Director de El Nacional de Venezuela, invitado del CIPP

Miguel Henrique Otero

He tenido la oportunidad de leer entrevistas y artículos de al menos unos diez académicos y consultores de la materia electoral, tanto de América Latina como de Europa, y en todos hay una coincidencia en la más noticiosa de las apreciaciones: el descaro del fraude electoral cometido por Nicolás Maduro y su amanuense, Elvis Amoroso, no tiene antecedentes en la historia electoral moderna.

Los casos conocidos y estudiados tienen dos características que predominan: la diferencia entre el volumen de votos del ganador legítimo y del perdedor -que es quien, en la mayoría de las ocasiones, organiza el fraude- rara vez supera el rango de entre 10 y 12%. La segunda característica es que, para ocultar la acción fraudulenta, el diseño del fraude combina el juego limpio con el juego sucio. De este modo, las auditorías, difícilmente pueden demostrar la existencia de trampas y alteraciones sustantivas: los casos irregulares resultan pocos con relación al volumen de los centros de votación donde las cosas transcurren de forma correcta. Por lo tanto, una de las premisas técnicas del fraude -cuyos formatos son numerosísimos- es que el mismo sea limitado. No puede ser masivo o total, porque ello lo hace evidente para los electores, para los candidatos víctimas de los delitos y para las autoridades electorales.

Sin embargo, en el caso de Venezuela, lo ocurrido el 28 de julio hace añicos el modus operandi conocido hasta ese día. El fraude diseñado por Maduro y su equipo se proponía generar entre 15 y 18% de los votos (lo que ya constituía una osadía extrema), entre votos emitidos a favor de Edmundo González Urrutia que se robarían para Maduro y votos que se atribuirían a Maduro provenientes de electores que no asistieron a la jornada electoral. Impedirían el acceso de los testigos opositores a los centros de votación, para así forjar varios miles de actas que modificarían la voluntad de los electores.

Así estaban las cosas cuando, casi a la 1:30 pm, Maduro fue informado de que no se trataba de una derrota por unos pocos puntos, sino de una paliza, que le fue comunicada en estos términos: de cada 3 votos, 2 son para González Urrutia. Con el paso de los minutos, el panorama no mejoró sino lo contrario: la esperanza de que los resultados en los centros electorales que están ubicados en las zonas más remotas del país le resultaran favorables se derrumbó de inmediato. En pequeños pueblos y caseríos la correlación empeoró: de cada 4 votos, 3 eran para González Urrutia. Maduro lo entendió: no había cómo cerrar brecha semejante. Y es entonces cuando ordenó la ejecución de un fraude masivo: inventar unos resultados, los que fueran, en los que se le declarara ganador.

Lo que pasó a continuación lo vio el planeta entero: Amoroso lo declaró ganador en una rueda de prensa donde presentaron números imposibles. Los electores maduristas no celebraron -no salieron a las calles-, Maduro y quienes le rodeaban no pudieron maquillar la paliza de sus rostros lúgubres.

¿Y cuál ha sido y es el capítulo que vino a continuación? Dio la orden de castigar, de perseguir, de atacar de forma salvaje e indiscriminada a los testigos electorales de la oposición, acusándolos de incitar el odio y practicar el terrorismo, solo por cumplir con un deber establecido en la Constitución.

Han detenido, bajo la modalidad de secuestro, a más de 2.000 personas. Le han eliminado el pasaporte a un número todavía no conocido de ciudadanos, principalmente periodistas, dirigentes sociales y políticos, sin explicación y sin fundamento alguno. Han comenzado a perseguir a aquellos que opinan en las redes sociales o que intercambian información en chats privados.

Pero Maduro, tomado por los odios y por deseos de venganza insaciables, quiere más. Quiere causar más sufrimiento. Ha anunciado la construcción de dos megacárceles (como las de Nayib Bukele en El Salvador, no contra los miembros de las bandas de delincuentes, sino contra quienes votaron en su contra). Sin pudor, ha dicho que esos centros carcelarios serán campos de reeducación, tal como los llamaba Stalin. Maduro ha decidido crear un gulag a su medida.

Ahora bien: esta reacción de furia se enfrenta a no pocas dificultades, las cuales debo mencionar aquí. La primera de ellas: en lo sustantivo, es una arremetida en contra de los sectores populares. Hasta el miércoles 7 de agosto, 95% de los detenidos son personas que viven en condiciones de pobreza. Esto inaugura una nueva fase en la dictadura madurista: la de actuar, sin eufemismo alguno, en contra de personas y familias que quieren un cambio político, porque viven al borde del hambre y la enfermedad. La dictadura se ceba en contra de los pobres.

Otra dificultad sustantiva la constituye una dictadura cada vez más aislada: de los gobernantes progresistas o izquierdistas de América Latina, de los socios tácticos o ideológicos, que se enfrentan a realidades injustificables, indefendibles. Desde el 28 de julio Maduro es un apestado para la izquierda planetaria. Un impresentable, salvo para algunos canallas enceguecidos por la complicidad política. ¿Continuará el silencio de la izquierda ante la represión sistemática en los barrios de todo el país?

Una tercera dificultad, muy importante, que ha pasado casi inadvertida: Maduro está reprimiendo con la Dgcim, el Sebin, el Conas y otros cuerpos policiales, a los que han sumado esbirros importados de otros países. Las fuerzas militares, salvo excepciones, se mantienen al margen de la ola represiva. Son los esbirros y los torturadores los que han tomado el control de la situación. Son los reyes del momento (a nadie debería sorprender, por ejemplo, si Alexander Enrique Grancko Arteaga, Jonathan Becerra -Piraña-, José Sánchez Castro, Néstor Blanco Hurtado, Saúl Méndez, Jesús Gerardo Cárdenas, Abel Angola, Hannover Guerrero Mijares, José Domínguez Ramírez, Kayler Chacón Bautista o Rafael Franco Quintero, fuesen nombrados ministros o presidentes de empresas del Estado en las próximas horas o días). Maduro necesita premiarlos. Darles más. Porque son su único sostén. El resto: centenares de verdugos, miembros del Alto Mando ilitar, tropas llegadas de otros países.

Todo esto contra una sociedad cuyo rechazo al régimen, de forma insólita, ha continuado creciendo después del 28 de julio.

*Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela.

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Asalta sin ocultarse y a continuación reprime salvajemente, por Miguel Henrique Otero*

Nicolás Usurpador ha podido tomar otro camino. No es esta una frase especulativa. Ha podido aceptar públicamente la victoria inocultable de Edmundo González Urrutia. Eso le habría granjeado, de inmediato, una actitud, no de simpatía, pero sí de tolerancia. Habría distendido el ambiente en el país, dando paso a un momento de celebración.

A continuación habría cumplido con lo que ordena la ley -reconocer al ganador, sobre todo si ese ganador te duplicó en número de votos- para dar inicio al proceso de transición, proceso que sería complejísimo, tortuoso, lleno de riesgos, pero guiado por la voluntad del ganador, de reconocer al adversario y de facilitar las cosas hacia una Venezuela en paz. No en vano Edmundo González Urrutia es, más que un político, un ciudadano demócrata formado en las artes de la diplomacia.

