Analista político

Percy Urteaga

En nuestro contexto político, desde hace mucho que vivimos en tiempos de crisis originadas por diversos factores y actores. Situaciones que están relacionadas con temas de corrupción, incapacidad de gestión de autoridades, demagogia, falta de liderazgo político, etc. Siendo el primer asunto el más problemático, ya que al parecer, cada vez más los actos de corrupción se van cometiendo con más regularidad y, en lugar de que sean combatidos eficientemente, se percibe que, incluso, este mal social ha ido hasta institucionalizándose dentro del aparato estatal.

Siendo la corrupción un problema serio y muy perjudicial para el país, más serio y preocupante aún es, el no hacer nada. La indiferencia de cierta parte de la población frente a actos irregulares y delictivos. Y peor aún, la defensa o lealtad ciega y empecinada que algunos practican para proteger a los que son parte de su grupo o que se alinean con su línea política. Esto sin la necesidad de pertenecer a un mismo partido o movimiento político, solamente basándose en que ciertas personas han defendido o defienden la “causa” en común.

Desde la izquierda hasta la derecha, se han visto casos en los que no ha importado que haya actos de corrupción o por lo menos indicios de la comisión de estos hechos delictivos, para ignorar intencionalmente o incluso, defender a personas que se consideran del mismo bando. Tal vez, esto sea así, ya que se podría pensar que, si no se hace dicha defensa, el bando contrario podría ganar y pues, esto no convendría. El bando o la “causa” común debe siempre primar.

En ese sentido, es que, antes de seguir al grupo o bando, debemos reflexionar individualmente si es que tales personas o actos se adecúan a los valores y principios que supuestamente se defienden para consolidar nuestra democracia. Deberíamos reflexionar respecto a si es válido dejar de lado los principios que se tienen por una supuesta causa común. Deberíamos tomar en cuenta que sin principios nuestra sociedad podría ir a la deriva.

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Los principios, ante todo, por Percy Urteaga

El último domingo el pueblo argentino eligió a Javier Milei como su presidente. Un hecho histórico, ya que sería la primera vez que alguien abiertamente libertario llegaría al poder. Ello, además, repercute a nivel regional porque se estaría viendo la esperanza y posibilidad de que el liberalismo llegue tener más participación y protagonismo en el contexto político activo.

El “fenómeno Milei” tiene ciertas particularidades. Y, como es propio de algo que ha trascendido, tiene también ciertas cuestiones polémicas. Algunos critican el modo y las formas del presidente electo argentino, considerándolo incluso como alguien que no está dentro de sus cabales. Otros lo consideran un “ultraderechista” que acabará con los derechos que se han logrado reconocer mediante años de lucha popular. Por otro lado, sus seguidores lo consideran alguien que de manera transparente y sin tapujos ha promovido y defendido ideas que antes no se trataban en el ámbito público. Además, le reconocen el haber difundido ideas libertarias, que, pocas veces o nunca, se había hecho en la arena política.

Con aciertos y desaciertos, con virtudes y defectos, Milei llegó a ganar las elecciones. Las críticas o elogios que se le hicieron en su etapa de candidato se ratificarán o cambiarán, de acuerdo con cómo dirija su gestión como primer mandatario.

Aparte de eso, una de las repercusiones que también tendrá la elección de Milei es que incentive a que libertarios de la región empiecen a participar en política de manera activa buscando llegar a puestos públicos con la bandera del liberalismo.

El lado positivo podría ser que, personas que verdaderamente crean en las ideas de la libertad se involucren en los asuntos públicos de su país, y que promuevan dichas ideas y, además, planteen programas y planes de gobierno basadas en ellas, a fin de solucionar los problemas que aquejan a su población, así como busquen mejorar lo que ya se ha logrado, con el objetivo de generar bienestar y prosperidad.

El lado negativo podría ser que populistas pretendan hacerse pasar por defensores de la libertad, y empuñen la bandera libertaria, por estar actualmente “de moda” - justamente por la elección argentina - y engañen y manipulen a ciudadanos para ganar simpatizantes o votos. Algunos incluso podrán decir que se alinearán con las ideas de Milei, sólo por ganar la simpatía del espectro ideológico liberal, pero en la realidad no tendrán el suficiente convencimiento de adherirse a dichas ideas para defenderlas.

