El informe “Todos los desinformadores a una contra IDL-Reporteros” publicado en noviembre, revela desde el título su propia naturaleza: plural incluyente, señalamiento colectivo y una coalición conspirativa en un marco de victimización que condiciona al lector desde el principio. No invita a examinar hechos, sino a tomar partido. Cuando un medio que pretende presentase como árbitro moral recurre a estos encuadres, la discusión lejos de la verdad, orbita en torno a identidad, agravio y militancia.
IDL-Reporteros afirma su legitimidad sobre tres pilares: independencia, rigor y búsqueda de la verdad basada en hechos. Esa estructura conceptual tendría sentido si cumpliera con el deber de mirar hacia sí mismo cuando la coyuntura lo exige. Pero ese informe que defiende a su director y a los fiscales más visibles del caso Lava Jato se aleja de esos estándares. No porque invente una realidad paralela, sino porque la selecciona, recorta y acomoda con una narrativa monocromática donde las agresiones vienen del exterior y las virtudes son propias.
La función del periodismo es servir al interés público, informar incluso hechos incomodos y vigilar a quienes ejercen poder. Ello incluye a jueces, fiscales, funcionarios y a los propios periodistas. El periodismo se aparta de su rol cuando deja de iluminar zonas oscuras para proteger una causa o personaje, cuando la información sobre un bando es “trabajo periodístico”, la del adversario es “desinformación coordinada” y el escrutinio se vuelve selectivo. La capacidad de debatir y escuchar ideas incómodas es un pilar fundamental de la democracia.
El informe se concentra en 2024, pero retrocede a 2016 o 2018 cuando los saltos históricos perfilan al adversario. No ofrece contexto para explicar el origen y deformación del propio caso Lava Jato, iniciado en Brasil en 2014, plagado de cuestionamientos internacionales, abusos procesales, politización fiscal y rupturas éticas. Tampoco se detiene en el fracaso peruano sin reparaciones para el Estado luego de nueve años, proyectos públicos paralizados, prisión preventiva como herramienta de presión, nulidades y procesos clave anulados por el Tribunal Constitucional. La narrativa instalar un relato donde los fiscales son atacados por fuerzas oscuras, convierte el caso en proyecto político.
IDL acusa el sesgo de sus adversarios, exige transparencia a quienes denuncia, sin el mismo rigor para sí mismo. No reconoce la ambigüedad de sus fuentes: declaraciones de Jaime Villanueva desestimadas cuando contradicen, pero útiles cuando sostienen la cronología. No admite zonas grises, errores posibles, excesos o decisiones imprudentes. Sin autocrítica, se aleja del periodismo de investigación, convirtiéndose en articulador de un contrarrelato para restituir su propia imagen.
Este informe no solo dialoga con la polémica; la moldea. Un lector que se limite a estas páginas concluirá que las críticas contra IDL son producto de una conspiración para destruirlos, sin matices, dudas legítimas, fallas estructurales y tensiones políticas acumuladas. La narrativa se cierra sobre sí misma: quienes cuestionan son desinformadores; quienes los defiendan, guardianes de la verdad. Esa lógica oscurece el debate generando una polarización convertida en reflejo nacional: si no estás conmigo, eres parte de la maquinaria de ataque.
Un periodismo que se proclama objetivo mientras se ampara en su propia versión de la verdad termina pareciéndose a aquello que dice denunciar. La gravedad no está solo en lo que afirma, sino en la selección de certezas que reemplaza el análisis por la defensa y el contraste por la acusación. Cuando un medio renuncia a matizar o a interrogar sus propios límites, sin aceptar contrapesos, comienza a moldear la realidad desde un único ángulo, erosiona la confianza pública y reduce el espacio en el que la deliberación democrática debería sostenerse.