Antes de seguir, quiero detenerme y preguntar quién es este Nicolás Usurpador que desconoce su evidente derrota y se declara ganador, con todas las evidencias en su contra. Respuesta: Nicolás Usurpador es un político disminuido. Radicalmente disminuido. Un hombre rechazado, a menudo con virulencia, por la inmensa mayoría de la sociedad. Un hombre repelido en los sectores populares, como lo demuestra, no solo lo ocurrido durante la campaña electoral (el recibimiento apoteósico que María Corina Machado y González Urrutia recibieron en cada punto del territorio alcanzado por su campaña, en contraste con las convocatorias desoladas y exuberantes de Maduro, donde la mayoría de los asistentes eran siempre los mismos guardaespaldas y los mismos funcionarios), a lo que ahora se suma, de forma contundente e innegable, los resultados electorales obtenidos en los centros de votación de los sectores populares, donde también González Urrutia obtuvo una ventaja, muchas veces mayor al doble de los votos.

Derrotado a todo lo largo y ancho del territorio -derrota sin atenuantes, derrota ajena a cualquier argumento que alivie o dé consuelo-, Nicolás Usurpador, protegido por un Consejo Nacional Electoral corrupto, por un Alto Mando Militar corrupto y canalla (listo para usar sus armas en contra de los ciudadanos, como siempre desarmados e indefensos), protegido por una megaestructura de cuerpos armados, encapuchados y vestidos de negro que circulan por el país con el poder ilimitado de secuestrar y desaparecer a ciudadanos, en este caso, por el específico delito de proclamar la verdad -que la voluntad popular se expresó de forma inequívoca, evidente y verificable a favor de Edmundo González Urrutia-, digo, Nicolás Usurpador ha decidido atrincherarse y destruir la puerta que debía conducirle a una salida acordada, y a una Venezuela que pudiese recuperar la paz. Nicolás Usurpador ha dinamitado ya las opciones que derivaban del Acuerdo de Barbados y más.

Nunca me olvido de la imagen que alguna vez leí en un artículo de Armando Durán, según la cual el poder chavista era semejante al hueco negro del espacio: cada vez más pequeño, pero cada vez más poderoso. Y así es: cada vez más armado; con cada vez más recursos disponibles para espiar; con cada vez más detenidos; con una estructura cada vez más activa en sus prácticas represivas. La escena es nítida y terrorífica: un pequeño grupo armado hasta los dientes que somete a una sociedad entera.

¿Qué viene ahora? La farsa de Nicolás Usurpador por impostar alguna legitimidad. Sabe que el país entero le ha visto desnudo: sin votos, sin argumentos, con un CNE que ni siquiera sabe escenificar una mentira con las matemáticas correctas.

Lo que viene: fabricarán unas actas, cuyo rédito no será el que pretende: que alguien crea que esas son las actas verdaderas, cuando las reales circulan por las redes de todo el mundo. Llamarán a un diálogo de carácter político al que asistirán los alacranes que bien conocemos, que el poder usa como material político de adorno o de simple desecho. Convocarán a nuevas jornadas de reuniones con empresarios -que ya hemos visto en innumerables ocasiones-, en las que les doblarán la cabeza para que declaren a favor de la paz y la convivencia. Inventarán conspiraciones, como están haciendo ahora mismo con el supuesto hackeo al sistema electoral. Obligarán a empleados públicos y trabajadores a reconocer a Usurpador como lo que no es: un gobernante legítimo, víctima de una conspiración.

La decisión de Nicolás Usurpador y de quienes lo rodean ha abierto las compuertas a una discusión que todavía no ha comenzado, pero que no tardará en aparecer: si en Venezuela es posible el cambio político por vía electoral. Nada menos.

El zarpazo de Nicolás Usurpador no ha sido solo en contra de Edmundo González Urrutia. Ha atentado contra el fundamento mismo del funcionamiento de la democracia, contra su engranaje fundacional, el engranaje que está en el núcleo de la cultura política venezolana. Ahora mismo no lo percibimos, porque estamos todavía bajo el impacto del despojo a todo un país. Pero la acción de Nicolás Usurpador dinamita la confianza imprescindible en los procesos electorales como herramienta de cambio político. Porque si no podemos confiar en los procesos electorales, ¿entonces en dónde podremos depositar nuestras esperanzas?

¿Acaso es el objetivo, que en el trasfondo se propone Nicolás Usurpador, que la sociedad pierda toda forma de esperanza? Su mensaje es: aquí solo vale la fuerza de las armas, que están bajo mi control total. Ya no le importa su desnudez. No le importa que todos sepamos que fue derrotado y que su legitimidad es igual a cero. Su objetivo a esta hora, mientras detienen a ciudadanos que no han cometido delito alguno, uno tras otro, es propagar la idea, el sentimiento, de que no hay nada que hacer, que debemos aceptar, que debemos resignarnos, que debemos declarar nuestra impotencia ante Nicolás Usurpador.

Nicolás Usurpador, por Miguel Henrique Otero*

El triunfo de la candidatura de Edmundo González Urrutia tiene meses en desarrollo. Antes de la jornada electoral de hoy -lo que proyectan las encuestas es que de cada 10 votos, 8 serán a favor del candidato de la oposición democrática- se ha producido una victoria política de extraordinaria revulsión estratégica: ha habido un movimiento creciente de apoyo a la dupla María Corina Machado y González Urrutia que ha sacudido a su paso cada punto de la geografía venezolana.

Se ha dicho que la movilización de la que hablo es única. Y, en efecto, lo es, porque nunca como en esta oportunidad el régimen ha hecho una inversión de recursos, violatoria de las leyes, para impedir las concentraciones. De hecho, su esfuerzo principal ha consistido en sabotear la campaña electoral opositora. Han establecido cordones y alcabalas militares y policiales para impedir la movilización del candidato, de su equipo y hasta de los simples curiosos. Han atravesado vehículos de gran tamaño para cerrar las vías al avance de las caravanas. Han llegado al extremo de romper con maquinaria pesada carreteras y caminos pavimentados para hacerlos intransitables. Han robado y expropiado vehículos fluviales o terrestres, para que los equipos electorales no alcancen su destino. Han suspendido el servicio eléctrico. Han bloqueado la señal de Internet. Han cerrado medios de comunicación. Han detenido a casi 200 activistas o trabajadores que prestan servicios de transporte, sonido, alimentación y otros. Han vuelto a usar los recursos del Estado para financiar la campaña del PSUV y de su candidato, Nicolás Maduro. Han obligado a noticieros y programas de opinión a silenciar el desenvolvimiento de la campaña de la oposición democrática, como si ella no existiera.

