A solo 77 días de la primera vuelta, los peruanos nos hemos vuelto, de forma involuntaria e inesperada, miembros irrevocables de un jurado que debe decidir el destino del presidente sustituto, José Jerí, en el infausto juicio político que él mismo ha iniciado en su contra.
Es involuntario porque, sin duda, ningún elector quiere participar a estas alturas —a dos meses de los comicios generales— en el escrutinio público de otro presidente cuestionado, en el enredo de sus versiones contradictorias y en el desgaste intelectual que requiere analizar constantemente los escenarios de crisis que generan los casos de corrupción de un alto funcionario. Es inesperado también porque, resultaba risible, en octubre, cuando se vacó a Boluarte, suponer que el muy joven presidente suplente fuese a aprovechar con ansiedad y angurria los breves siete u ocho meses que tenía de gobierno para ejecutar alguna operación viciosa e interesada.
Sin embargo, el tiempo parece darnos una nueva lección: nunca confiar a ciegas en los personajes accidentados. En aquellos que no llegan a la escena pública por la puerta principal, ni por la falsa, sino que entran rompiendo la ventana del cuarto de servicio. José Jerí es el mejor representante de esa categoría política. Un hombre que perdió la elección al congreso en 2021 porque la población no le dio los votos, pero por obra del azar terminó asumiendo la Presidencia de la República en 2025 por sucesión constitucional. ¡Vaya país de oportunidades!
Lo cierto es que este quinquenio infernal —de tres presidentes, incontables ministros, cero resultados, incesantes crisis judiciales y vergonzosos escándalos parlamentarios— tenía preparado un último acto, o quizás penúltimo. Una remecida final como para nunca olvidarnos de lo perniciosa que fue la elección de 2021, no solo por Pedro Castillo y sus huestes, sino también por un congreso estructurado, en su mayoría, por lobistas improvisados sin la más mínima noción de la política peruana.
Ante los hechos revelados en las últimas tres semanas, se configura un cuadro que ya no admite lecturas inocentes. Surgen sospechas insoslayables, como que el presidente mantiene una relación activa y funcional con empresarios chinos de reputación cuestionable; que el denominado Club de la Construcción Chino —o Club del Dragón, articulado en su momento por los intereses conjuntos de Zamir Villaverde y el exministro hoy prófugo Juan Silva Villegas— no solo no fue desarticulado, sino que continúa operando de manera resuelta; que el entorno más próximo al jefe de Estado se ha poblado de lobistas informales y modelos de TikTok; que, desde la presidencia del Congreso, el mandatario habría utilizado su poder para blindar políticamente a su amigo Johnny Yang; y que, frente a estas revelaciones, la ausencia de explicaciones claras y oportunas reproduce un patrón ya conocido en la historia reciente de la política nacional: el del encubrimiento, la opacidad y el desgaste moral que ha precedido, una y otra vez, a los presidentes que terminaron rindiendo cuentas desde una celda en Barbadillo.
Es probable —como lo han señalado distintas fuentes— que en los próximos días se revelen nuevos videos, audios y documentos que comprometan aún más la situación de Jerí, “el sustituto”. Y en ese momento, la pregunta que hoy todavía puede esquivarse resultará ineludible: ¿debe irse el presidente?
Entonces, surgen dos posturas. Ambas muy validas y comprensibles.
La primera pondera al proceso electoral. Más de un centenar de ciudadanos, respaldados por diversas figuras políticas, se han pronunciado en los últimos días argumentando que el escrutinio al presidente debe continuar, pero respetando un “debido proceso”. Este comprende que la sanción a Jerí —si es que lo amerita— se ejerza desde el Ministerio Público y Poder Judicial pasado el 28 de julio del presente año, y no de forma inmediata en el Congreso, a través de fugaces votaciones. Esto, considerando que una nueva vacancia o censura sumada a la composición de un nuevo gobierno transitorio podría desestabilizar el proceso electoral ya en marcha. Adicionalmente, no hay figuras visibles y menos confiables que quieran asumir la presidencia interina del Perú por cuatro meses.
La segunda argumenta la necesaria intransigencia frente a la corrupción. Ante los graves cuestionamientos que orbitan al presidente, no se puede permitir que una persona con profundos intereses personales o partidarios lidere el proceso electoral que comprende una oferta electoral inédita y una estructura estatal aún desconocida. Considerando, además, que por escándalos menos bulliciosos fue vacada Dina Boluarte, casi con unanimidad, justificando la necesidad de tener a una persona con mayor integridad a la cabeza de la transición con el próximo gobierno.
A estas dos posturas se suman teorías sensacionalistas que buscan mover la balanza de un lado o del otro. Retoricas simplistas e insulsas como que los videos de Jerí han sido filtrados por delincuentes de ciertos penales que viven sofocados por la “dura mano” que ha puesto el presidente tiktoker sobre ellos. O que esto es un intento de Flor Pablo y Ruth Luque para ser presidentas por unos meses y luego dar un golpe de Estado, consolidando así el caviarismo en el Perú. También hay quienes aseguran que mantener a Jerí es una táctica premeditada para asegurar los negocios del “pacto-mafioso”.
Lo cierto es que los oportunistas van a colgarse de cualquier escenario para hacer de las suyas. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Cualquiera de las dos salidas abre grietas para el lobismo y la desestabilización del país. Acá no existe postura buena ni mala.
La salida menos dañina —y quizá la más responsable— no pasa por forzar una vacancia exprés ni por fingir que nada ocurre. Pasa por exigir al presidente un acto político que hasta ahora ha evitado: transparentar sin ambigüedades su entorno, someterse a una investigación inmediata e independiente, y, de ser necesario —si es que los hechos lo comprometen—, dar un paso al costado en la conducción del proceso electoral, dejando esa tarea en manos de una figura técnica, acotada y estrictamente supervisada.
No se trata de salvar a José Jerí ni de sacrificarlo como ofrenda, sino de preservar el único bien que aún no ha sido completamente erosionado: la legitimidad del proceso democrático de abril y junio de este año.
En un país exhausto de presidentes caídos, la responsabilidad histórica ya no es resistir hasta el último día, sino evitar que la transición vuelva a convertirse en un botín. Si el presidente no está en condiciones de garantizarlo, la pregunta deja de ser si debe irse, y pasa a ser cuánto daño más estamos dispuestos a tolerar para que no lo haga.
