La cuenta regresiva ya empezó. Este 3 de diciembre, el Congreso se juega una de sus votaciones más simbólicas de los últimos años: decidir si inhabilita por diez años a Delia Milagros Espinoza Valenzuela, la fiscal suprema que hace apenas un año fue presentada como la nueva cara “técnica e impecable” del Ministerio Público y hoy encarna, para muchos, el corazón de una élite judicial que confundió autonomía con impunidad.
No se trata de una simple “pelea de poderes”. Lo que está en juego es si el Parlamento se atreve a ponerle punto final a un modo de operar dentro de la cúpula fiscal: circulitos, favores cruzados, reglamentos internos que se colocan por encima de la ley y una narrativa de “defensa del Estado de derecho” usada como escudo cada vez que alguien los cuestiona. Todo esto, concentrado en un nombre propio: Delia Espinoza.
De fiscal “anticorrupción” a acusada por infracción constitucional
El caso que hoy la tiene al borde de la inhabilitación no nace de la nada. En 2024, cuando aún no era fiscal de la Nación, Espinoza formaba parte del pequeño grupo de fiscales supremos que avaló una resolución interna del Ministerio Público que, según el Congreso, contravenía directamente la Ley 32130, la norma que devolvió a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar en materia penal.
Esa resolución –firmada por el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena– fue diseñada para que el Ministerio Público recuperara, vía reglamento, lo que el Legislativo acababa de corregir por ley: el exceso de control fiscal sobre la Policía. Para los defensores de Espinoza, se trataba de ajustar la operatividad de la reforma. Para los acusadores, fue un acto deliberado de rebeldía institucional: un reglamento que pisa la Constitución y reescribe la jerarquía de normas a conveniencia.
Sobre esa base, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego la Comisión Permanente aprobaron el informe que acusa a Espinoza por infracción constitucional y por presuntos delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. El dictamen propone inhabilitarla por diez años para ejercer función pública.
El 3 de diciembre, a las 10 de la mañana, el Pleno tiene agendado debatir y votar el informe final de la Denuncia Constitucional 528 contra Espinoza, en una jornada que también incluye los casos de Pedro Castillo y exministros de su gobierno. No es un debate cualquiera: es un mensaje directo al corazón del Ministerio Público.
Un Congreso dividido… pero con los votos encaminados
En la previa, las bancadas han ido marcando posiciones. Fuerza Popular y Acción Popular se han mostrado a favor de la inhabilitación, con matices y advertencias sobre vacíos técnicos, pero alineados en la idea de que hubo desobediencia a la ley. Renovación Popular ha dejado abierta la puerta a un voto en bloque a favor, mientras que las bancadas de izquierda han anunciado su rechazo, vendiendo el proceso como una “venganza política” contra una fiscal incómoda para el poder.
Detrás de los discursos, los poroteos internos hablan de otra cosa: el escenario más probable es que el informe se apruebe con una mayoría holgada. Algunos medios ya dan por hecho que “habría los votos” para confirmar la inhabilitación, y describen el movimiento de Espinoza en los últimos días como una carrera desesperada por victimizarse a tiempo.
No es casual que, a estas alturas, la suspendida fiscal haya enviado un oficio al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidiéndole que “acompañe y supervise” el procedimiento parlamentario. El mensaje es claro: instalar la idea de que el Congreso está por atropellar el debido proceso y que ella es la nueva mártir de la institucionalidad.
La otra pelea: JNJ, juez Torres Tasso y el intento de reposición
Mientras el Congreso arma la escena para la votación, en paralelo se libra otra batalla igual de reveladora: la guerra judicial por su eventual retorno al cargo. La Junta Nacional de Justicia suspendió a Espinoza como fiscal de la Nación y fiscal suprema en septiembre de 2025, en medio de un expediente disciplinario explosivo.
En respuesta, Espinoza presentó una demanda de amparo y obtuvo una medida cautelar del juez Juan Fidel Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, ordenando que la JNJ la reponga. Ante la resistencia del órgano constitucional, el magistrado ha dado varios “ultimátum” de 48 horas a la JNJ para cumplir, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían configurarse responsabilidades.
La JNJ contestó pidiendo al Tribunal Constitucional que acelere la resolución de la cautelar y, además, presentó una denuncia penal contra el juez, acusándolo de extralimitarse. Eso provocó que la Asociación de Jueces emita un pronunciamiento público en defensa de Torres Tasso, calificando la denuncia como una presión indebida sobre el Poder Judicial.
