Años de presupuestos devueltos y problemas sin resolver
Durante la última década, el relato victimista de una supuesta “escasez de recursos” ha servido como la pantalla de humo perfecta para camuflar una realidad mucho más incómoda el dinero no falta, se licúa.
La retorica de la izquierda en estos últimos años a sido que el sistema de mercado o el modelo macroeconómico no ha generado la suficiente riqueza, cuando precisamente ha sido todo lo contrario. La riqueza se genera, por el modelo, pero la gestión de esos recursos ha sido pésima e incluso no da las sospechas de que se los gobiernos regionales se las han embolsicado.
Las auditorías financieras y el cruce de datos presupuestarios revelan que el erario público sufre una sangría sistemática a través de grietas administrativas que nos hacen sospechar de nada más y nada menos que de corrupción.
Entre 2015 y 2025, el presupuesto global asignado a la educación pública se duplicó con creces, disparándose un 116% al pasar de S/ 22,400 millones a S/ 48,600 millones. En paralelo, el presupuesto de salud trepó con una fuerza similar hasta rozar los S/ 29,800 millones. Sin embargo, esta histórica inyección de dinero convive con escuelas rurales en ruinas y hospitales públicos en cuidados intensivos. Además, como ya se especificó en otros informes, de enormes cuellos de botella en el caso de salud por no tener un sistema de postas medicas lo suficientemente apto.
No es un problema de caja; es un esquema de fuga estructurado con precisión quirúrgica en tres focos que hemos identificado.
Tecnología estéril
El primer mecanismo para burlar los sistemas de control del Estado, que se ha identificado, es el direccionamiento de compras mediante el fraccionamiento de contratos. Al atomizar adjudicaciones millonarias en contratos menores —diseñados astutamente por montos inferiores a las 8 o 9 UIT— las Unidades Ejecutoras (UGEL y Redes de Salud) evitan las licitaciones públicas, evaden la fiscalización concurrente de la Contraloría y entregan los fondos “a dedo” a empresas creadas a la medida.
En el sector educación, este festín presupuestal se camufló detrás de la modernización digital. Hacia el cierre del periodo decenal, el presupuesto operativo para tecnología llegó a absorber hasta el 5% de la bolsa corriente en años clave. El sinsentido salta a la vista cuando los datos revelan que la burocracia firmó compras masivas de dispositivos electrónicos y licencias de software corporativo mientras el 34% de los colegios del país carecía de internet funcional, el 42% operaba sin servicios básicos completos y 45% de la infraestructura escolar se encontraba catalogada en estado crítico.
Miles de computadoras terminaron apiladas en almacenes o en escuelas rurales que ni siquiera tenían enchufes, cumpliendo la única función de inflar las cuentas de proveedores favorecidos de forma directa.
Mientras esto ocurría en las aulas, en las Redes de Salud la historia se repetía bajo la figura de las “emergencias funcionales”. Utilizando la urgencia como cheque en blanco, las oficinas de abastecimiento de las DIRESA aceleraron micro compras fraccionadas de instrumental médico menor e intangibles informáticos. El truco es perfecto, se mantiene congelada la gran infraestructura —dejando que los hospitales regionales devuelvan más de S/ 161 millones anuales de su presupuesto de inversión— mientras se abre el grifo de las compras directas de menor cuantía con proveedores preferidos.
El lucrativo negocio de la “Chatarrización”
Existe una asimetría perversa y quizás deliberada entre el dinero que el Estado destina a comprar bienes nuevos y el raquítico porcentaje que asigna para cuidar lo que ya tiene.
El diseño institucional del presupuesto concentra de manera rígida el 86% de todos los recursos públicos en la categoría de Gasto Corriente, destinando apenas un 14% a Gastos de Inversión estructural.
Pero el verdadero negocio está dentro de la bolsa del gasto corriente. Las partidas de mantenimiento preventivo son estranguladas año tras año. Mientras el dinero para planillas corre de forma automática, los fondos para reparar el entorno del estudiante o el instrumental médico se reducen a márgenes de entre el 4% y 6%.
Si el techo de un colegio sufre una filtración o el componente de un tomógrafo hospitalario experimenta un desperfecto menor, el activo es inmediatamente etiquetado como “chatarra” y arrumbado en los patios institucionales bajo la excusa de que “no hay presupuesto para repuestos”. Este abandono premeditado genera la coartada legal perfecta para que el pliego regional vuelva a presupuestar y comprar un lote completamente nuevo de bienes al año siguiente.
Se destruye el patrimonio del Estado para sostener un esquema de compras repetitivas. Esto explica por qué, a pesar de los millones invertidos, apenas el 29% de colegios dispone de un laboratorio escolar y el tiempo de espera para una cirugía en los hospitales públicos escala a una media crítica de 84 días útiles.
Planillas fantasma: El fraude de pagar por el vacío territorial
El agujero negro más grande del erario público se refugia en la cuenta de remuneraciones, el único componente presupuestal que las regiones ejecutan siempre con una eficiencia del 100%. Las planillas figuran saldadas en el papel ante el Ministerio de Economía, pero en la realidad del territorio, el Estado financia masivamente el ausentismo sin penalidad.
Dentro del gasto operativo ordinario en educación, el 63% se destina de forma exclusiva al pago de planillas del personal docente y el 14% al administrativo. El sistema tolera de forma pasiva una tasa de ausentismo docente del 11% anual, una cifra que duplica ampliamente los límites internacionales permitidos.
Las UGEL procesan los pagos completos de sueldos mientras miles de maestros abandonan las aulas rurales amparados en “comisiones de servicio” o licencias de salud nunca fiscalizadas. Es un desvío de dinero donde se paga por horas lectivas que jamás se dictaron, empujando la deserción en secundaria al 8%.
En el sector salud, el escenario es un espejo idéntico. Las DIRESA destinan el 77% de sus recursos operativos al pago de personal asistencial. Sin embargo, el ausentismo médico toca exactamente el mismo 11%, triplicando las tolerancias internacionales.
En resumen, los millones que llegan desde Lima se esfuman en manos de una burocracia que se volvió experta en cumplir con el papeleo. Llenan formularios perfectos, aparentemente solo para ocultar, con total impunidad, que los servicios públicos están completamente en la ruina.
Last modified: 26 de mayo de 2026