Esta lista podría crecer más, pero diré que ya no es necesario. A esta hora interesa más comentar el resultado del programa de sabotaje y amedrentamiento gubernamental: la ciudadanía ha asumido la candidatura de González Urrutia como un desafío, ha recogido el guante, a pesar de la pobreza y la escasez de recursos, y ha allanado los caminos, conseguido por vehículos, buscado las soluciones, armado las cadenas de solidaridad, para que la campaña no sea impedida.

En otras palabras, los que estaban llamados a ser simples espectadores han dado un salto cualitativo: se han convertido en activistas, en militantes de la campaña. La decisión de decenas de personas que con guadañas y palas abrieron una trocha en una zona aledaña a una carretera que había sido destruida horas antes, para así dar paso a la caravana electoral, habla de una voluntad excepcional. Habla de una campaña que es también resistencia y desafío. Habla de un pueblo que no parece dispuesto a que le arrebaten su libertad.

Hay, más o menos desde finales de 2001 hasta comienzos de 2024, una línea de lucha ciudadana en las calles y en cualquier escenario, con sus altibajos y matices, que ha estado siempre presente. No lo olvidemos ni lo minimicemos: tenemos más de dos décadas combatiendo a la dictadura, luchando en condiciones de enorme desventaja, con un régimen militarista, represor, torturador, corrupto, violador de los derechos humanos, vinculado al narcotráfico. Hay que reconocerlo: un régimen que se fue fortaleciendo con el paso de los años.

Pero eso no ha significado el silenciamiento de las voces de protesta o la liquidación del deseo de vivir en un ambiente de libertades. En el camino, muchos liderazgos de la oposición fueron encarcelados, perseguidos y no tuvieron otra opción que ir al exilio. Llegará la hora, muy pronto, en la que entenderemos que los que se fueron no fracasaron, sino que actuaron empujados por la dictadura represora. Los testimonios de los perseguidos y los exiliados ha sido fundamental en la tarea de sensibilizar a las audiencias internacionales sobre la gravedad de cuanto hemos padecido en un cuarto de siglo. Han cumplido con una tarea política de indiscutible valor.

Haremos presidente a Edmundo González Urrutia porque no es posible prolongar la crisis humanitaria que sufre más de la mitad de la población venezolana, que a duras penas sobrevive en estado de hambre, enfermedad y pobreza extrema. Haremos presidente a Edmundo González Urrutia porque urge poner en marcha la estructura productiva nacional; porque urge ordenar y potenciar la producción petrolera, gasífera y petroquímica; porque los productores del campo no pueden seguir siendo tratados como enemigos que hay que liquidar.

Haremos presidente a González Urrutia porque la destrucción de todos los servicios y derechos de los ciudadanos -a un sistema de salud efectivo y capilar; a un sistema educativo estable, profesional y de calidad; a servicios regulares de energía eléctrica, agua potable e internet, a transporte público funcional y accesible- ha conducido a los ciudadanos a condiciones vida agónicas e insostenibles.

Haremos presidente a González Urrutia como requisito indispensable para establecer un modelo de convivencia democrático, fundamentado en derechos: libertades políticas, ideológicas y de asociación; libertades para opinar, informar y estar informado; garantía de acceso a un sistema judicial y de poderes públicos autónomos y profesionales. Haremos presidente a González Urrutia porque, como ha demostrado de forma inequívoca el inocultable fracaso de la campaña electoral de Maduro, la sociedad venezolana no aguanta ni un minuto más. Quiere un cambio y quiere que ese cambio ocurra de inmediato.

Por qué los venezolanos haremos presidente hoy a Edmundo González Urrutia, por Miguel Henrique Otero*

La maquinaria de la polarización se puso en movimiento con fuerza inusitada a partir del 4 de febrero de 1992, cuando cinco tenientes coroneles, Hugo Chávez Frías, Jesús Urdaneta Hernández, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Ortiz Contreras, al mando de unos 2.400 a 2.500 uniformados, intentaron derrocar al poder democrático que detentaba entonces Carlos Andrés Pérez.

Mucho se ha dicho: la intentona falló estrepitosamente en lo militar, pero no en el espacio político democrático. A pesar del fracaso de la operación, que fue derrotada sin mayores contratiempos; a pesar de la documentada cobardía de Chávez durante aquellas horas fatales; a pesar del asesinato injustificado de más de 100 ciudadanos venezolanos; a pesar de la venalidad y el absurdo de la acción, muy pronto comenzaron a producirse en el país expresiones de apoyo a los violentos, a los golpistas. Políticos que formaban parte de la estructura civil del golpe se encargaron de propagar la idea de que los alzados eran héroes que habían insurgido para salvar la República. Inevitablemente, esos apoyos generaron las reacciones más adversas.

Así, comenzó a abrirse la brecha de polarización política que había existido durante el ciclo democrático de 1958 a 1998, pero en un ambiente general donde había ciertos límites que ninguna de las dos partes en pugna se atrevía a romper. Tanto Acción Democrática, partido de raigambre socialdemócrata, como Copei, orientado hacia las tesis del socialcristianismo, compartían una hipótesis general: que el marco constitucional y el pacto democrático que se había establecido en 1958 mantenía su vigencia y perfectibilidad, por lo que la confrontación política entre las fuerzas discrepantes era necesaria, pero sin romper nunca el fundamento de que las diferencias no debían nunca destruir el mecanismo del diálogo como vehículo de los acuerdos de convivencia. Esto quiere decir que las pugnas no podrían poner nunca en riesgo al sistema democrático.

En cuanto Chávez accedió al poder, en el núcleo de su acción política dio prioridad a la polarización. Se propuso dividir al país. Pero esa polaridad no se correspondía con la división histórica de la democracia venezolana, según la cual o eras “adeco” o eras “copeyano”, pero sin alcanzar un rompimiento de la convivencia. La polarización promovida por Chávez tenía cuatro características, que quiero enunciar aquí, porque ellas son reveladoras del peligro profundo y real del “guerracivilismo” que escondía el discurso de Chávez, experto en alentar odios y victimizarse a un mismo tiempo.

En primer lugar, Chávez trabajó para imponer la figura del “enemigo político”. Formuló la revolución bolivariana, no como lo que realmente es -un programa de apropiación ilimitada del poder político, institucional y económico de la nación- sino como un proyecto de liberación del país, para así convertir a todo disidente en un “enemigo de la patria”, en alguien sin categoría ciudadana.

Sobre esta base avanzó con lo que cabe designar como el segundo elemento de su estrategia polarizadora: convirtió a los disidentes, a los que pensaban distinto, en dianas de insultos, motes, burlas, expresiones de desprecio. Ocurrió así lo que es característico de todas las dictaduras: una campaña de denigración que se establecería en el espacio público venezolano, que se reproduciría en los organismos gubernamentales, en la cotidianidad callejera y hasta en el seno de las familias: chavistas descalificando a todos los no chavistas, estimulados por el ejemplo y las arengas de Chávez, Cabello y Maduro.

El tercer avance es el previsible, el que siempre sigue a los ataques verbales: los ataques físicos, los heridos, los golpeados, los robados, los asesinados, los reprimidos por uniformados, milicias, colectivos, motorizados bajo el mando del gobierno, pandillas y bandas de delincuentes que, por más de dos décadas, en todo el territorio han hostigado y perseguido a los ciudadanos demócratas, solo por aspirar a un cambio político en Venezuela.