En ese sentido, es necesario que quienes creen con convicción en las ideas liberales y pretendan entrar a la política de manera activa, lo hagan de forma auténtica y con una visión realista del país. Que crean realmente en la vida y la libertad. Que crean en el pluralismo político. Que tengan como visión, la prosperidad y el desarrollo, en base al respeto y protección de la propiedad y al crecimiento económico. Y que defiendan el Estado de derecho.

Algunos esperan el surgimiento de un líder libertario. Sin embargo, creo más conveniente que se pudiese pensar en un movimiento que realmente dé propuestas nuevas, que se adecúen a nuestra realidad y que se fundamenten en la esencia de la libertad. Si ese movimiento ya existe, tendría que trabajar en promover lo que propone y en fortalecer sus bases. Y, si es que aún no se forma, esperemos que en un futuro cercano empiece a surgir de manera organizada y comprometida con el país.

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El surgimiento del líder libertario, por Percy Urteaga 

El tema de la reelección ha sido noticia en los últimos días. En primer lugar, por una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró que la ley que prohíbe la reelección parlamentaria inmediata no es inconstitucional, luego por la aprobación del predictamen que establece la reelección de alcaldes y gobernadores regionales y, por último, por la aprobación del pleno del Congreso, en primera votación, de la eliminación de la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios. Vamos punto por punto.

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, se puede decir que el máximo intérprete de nuestra Norma Fundamental ha establecido que limitar la reelección parlamentaria no contravendría la Constitución, ya que no transgrede el derecho a la participación política reconocida en ella, ni tampoco vulnera el derecho a elegir y ser elegido, ni tampoco infringe los presupuestos de la democracia constitucional. Sin embargo, también establece que, si el legislador considera retornar a la reelección inmediata e indefinida de parlamentarios, ello también sería completamente constitucional.

Respecto al predictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República, en la que se establece la reelección de las autoridades locales y regionales por un periodo adicional, se fundamenta que ello sería un incentivo para que las autoridades puedan llevar a cabo una buena gestión, permitiendo la profesionalización de la política.

Y sobre la eliminación de la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata, ello surgió como parte del texto sustitutorio que la congresista Martha Moyano presentó en el marco de la aprobación del retorno a la bicameralidad. Según la propuesta, el retorno a un parlamento bicameral no tendría mucho sentido sin la reelección inmediata de parlamentarios.

Pues bien, en los tres casos, la reelección no ha sido objeto de proscripción total. Y es que, la figura de la reelección jurídicamente forma parte del derecho político fundamental a ser elegido y a la vez, del derecho político ciudadano a poder elegir. Muchos solo piensan en el político cuando se habla de la reelección, y asumen que con ésta solo saca ventaja y beneficios aquel. Pero consideremos también que la reelección es un derecho que los ciudadanos tenemos para decidir por quién votar para que nos represente y, de esa manera, tener la posibilidad de ratificar nuestra confianza en las personas que hacen una buena labor a favor de los intereses de la población.

Además, mediante la reelección política se puede fomentar el oficio político, el cual hace mucha falta en el país. Tengamos en cuenta que la política debe ser vista como un oficio en el cual se deben desempeñar personas moralmente idóneas y con capacidades y aptitudes solventes, que sepan gestionar y representar a la ciudadanía. Es cierto que actualmente carecemos de políticos con buenas cualidades. Son pocos los que estando en el ruedo político demuestran trabajar con altura y responsabilidad. Pero ello, en parte, es por no tener políticos con oficio y experiencia, que con la reelección inmediata se puedan generar.

Si bien la reelección es una oportunidad para que los políticos sigan en sus cargos públicos, es más que todo una facultad del ciudadano para elegir y ratificar a quienes saben representar realmente el sentir popular.

Sobre reelecciones, por Percy Urteaga 

El principio de subsidiariedad está reconocido en nuestra Constitución Política, específicamente en el artículo 60, dentro del título referido al régimen económico. Según este principio, la iniciativa privada podría actuar en aquellas áreas económicas donde sería más eficiente que el Estado, permitiendo que este último actúe solo en campos en los que el sector privado no esté presente y la intervención estatal sea necesaria.