El cuadro es elocuente: mientras el Congreso prepara su veredicto político, el sistema de justicia vive una fractura abierta entre su órgano disciplinario (la JNJ), un sector de la judicatura y la propia Espinoza, que se aferra a la cautelar como tabla de salvación.
Redes, favores y el caso del hijo de Pablo Sánchez
A todo esto se suma un elemento que, aunque no forma parte directa de la acusación constitucional, alimenta la lectura de una cúpula fiscal que se protegía entre sí. En los últimos días, Expreso reveló que el caso del hijo del fiscal supremo Pablo Sánchez –investigado en el Jurado Nacional de Elecciones– terminó archivado en manos de un fiscal designado por la propia Delia Espinoza cuando integraba ese organismo.
El dato llegó justo cuando la opinión pública conocía que Sánchez había votado a favor de que Espinoza sea fiscal de la Nación. Él ha negado tajantemente un intercambio de favores y sostiene que su voto se basó en el plan de trabajo que ella presentó para la Fiscalía. Pero la coincidencia refuerza la percepción de un pequeño club de supremos que reparten cargos, decisiones y blindajes bajo el paraguas de la “autonomía”.
Este tipo de conexiones –designaciones que terminan beneficiando a colegas, archivos oportunos de expedientes sensibles, reglamentos que corrigen a la ley cuando la ley no les gusta– son las que, sin necesidad de adjetivos, pintan el cuadro de una élite judicial encerrada en sí misma, desconectada del ciudadano y muy atenta a sus propios equilibrios internos.
La narrativa internacional y el blindaje discursivo
En paralelo, varias organizaciones internacionales –como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)– han salido a condenar el juicio político contra Espinoza, presentándolo como un intento del Congreso de someter al Ministerio Público.
Ese respaldo ha sido rápidamente capitalizado por los sectores que ven en ella a una suerte de heroína tecnocrática: la fiscal que se enfrentó a “los poderosos” y que ahora sufre una represalia parlamentaria. Lo interesante es que, al mismo tiempo que se activa este blindaje internacional, la propia realidad local muestra a Espinoza enfrentada con la JNJ, cuestionada por asociaciones de jueces y señalada por haber avalado un reglamento que se puso por encima de la ley.
Es decir, el relato exportado y la escena doméstica ya no calzan. Afuera se vende la película de la fiscal incorruptible; adentro, lo que se ve es una funcionaria que forzó los límites de su cargo, que se movió con comodidad en la zona gris de los reglamentos internos y que ahora intenta presentarse como víctima para salvar lo que queda de su carrera.
Lo que realmente se define el 3 de diciembre
La votación del 3 de diciembre no va a resolver, por sí sola, la crisis del Ministerio Público. La institución arrastra años de capturas internas, peleas de facciones y fiscales que usaron el discurso anticorrupción como herramienta de poder. Pero sí puede marcar un quiebre importante: por primera vez en mucho tiempo, el Congreso estaría dispuesto a sancionar a una de las figuras más emblemáticas de ese sector.
Si la inhabilitan, Espinoza pasará a la historia no como la fiscal que “salvó” la autonomía del Ministerio Público, sino como el ejemplo de lo que ocurre cuando una élite judicial se convence de que está por encima de la ley que dice defender. Si no la inhabilitan, el mensaje será el contrario: se ratifica la idea de que, en el Perú, los reglamentos pueden retorcer la ley siempre que quien los firma tenga suficientes amigos en las cortes, en las ONG y en los pasillos internacionales.
Más allá de las etiquetas, de los comunicados “técnicos” y de la lluvia de adjetivos que caerá desde ambos lados, para el ciudadano común la ecuación es mucho más simple: o el Congreso pone un límite a una fiscal que cruzó la línea, o acepta que el Ministerio Público siga siendo un club cerrado donde la palabra “autonomía” se usa para justificarlo todo.
La caída de Delia Espinoza no se explica solo por una denuncia constitucional. Se explica por años de decisiones tomadas como si nadie fuera a pedir cuentas. El 3 de diciembre, por primera vez, alguien las va a pedir en serio. Y esta vez, la narrativa no va a alcanzar para tapar el resultado.