Sin embargo, la polarización sería llevada todavía a un terreno más espinoso, casi impensable: el odio institucional, sistemático y extendido, propio de las dictaduras. La cuarta característica de la que hablo consiste en la negación de los derechos ciudadanos: discriminación en el otorgamiento de becas, bonos y subsidios; exclusión de oportunidades laborales o de ser contratado; negación abierta o disimulada de obligaciones del Estado como derecho a ser vacunado o a recibir atención médica. Bajo el fundamento del pensamiento polarizador, se instauró en los hechos un Estado que se ha constituido en un enemigo todopoderoso de los demócratas, al tiempo que se ha erigido en una omnipotente entidad protectora de miembros de la cúpula del poder, los directivos y agentes del PSUV, los funcionarios que forman parte de las redes y estructuras que sirven a los oligarcas rojos incondicionalmente.

Muchos pensaron que, tras la muerte de Chávez, la polarización tendería a aliviarse. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario. Proporcionalmente a la disminución de los ingresos, al deterioro de las condiciones de vida de millones de familias en todo el territorio y ante el inevitable auge de las protestas, el poder se ha enrocado, se ha mineralizado y sus prácticas de odio y exclusión se han incrementado. La persecución, los secuestros y detenciones arbitrarias, el reparto de la renta petrolera entre unos pocos, la corrupción sin disimulo, todos estos indicadores han empeorado desde hace una década.

Pero ha ocurrido que el poder se ha ido quedando solo paulatinamente: a medida que su ascendiente, que su popularidad, que su liderazgo se debilita en la sociedad; a medida que cada día son menos los ciudadanos que le creen o le escuchan, la polarización se ha ido disolviendo. De un estado de cosas sobre el que muchas veces se dijo que parecía el preámbulo de una guerra civil, hemos pasado a otro radicalmente distinto en lo cualitativo y lo cuantitativo: una sociedad unida en todos sus costados, cargada de energías, que ha dejado atrás la polarización y que ahora tiene un propósito común, una causa común, un objetivo político común y extendido, que consiste en derrotar a la dictadura con votos, el próximo 28 de julio. Y es que derrotar a Maduro será también derrotar a la nefasta estrategia del populismo dictatorial, que consiste en mantener a la sociedad dividida, polarizada. Es decir, debilitada.

El fin de la polarización, por Miguel Henrique Otero*

La degradación de los hombres en el poder es directamente proporcional al tiempo de permanencia en el mismo. Lo sabemos bien: mientras más largo sea el período en que se mantengan en la cúpula, peores y más retorcidas serán las expresiones concretas de la degradación.

Basta con leer alguna biografía de Josep Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro o Teodoro Obiang Nguema, escritas por historiadores rigurosos, para constatar las semejanzas que se producen por encima de los países y las épocas, entre unos dictadores y otros. Resultan asombrosas, como si la degradación del poderoso respondiese a unos patrones generales que se reproducen en cualquier lugar y en cualquier tiempo.

La degradación de la que hablo se expresa en un repertorio de conductas. A partir de las variaciones de esas conductas, grandes novelistas como Miguel Ángel Asturias en 

, han construido personajes pervertidos durante el ejercicio del poder que, además de extraordinarios ejercicios de ficción, nos dotan de herramientas para comprender a los Putin, a los Ortega-Murillo o a los Maduro de este tiempo.

Un primer fenómeno que quiero anotar aquí es el del miedo que, inevitablemente, penetra a los dictadores. Mientras mayor sea el número de años detentando el poder, en el dictador no solo crece el sentimiento de ilegitimidad, también se instala un estado de miedo constante a enemigos imaginarios o reales. La paranoia es una especie de padecimiento de la especie dictatorial. Por eso en sus lúgubres pensamientos, en sus pesadillas, se repiten las conspiraciones, las traiciones, las puñaladas por la espalda, las deslealtades y las infidelidades.

Ese camino de paranoia es indisociable de otro fenómeno: el aislamiento. El dictador, aunque las conspiraciones no existan, se aleja del público. Rehúye las concentraciones y los espacios abiertos. En todas partes percibe la presencia de enemigos, sicarios o agentes que lo espían. Por lo tanto, como producto de su cada día más severa reclusión, se enajena de lo real, del pálpito de lo cotidiano. Depende, por entero, de lo que sus cortesanos le cuentan, le susurran o le ofrecen como un siguiente capítulo de una inacabable secuencia de chismes (también aquí opera la misma correspondencia: a más tiempo en el poder, más horas diarias en promedio dedicadas a las habladurías).

Pero ese anillo que rodea al dictador -constituido por hombres de su confianza y, al mismo tiempo, de su desconfianza- necesita desesperadamente justificar su existencia, asegurarse de que no será alejado, destituido, reemplazado o simplemente sacado del juego. Entonces se establece un mórbido, patológico ciclo: los miembros del anillo se concentran en tres prácticas de forma incesante.

La primera de ellas consiste en luchar entre ellos, para conquistar la posición de preferencia ante el dictador. La segunda, inventan amenazas y componendas, para aislar todavía más al dictador en una esfera de desconfianza. Y la tercera, lo llenan de elogios y alabanzas. A lo largo de los días, las semanas, los meses y los años, la familia, los amigos y los miembros del primer y hasta del segundo anillo, le hablan de sus talentos y sus éxitos; de sus recurrentes aciertos; le cuentan historias de su popularidad; le reiteran su enorme valía; y le repiten que no hay otro humano sobre la tierra capaz de afrontar los problemas del país como él.

Ahora bien: lo tremendo de esta patética comedia, es que el dictador se la cree. Se asume como un ser superior, destinado a gobernar por tiempo indefinido. Y aunque ocurre, como con Maduro, que es el mayor responsable de la debacle económica, social y moral del país; aunque es el líder indiscutible y vociferante de un gobierno corrupto e incompetente; jefe de la cadena de mando que persigue a los opositores, los secuestra, los tortura y los somete a las más extremas humillaciones; a pesar de que es absolutamente evidente que es el primer promotor de la intolerancia y la exclusión (¿acaso no es responsable de la detención y persecución de centenares de emprendedores y ciudadanos a los que secuestran, apresan, multan o cierran sus negocios por prestar servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado?); a pesar de que cualquier ciudadano, a simple vista, puede constatar que el rechazo a Maduro es la más potente emoción negativa presente en todo el territorio de Venezuela; a pesar de todas esas indiscutibles evidencias, ocurre que el poder que rodea a Maduro -sus acólitos y lugartenientes- ha comenzado a repetir que él -¡nada menos que Maduro mismo!- es el único que puede salvar al país de las sanciones; el único que puede devolver la paz perdida (la paz que él ha demolido de forma sistemática); el único que puede poner en funcionamiento la economía (de la economía en cuya destrucción no sólo continuó la labor iniciada por Chávez, sino que la profundizó y llevó todavía más lejos).

