En política, las palabras no son inocentes. Con frecuencia, las transformaciones culturales más profundas no se imponen por la fuerza, sino a través del lenguaje. Conceptos que suenan nobles pero redefinidos ideológicamente para la ingeniería social. A esta estrategia se le puede llamar “contrabando ideológico”.
Celebramos que el congreso peruano haya aprobado de la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres porque devuelve su sentido original a la Ley 28983. Aprobada en 2007, fue progresivamente deformada por interpretaciones ideológicas basadas en el concepto de “género” en los gobiernos posteriores a 2011 para convertirse en una reinterpretación ideológica de la identidad basada en la autopercepción y en las categorías del activismo LGTBIQ+.
La nueva ley aprobada corrige ese desvío. Elimina el “enfoque de género” como eje rector del Estado y restituye el enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conforme a la Constitución y a la realidad biológica. Asimismo, reforma el ámbito educativo al reemplazar la Educación Sexual Integral —sustentada en construcciones subjetivas— por una Educación Sexual Científica y Ética, basada en datos verificables, protección del menor y responsabilidad formativa del Estado.
Sin embargo, el contrabando ideológico no se detiene. Hoy reaparece con dos proyectos especialmente delicados: el llamado “derecho al cuidado” y el de “violencia obstétrica”. Más allá de sus artículos concretos, la sola incorporación de estos términos en el ordenamiento jurídico abre la puerta a consecuencias legales e institucionales de enorme gravedad.
El proyecto del “derecho al cuidado” parece algo bueno. ¿Quién podría oponerse al cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad? Pero bajo esta demanda legítima se esconde la matriz doctrinaria del feminismo de género. El proyecto sostiene que la distribución de tareas domésticas responde a una “asignación estereotipada” impuesta por el patriarcado, negando que puedan ser fruto de decisiones libres dentro de la familia. Incluso la colaboración de niños y adolescentes en el hogar es reinterpretada como “trabajo infantil doméstico con desigualdad de género”.
El problema de fondo es aún más grave: el Estado deja de ser subsidiario para convertirse en rector de la vida intrafamiliar. El cuidado, tradicionalmente asumido por la familia como responsabilidad natural, es absorbido por la burocracia estatal. Se equipara el cuidado afectivo dentro del hogar con el cuidado remunerado o institucional, reduciendo a la familia a una unidad funcional más. En la práctica, se abre la puerta a una intervención creciente del Estado en la intimidad del hogar, afectando la patria potestad, la educación de los hijos y los deberes filiales, todo bajo una noción de “igualdad” que desconoce la complementariedad entre varón y mujer.
La segunda amenaza proviene del proyecto sobre “violencia obstétrica”, impulsado por la congresista Sigrid Bazán para sancionar supuestos actos de violencia institucional durante la atención médica del embarazo y el parto. Nadie defiende la negligencia ni los tratos inhumanos; sin embargo, la definición que propone el proyecto va mucho más allá de abusos objetivos. Introduce una fórmula clave: actos que “generan la pérdida de autonomía y de capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”. Esta redacción incorpora implícitamente la narrativa del aborto como supuesto derecho derivado de la autonomía corporal. Así, cualquier limitación legal al aborto podría ser reinterpretada como una forma de violencia contra la mujer.
Más aún, el proyecto propone modificar la Ley General de Salud para eliminar la obligación del médico de reportar indicios de aborto criminal. En los hechos, se abre una vía indirecta hacia la despenalización fáctica del aborto bajo el ropaje de la “protección de la mujer”.
Los tres casos —la manipulación del concepto de género, el llamado derecho al cuidado y la noción de violencia obstétrica— revelan un mismo patrón: primero se introduce un concepto emocionalmente atractivo; luego se redefine desde una matriz ideológica que no ha sido sometida al debate ciudadano; finalmente, se convierte en norma con efectos profundos sobre la familia, la educación, la medicina y la libertad de conciencia.
La aprobación de la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades demuestra que corregir estos desvíos es posible cuando hay claridad intelectual y voluntad política. Pero la prevención es siempre mejor que la reacción. Conceptos como “derecho al cuidado” o “violencia obstétrica”, en manos de grupos radicales, se convierten en verdaderas armas legislativas contra la vida, la familia y la libertad. El país está advertido.
