Antiguos nombres del universo Movadef hoy ocupan despachos y comisiones del Congreso. Algunos ya intervienen en educación, justicia y trabajo.
El número del proyecto parece inocente: 00156-2026-2031-CD. Una de esas combinaciones burocráticas capaces de esconder una batalla entera detrás de seis dígitos.
El 8 de septiembre, el diputado puneño César Hugo Tito Rojas presentó junto con otros cinco parlamentarios una iniciativa para derogar la Ley 32242. No corregir un artículo. No introducir una excepción. No limar un extremo incómodo. El verbo escogido fue uno solo: derogar
La norma que Tito quiere borrar fue aprobada en enero de 2025 y endureció las reglas para separar del sistema educativo a quienes reciben determinadas condenas. Entre otras causales, establece la destitución de profesores y personal educativo condenados en primera instancia con pena privativa de libertad por terrorismo, apología del terrorismo, delitos contra la libertad sexual o tráfico ilícito de drogas. También reforzó los impedimentos para regresar a la Carrera Pública Magisterial. La propia denominación recogida por el Tribunal Constitucional habla de asegurar la destitución automática y el impedimento permanente de reingreso.
Hasta allí podría parecer otra escaramuza de la eterna guerra alrededor del magisterio peruano. No lo es.
Tito es hoy vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Además es titular en Justicia, Trabajo y la Comisión Bicameral de Presupuesto. También integra Economía como suplente. No son cargos clandestinos ni puestos obtenidos por una puerta trasera: forman parte de la distribución regular del nuevo Congreso. Precisamente por eso resulta más interesante mirar quién ocupa esas sillas.
El Comercio, citando información de la Dircote, identificó años atrás a César Tito como fundador del Movadef, dirigente del Conare y posteriormente integrante de Fenate. El mismo reporte señaló que entre 2000 y 2004 visitó en el penal de Yanamayo a senderistas encarcelados. Tito ha rechazado públicamente que se le presente como dirigente actual del Movadef y ha denunciado que esas vinculaciones son utilizadas para “terruquearlo”.
La precisión importa. Pero importa también recordar qué era exactamente el Movadef.
En octubre de 2024, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional determinó que había sido creado por orden de Abimael Guzmán con la finalidad de participar en elecciones, ocupar altos cargos públicos, llegar al poder y obtener la liberación de la cúpula senderista. El Poder Judicial ordenó su disolución y el cierre definitivo de sus locales para impedir que continuara realizando actividades proselitistas de Sendero Luminoso.
Ese detalle vuelve especialmente incómoda la fotografía actual. Quince años después del intento de convertir aquel movimiento en partido, César Tito ya no está afuera del Estado exigiendo cambios al sistema educativo. Está adentro. Y ahora firma proyectos para cambiar sus reglas.
La ley que quieren borrar
La discusión jurídica sobre la Ley 32242 existe. Y no es un tema menor. El Colegio de Profesores del Perú y el Colegio de Abogados de La Libertad presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la norma. El Tribunal Constitucional admitió ambas y las acumuló en noviembre de 2025. Entre las controversias está el efecto de una condena todavía no firme sobre la permanencia laboral.
Pero el debate constitucional no borra el dato político.
La Ley 32242 reforzó el régimen para separar del sistema educativo a personas condenadas por delitos especialmente graves, incluidos terrorismo y apología. Y uno de los diputados que hoy impulsa su derogatoria llega a ese debate con una trayectoria vinculada por documentos policiales y reportes periodísticos al Movadef, Conare y Fenate.
No hace falta estirar la conclusión. El contraste habla solo.
Durante años, Tito hizo política en el mundo magisterial. Fenate disputó al SUTEP la representación docente y cobró protagonismo durante el ascenso de Pedro Castillo. Hoy una demanda que antes circulaba por sindicatos y movilizaciones encontró una ruta bastante más eficaz: un proyecto de ley y una vicepresidencia en Educación. Es decir, esa calle consiguió una curul.
Y Tito no firma solo. En la ficha oficial del proyecto aparecen también Olver Peña Córdova, Svieta Fernández González, Jessica Guevara Ramírez, Jesús Pérez Alccahuaman y Graciela Chipana Condori. La iniciativa, por ahora, permanece en comisión.