Llegados a este punto hay que preguntarse: ¿el argumento que sostiene que Maduro es el único posible salvador de Venezuela es pura desesperación ante la derrota inminente o es una expresión neta del proceso de degradación del poder? Es ambas cosas: desesperación y degradación, degradación y desesperación, el estado anímico, organizativo y político de la cúpula del poder, cuando faltan solo 14 días para la jornada electoral.

Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela*

Degradación y desesperación del madurismo, por Miguel Henrique Otero*

La respuesta a la pregunta de si Venezuela es un componente importante o no en la escena geopolítica internacional es de sucesivas altas y bajas. Hay temporadas en las que los analistas coinciden en que la importancia es significativa (en estos análisis la variable de la producción o de las reservas de petróleo y gas del país está inevitablemente presente). A las valoraciones altas le siguen temporadas en las que predomina el criterio contrario: que nuestra Venezuela no tiene la importancia que podría (o debería) tener para Estados Unidos, Europa y otras naciones democráticas, porque todas están muy concentradas en sus respectivos problemas domésticos o en conflictos en otras regiones del planeta.

La primera consideración que me atrevo a sugerir es la siguiente: la situación de Venezuela -las violaciones de los derechos humanos que ocurren todos los días; la destrucción de la institucionalidad democrática; el empobrecimiento masivo de la sociedad; el proceso de migración forzosa de casi 8 millones de venezolanos; la instauración de una estructura de corrupción como el componente nuclear del poder- es relevante para innumerables naciones de forma permanente, entre otras buenas razones, por el modo en que, por ejemplo, la migración venezolana ha impactado en las políticas públicas de más de 14 países de América Latina, también en Estados Unidos, Canadá y España, así como en otras naciones del continente europeo.

Otro factor de enorme importancia es la corrupción, cuyo flujo de dineros ilegales ocupa a los entes financieros del mundo entero, o la situación todavía más alarmante, la de un régimen que participa abiertamente como protector, aliado o socio de operaciones de narcotráfico. O, como comienza a develarse recientemente, la existencia dentro de las estructuras policiales y militares de altos oficiales que están traficando con armas capturadas a los delincuentes en territorio venezolano, que ahora aparecen en delitos cometidos en Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Pero no ha sido necesario que todas estas expresiones de la crisis venezolana se convirtieran en problemas concretos para otros países, para que la atención sobre Venezuela se despierte y se mantenga así, desde 1999. Apenas Hugo Chávez Frías se hizo con el poder, comenzó a torcer la política exterior venezolana hacia unas alianzas con los países que conforman el eje del mal -Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua, entre otros-. Por lo tanto, para las estrategias de esos poderes, el país adquirió la categoría de enclave de interés estratégico. Con esto quiero decir que, en el escenario polarizado por planeta, Venezuela constituye un interés fundamental.

Si para China, Rusia e Irán, el territorio venezolano es un apetitoso enclave, porque puede servirles de plataforma de operaciones para sus intereses expansionistas, las democracias de Occidente no pueden permanecer indiferentes o de espaldas por el peligro que esto representa. Por lo tanto, y aquí llego a la pregunta formulada en el título del artículo: ¿A quiénes importa Venezuela? Respuesta: a todos. A tirios y troyanos. A Putin y a Biden. A la dictadura china y a la Comunidad Europea. Venezuela importa a los defensores y a los enemigos de las libertades.

Por supuesto: es indiscutible que la invasión de Rusia a Ucrania o el conflicto desatado en Gaza tras el ataque perpetrado por terroristas musulmanes en contra de civiles israelíes, ha obligado a las naciones aliadas de los demócratas venezolanos, a concentrar sus esfuerzos en las confrontaciones bélicas. Ucrania y Gaza son realidades prioritarias y decisivas. Pero lo medular es que esto no saca a Venezuela de la agenda de los temas que requieren seguimiento constante. En el fondo, es terrible reconocerlo, en Venezuela se está produciendo una lucha excepcional de parte de la mayoría de la población, por evitar que la nación venezolana sea fagocitada por la voracidad y los métodos totalitarios de China, Rusia e Irán.

Es en este marco de cosas que llegamos a este momento crucial, a tres semanas de las elecciones presidenciales. No se equivocan quienes han advertido, que lo que está en juego no es únicamente el proceso electoral, ni cuál será la voluntad que se expresará en los centros de votación -que ha sido anunciada en las encuestas y en las demostraciones de calle-, sino cuál será la reacción del gobierno cuando se concrete lo que ya sabe: que ha sido derrotado.

Así las cosas, la pregunta de ¿a quién importa Venezuela? adquiere nuevas dimensiones. Para los países fronterizos, particularmente Brasil y Colombia, la cuestión venezolana se torna protuberante una vez más, puesto que, de materializarse un fraude electoral, se producirá una oleada de migración forzosa, muy probablemente de proporciones desconocidas hasta ahora: no menos de 300.000 personas migrando hacia Brasil en un período de 3 meses; no menos de millón y medio de compatriotas cruzando las fronteras hacia Colombia, o bien con la intención de permanecer en ese país o de seguir hacia Ecuador o Perú. Vendría una debacle de dimensiones desconocidas hasta ahora, de consecuencias en lo humanitario sin precedentes.

En consecuencia, el destino de Venezuela es asunto de buena parte del planeta. Está en juego, entre muchas otras cosas, la política de Biden y el Partido Demócrata anudada en el Acuerdo de Barbados, sea o no candidato presidencial para medirse con Donald Trump. Está en juego el impacto político que un zarpazo de Maduro podría tener en la credibilidad discursiva de los presidentes Boric, Petro y Lula, acerca de la viabilidad democrática de la izquierda. Y, por supuesto, está en juego la viabilidad de la nación venezolana, que sufriría un castigo que devastaría la convivencia, la economía y que elevaría los indicadores de pobreza real a cotas hasta ahora desconocidas, y que tendría un oneroso impacto en toda la región.

¿Importa Venezuela? ¿A quiénes?, por Miguel Henrique Otero*

Cuando hablo del último capítulo del fraude electoral, el lector de este artículo y, por supuesto, el elector de las próximas elecciones presidenciales, entiende a qué me refiero: al fraude electoral que tiene años organizándose y produciéndose, cuyo último capítulo, en el guion del régimen, consiste en la pretensión de declarar a Maduro ganador la noche del 28 de julio.

Hay algo en esa pretensión, que no ha sido considerado en su magnitud política y humana: el estado de ánimo de los sectores chavistas y maduristas de la sociedad, que dicen apoyar al régimen pero saben que Maduro perderá las elecciones. De los reportes que recibo desde diversas comunidades del país, me atrevo a ofrecer una conclusión: ya no se engañan. En las estructuras de base del PSUV y sus organismos acólitos saben que la derrota es inminente. Lo perciben. Hablan de ello. Desde comienzos de marzo las energías de la simulación se han ido diluyendo. Los gritones de franela roja han ido enmudeciendo.

