La investidura presidencial no se suspende después de la medianoche ni se disuelve entre platos de wantán y luces de neón. Por el contrario, es en los actos informales —en aquellos que el poder preferiría mantener fuera del foco público— donde la exigencia de transparencia debería ser aún mayor. La reunión extraoficial del presidente José Jerí con un empresario chino, la noche del 26 de diciembre, en un chifa limeño y fuera de todo registro oficial, constituye un grave error político e institucional que no puede minimizarse ni despacharse con explicaciones vagas.
No se trata de un encuentro casual ni de una simple imprudencia. El jefe de Estado acudió encapuchado, con lentes oscuros y a altas horas de la noche, en una conducta que evoca más el sigilo de quien busca no ser reconocido que la naturalidad de un mandatario que no tiene nada que ocultar. La forma es, en política, fondo. Y cuando el presidente actúa como si estuviera en falta, inevitablemente instala la sospecha.
El problema no es únicamente el encubrimiento. Lo verdaderamente preocupante es aquello que pudo haberse gestado en esa reunión: la posibilidad de un favorecimiento indebido, de una contratación futura, de una influencia irregular en decisiones del Estado. Nadie afirma —todavía— que ello haya ocurrido. Pero el solo hecho de que el presidente se reúna en secreto con un empresario extranjero, sin agenda pública, sin actas, sin testigos institucionales y sin dar cuenta oportuna del contenido del encuentro, abre un campo fértil para la desconfianza.
Más aún en un contexto internacional particularmente sensible. El Perú mantiene hoy una relación compleja y estratégica tanto con Estados Unidos como con China. En ese escenario, la conducta del jefe de Estado no puede ser errática ni clandestina. La política exterior no se hace en chifas ni se maneja como una gestión personal. Cada gesto presidencial tiene implicancias geopolíticas, y actuar con opacidad solo debilita la posición del país frente a sus socios y observadores internacionales.
La memoria reciente agrava la situación. Es imposible no recordar las visitas nocturnas de Pedro Castillo a la casa de Sarratea, convertidas luego en símbolo de corrupción, informalidad y desgobierno. Aquella historia nos enseñó —o debió enseñarnos— que las reuniones fuera de agenda y lejos de los registros oficiales no son una anécdota: son la antesala del deterioro institucional.
Lejos de disipar las dudas, el presidente optó por profundizarlas. Su mensaje a la Nación, emitido a las dos de la mañana —entre gal- los y medianoche—, ofreció un relato insuficiente, carente de detalles esenciales y sin responder las preguntas centrales. ¿Quién era exactamente el empresario? ¿Cuál fue el motivo de la reunión? ¿De qué se habló? ¿Hubo compromisos? El silencio posterior solo ha contribuido a espesar la niebla.
Los cuestionamientos de la prensa no son una persecución ni una exageración: son un ejer- cicio legítimo de fiscalización democrática. En una república, la transparencia no es un favor que el poder concede cuando le resulta cómodo, sino una obligación permanente. El presidente Jerí tiene la responsabilidad de aclarar, con precisión y prontitud, lo ocurrido. Cada hora de silencio erosiona la confianza ciudadana y convierte un error político en un problema mayor.
Porque cuando el poder actúa en la oscuridad, la democracia siempre paga el precio.
