El secuestro, robo y extorsión perpetrado por una ronda campesina de Chota en agravio de periodistas de Cuarto Poder, es una expresión más del proceso de desintegración del Perú, donde una banda de forajidos comete esos delitos y, con toda desfachatez, los publicita, obligando a un periodista a “retractarse” en directo, en un programa en horario estelar, del principal canal de TV del país, respecto a un reportaje que señalaba a la cuñada de Pedro Castillo como incursa en un posible delito.
El agravante es que los facinerosos no van a ser sancionados, van a quedar impunes, porque tienen la protección del gobierno y la complacencia de sus aliados.
Ya el untuoso ministro del Interior ha señalado la ruta, lavándose las manos y descargando toda la responsabilidad en la fiscalía que, como es obvio, va a ocuparse del asunto con su habitual parsimonia, en especial cuando se trata de un caso que atañe a los compinches del gobierno. Es decir, reconoce lo evidente, que se trata de un secuestro, y luego se pierde en su acostumbrada palabrería hueca para justificar lo que va a suceder: los autores del delito van a quedar sin sanción. (Entrevista en “El Comercio”, 9/7/22).
El hecho fue evidente poco después de las 8 pm del miércoles 6, cuando América TV interrumpió su programación para difundir la proclama que los malhechores obligaron a leer al periodista Eduardo Quispe. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior —si estuviéramos en un gobierno normal—, debería haber ordenado la inmediata captura de los delincuentes.
La flagrancia, según la legislación vigente, se extiende por 48 horas. En ese lapso, la policía puede detener a los autores del delito y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales sin más trámite.
Es decir, el jueves 7 debió movilizarse un destacamento policial, en helicóptero si era necesario –en este caso si se justificaría el uso de esas aeronaves que Pedro Castillo utiliza como si fueran sus mototaxis-, y capturar a los autores del hecho. Tenían tiempo hasta el viernes a la 8 pm, a 48 horas del evidente delito de extorsión, del cual había sido testigo todo el país.
No lo hicieron, por supuesto, porque como es obvio, el Mininter y el gobierno protegen a los partidarios de Castillo que secuestraron a los periodistas, los amenazaron, amedrentaron y robaron, porque estaban haciendo un reportaje que implicaba a Castillo y su familia en una de las tantas trasgresiones que vienen cometiendo desde el primer día en que asaltaron el gobierno.
No se trata, por supuesto, de un actuar normal de una ronda campesina, cuya función principal es combatir el abigeato. No hubo confusión alguna. Fue una acción premeditada de los secuaces de Castillo para impedir que la prensa independiente investigue los latrocinios de la familia del individuo que ocupa Palacio.
El ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le dijo a Milagros Leyva que él creía que los incitadores del secuestro eran Castillo y Aníbal Torres. (Willax, 7/7/22).
Como cereza del pastel, al día siguiente del secuestro, Torres se manifestó —simbólicamente— desde Cajamarca, defendiendo la acción delictiva de los ronderos y agraviando ignominiosamente a las FFAA y la PNP.
En suma, la gavilla de delincuentes comunistas en el poder sigue avanzando en sus propósitos. El Estado peruano va perdiendo lo más elemental, el control del territorio. Ahora queda establecido que las rondas que actúan al servicio de la banda en el poder son las autoridades de hecho –como lo dicen públicamente- en parte del territorio, donde pueden cometer cualquier abuso o delito con la garantía de que quedarán impunes.
Y las instituciones ultrajadas, las responsables de la defensa de la integridad del Perú, parecen dormidas, esperando pasivamente el zarpazo que las ponga irreversiblemente al servicio político de la gavilla en el poder.
Otrosí digo. Los sucesos aquí comentados demuestran, si es que se requería de alguna evidencia, lo insensato que fue la aprobación de la ley Nº 31494 que permite armar a las rondas campesinas y los CAD, como expliqué en El Reporte (“Bandas armadas auspiciadas por el Estado”, 19/6/22). Esa ley no debe ser modificada sino derogada de inmediato.