Trump pidió firmeza. Washington ofreció inteligencia. Keiko ya prepara el salto de la persecución policial al combate militar.
Donald Trump esperó a que Keiko Fujimori terminara de hablar. Habían coincidido en Nueva York, durante una reunión del Escudo de las Américas. La presidenta peruana acababa de describir al crimen organizado como una amenaza capaz de desafiar a los Estados.
Trump tomó la palabra y eliminó cualquier delicadeza diplomática.
“La única manera de detener el crimen es con firmeza”, le dijo. “Tendrán que ser muy firmes. Ni siquiera les va a gustar, pero tendrán que hacerlo”.
La escena importaba por algo más que el consejo presidencial. Mientras Trump empujaba públicamente hacia una respuesta más severa, el Gobierno peruano ya venía trabajando el andamiaje para hacerla posible.
Dos días antes, frente al alto mando militar, Fujimori había anunciado “fuertes decisiones” para restablecer el orden. “Sé que cuento con ustedes”, añadió.
Vista después de Nueva York, la frase adquiere otro peso. No son escenas aisladas. Son piezas de una misma secuencia.
Keiko no se limita a prometer más patrulleros, cárceles más duras o penas más largas. Su Gobierno está intentando ajustar la categoría bajo la cual determinadas organizaciones criminales pueden ser enfrentadas por el Estado.
Y allí aparece una expresión bastante más importante que “mano dura”: grupo hostil.
Hasta ahora, el Decreto Legislativo 1095 reserva esa figura para organizaciones que cumplen condiciones especialmente altas: deben tener una estructura mínima, capacidad y decisión de enfrentar al Estado de manera prolongada mediante armas de fuego y participar en hostilidades. No basta ser una banda sanguinaria. No basta extorsionar. No basta asesinar. La categoría pertenece a un terreno jurídico más próximo al conflicto armado que a la delincuencia ordinaria.
El Gobierno considera que ese umbral deja fuera a bandas cuya capacidad de fuego, dinero y control territorial ya desborda la lógica tradicional de una banda.
Por eso el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, ha planteado ampliar la categoría hacia organizaciones criminales con estructura nacional o transnacional, capacidad letal, armamento de guerra e influencia sobre economías ilícitas.
Y ya les puso nombre: Los Pulpos, La Jauría, Los Gallegos, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho.
La consecuencia tampoco se esconde detrás del lenguaje técnico. Si fueran clasificadas como grupos hostiles bajo el nuevo esquema, podrían convertirse en objetivos militares y quedar expuestas a operaciones de las Fuerzas Armadas.
Ahí cambia todo.
Cuando el delincuente cambia de categoría
Hoy un integrante de Los Pulpos es, jurídicamente, un delincuente organizado.
Puede ser investigado por la Policía, perseguido por la Fiscalía, localizado mediante inteligencia y llevado ante un juez. El Estado ya dispone de herramientas extraordinarias. También existe cooperación estadounidense contra el crimen organizado sin necesidad de declarar terrorista a una banda.
Es decir: varias puertas ya están abiertas. La diferencia está en otra parte. Quién combate. Y bajo qué reglas.
El Ejecutivo quiere construir un mecanismo para que determinadas organizaciones dejen de permanecer exclusivamente dentro de la lógica policial y penal y puedan ingresar a una lógica de seguridad nacional con participación militar mucho más profunda.
Por eso Fujimori utiliza juntas dos expresiones que jurídicamente no significan lo mismo: organizaciones terroristas y grupos hostiles. La primera puede modificar el tratamiento penal, financiero y de inteligencia. La segunda toca directamente algo mucho más delicado: el uso de la fuerza militar dentro del país.
Entonces la pregunta cae sola: ¿qué tendría que hacer una banda para cruzar esa frontera?
Los Pulpos extorsionan, ordenan asesinatos y manejan redes desde las cárceles. Pero convertirlos jurídicamente en un actor frente al cual pueden ejecutarse operaciones militares exige algo distinto: decidir cuándo la violencia criminal deja de ser solamente delito y alcanza el umbral de una amenaza armada contra el Estado.
No es una extravagancia de abogados. Es la diferencia entre capturar a un delincuente y combatir a un enemigo.
El Tribunal Constitucional ya vinculó la categoría de grupo hostil con estándares del Derecho Internacional Humanitario. Si Keiko quiere extenderla a grandes mafias, tendrá que explicar hasta dónde moverá ese límite y con qué controles.
El Congreso, sobre todo la oposición izquierdista, ya empezó a poner frenos. La Comisión de Justicia declaró no viable parte del paquete de facultades solicitado por el Ejecutivo al considerar demasiado abiertos sus alcances.
Washington entra en escena
La otra mitad de la historia está fuera del Perú. Marco Rubio ya había pasado por Lima con seguridad, defensa y crimen transnacional entre los ejes centrales de la relación bilateral.
Luego llegó Trump. Su administración ha llevado la pelea contra los carteles a un terreno mucho más agresivo: designaciones terroristas, sanciones financieras y una participación creciente del aparato militar.
Perú todavía no está allí. Pero empieza a moverse en una dirección compatible.
Bernie Navarro lo dijo con una claridad poco habitual para un embajador. Después del encuentro entre Trump y Fujimori aseguró que ambos gobiernos estaban “más alineados que nunca” y advirtió a las organizaciones criminales que tuvieran “mucho cuidado”.
No hablaba únicamente de diplomacia. Navarro vinculó ese alineamiento con mayor cooperación en inteligencia, capacitación e identificación de organizaciones.
Y mientras en Nueva York hablaban de una nueva forma de combatir al crimen, el operativo en Ancón I nos daba respuestas y varias afinidades.
El 23 de septiembre, fiscales y policías ingresaron al penal y encontraron decenas de celulares y otros elementos vinculados a actividad criminal. No hicieron falta soldados. Solo hicieron falta inteligencia, Policía, Fiscalía y control penitenciario.
Ese episodio contiene el principal desafío para la estrategia de Fujimori. El Perú ya tiene herramientas poderosas. El problema es que muchas veces llegan tarde, funcionan mal o chocan contra corrupción, precariedad institucional y cárceles desde donde el crimen continúa trabajando como si hubiese alquilado oficina.
Cambiarle el nombre al enemigo no arreglará eso.
Pero la apuesta de Palacio parece ir más lejos que un cambio de etiqueta: redefinir qué clase de enemigo tiene delante para utilizar contra una parte del crimen organizado capacidades que hasta hoy pertenecían principalmente al terreno militar.
Por eso las piezas de esta semana empiezan a encajar.
Keiko quiere cambiar la pregunta que el Estado se hace frente a una organización como Los Pulpos.
Ya no solamente: ¿cómo la capturamos? Sino: ¿en qué momento dejamos de perseguirla como banda y empezamos a combatirla como enemigo?
Trump le pidió firmeza. Washington ofreció respaldo. Ahora falta saber hasta dónde piensa llegar Keiko cuando la mano dura deje de ser consigna y tenga que convertirse en ley.
