En agosto de 2017, el entonces ministro del interior, Carlos Basombrío, alertaba sobre la inquietante relación que tenía el dirigente de la huelga de maestros, Pedro Castillo, con grupos vinculados a Sendero Luminoso. Devotos de la incredulidad de Santo Tomás, buena parte de la población, cierto sector de la prensa y los grandes politólogos del país necesitaron dieciséis meses de gobierno y un golpe de Estado fallido para comprobar lo declarado por Basombrío cinco años antes. “Ver para creer”, parece haber sido la precipitada lógica en las colas de votación.
Encarcelado el golpista, e instaurado un nuevo gobierno, es posible notar los frutos de aquellos discursos divisionistas propiciados por Castillo y sus ministros desde los impetuosos consejos descentralizados. Los disturbios y el caos generado por grupos violentistas en el sur a raíz de la caída del régimen, empieza a dejar un preocupante saldo de vidas inocentes. Sin Castillo en el tablero, es lógico tratar de buscar responsables directos e identificar a los principales actores del desastre que afronta el país. Hay un nombre que ha saltado a la luz al seguir el hilo de los prefectos y subprefectos, Avelino Guillén.
Este pernicioso personaje fue cuestionado en diciembre del año pasado por haber designado veintiún nuevos prefectos en diversas regiones y municipalidades cuando fungió como ministro del interior. La preocupación de la opinión pública se centró en las relaciones directas de estos funcionarios con los brazos políticos de Sandero Luminoso. Del total de prefectos, por lo menos 13 estaban vinculados al FENATEP, grupo sindical creado del Conare-Sutep (organización vinculada al Movadef).
Pero ¿qué es el Movadef?
Según el congresista Guillermo Bermejo, “El Movadef es el movimiento de quienes plantean todo lo que Abimael Guzmán propuso una vez detenido, como el acuerdo de paz, resolver los problemas derivados de la guerra, conflictos ideológicos, etc. Está conformado por familiares de Senderistas y militantes que nunca cayeron presos”.
Algunos de los nombres más preocupantes en la lista de prefectos fueron Eliseo Huamaní (Apurímac) y Edgar Rea (Moquegua). Huamaní no solo aparece en los planillones de adherentes del Movadef, sino que fue incluido en 2014 en un atestado bajo la imputación de terrorismo. Asimismo, Rea figura en el informe “Infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio”, en el que se identificó a los promotores de la huelga de maestros. Por otro lado, existen otros nombres en la lista como Lucinda Quispealaya Salvatierra, prefecta de Junín, relacionada con Vladimir Cerrón. Rubén Quispe Ventura, prefecto de Ayacucho, militante de Perú Libre y activo recolector de firmas para la Asamblea Constituyente.
En los últimos días, Edgar Villanueva (ex alcalde de Andahuaylas), identificó a Eliseo Huamaní (prefecto de la región) como uno de los principales azuzadores e instigadores de violencia en Apurímac. Villanueva aseguró que detrás de estas protestas hay un discurso manipulado, no solo por los prefectos y subprefectos, sino también por algunos funcionarios que se niegan a dejar el cargo.
A pocos días de la caída del gobierno, se puede afirmar que la administración de Pedro Castillo incitó la violencia y a la división, incluso desde la campaña de 2021. En dieciséis meses, la presidencia de la República ha sido utilizada para organizar una red con un evidente ADN subversivo. El efímero mandato del maestro chotano será recordado por haberle abierto las puertas de Palacio a los brazos políticos de Sendero Luminoso. Avelino Guillén es una de las tantas pruebas de ello.