La condena de Guillermo Bermejo es una epifanía tardía de lo que el Perú se negó a ver en su debido momento. El último viernes 24 de octubre de 2025, el congresista izquierdista fue sentenciado en primera instancia a 15 años de prisión por afiliación terrorista. El fallo, emitido por la Tercera Sala Penal Superior, establece que Bermejo participó en reuniones con altos mandos senderistas en el VRAEM entre 2008 y 2009, donde recibió adoctrinamiento político y capacitación para el uso de armas de fuego. La fiscalía demostró que mantenía contacto con remanentes de la columna armada dirigida por los Quispe Palomino y que su militancia no era teórica, sino práctica.
Durante el juicio se presentaron testimonios de colaboradores eficaces que relataron sus incursiones a campamentos terroristas y la entrega de dinero para las actividades subversivas. El colegiado consideró acreditada su “adscripción ideológica y operativa a la organización terrorista Sendero Luminoso”, y además dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta dos años después de cumplida su condena (2042). La sentencia marca un precedente histórico: la primera vez que un congresista en funciones es condenado por terrorismo.
No se trata de simpatías ideológicas ni de errores juveniles, sino afiliación a Sendero y vínculos comprobados con los remanentes en el VRAEM. Lo que parecía un rumor de campaña se convirtió este viernes en la confirmación de una verdad incómoda: el proyecto político que llevó a Pedro Castillo al poder nunca fue una anomalía moral, fue la cristalización de una vieja estrategia de infiltración.
Bermejo no cayó del cielo ni se fabricó en un laboratorio del progresismo limeño. Entró al Congreso de la mano de Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón, y compartió con Castillo no sólo plancha, sino lenguaje, gestos y una narrativa de redención popular. Ambos representaban, en apariencia, la voz del maestro rural y del olvidado andino, pero en el fondo articulaban una estructura política que tejía los restos del senderismo con la fachada sindicalista y anti-establishment.
El mapa de esa vinculación es amplio y documentado. Apenas asumió el poder, Castillo colocó en puestos clave a personajes cuya relación con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, era pública y verificable. Uno de ellos fue Wilson Barrantes, exgeneral del Ejército y autoproclamado pacifista, designado como director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Barrantes no era un técnico neutral: había participado en foros donde pedía la amnistía de senderistas presos y sostenía que el terrorismo era un invento del “sistema”. Desde la DINI tuvo acceso a información sensible y a los resortes del Estado encargados de la seguridad interna.
Otro nombre en la lista es Íber Maraví, ministro de Trabajo durante los primeros meses del régimen. Su pasado está lleno de sombras. Atestados policiales de los años ochenta lo mencionan como partícipe en atentados de Sendero en Ayacucho y lo vinculan directamente con Edith Lagos, una de las figuras más emblemáticas del terror. La Dircote no necesitó esforzarse demasiado: los documentos existen y los testimonios también. Maraví, sin embargo, llegó a despacho, dio conferencias y se atrevió a hablar de una “persecución política”, con la soberbia que sólo la desmemoria nacional puede tolerar.
El tercer caso es Guido Bellido, convertido en presidente del Consejo de Ministros pese a haber defendido públicamente a Sendero Luminoso. En plena campaña, Bellido aseguraba que “no eran terroristas” sino que “cometieron acciones terroristas”, una forma de malabarismo lingüístico para diluir el horror. Hoy, sigue una investigación por obstrucción a la justicia, por presuntamente haber impedido que Eddy Villarroel, alias “Sacha”, declare sobre los vinculos que él tenía con Sendero.
Y si alguien creía que el problema era meramente retórico, Héctor Béjar, el primer canciller de Castillo, fue la prueba histórica de continuidad. Fundador del Ejército de Liberación Nacional en los sesenta, Béjar no escondía su nostalgia guerrillera. En su primer mes de gestión, afirmó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”, frase que bastó para sintetizar medio siglo de tergiversaciones ideológicas.
Nada de esto fue casual. Pedro Castillo no improvisó un gabinete: eligió un ecosistema político donde el pasado terrorista se confundía con el discurso reivindicativo. Y ese ecosistema tenía raíces concretas: el Conare-Sutep, facción radical del magisterio que él encabezó en 2017 durante la huelga nacional. Oficialmente, era una plataforma de docentes que exigía mejoras salariales. En la práctica, era la evolución de un aparato ideológico vinculado al plan de reconstitución de Sendero Luminoso.
Su cúpula en Huancayo estaba liderada por César Tito Rojas, exintegrante del comité electoral del Movadef, quien —según la Dircote— visitaba periódicamente a internos por terrorismo en Yanamayo entre 2000 y 2004. En las fotos, se lo ve junto a Castillo, ambos con el puño en alto, gesto emblemático de la militancia de izquierda y símbolo de la llamada “lucha popular”. Tito Rojas no fue un simple sindicalista: fue uno de los encargados de preparar la inscripción formal del brazo político senderista ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Otro nombre menos mediático pero igual de revelador: Lucio Ccallo Ccallata, secretario general del Movadef base El Collao (Puno) y también dirigente del Conare-Sutep. Su firma figura en la documentación que el Movadef presentó al JNE para legalizarse como partido. Que ese mismo entramado sindical haya catapultado la carrera política de Castillo no es un accidente sociológico: es la confirmación de una línea de sucesión ideológica.
Cuando la prensa preguntaba por esas conexiones, Castillo respondía con la frase que quiso sepultar toda sospecha: “Somos ronderos, no terroristas.” Era una coartada discursiva: las rondas campesinas como escudo simbólico, la rusticidad como argumento moral. Pero los hechos desmienten la inocencia. El profesor rural no sólo convivió con actores ligados al terrorismo, sino que los promovió a posiciones de poder, los legitimó institucionalmente y los blindó con retórica popular.
La sentencia contra Bermejo, entonces, no es una coincidencia judicial: es la pieza que faltaba para cerrar el círculo. El mismo partido, la misma narrativa, los mismos vínculos. Si uno de los suyos acaba condenado por filiación terrorista, ¿qué más se necesita para revisar la historia reciente sin complejos? Lo que se desmonta con esta sentencia no es sólo una biografía política: se derrumba una impostura colectiva. La del país que fingió creer que un gobierno nacido de una matriz senderista podía ser simplemente “popular”.
Y como si el destino quisiera dejar un epílogo sarcástico, las reacciones no tardaron. En lugar de marcar distancia, sectores de la izquierda salieron a abrazar la narrativa de la víctima. Desde el Congreso, Sigrid Bazán insinuó que la condena a Bermejo era una forma de “criminalizar la disidencia”, mientras Lucía Alvites habló de “persecución judicial contra el pensamiento progresista”. Otros, más cautos, se limitaron a retuitear mensajes de apoyo bajo el eufemismo de “solidaridad política”. Esa escena —una izquierda defendiendo a un condenado por terrorismo— retrata la raíz del problema: no fue un proyecto que se desvió, sino un movimiento que siempre supo adónde quería llegar.
El Perú se desangró durante décadas por esa ideología. Y cuando creyó haberla enterrado, ésta regresó disfrazada de voto popular. Hoy, con una sentencia firme, los nombres se repiten y los rostros se ordenan: Bermejo, Bellido, Maraví, Barrantes, Béjar. Y detrás de ellos, la sombra persistente de Pedro Castillo.
Porque al final, la historia no absuelve a nadie. Sólo espera el momento preciso para recordarnos —con brutalidad judicial— quiénes eran realmente los que decían venir del pueblo.
Y uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué hubiera pasado si se concretaba el golpe de Estado de Pedro Castillo y sus aliados? La democracia habría vivido bajo arresto.
