No cabe duda de que el Perú enfrenta una ola de delincuencia y crimen organizado que desborda la capacidad del Estado. Entre el 10 de octubre y el 18 de noviembre se registraron 213 homicidios a nivel nacional, según cifras del SINADEF, lo que equivale a más de cinco asesinatos diarios. Frenar esta violencia debe ser una prioridad, pero no podemos perder de vista otros frentes críticos: la salud y la educación públicas, sectores que siguen afrontando desafíos estructurales de enorme magnitud.
La calidad deficiente de estos servicios constituye uno de los principales lastres del país. Un reciente informe de la OCDE revela que aún existen colegios públicos sin acceso a agua, desagüe ni electricidad. A pesar de que el presupuesto del Ministerio de Educación creció un 12 % entre 2024 y 2025, persiste un déficit grave en infraestructura: el 16,2 % de las escuelas públicas se encuentra en estado de deterioro extremo, con riesgo inminente de colapso. Y esto refleja solo la dimensión física del problema. La educación enfrenta también retos pedagógicos: baja profesionalización docente, niveles insuficientes de aprendizaje en educación básica—especialmente en zonas rurales—y escaso acceso a recursos educativos de calidad.
Aunque sería irreal exigir que un gobierno de transición solucione de inmediato todos estos problemas, sí puede sentar las bases para la siguiente administración: aumentar progresivamente el presupuesto educativo, reformar la política educativa, establecer sistemas de evaluación y seguimiento de docentes, y priorizar la intervención en escuelas con necesidades críticas de infraestructura y servicios básicos antes del inicio del año escolar 2026.
Las metas para mejorar la equidad y la calidad del sistema solo se cumplirán con un financiamiento sostenido, que se acerque al 6 % del PBI. De no lograrse, muchas iniciativas no podrán ser ejecutadas. La conclusión es clara: un país que no pone los reflectores en la mejora del servicio de educación limita su crecimiento económico, frena la innovación y perpetúa la desigualdad. Invertir en educación no es un gasto, sino la apuesta más estratégica y rentable para construir un Perú más justo, próspero y competitivo en el futuro.
En cuanto al sector salud, la crisis actual no es coyuntural; sino, estructural, cimentada en una brecha histórica y alarmante de infraestructura. El país arrastra una proporción masiva de establecimientos de salud de primer nivel que operan en condiciones inadecuadas, como confirma el Diagnóstico de Brechas del MINSA (2024), utilizado para la planificación de inversiones. Esta deficiencia física, agravada por una profunda fragmentación institucional entre los niveles de gobierno, concentra los escasos recursos especializados en Lima, manteniendo una severa desigualdad geográfica. Esta carencia fundamental impide una cobertura sanitaria universal real y constituye una violación práctica al derecho a la salud para millones de peruanos.
La consecuencia directa de esta infraestructura insuficiente y del déficit crónico de personal médico es la saturación del sistema de citas. El ciudadano peruano se enfrenta a largas listas de espera para consultas externas y procedimientos quirúrgicos, reflejando que la capacidad instalada del Estado es incapaz de absorber la demanda poblacional. Los informes de la Defensoría del Pueblo (2024) identifican consistentemente la falta de citas y la demora en la atención como la principal queja de los usuarios. Aunque existen esfuerzos puntuales para “desembalsar” y promover la telesalud, estas medidas operativas solo pueden ser paliativos. La dificultad para obtener una cita de calidad es el síntoma de un sistema subfinanciado y sobrecargado cuya ineficacia genera una profunda desconfianza.
Así, para abordar esta crisis con seriedad, es imperativo un cambio de enfoque, priorizando la inversión estratégica sobre el parche político. En primer lugar, se debe ejecutar un Plan Nacional de Cierre de Brechas de Infraestructura con un cronograma vinculante y multianual, asegurando la culminación de hospitales y la mejora sustancial de los centros de primer nivel en las regiones más críticas. Esto debe ir acompañado de una descentralización efectiva del presupuesto y la creación de incentivos de largo plazo para que el personal médico especializado se traslade a las zonas de mayor necesidad.
Finalmente, la única vía para garantizar la dignidad en la atención es la integración y la eficiencia. Es urgente superar la fragmentación del sistema unificando criterios de gestión y estandarizando la calidad del servicio. La inversión en telesalud debe pasar de ser una estrategia de emergencia a un pilar estructural, utilizando la tecnología para optimizar la gestión de citas y la atención remota, pero siempre como complemento a una infraestructura física robusta. Solo mediante un compromiso fiscal sostenido y una gestión articulada se podrá revertir la crisis, asegurando que el acceso a un servicio de salud oportuno y de calidad deje de ser un privilegio y se convierta en el derecho fundamental que le corresponde a todo ciudadano peruano.
En suma, si bien resulta razonable que el gobierno, hoy por hoy, destine gran parte de sus esfuerzos a (tratar de) combatir la ola de inseguridad que azota a nuestro país; lo cierto es que sectores clave como educación y salud no deben ser desatendidos o dejar que sigan avanzando en piloto automático. Constituye una obligación del Ejecutivo garantizar el acceso a los servicios públicos antes señalados, en las mejores condiciones, a fin de lograr – siquiera – paulatinamente no solo un crecimiento económico sostenido; sino una mejora en la calidad de vida y en el desarrollo de cada peruano.