Esas personas que se presentan como maduristas, hoy son una minoría. Viven en comunidades en las que ya nadie oculta su rechazo a Maduro. Escuchan, en silencio, la presencia cotidiana, vecinal y hasta ruidosa del apoyo popular a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Esos venezolanos, vigilados y asediados por redes de control social -colectivos, milicianos, simples sapos- saben que van a perder. Y en muchos casos confiesan a su entorno más inmediato: perder es lo mejor que puede pasar. Saben que Venezuela no aguanta más. Y cada vez creen menos en los fantasmas que el régimen azuza: no solo no habrá persecución política sino que el funcionamiento de los programas sociales tendrá una sustantiva mejoría.

Hago este comentario como preámbulo a una doble hipótesis. Una: el ambiente a favor del cambio político en el país es de tal intensidad y magnitud que ha comenzado a contagiar a las bases chavistas. Todos los días aumenta el número de los que, con camisa roja y sin alharaca, votarán a favor de la oposición democrática. Dos: también son cada vez más numerosos los que se opondrán a la intentona de fraude, gente a la que resultaría intolerable que el régimen intentase realizar un arrebatón e imponer el fraude por la fuerza: militarizando las calles, reprimiendo, haciendo uso de las diversas y enormes fuerzas a su disposición.

Hay que recordarlo: la práctica del fraude es sistémica en el Consejo Nacional Electoral venezolano. En sí mismo, el CNE es un organismo fraudulento, secuestrado por el régimen. No es autónomo ni equilibrado. Es uno de los brazos operativos de Maduro y el PSUV. Podrían escribirse volúmenes enteros con la sucesión de decisiones descaradas, como por ejemplo, la eliminación de tarjetas de los partidos políticos de la oposición democrática, la invención de votantes y votos que no se han producido o, lo que pertenece al reino de lo insólito, la realización de eventos electorales como la fracasada consulta sobre el Esequibo, de la que nunca fueron presentados resultados!!!

En realidad, el Consejo Nacional Electoral de hoy es un ente especializado en urdir trampas y violar los derechos constitucionales. Ha hecho los arreglos para que, de un universo aproximado de 25 millones de ciudadanos con derecho a votar -insisto, según lo establecido en la Constitución Nacional-, cerca de 7,5 millones no puedan hacerlo. Eso es nada menos que 30% de los electores.

¿Quiénes son esos electores a los que se les despoja del más esencial de los derechos democráticos, del modo más descarado? Por una parte, estamos los más de 5 millones de venezolanos mayores de edad que vivimos fuera del país; por la otra, los 2,5 millones de nuevos votantes a los que se les ha negado el derecho a inscribirse, sembrando de obstáculos e imposibilidades la ruta de acceso al Registro Electoral Permanente. Una simple proyección de las más recientes encuestas sugiere que, de los 7,5 millones de electores, 7,2 millones votarían a favor del candidato de la oposición democrática.

A todo esto hay que añadir las dificultades que se producirán el día de votar. Han establecido mesas en lugares remotos, deliberadamente inaccesibles, adonde deberán dirigirse miles de electores. Han cambiado las direcciones de los votantes, sin justificación alguna, para obligarlos a viajar -trasladarse cientos de kilómetros, en algunos casos a lugares peligrosos- para cumplir con el deseo de ejercer el voto.

Pero estas son solo algunas de las dificultades planteadas, a las que muchos dirigentes opositores y periodistas se han referido ampliamente. Uno de los objetivos, central en la estrategia del gobierno, es lograr que el mayor número de mesas no cuente con testigos representantes de la oposición democrática. Así, al momento del cierre, los agentes gubernamentales podrán fabricar votos a favor de Maduro, provenientes de todos los que no puedan asistir a ejercer su derecho. El sufragio de los que estamos inscritos en el REP y vivimos fuera del país bien podría terminar como parte del caudal de votos por el candidato del PSUV.

Sin embargo, esto no ocurrirá, porque no habrá mesa de votación en el país sin la presencia de testigos de la oposición democrática. A esta hora, la mayor dificultad está del lado de Maduro: no tienen los testigos suficientes. Hay un deslave, un rompimiento del compromiso de los militantes con el PSUV. En Lara, y mi fuente es directa, esta semana han estado reclutando a testigos con la promesa de un pago de 200 dólares. Pero como la experiencia con esas transacciones es que o no les pagan o les pagan solo una parte de lo acordado, los posibles testigos están exigiendo el pago adelantado.

¿Y qué ocurre del lado de la candidatura de González Urrutia? Esto: en un mitin, al que asisten 90% o más de los adultos del lugar, a la pregunta de María Corina Machado sobre la disposición a cuidar los votos, la respuesta es unánime. Un sí rotundo. Lo comenté la semana pasada y lo reitero aquí: no podrán ultimar el fraude. Serán cientos de miles de electores los que estarán activos para impedirlo.

Maduro no podrá ultimar el fraude, por Miguel Henrique Otero*

A medida que nos aproximamos al 28 de julio, crece de forma clarísima y masiva el apoyo al cambio político en Venezuela. El fenómeno es especialmente visible en los pequeños pueblos y comunidades rurales de las regiones venezolanas. Históricamente, los habitantes de las ciudades siempre se han mostrado dispuestos a salir a las calles a participar en concentraciones electorales o en protestas. Por distintas razones, entre las que no se puede omitir la precariedad de los transportes y las vías de comunicación, los habitantes de los pequeños pueblos, comunidades extraurbanas y aldeas, rara vez han manifestado públicamente sus sentimientos y opiniones políticas, a lo largo de las décadas.

Aunque desde el siglo XIX venían produciéndose puntuales episodios de carácter electoral, a partir de mediados de los años cuarenta del siglo XX, el mitin como evento mayor de las campañas políticas y electorales adquirió la categoría que tiene hoy: no sólo la ocasión de escuchar la propuesta de un determinado liderazgo, sino también como forma de rechazo a los gobiernos o de adhesión a una opción política.

Muy probablemente tienen razón los que sostienen que las escenas de miles o decenas de miles de ciudadanos volcados a las calles en apoyo a los liderazgos políticos opositores no es nueva: también se produjeron en apoyo a Henrique Capriles o a Juan Guaidó, o en marchas gigantescas en Caracas y en otras ciudades. La voluntad de los demócratas de concentrarse de forma masiva o de salir a las calles viene produciéndose, de forma masiva y casi sostenida, desde 2002 hasta ahora. Ha habido pausas, es cierto, pero no han sido más que eso: pausas que siempre anuncian que la lucha democrática no ha terminado y que debe continuar.

Sin embargo, algo nuevo y distinto está ocurriendo en los meses recientes. Es evidente e inequívoco: el espíritu de cambio se ha extendido por todo el territorio. Ha llegado hasta los más pequeños pueblos. No reconoce límites. Ni siquiera las dificultades propias de la vida rural, ni la falta de vehículos y combustibles, ni de dinero con el que paliar las necesidades más básicas, impiden movilizarse y expresar el apoyo al cambio. Por una especie de pudor o escrúpulo cultural, no se ha descrito de forma tajante, la naturaleza de lo que está pasando: que son los más pobres entre los venezolanos pobres los están participando y protagonizando, de muchas maneras, la movilización nacional a favor del cambio. Esta es la noticia, la buena nueva.

