De la Flexibilidad a la Inflación Burocrática: El costo oculto de la nueva Ley de Nombramientos
En 2002, el Perú no se encontraba especialmente rezagado en términos de burocracia si nos comparábamos con la región. Con un Estado que empleaba a alrededor de 800,000 personas, de las cuales unas 200,000 estaban en funciones administrativas, el país mantenía un equilibrio razonable. Pero desde entonces, el panorama ha cambiado de forma drástica.
Hoy, debido a leyes como la reciente 32504, que ha relajado los estándares de nombramiento, el número total de empleados públicos que se había duplicado hasta llegar a unos 1,550,000 a 1,600,000, con esta ley se corre el riesgo de un aumento geométrico de la burocracia. Lo más revelador es que el segmento administrativo se disparó de aquellas 200,000 personas en 2002 a cerca de 700,000 en la actualidad. En otras palabras, el crecimiento de la planilla no se ha concentrado en los servicios esenciales, sino en la expansión de la burocracia.
Un desglose actual nos muestra que alrededor del 27% de los empleados públicos se dedica a la educación, un 12% a la salud, y un 15% a las fuerzas armadas y la policía. El resto, cerca del 45%, se concentra en funciones administrativas distribuidas entre el gobierno nacional, las regiones y las municipalidades.
Comparado con países como Chile, Colombia o Brasil, el Perú ha tomado una ruta peculiar. Mientras en Chile la fuerza laboral pública representa alrededor del 10%, en Colombia un 6% y en Brasil un 11%, el Perú ha sobrepasado esos márgenes. Estados Unidos, con un 14-15%, mantiene un equilibrio gracias a una estructura más eficiente, mientras que en el Perú el incremento se debe en gran medida a la falta de filtros y al uso de la burocracia como una herramienta de política y clientelismo.
Es evidente que la expansión de la burocracia no es solo un asunto de números, sino un síntoma de un modelo político que ve en el Estado una franquicia para repartir favores. Tanto la izquierda como la derecha populista han contribuido a este fenómeno. La primera argumenta la necesidad de ampliar servicios, la segunda la tentación de ofrecer empleos a sus bases. Ambas posturas inflan el mismo globo, y el resultado es un Estado cada vez más costoso y menos eficiente.
En conclusión, cuando el Estado se convierte en un botín político, pagamos todos con un aparato más caro y menos útil. Dejar que la burocracia crezca sin freno es como abrir la puerta a un gasto que se alimenta de la ineficiencia y la falta de responsabilidad.
Cuando la política funciona como una franquicia, el Estado deja de servir al ciudadano y empieza a servir a los socios.
