siquiera responden las sensibles notas que hacen llegar.

La inacción deviene en complicidad con un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro, que ha provocado miseria, desempleo y el éxodo de 7 millones 100 mil seres humanos que, errantes, buscan refugio en todo el mundo, un millón trescientos mil de ellos en el Perú.

En la reunión también expresé a la señora ministra nuestra extrañeza porque continúe como embajador político en Nicaragua un diplomático retirado que fue nombrado por el exmandatario Pedro Castillo y que debió cesar con el cambio de gobierno, como lo establece la ley, y asimismo, sugerí responder a la falsa narrativa de los mandatarios de Colombia y México, entre otros, que desconocen al gobierno constitucional con el argumento de que Castillo fue víctima de un golpe de estado parlamentario.

Finalizo esta nota destacando que Torre Tagle no solo debe defender los intereses permanentes del Estado, sino principios vinculados a la vida, la libertad y los derechos humanos, especialmente de aquellas personas, civiles y militares, que se encuentran protegidas por su nacionalidad, como el marino secuestrado por el régimen dictatorial de Maduro.

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Carta a la canciller Gervasi, por Luis Gonzales Posada

El deplorable veto a la candidatura presidencial de la lideresa venezolana María Corina Machado constituye una nueva demostración de la política represiva del dictador Nicolás Maduro. Para llevarlo a cabo, ha utilizado la Contraloría General de la República, convertida en una despreciable dependencia del régimen, al mismo nivel que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana.

Recordemos que el político chavista carga con una pesada mochila de asesinatos, torturas y encarcelamiento de opositores, delitos denunciados por la OEA, Naciones Unidas y ahora confirmados por fiscales de la Corte Penal Internacional, que califican estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Aturdido y temeroso ante la popularidad de la señora Machado, quien tendría más del 60 % de intención de voto, Maduro ha recurrido al veto. Sin embargo, en esta ocasión han protestado los presidentes de Uruguay, Colombia, Paraguay y Chile. También veintisiete países de la Unión Europea, Canadá, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaría general de la OEA, el secretario de Estado norteamericano y el parlamento alemán.

El Perú, sin embargo, mantiene un absoluto silencio. La presidenta y su canciller no dicen una palabra sobre ese zarpazo antidemocrático. Pero tampoco lo hacen frente a la creciente represión en Cuba o a los actos de barbarie del sátrapa nicaragüense Daniel Ortega, quien saquea iglesias, confisca monasterios, clausura medios de prensa, encarcela sacerdotes y no responde por 370 asesinatos. Igualmente, hay mutismo ante las tropelías del régimen boliviano de Luis Arce, quien en complicidad con Evo Morales mantiene ilegalmente en prisión a la exmandataria Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

En un estado constitucional de derecho, la diplomacia debe defender los intereses permanentes, así como los principios y valores democráticos, especialmente en temas vinculados a la libertad y los derechos humanos. Callar es señal de debilidad, temor o indiferencia, una laxitud que sirve para que un gobierno sanguinario y corrupto como el venezolano avance en la destrucción de su patria e incremente la pasmosa cifra de 7 millones 100 mil personas que han emigrado del infierno.

Torre Tagle debe pasar de la pasividad diplomática al activismo, a fijar posiciones en el contexto internacional, siguiendo el ejemplo de varios mandatarios del hemisferio. A diferencia de la complicidad demostrada por Pedro Castillo con el Foro de Sao Paulo y los miembros del socialismo del siglo XXI, que lo defienden sectariamente, la señora Dina Boluarte debe levantar su voz de protesta ante el atropello chavista contra una demócrata admirable como María Corina Machado.

Diplomacia silente, por Luis Gonzales Posada 

Es la hora de la unidad y reconciliación nacional, compactados bajo la bandera del Perú, en circunstancias que la democracia se encuentra amenazada de sucumbir ante el candidato marxista-chavista, Pedro Castillo, apoyado por el Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso y, desde el exterior, por el dictador venezolano Nicolás Maduro y satélites políticos como Evo Morales.

No queremos ver ondear en Palacio de Gobierno la bandera roja con la hoz y el martillo en el bicentenario de la independencia patria.

No queremos renunciar a nuestras libertades y al estado constitucional de derecho, ni que un régimen totalitario nos conduzca hacia la miseria y la destrucción.

Ante ese riesgo, el APRA,Renovación Popular, PPC,Alianza para el Progreso, Victoria Nacional, han asumido el histórico compromiso de unirse para derrotar al candidato comunista.

Para tener éxito en esta cruzada cívica los partidos deben poner a disposición de la campaña sus locales, movilizar a la militancia, colocar personeros, dirigirse a la población en las plazas y medios de comunicación.

No basta solo con el voto; porque ante el inmenso riesgo de una catástrofe política es necesario que despleguemos, con generosidad y transparencia, el mayor esfuerzo para que este 28 de Julio los peruanos transitemos por un nuevo camino, corrigiendo errores y afirmando aciertos, desterrando odios y sectarismos, entendiendo que podemos discrepar pero sin dejar de concertar, que todos tenemos un poco de la verdad y que siempre hay que buscar los puntos que nos conectan, con tolerancia y respeto.