Las imágenes que muestran el asedio entusiasta ante el paso de María Corina Machado o Edmundo González Urrutia por caminos y carreteras; la pluralidad social agolpándose alrededor de las tarimas; las frases y carteles hechos en los hogares que aparecen en cada punto de los recorridos -algunos de ellos, de llamativa creatividad-; las frases que hablan de esperanza y de enormes expectativas, todos estos son argumentos incontestables de una sociedad harta del empobrecimiento, que ha dicho basta, no más, y toma las calles para ratificar su decisión de dar un vuelco a la política venezolana, con el instrumento que mejor conoce, el instrumento del voto.

Si así están las cosas, ¿por qué hay sectores en la sociedad venezolana, especialmente entre sus élites, que hablan del 28J con cierto pesimismo, y concluyen que el régimen no reconocerá el triunfo de la oposición democrática?

Una respuesta, inevitable, es que esos sectores tienen una nítida memoria de todas las argucias, trampas, mentiras, fraudes y abusos que el régimen ha cometido en todos los planos de lo público, incluyendo el electoral. Por lo tanto, la presunción pesimista no es descabellada. Una rigurosa evaluación de los hechos hasta ahora autoriza, justifica la conclusión de que el poder buscará el modo de no reconocer el triunfo de los demócratas.

Los estudiosos del estalinismo, en Rusia y en los países de Europa del Este, han descrito cómo, después de unos años -por lo general, a partir de la primera década-, comienza a producirse en los pueblos sometidos una sensación de eterna derrota: la de que, sea cual sea el esfuerzo de lucha, se haga lo que se haga, el régimen no cederá y se impondrá, y que las cosas continuarán como siempre, muy posiblemente peor que antes.

Insisto en que esta visión tiene fundamentos en sus enunciados y, por lo tanto, es legítima. Esa, el pesimismo aprendido de la experiencia, es una de las corrientes para interpretar lo que viene.

La otra corriente es la que proviene de la campaña. Esa corriente nos dice: la fuerza del cambio continuará creciendo hasta la propia jornada electoral. Cerrarán las mesas de votación y los testigos estarán allí. Y tendrán apoyo externo. Se contarán por miles los comanditos que presten su apoyo a las unidades de los partidos políticos. Se vigilará y peleará por cada voto. Cada irregularidad será combatida y denunciada. El régimen no podrá sobreponer a la realidad de lo que ocurra en las mesas, resultados que desmientan los hechos. No podrán imponer una verdad distinta a la que arroje la voluntad de los electores. No podrán falsear lo ocurrido.

Entonces digo: hay que prepararse para el triunfo, porque en las calles hay condiciones para garantizarlo. Hay que prepararse para realizar una transición en paz y sin violencia. Prepararse para afrontar las precarias condiciones de vida de cientos de miles de familias en todos los estados del territorio, que necesitan asistencia urgente, tal como ha puesto en evidencia la campaña. Hay que prepararse para iniciar, de inmediato, la reconstrucción de la nación arruinada. Y aprovechar que la energía del cambio estará intacta después del 28J.

*Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela

¿Estamos listos para el triunfo electoral del 28J?, por Miguel Henrique Otero*

La escena resulta patética, anacrónica y amenazante: en medio de las celebraciones por su triunfo, Claudia Sheinbaum, la recién electa presidenta de México, acoge con entusiasmo la llamada de felicitación de Nicolás Maduro.

Para Maduro, jefe indiscutido de la narcotiranía venezolana, es una oportunidad para insistir en uno de los recursos estratégicos más recurridos por los gobiernos delincuentes: adoptar el útil disfraz de la “izquierda progresista de América Latina”, que le garantiza el apoyo activo o el silencio cómplice de los que se reivindican a sí mismos como izquierdistas.

Como miembros de la categoría “izquierdista”, ya desfigurada por los usos más perversos, también se proclaman otros gobiernos delincuentes o dictaduras sin maquillaje, como las de Cuba y Nicaragua. En la estrechez mental de Scheinbaum, en su dilemática visión del mundo, todo lo que no es de derecha, es de izquierda. Ella es heredera de un método de clasificar la realidad: nieta de izquierdista, hija de izquierdista, ella misma parte del séquito político de López Obrador.

Esta que señalo aquí es una de las derivas políticas y discursivas de las izquierdas: una incapacidad estructural para oponerse y denunciar a los regímenes impostores, a los que hacen negocios con la narcoguerrilla, a los que torturan y violan los derechos humanos, a los que sostienen y se sostienen sobre enormes redes y estructuras de corrupción.

¿Cómo se explica que aquella izquierda que encarnaba la lucha por las libertades; que por mucho tiempo alzó la bandera en contra de la corrupción; que salía a las calles a repudiar los abusos cometidos en contra de trabajadores; que hacía seguimiento milimétrico y sonoras campañas para mostrar las realidades que padecían los presos políticos; cómo se explica que esa izquierda permanezca en silencio ante el avasallamiento de las libertades políticas en Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Cómo es posible que la persecución, detención y enjuiciamiento a trabajadores y sindicalistas no despierte en ellos la más mínima reacción de solidaridad? ¿Cómo es que permanecen mudos, cuando los regímenes mencionados torturan y matan a los presos políticos, tal como ha sido demostrado una y otra vez?

Los historiadores, los académicos, los estudiosos de la política y el periodismo tienen décadas documentando las miserias y horrores inocultables de los regímenes comunistas o socialistas. No pueden olvidarse algunos de los hitos que han estremecido al mundo: las purgas masivas de 1936 a 1938, donde el estalinismo asesinó a más de 2 millones de personas para cumplir con cuotas de exterminio que le habían dictado desde la cúpula del régimen; el aplastamiento de Hungría en 1956, cuando la sociedad se levantó en contra de la dominación comunista; la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética, también con el fin de aplastar el proceso político que se había iniciado para alcanzar la libertad.

Y así: la cronología de los crímenes cometidos por el comunismo en China, Corea del Norte, Camboya, Laos, Albania, en los países de Europa del Este sometidos a gigantescas estructuras de espionaje y extorsión, en Etiopía, Mozambique y Angola; el fomento de políticas como guerra de guerrillas o de grupos terroristas; la promoción de hambrunas que acabaron con capas enteras de la población. De todo ello surge un resultado que no es más que el puro espanto: el asesinato masivo de alguna cifra entre 120 y 140 millones de personas.

Vuelvo aquí a la cuestión de la deriva: ¿y qué dicen las izquierdas y los izquierdistas de estos hechos? Nada. Ni una palabra. Han olvidado esta monstruosa sucesión de crímenes. No les parecen relevantes. No se han atrevido a hacer lo que la llamada derecha política hizo hace tiempo y de forma reiterada: denunciar el fascismo, denunciar el nazismo, denunciar a las dictaduras del Cono Sur. La izquierda cobarde calla sus crímenes históricos. Los encubre. Ha escogido la complicidad del silencio.

