El 27 de enero de 2026, Chile aprobó la concesión de un cable submarino de fibra óptica de 20 mil kilómetros para conectar el Pacífico Sur con Guangdong, China. Cuarenta y ocho horas después se anuló. Entre la aprobación y la anulación Washington envió una alerta a las autoridades chilenas y, días después, revocó las visas de tres altos funcionarios del gobierno de Boric acusados por comprometer infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionar la seguridad regional. El secretario de Estado Marco Rubio fue explícito y el mensaje para América Latina también.
Lejos de cancelar el proyecto, China no esperó una resolución. El 29 de enero autorizó el inicio de los primeros 870 kilómetros del cable desde la provincia de Guangdong. Consultores especializados y agentes hoy se preguntan: si Chile rechaza el proyecto, ¿lo recibirá Perú?
Antes de responder, la opinión pública debe saber que China no necesita esperar a que el cable llegue a nuestras costas. Está en nuestro territorio sin que el tema haya sido debatido.
En diciembre de 2018, ProInversión adjudicó seis proyectos regionales de banda ancha. Cuatro de ellos —Áncash, La Libertad, Arequipa y San Martín— fueron ganados por el Consorcio YOFC Network, integrado por Yangtze Optical Fibre and Cable Company de Hong Kong. Contratos por USD 411 millones con el Estado peruano a través de Pronatel, con 7.500 kilómetros de fibra óptica han sido desplegados en cuatro regiones y 1,700 localidades.
YOFC no es una empresa privada compitiendo en el mercado. Es el mayor fabricante mundial de fibra óptica que opera bajo el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, para expandir los negocios chinos.
El motivo de preocupación es el Artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017. Ello obliga a cualquier organización o ciudadano chino a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado, incluyendo compartir tráfico de datos que transiten por su infraestructura. Es una obligación codificada en derecho chino, aplicable directamente a YOFC y a cada empresa del consorcio que opere datos del Estado peruano.
A ello se suma una ventana de decisión que se abre en los próximos meses, sin generar debate público alguno: la licitación definitiva de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El estudio de ProInversión para definir su nuevo modelo de operación tiene resultados previstos para el primer semestre de 2026. La Red Dorsal tiene más de 13.500 kilómetros, conecta 22 capitales de región, con nodos de conexión internacional con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Un operador con acceso a esa red gestionaría el tránsito de datos de toda la región andina.
El gobierno peruano no puede ignorar que, en 2025, Estados Unidos designó al Perú como Aliado Principal No-OTAN. Ese estatus implica cooperación en inteligencia y coordinación en seguridad regional. Autorizar infraestructura de datos bajo la jurisdicción de una ley que obliga a compartir información con Beijing no es una decisión técnica de telecomunicaciones: se opone a cualquier marco estratégico.
El gobierno de Balcázar no ha fijado posición pública al respecto. No se conoce el debate del Congreso sobre YOFC o sobre la Red Dorsal. Ello afecta una decisión estratégica que por omisión otros están tomando.
La infraestructura que definirá quién controlará los datos regionales se construye sin debate político. Es necesario emitir una posición oficial. La licitación de la Red Dorsal debe incorporar criterios de seguridad nacional antes de adjudicarse, no después. Esta decisión sin debate en el Perú tiene fecha: el primer semestre de 2026. El tiempo para actuar con inteligencia estratégica es ahora, mientras esté en manos peruanas.