En ciertas ocasiones, se han presentado ideas e iniciativas legislativas que han intentado, por cuestiones ideológicas o por desconocimiento, ir en contra de este principio constitucional. Hemos observado propuestas para crear más empresas estatales en áreas donde no serían necesarias, ya que el sector privado ya las ha cubierto con su actividad comercial.

Muchos defensores de este principio fundamentan su postura en que, gracias a la subsidiariedad, se permite al sector privado actuar de manera más eficiente, lo que, a su vez, beneficia más a los ciudadanos. Es decir, para muchos, la subsidiariedad se asocia con la eficiencia. Si bien esto es relativamente cierto y se puede demostrar en ciertos casos con datos e información, no se debería defender este principio únicamente en base a la eficiencia.

Deberíamos considerar también que la subsidiariedad pone en primer plano la libertad y la responsabilidad personal, valores fundamentales que deben servir como base para el desarrollo de la sociedad. Actuar con libertad implica actuar con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de nuestros actos.

Martín Rhonheimer ha señalado que el principio de subsidiariedad "no pretende de modo inmediato una mayor eficiencia, sino el respeto, e incluso fomento, de la libertad y responsabilidad personales". Continúa diciendo que "se trata de un principio de filosofía social que presupone una imagen del ser humano, es decir, que tiene raíces antropológicas. Esas raíces consisten en una visión del ser humano como individuo responsable, que vive en relación con otros seres humanos, que tiene necesidad de ellos y que, por medio de una mutua colaboración, consigue superar las limitaciones de su naturaleza y satisfacer sus necesidades".

Por lo tanto, a través del principio de subsidiariedad, si bien se puede lograr eficiencia, esta sería la consecuencia de actuar en libertad y asumir la responsabilidad que nos compete como individuos dentro de una sociedad. Sería oportuno y necesario defender este principio fundamentalmente basado en sus valores esenciales y luego abordar sus resultados eficientes.

Más allá de la eficiencia, por Percy Urteaga

Hace un par de días, el medio de comunicación Wayka, compartió una publicación tomando como fuente al otro medio, Hildebrandt en sus Trece, en donde criticaban la iniciativa legislativa propuesta por el fallecido parlamentario Hernando Guerra García, sobre el nuevo marco jurídico para la clausura de establecimientos comerciales por parte de las municipalidades, la cual fue aprobada por el Congreso de la República el último 5 de octubre. En dicha publicación se critica que la mencionada ley otorgaría impunidad a empresarios que incumplan ordenanzas municipales. Algo exagerado y a la vez, fuera de la verdad.

Según el diario digital, la nueva norma sería peligrosa porque dificultaría que locales comerciales sean clausurados, así hayan incumplido normas que afectan al ciudadano. Siendo esto falso. De la lectura de la iniciativa legislativa se puede observar que se establece que procede la clausura temporal del local comercial cuando en éste existan circunstancias internas o externas que pongan en peligro inminente la vida o la salud de las personas. Es decir, mediante la ley, sí se podrían cerrar locales comerciales que afecten y pongan en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos.

Por otro lado, en la publicación se afirma que si en un establecimiento se encontraran insectos, por la nueva ley sólo podrían clausurar el espacio en donde se encontró el bicho, mas no el local. Pues bien, si bien es cierto que en la norma se establece que cuando las áreas de un establecimiento comercial sean divisibles y cuenten con accesos independientes, se podrán clausurar solamente dichas áreas, esto no buscaría blindar o beneficiar arbitrariamente a los locales comerciales. En el ejemplo mencionado por Wayka, es claro que se refieren a un establecimiento dedicado al rubro de restaurantes. Ahora bien, considerando lo que señala la ley, si estamos en una situación de insalubridad, no sólo podrían cerrar el área de cocina del restaurante sujeto a fiscalización, sino que, es casi seguro que sería clausurado todo el local. Esto, porque en la mayoría de casos el área de cocina no es independiente de la zona del comedor. Pero, considerando que encontrasen evidencias de insalubridad o suciedad en cocinas de restaurantes y solamente dichas áreas fueran cerradas, difícilmente dichos locales seguirían funcionando, porque no tendrían en donde preparar la comida que venden. Por lo tanto, la sanción sí abarcaría el cierre de todo el local comercial.