Pero lo que no ha dejado de hacer es perseguir. Porque esa es su naturaleza: perseguir siempre, acosar, rodear las libertades hasta aniquilarlas para imponer nuevas formas de control, regulación y sometimiento. Así, la izquierda que hace décadas luchaba por las libertades, en su versión posmoderna, es la izquierda que convierte las políticas identitarias en nuevas formas de inquisición; que expande el miedo y el acoso a cualquier uso del lenguaje que no sea el de lo políticamente correcto; que pretende imponer usos torcidos de la lengua para adaptarlos a sus intereses culturales.

Es la izquierda posmoderna la que desarrolla estrategias para erosionar las instituciones y el Estado de Derecho; la que restringe todas las formas de libertad en los ámbitos del trabajo y la producción; que ha desarrollado mecanismos de censura, que se han proyectado a lo legal, para crear una creciente cultura de victimismo que ahora mismo se extiende por el planeta.

Mientras tanto, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China e Irán, por nombrar solo algunos, se tortura y mata a los disidentes, y el silencio de las izquierdas se mantiene inmutable, insensible, ajeno a los sufrimientos de quienes defienden la vida en un mundo libre.

Las derivas discursivas y políticas de la izquierda, por Miguel Henrique Otero*

Desde el inicio mismo del régimen, incluso antes de aquel 30 de noviembre de 2000, cuando un grupo de pacientes venezolanos fue enviado por Hugo Chávez Frías a La Habana -primer paso de la ristra de convenios entre Cuba y Venezuela que vendrían en los años siguientes-, ya se habían producido declaraciones llamativamente estridentes, que prefiguraban los que serían los lineamientos fundamentales de la nueva política exterior que establecería el socialismo del siglo XXI. Lo menciono aquí porque esta política exterior se constituiría en la justificación de los convenios que los gobiernos de Chávez y Maduro han firmado con otros países, desde 2000 hasta ahora.

Esa “política exterior” se basa en un único precepto: el odio atávico, primitivo y falso en sus supuestos históricos, a Estados Unidos. Sobre el fundamento de una mentalidad retrógrada y enfermiza, cuya consecuencia ha sido nada menos que la devastación del país, Chávez, bajo el influjo directo e inescrupuloso de Fidel Castro, estableció una política exterior militarista (simultánea a la militarización del país y del sector público); de uso del recurso petrolero como herramienta de coerción política; de constante denuncia de todas las instancias internacionales que pudiesen exigir rendición de cuentas, especialmente en materia de derechos humanos (como ocurrió en septiembre de 2013, cuando Venezuela se retiró formalmente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos); de creación de entes multilaterales alternativos como Unasur o la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que, aunque fallidos, fueron útiles para generar ataques propagandísticos a Estados Unidos y encubrir los avances del régimen de Chávez y Maduro en su desmantelamiento de la democracia en Venezuela.

Cuando se leen los enunciados de la Doctrina Militar de la Revolución Bolivariana, que Chávez anunció en 2004, quedó dibujado de forma inequívoca que el régimen se había propuesto como principio crear alianzas primordialmente con enemigos de Estados Unidos. Enemigos que lo son porque comparten, como Chávez y Maduro, un odio estructural a las libertades, al modelo democrático con todas sus implicaciones, como por ejemplo el derecho a disentir y a la libertad de expresión.

Esta mentalidad, la de una política fundamentada en “un estado permanente de tensión”, de recurrentes ataques verbales y distorsión de los hechos, ha sido la excusa, la simulación para que los convenios firmados con otros países, que son convenios entre naciones, por lo tanto tienen un carácter eminentemente público, hayan sido envueltos en capas y capas de eufemismos, desinformación sistemática, secretismo y prácticas cada vez más sofisticadas de opacidad.

¿Por qué un Estado se dedica sistemáticamente a ocultar información que debería ser transparente y de acceso a cualquier ciudadano? La respuesta es obvia: porque ocultan hechos o intercambios que no son legales, por una parte; y ocultan que esos convenios han servido de plataforma para tramas gigantescas de corrupción, cuya extensión y alcance apenas conocemos.

Que el gobierno de Maduro haya actuado contra la red encabezada por Tareck el Aissami no significa que tenga un real interés en erradicar la corrupción: actuó contra una parcialidad de su estructura de poder, que fue pescada en labores de planificación para desplazar a Maduro, actual jefe de la banda. Esa es la motivación. Una lucha de poder entre partes de la misma mafia. Lo prueba una realidad evidente para la inmensa mayoría de la sociedad venezolana: el resto de las mafias militares y civiles siguen operando como siempre, igual de impunes, bajo la articulada protección de los organismos del Estado.

¿Qué tienen en común Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Vietnam, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, el Ecuador de Correa, la Argentina de los Kirchner, la Bolivia de Evo Morales y la Turquía de Erdogan? Es evidente: son regímenes inscritos en las prácticas del mal político. Regímenes que quieren destruir la democracia, destruir el derecho al voto, prolongarse en el poder de forma indefinida, evitar los controles y el deber de rendición de cuentas, liquidar toda forma de oposición, apresar, reprimir, torturar y matar a quienes disientan o rechacen el poder. Estos son los regímenes y gobiernos con los que Chávez y Maduro han firmado convenios desde el 2000 hasta presente.

¿Conoce la sociedad venezolana cuántos convenios son, país por país? ¿Conoce los contenidos de cada uno de esos convenios? ¿Están disponibles en las páginas web de los organismos públicos correspondientes? ¿Se sabe qué compromisos financieros han significado para la nación venezolana? ¿Cuánta de su producción petrolera ha costado hasta el presente y cuánta de su producción futura está comprometida hacia los próximos años? ¿Sabemos cuáles son los beneficios tangibles y efectivos que han traído al país esos convenios? ¿Se ha explicado por qué son tan recurrentes los convenios militares? La compra de armas, ¿a qué países, qué armas y por cuáles montos? ¿Bajo qué mecanismos se han escogido los contratistas de estos convenios con otros países? ¿Cuántos Alex Saab más hay, cuántos Álvaro Pulido más? ¿Se ha informado en qué consiste la función de Padrino López en la compra de armas a Rusia? ¿Existen informes técnicos que justifiquen esas compras específicas y no otras?

La respuesta a estas y otras preguntas relevantes es: no sabemos nada. Nada. Absolutamente nada de lo que hay en esa gigantesca caja negra de los convenios con otros países. Abrir esa caja negra y poner luz sobre ella será una de las tareas fundamentales que tendrá que afrontar el gobierno que encabezará Edmundo González Urrutia. Cuando ello ocurra, ante los ojos estupefactos de los venezolanos, se desplegarán unas nuevas dimensiones de la realidad de estos años: las de unos flujos internacionales de la corrupción, que no tienen antecedentes en el mundo.