Viéndose acorralado con el tercer intento de vacancia, y las crecientes denuncias de corrupción, el gobierno ha decidido empezar a tomar medidas de emergencia para intentar mantener a flote su desastroso mandato por un tiempo más.
La primera jugada del gobierno fue intentar buscar legitimidad en el extranjero dentro de la OEA, victimizándose y forzando a esta entidad a enviar una misión de supuesto diálogo al país, lo que en sus ojos podría ganarles tiempo extra para preparase para su siguiente paso.
Sin embargo, ahora con más claridad se puede ver cuál es la nueva estrategia de este gobierno para poder frenar la caída del régimen de Pedro Castillo. Esta semana hemos visto como sorpresivamente el Poder Judicial revirtió la prisión preventiva impuesta contra Yenifer Paredes, la cuñada/hija del presidente, lo que en su momento fue un golpe directo contra los actos de corrupción del círculo más cercano del mandatario.
Esto, sin duda, ayuda al presidente, dado que puede servir como un disuasivo para que menos personas se acojan como colaboradores eficaces en su contra, y los que ya se hayan acogido puedan terminar desistiéndose de esto, si empiezan a ver que el gobierno está empezando a tomar control respecto a las investigaciones penales en el fuero judicial.
Sin embargo, la estrategia del gobierno ahora es claramente intentar intimidar a los miembros del Poder Judicial para sabotear por completo todas las investigaciones contra su gobierno.
El día 25 de octubre se publicó un Informe de uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que recomienda destituir a la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, por una contratación que realizó su ex esposo Víctor Laca con el Jurado Nacional de Elecciones. El detalle es que, desde el año 2015, Elvia Barrios ya no vive con su ex esposo, demostrando el poco mérito de esta denuncia.
Fuera de la veracidad de lo señalado por este informe, queda claro el impacto político de intentar descabezar al Poder Judicial en un momento de crisis como este y podría interpretarse como una jugada armada del gobierno para controlar esta rama autónoma e independiente del poder ejecutivo.
En otros países de la región, ya se ha podido ver este tipo de jugadas, como Nayib Bukele interviniendo directamente en la Corte Suprema de El Salvador, hasta a Nicolás Maduro usando a la Asamblea Constituyente para desconocer decisiones del Tribunal Constitucional en Venezuela.
Queda bastante claro de que el gobierno se ha dado cuenta que, estando el Congreso de la República paralizado por la fragmentación política, su verdadero punto débil es el Poder Judicial, donde justamente se terminan ventilando todas las denuncias de corrupción contra este nefasto gobierno. Entonces, se han decidido a intentar presionar en este frente de batalla, para así terminar de desactivar por completo a la oposición y poder gobernar con impunidad frente a la población.
Como miembros del bloque democrático es nuestra responsabilidad defender a toda costa la autonomía e imparcialidad de los miembros del Poder Judicial, para que puedan seguir llevando a cabo su labor de buscar justicia frente a los descarados casos de corrupción que afronta el gobierno de Pedro Castillo.
Por eso saludo el pronunciamiento de los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia donde le dicen a la OEA que el Poder Judicial tiene una posición institucional de independencia judicial y rechazaron cualquier acto de intimidación y presión que se viene realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público, ratificando su compromiso de lucha contra la corrupción.