Por último, en la publicación de Wayka también indican que la nueva norma tendría detrás un “fuerte lobby empresarial”. Afirmación sin mayor sustento ni evidencia. Lo que buscaría la ley sería reglamentar el accionar fiscalizador de las municipalidades, a fin de que, no se den actos abusivos al momento de sancionar a emprendedores, clausurándoles indiscriminadamente sus locales comerciales. Los cuales, no solo son fuente de ingresos para los dueños del negocio, sino también, fuente de trabajo para muchas personas.

Lo que parecería que hace el medio de comunicación Wayka, es mostrar una crítica a la norma basada en sesgos, mas no en evidencias o en fundamentos serios.

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¿Crítica o sesgo?, por Percy Urteaga

El día de ayer, en el pleno del Congreso de la República, se llevó a cabo la votación para admitir a trámite la moción de censura de la tercera vicepresidenta del parlamento, Rosselli Amuruz. Esta se sustentaba en hechos que alegaban que la legisladora participó en una fiesta en el distrito de Lince que culminó en un trágico homicidio, así como en su vinculación a polémicas contrataciones de personas cercanas a su actual pareja en el legislativo y sus viajes al extranjero durante días de semana de representación. Tras la votación, se archivó la moción de censura, lo que significa que se blindó a la parlamentaria.

Las acciones de la congresista Amuruz no sorprendieron a muchos, ya que los políticos, y especialmente quienes integran el parlamento, no son bien vistos por la mayoría de los ciudadanos. Los actos que involucran irregularidades y van en contra de la ética se consideran propios de los "padres de la patria". Es algo muy lamentable que se espera que cambie en el futuro.

Además, el blindaje a la parlamentaria por la mayoría del Congreso probablemente tampoco sorprendió a la mayor parte de la población, ya que desde hace años existe la idea popular de que los congresistas se protegen mutuamente, lo que ha popularizado la expresión "otorongo no come otorongo", haciendo referencia al encubrimiento entre parlamentarios ante irregularidades y actos de corrupción.

A pesar de que el Código de Ética del Congreso establece en su artículo 2 que los congresistas deben realizar sus labores conforme a los principios de transparencia, veracidad y responsabilidad, la mayoría de los legisladores ha decidido salvar a su colega Amuruz, sin tomar en cuenta que debería cumplir con su labor política de manera seria y responsable, evitando cometer actos impropios que transgredan la ética parlamentaria.

Lo peor de todo es que muchos están tolerando este tipo de actos. Algunos lo hacen por desaliento y falta de confianza en la política, mientras que otros lo hacen por indiferencia ante los asuntos que deberían interesar a todos los ciudadanos. Ambos casos son preocupantes. Ojalá llegue el día en que realmente tomemos conciencia y repudiemos, como ciudadanos, cada acto que atente contra la ética pública.

Actos que no sorprenden, por Percy Urteaga

Se podría decir que vivimos una realidad en la que la política ha dejado de interesar a gran parte de la ciudadanía. En ocasiones incluso, se percibe como algo inmoral involucrarse en asuntos políticos. Muchos profesionales con capacidad y buena reputación no quieren participar, ya que creen que sus carreras se verían afectadas y mancharían su imagen, arruinando por siempre sus vidas. Y es que no falta razón para pensar algo así, considerando las crisis y escándalos que hemos vivido.

Pero, a pesar de todas las dificultades que puede conllevar el hecho de participar en política, debemos considerar necesario que, como ciudadanos, nos involucremos en los asuntos públicos. Y es que no necesariamente ello implica pertenecer a un partido político o lanzarse como candidato a algún puesto político. Como ciudadanos deberíamos ser conscientes de que es parte de nuestra vida en sociedad tomar en cuenta a la política.

Si bien podría creerse que la política no es algo esencial o básico para nuestra vida, pero sí debemos considerar que tiene relevancia significativa para nuestro desarrollo, no solamente social, sino también personal. En ese sentido, es importante que estemos al tanto de los asuntos políticos, a fin de que estos no sean gestionados en contra de nuestros intereses ni que estén transgrediendo nuestros derechos y libertades.

