Nuestro país necesita urgentemente inversión extranjera y nacional, pública y privada, por encima de 40 mil millones de dólares por año, para crecer por encima de un 7% anual.
Para lograr estos niveles de inversión en Perú es requisito ganar la confianza de los entes inversionistas locales y foráneos en base a ofrecer transparencia, estabilidad y seguridad, factores que el último gobierno de Pedro Castillo ha terminado de destruir.
Ya veníamos arrastrando el peor ratio mundial de fallecidos en el mundo (gobierno de Vizcarra) y el mayor monto de pérdidas en infraestructura, como consecuencia de la corrupción de Odebrecht, OAS, Graña y Montero, y demás empresas corruptas del denominado “club de la construcción”.
El daño ocasionado al Perú por la corrupción relacionada con las empresas constructoras brasileñas y peruanas supera largamente los 40 mil millones de dólares destinados a realizar obras sin sentido, sobrecostos ilegales, consultorías innecesarias y pagos de coimas a todo nivel. La destrucción de la economía en el periodo de genocidio vizcarrista puede superar una cifra similar. Sumando a los montos anteriores el costo de la corrupción de Pedro Castillo, llegamos a una cifra que supera los 100 mil millones de dólares dilapidados.
La corrupción la está sufriendo, principalmente, nuestra población más vulnerable, que no cuenta con lo más básico: alimentación, agua, energía eléctrica, salud, vivienda, conectividad... Con estas cifras de corrupción, superiores a los 100 mil millones de dólares, el Perú ha perdido la oportunidad de estar en una situación económica y política de liderazgo en Latinoamérica.
El consenso que debemos lograr como peruanos es la reforma total del sistema de contrataciones del Estado, a todo nivel, eliminando la posibilidad de participación de empresas corruptas. En este orden de ideas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha decidido erradicar la corrupción relacionada a los peajes entregados a Odebrecht y la adenda al contrato de concesión de peajes entregados a la corrupta empresa brasileña OAS.
En el caso específico de Odebrecht debemos profundizar en varios aspectos. El primero es que la corrupta alcaldesa Villarán reconoció públicamente haber recibido coimas para entregar las casetas de peaje de EMAPE a Odebrecht y pactar un incremento irracional del precio de los peajes. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que los peajes obtenidos corruptamente afectan a varios millones de limeños que viven en zonas vulnerables y que están obligados, prácticamente, a pagar peaje por salir y entrar a sus casas. Otro hecho a considerar es que la MML está impedida, por su propio marco jurídico, de mantener vínculos contractuales, directos o indirectos, con empresas sentenciadas por corrupción, local e internacionalmente, que es precisamente la situación jurídica de la empresa Odebrecht.
Las empresas constructoras nacionales e internacionales honestas decidieron no participar como inversionistas, ni competir en concursos para realizar obras públicas en nuestro país debido a la nefasta presencia de Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas corruptas, justamente porque consideraron que el poder de corrupción de este ilegal “club de la construcción”, no garantizaba el derecho de competir limpia y transparentemente.
Estoy de acuerdo con atraer inversión honesta para la creación de muchos puestos de trabajo en el Perú. He dedicado mi vida profesional a esta actividad. La decisión de declarar la caducidad de un contrato, corruptamente originado por Odebrecht, es una señal excelente a los inversionistas honestos que tienen la certeza que la MML no permite y no permitirá vínculos con empresas corruptas, nacionales o internacionales. Por lo tanto la transparencia, honestidad y predictibilidad, necesarias para toda inversión, están plenamente garantizadas en nuestra metrópoli limeña.
Toda mi vida he creado decenas de miles de puestos de trabajo, de acuerdo a ley y con pleno respeto al orden constitucional. Odebrecht y otras empresas corruptas son entidades “apestadas” en el circuito financiero internacional. Muchos países que han sido víctimas de su corrupción, los ha expulsado de sus fronteras. El Perú, por dignidad y justicia con los que menos tienen, debe expulsar a Odebrecht y a sus cómplices, para siempre.