El pasado 1 de marzo, una fuga y deflagración en uno de los ductos operados por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni paralizó una parte sustancial del sistema energético peruano. Desde entonces, el suministro de gas para diversos sectores productivos ha quedado restringido durante al menos dos semanas.
El incidente ha sido presentado superficialmente como un problema que afecta principalmente a los taxistas que utilizan gas natural vehicular. Pero esa lectura es, en el mejor de los casos, incompleta. Y en el peor, irresponsable.
La realidad es mucho más grave: el Perú ha descubierto que su economía depende prácticamente de un solo tubo.
Durante más de veinte años, la política energética peruana ha girado alrededor del gas de Camisea. El recurso se extrae en los lotes 88 y 56, en la provincia cusqueña de La Convención, desde donde se transporta hasta la planta de Las Malvinas para separar el gas seco de los líquidos asociados. Desde allí, el gas natural viaja por un gasoducto hacia la costa —principalmente hacia Lurín— mientras los líquidos son conducidos hasta Pisco para su fraccionamiento en GLP.
Sobre el papel, parecía una historia de éxito. En la práctica, todo ese sistema depende de una sola infraestructura troncal.
Un solo ducto transporta el gas que alimenta a la industria, a la generación eléctrica, a millones de hogares y a buena parte del transporte urbano. No existe una red redundante. No hay un ducto alternativo. Tampoco hay un sistema robusto de almacenamiento estratégico que permita enfrentar una interrupción prolongada.
En otras palabras: si ese tubo falla, el país se paraliza. Y eso es exactamente lo que estamos viendo.
Lo más preocupante de esta crisis es que no se trata de un evento imprevisible. Desde el inicio del proyecto Camisea, durante el gobierno de Alejandro Toledo junto a Pedro Pablo Kuczynski, diversos especialistas advirtieron que el sistema necesitaba redundancia en su transporte.
En 2010, la propia empresa operadora del ducto propuso construir un tramo paralelo de respaldo para mitigar los riesgos geológicos de la ruta andina. Sin embargo, la propuesta fue descartada durante el gobierno de Ollanta Humala.
Posteriormente se plantearon alternativas como el Gasoducto Sur Peruano, que debía extender la infraestructura hacia el sur del país y aportar redundancia al sistema. Sin embargo, tras el escándalo de corrupción de Odebrecht en 2017, el proyecto quedó enterrado entre arbitrajes, litigios y desidia política.
Desde entonces, ningún gobierno quiso tocar el tema. El resultado es que hoy el Perú depende de una infraestructura diseñada para otro contexto energético y para una demanda mucho menor.
Mientras la infraestructura permanecía congelada, la demanda crecía. En lugar de fortalecer la seguridad energética, los gobiernos optaron por profundizar la dependencia del gas.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, el Estado financió masivamente la conversión de vehículos a gas natural mediante programas como Ahorro GNV. Miles de conductores cambiaron sus sistemas de combustible con financiamiento público.
La lógica era comprensible: el gas natural es más barato que la gasolina o el diésel. Pero esa política se ejecutó sin un sistema energético capaz de sostenerla.
Hoy, miles de taxistas no solo dependen del gas para trabajar: también deben pagar el alquiler del vehículo y las cuotas de conversión financiadas por el Estado. Cuando el gas desaparece, desaparece también su ingreso diario. Sin embargo, reducir el problema al drama de los conductores es quedarse en la superficie.
El gas natural es hoy un insumo crítico de la economía peruana. De él depende cerca del 40% de la generación eléctrica nacional. Las centrales térmicas de Chilca, que alimentan buena parte del sistema eléctrico, operan principalmente con este combustible. Pero también dependen del gas restaurantes y negocios gastronómicos, clínicas y hospitales, hoteles y centros comerciales, transporte de alimentos, industrias manufactureras y millones de cocinas domésticas.
Cuando el gas falta, toda la cadena económica comienza a resentirse.
Las primeras estimaciones hablan de pérdidas cercanas a US$200 millones diarios, debido a que muchas plantas deben sustituir el gas por diésel, un combustible hasta cinco veces más caro.
Las medidas anunciadas por el gobierno —clases virtuales, teletrabajo, liberación de reservas y subsidios temporales— evidencian algo más profundo que una crisis energética. Evidencian una crisis de planificación.
El Perú ha pasado dos décadas celebrando la “masificación del gas” sin construir las condiciones mínimas de seguridad energética que cualquier país serio exige: redundancia de infraestructura, almacenamiento estratégico y diversificación de fuentes.
En lugar de eso, se edificó una dependencia creciente sobre un sistema frágil. El resultado es que hoy una falla en un ducto ubicado en la selva cusqueña obliga a suspender clases en Lima, a paralizar industrias y a alterar la rutina de millones de personas.
Un solo tubo. Eso es todo lo que separa al país de una crisis energética.
Esta crisis debería servir como una advertencia. La prevención no es un capricho tecnocrático ni una obsesión académica. Es el principio básico de cualquier política pública seria. Los países desarrollados no diseñan sus sistemas energéticos para el día normal, sino para el día en que algo falla. El Perú hizo exactamente lo contrario.
Hoy, frente a la ruptura de un ducto, el país entero descubre que su sistema energético no era una red robusta, sino una estructura frágil sostenida por un solo tubo. Y cuando una nación depende de un solo tubo para mover su economía, su transporte, su electricidad y su vida cotidiana, no vive en estabilidad.
Vive —como suele decirse— a dos golpes y un repique.