Considerando ello es que desde la población se podría tomar interés en la política, pero no necesariamente de manera partidaria, sino, teniendo como objetivo común la convicción de generar una cultura política democrática que tome actos concretos básicos como el de informarnos sobre nuestros derechos y libertades fundamentales y sobre la organización de nuestro Estado, para que de esa manera sepamos cómo defendernos ante actos arbitrarios y a la vez, nos formemos un juicio sobre lo que está establecido por orden constitucional. Asimismo, el formar nuestra cultura política implica también el reconocimiento del pluralismo político, y su respeto y tolerancia. En donde las diferencias sean resueltas civilizadamente, en base a diálogos y debates abiertos sin censuras. En donde se identifiquen las posturas antidemocráticas y sean reprobadas y rebatidas con sustento y evidencia.

Por ello, y por más motivos, es que la ciudadanía tome en cuenta la importancia de la política. Recordemos lo que advirtió el filósofo griego Platón, “el precio de desentenderse de la política es el terminar siendo gobernados por los peores hombres”.

La importancia de la política, por Percy Urteaga 

En los últimos días se ha hablado mucho del denominado "Fenómeno Milei", producto de los resultados que el economista Javier Milei obtuvo en las PASO argentinas, al ser el candidato más votado en dichas elecciones. Además, se le ve como un outsider con particularidades poco comunes en el ambiente político, tanto por sus formas como por el fondo de sus mensajes públicos.

Incluso, muchos están hablando de que en el Perú se deberían replicar o seguir los pasos del candidato presidencial argentino, ya que se cree que es necesario tratar a nuestra clase política nacional como "la casta", que se ha instaurado en el poder para beneficiarse a costa de la ciudadanía, convirtiendo el aparato estatal en su botín. Asimismo, muchos también creen que las propuestas, principalmente de índole económica, que Milei promueve, podrían ser tomadas en cuenta en nuestro país.

Otro aspecto importante en el fenómeno Milei es que es uno de los pocos políticos a nivel regional que expone y difunde ideas libertarias como parte de un plan de gobierno. Algo que ha entusiasmado a muchos liberales y hasta les ha dado esperanzas de que un proyecto de ideología liberal sea llevado a la práctica política, considerando que muchos piensan que la mayoría de los liberales se quedan en lo teórico, descuidando lo pragmático.

Es interesante el efecto que está generando Javier Milei en distintos niveles. Y digo esto porque incluso en el ámbito académico, muchas personas en su país, y estoy seguro de que en los demás países del continente, han empezado a leer e investigar las bases filosóficas de sus ideas, principalmente las relacionadas con la Escuela Austríaca de Economía, a la cual el argentino hace referencia en sus intervenciones. Y eso es bueno, ya que de esta manera se renueva y diversifica el debate público.

Ahora bien, para varias personas que se adhieren a las ideas liberales, Milei es en la actualidad el único político al que se debe seguir o tomar como ejemplo. Sin embargo, considero que esto no debería ser así, ya que creo que otro de los políticos que podría ser tomado como ejemplo para quienes comparten ideas liberales podría ser el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Él proviene de un partido consolidado y ha sido firme en la defensa de la libertad en la región, rechazando y denunciando los autoritarismos.

Tal vez algunos no estarían de acuerdo en considerar a Lacalle Pou dentro del liberalismo, sin embargo, el presidente de la república oriental ha promovido algunas ideas liberales, como la apertura comercial y la promoción de la inversión para su país. Además de ser un estadista de pies a cabeza, que mantiene actitudes a favor del estado de derecho y las libertades individuales sin perder la sensatez y la prudencia. Quizás Milei deba considerar alinearse más con el primer mandatario uruguayo.

Y hablando de nuestra política nacional, más que esperar o querer formar a "nuestro Milei", deberíamos pensar en la formación de políticos auténticos que estén a la altura de las circunstancias políticas actuales. Para quienes promulgan ideas liberales, está bien tomar como ejemplo dentro de nuestra región tanto a Milei como a Lacalle Pou, y tal vez a otros políticos más que defiendan la libertad y los derechos humanos. Es importante tener claro que tomar como ejemplo no es sinónimo de imitación, sino de tomar lo mejor de cada uno de ellos y replicarlo sin perder la autenticidad personal y la conexión con la realidad en la que se vive.