Tampoco es su única incursión en terrenos sensibles. Desde agosto, Tito ha respaldado iniciativas sobre jurisdicción militar-policial, conducción de investigaciones penales, crimen organizado, extinción de dominio, colaboración eficaz, prescripción y régimen magisterial. Algunas buscan derogar normas anteriores; otras devolver competencias a la justicia ordinaria. Nada de eso convierte automáticamente su actividad en una “agenda senderista”. Sería una conclusión que los documentos no permiten. Lo que sí permiten afirmar es algo más sencillo: las posiciones obtenidas ya producen acción legislativa.
Y Tito no es el único nombre alrededor del cual reaparece esa vieja constelación.
Alejandro Manay Pillaca representa hoy a Ayacucho por Juntos por el Perú. Es miembro titular de Educación, Justicia y Trabajo, y suplente de Constitución.
Hace apenas tres años su fotografía pública era otra.
En 2023 fue investigado junto con Rocío Leandro Melgar, conocida como “Camarada Cusi”. El Poder Judicial informó entonces que el Ministerio Público atribuía a los investigados pertenecer a la denominada “Nueva Fracción Roja”, descrita en la tesis fiscal como una corriente de Sendero Luminoso que habría utilizado al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho para continuar lineamientos senderistas. Un juzgado ordenó prisión preventiva para Manay y otros investigados. La medida fue posteriormente revocada respecto de él. No hemos encontrado en las fuentes públicas revisadas una condena contra Manay por esos hechos.
Tres años después, Manay tiene el poder para votar leyes. Y encima no llegó solo a su despacho. Allí trabajan Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro, dos técnicos cuyos nombres aparecen en el planillón que el Movadef presentó durante su intento de inscripción partidaria, según la investigación de Cuarto Poder.
Las llaves ya están
El reportaje mencionado identificó recientemente alrededor de diez trabajadores del nuevo Congreso cuyos nombres figuran también en aquel registro. Son asesores, técnicos y auxiliares. No ocupan necesariamente la primera fila de la política. Pero precisamente por eso conviene mirar la segunda.
En el despacho de Tito trabajan Hilso Claudio Ramos Cosme, asesor principal, y Richard Leandro Tipo Quispe, asesor II. Ambos aparecen en el registro utilizado por Movadef. Ramos percibe más de S/14 mil mensuales y Tipo más de S/11 mil. En el despacho de Manay están Mota y Quispe Najarro. En el del senador Hugo Ccahuana trabaja Dick Jefferson Luya Asto. Y en la comisión que Ccahuana preside figura Genebrardo Mariano Arana Bazán como asesor II.
Esa comisión lleva el nombre de Procedimientos Especiales y está vinculada a procesos de nombramiento de altos funcionarios del Estado. Arana forma parte del equipo técnico de un órgano que tramita procedimientos donde circulan expedientes y documentación de candidatos a posiciones de alto nivel. En otras palabras, tiene acceso a información sensible.
¿Qué filtros aplicó el Congreso antes de entregar puestos de confianza y funciones técnicas a personas cuyos nombres aparecen en los registros de una organización que el Poder Judicial terminó disolviendo por su relación con los objetivos políticos de Sendero Luminoso?
Algunas de esas personas han negado cualquier vínculo. Ángela del Águila Torres, por ejemplo, dijo que jamás firmó el planillón y que recién supo que sus datos aparecían allí. Genebrardo Arana y otros trabajadores también han rechazado relaciones con el Movadef. Juntos por el Perú, por su parte, sostiene que no existen sentencias ni investigaciones abiertas contra sus trabajadores que demuestren vínculos actuales con organizaciones violentistas.
Pero el documento está ahí y las intenciones del movimiento también. El Poder Judicial estableció que el Movadef había sido creado para participar en política, ocupar cargos y buscar poder institucional.
Ahora algunos nombres que orbitaban aquel universo aparecen en despachos del Congreso. Uno de sus antiguos dirigentes señalados por Dircote es vicepresidente de Educación. Otro diputado que fue investigado por presunta afiliación a una estructura senderista integra Educación, Justicia y Trabajo. Y asesores cuyos nombres aparecen en el viejo planillón trabajan alrededor de ellos.
No es una sentencia. Es una fotografía. Y quizá la pregunta verdaderamente corrosiva no sea cómo llegaron hasta allí. Sino esta: ¿qué piensan hacer ahora que ya están dentro?