Entre Milei y Lacalle, por Percy Urteaga 

Hace un par de días, el Poder Judicial amplió por ocho meses la investigación preparatoria seguida a Pedro Castillo por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del año pasado. Ante ello, en RPP entrevistaron a uno de los abogados del golpista, el argentino Guido Croxatto, para que brinde sus declaraciones y apreciaciones respecto a dicha medida.

Las declaraciones del abogado argentino han llamado la atención, ya que, aparte de haberse mostrado un tanto pedante con los periodistas que lo entrevistaron, tratando de ningunearlos e intentando mostrarse como alguien superior a ellos debido a los estudios que había realizado, sus fundamentos de defensa no serían acordes a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico constitucional.

Según Croxatto, no se siguió el procedimiento constitucional ni se respetó el Reglamento del Congreso cuando se destituyó a Castillo. Sin embargo, lo que no toma en cuenta el abogado es que, ante el contexto excepcional en el que se desarrollaron los hechos del golpe de estado, no se podría haber llevado a cabo el procedimiento de acusación constitucional de manera regular o normal. Lo cual no hace que ello sea algo inconstitucional o ilegal. Esto se debe a que, al estar frente a una situación extraordinaria en la que el orden constitucional y democrático estaba en riesgo, se debió actuar también de forma excepcional, célere e instantánea, tal como lo hizo el Congreso de la República ante el golpe de estado fallido de Pedro Castillo, a fin de salvaguardar la integridad democrática.

Entonces, el 7 de diciembre de 2022 estuvimos ante un hecho político y, más que todo, jurídico, insólito, en el cual nuestro Estado de Derecho estuvo en peligro debido a las intenciones antidemocráticas de un presidente incapaz de brindar estabilidad y confianza a la población. Si no se hubiera reaccionado de manera oportuna e idónea, tal vez estaríamos ante una dictadura en la cual nuestros derechos fundamentales estarían siendo transgredidos.

Reitero nuevamente que quien no respetó la Constitución fue Pedro Castillo, convirtiéndose en un golpista al intentar disolver el Parlamento de manera ilegal, contraviniendo el principio de separación de poderes al pretender reorganizar el sistema de justicia de manera arbitraria y al querer concentrar el poder político.

Respuesta a Croxatto, por Percy Urteaga 

Actualmente se siguen escuchando opiniones de algunos abogados sobre que el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo no perpetró ningún golpe de estado. Asimismo, muchos dirigentes sociales siguen manteniendo y difundiendo la idea de que al exmandatario lo hicieron caer en una trampa para derrocarlo y así ir en contra del voto popular. Ello se puede corroborar con los pedidos en las últimas marchas, los cuales estaban dirigidos a la liberación y restitución de Castillo en el cargo presidencial.

Dichas posturas, a pesar de que podrían considerarse como parte del derecho a la libertad de expresión, son preocupantes, ya que, debilitarían la idea de consolidar el Estado de derecho y la democracia.

Es por eso por lo que, con firmeza y convicción, quienes creemos en la auténtica democracia y en el respeto a la institucionalidad, debemos decir que lo que hizo Pedro Castillo fue un rompimiento del orden constitucional, que contraviene lo establecido en nuestra Carta Fundamental, así como a los principios y valores democráticos.

En primer lugar, el expresidente Castillo no respetó la Constitución al querer disolver el Congreso de la República de manera ilegal, al querer concentrar el poder y gobernar mediante decretos, así como, al intentar reorganizar el sistema de justicia de manera arbitraria.

En ese sentido, lo que ocurrió ese mes de diciembre, no debe trivializarse ni mucho menos dejarse al olvido, ya que, fue una fecha en la que nuestra frágil estabilidad democrática y nuestros derechos y libertades ciudadanas estuvieron en un alto riesgo.

Los que no quieren reconocer la magnitud peligrosa de aquel acto, lo hacen motivados más que todo por una cuestión ideológica, que jurídica. E intentan engañar y manipular a una parte de la población con el afán de que defiendan sus intereses particulares, contraviniendo los intereses de la sociedad.

Negar el golpe de estado de Pedro Castillo es ir en contra de la democracia.